Ariel Lijo y el “amigo de la política” que le presta una vivienda de US$2 millones
Ubicado en Av. Alvear y Ayacucho, el departamento pertenece al exembajador Carlos Bettini, cercano a los Kirchner
Candela Ini
Los hermanos Lijo, Felipe González, Gabriel Cavallo y Carlos Bettini
Como forma de vida, el juez federal Ariel Lijo tejió una amplia red de relaciones, no solo en el mundo judicial, sino también en la política. Lijo es un hombre fuerte de Comodoro Py que enfrentó denuncias por su patrimonio y por el manejo de causas sensibles para el poder. Ninguna de las acusaciones le trajo consecuencias y, pese a ellas, está cerca de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el magistrado declaró una única vivienda en la localidad de Hudson, en el country Abril, en la Capital Federal Lijo habita el quinto piso de un lujoso edificio de la avenida Alvear y Ayacucho. El inmueble tiene, según fuentes de mercado, un valor aproximado a los US$2.000.000. Un alquiler en ese edificio costaría entre US$5000 y US$7000 por mes, calcularon los especialistas inmobiliarios consultados por la nacion. Y solo las expensas, alrededor de $2.000.000.
La propiedad no figura en la declaración jurada de bienes presentada por el magistrado porque le pertenece, según reconstruyó la nacion, al embajador argentino en España durante los tres gobiernos kirchneristas, Carlos Bettini, amigo de la expresidenta Cristina Kirchner, figura clave para que Lijo obtenga los votos del bloque kirchnerista en el Senado. Este diario se comunicó con Lijo y con Bettini, pero no obtuvo respuestas. Según supo la nacion, el exrepresentante argentino en Madrid, que enfrentó acusaciones por corrupción, mantiene una larga amistad con el juez federal y con su hermano, Alfredo Lijo, operador judicial en Comodoro Py.
En su declaración jurada presentada el año pasado en el Consejo de la Magistratura (sobre el período fiscal 2022), Lijo informó tener inmuebles por un valor fiscal de $10.390.476,52, que incluyen un lote en Hudson, en el country Abril. El lote fue adquirido en 2010 y el juez declaró mejoras realizadas entre 2011 y 2017. En la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2022 comparte la titularidad de ese inmueble con su expareja Magalí Mazzuca, quien trabaja en la Corte Suprema de Justicia como secretaria letrada.
Lijo declaró $1.503.137 en cajas de ahorro y cuentas corrientes de distintos bancos, 9.580.000 pesos y 40.000 dólares en efectivo. También informó una deuda de $417.858,74.
El juez tiene tres juzgados a su cargo en Comodoro Py: el propio, que es el N° 4; el N° 12, que quedó vacante tras la salida del juez Sergio Torres, y el N° 6, que sigue vacante tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. Según la escala salarial, el sueldo de juez de primera instancia es de $2.818.486 y las suplencias se pagan alrededor de $771.769.
Lijo no informó la titularidad de ningún vehículo. Sin embargo, como informó en 2018, manejó la nacion un Mercedes-Benz clase E 350, con una cédula azul emitida por Caledonia Seguros, la compañía que pertenecía a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo. Caledonia acumuló autos detrás de los cuales hay una trama delictiva revelada por este diario en abril pasado.
Cuando Néstor Kirchner postuló a Bettini para la embajada argentina en España, en 2004, los dirigentes radicales, encabezados por Ángel Rozas, cuestionaron el paso del postulante por el directorio de Aerolíneas Argentinas y su participación en otras empresas de capitales españoles. Las versiones sobre su rol de lobista se volcaron en acusaciones que Bettini afrontó en la Justicia. Fue sobreseído en Comodoro Py al menos tres veces.
En 2004, según informó, Bettini había refutado los cuestionamientos con el argumento de que fue sobreseído en dos causas en los juzgados federales de Jorge Urso, en 2002, y Jorge Ballestero, en 2003.
Urso lo investigó por una denuncia de cohecho iniciada por un anónimo, a causa de declaraciones de Patricia Bullrich en 2000, y Ballestero lo indagó por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, ya fallecido. La denuncia de Bullrich lo señalaba por haberle insinuado coimas cuando ella se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La de Monner Sans se apoyaba en una presunta vinculación de Bettini con directivos del español Grupo de Juego Cirsa.
Hacia finales de 2019, durante los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, Bettini recibió, una vez más, buenas noticias de la Justicia Federal argentina. El exjuez Canicoba Corral lo sobreseyó (como subrogante del Juzgado N° 12) en un expediente que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito, según una nota de Infobae.
Las terminales políticas de Bettini en España, donde vive actualmente, se mantuvieron y, el año pasado, un conjunto de legisladores de Pro, la UCR y la Coalición Cívica enviaron un proyecto de resolución a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para pedir información sobre las funciones que desempeña en la embajada, a partir de trascendidos de que el entonces embajador Ricardo Alfonsín lo tenía contratado allí.
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La Sigen audita más de 30.000 viviendas que quedaron inconclusas
Planificadas en la gestión anterior, los pagos superan los $200.000 millones, según datos oficiales; para el Gobierno, la falta de documentación detectada dificulta garantizar la ruta del dinero
Como forma de vida, el juez federal Ariel Lijo tejió una amplia red de relaciones, no solo en el mundo judicial, sino también en la política. Lijo es un hombre fuerte de Comodoro Py que enfrentó denuncias por su patrimonio y por el manejo de causas sensibles para el poder. Ninguna de las acusaciones le trajo consecuencias y, pese a ellas, está cerca de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el magistrado declaró una única vivienda en la localidad de Hudson, en el country Abril, en la Capital Federal Lijo habita el quinto piso de un lujoso edificio de la avenida Alvear y Ayacucho. El inmueble tiene, según fuentes de mercado, un valor aproximado a los US$2.000.000. Un alquiler en ese edificio costaría entre US$5000 y US$7000 por mes, calcularon los especialistas inmobiliarios consultados por la nacion. Y solo las expensas, alrededor de $2.000.000.
La propiedad no figura en la declaración jurada de bienes presentada por el magistrado porque le pertenece, según reconstruyó la nacion, al embajador argentino en España durante los tres gobiernos kirchneristas, Carlos Bettini, amigo de la expresidenta Cristina Kirchner, figura clave para que Lijo obtenga los votos del bloque kirchnerista en el Senado. Este diario se comunicó con Lijo y con Bettini, pero no obtuvo respuestas. Según supo la nacion, el exrepresentante argentino en Madrid, que enfrentó acusaciones por corrupción, mantiene una larga amistad con el juez federal y con su hermano, Alfredo Lijo, operador judicial en Comodoro Py.
En su declaración jurada presentada el año pasado en el Consejo de la Magistratura (sobre el período fiscal 2022), Lijo informó tener inmuebles por un valor fiscal de $10.390.476,52, que incluyen un lote en Hudson, en el country Abril. El lote fue adquirido en 2010 y el juez declaró mejoras realizadas entre 2011 y 2017. En la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2022 comparte la titularidad de ese inmueble con su expareja Magalí Mazzuca, quien trabaja en la Corte Suprema de Justicia como secretaria letrada.
Lijo declaró $1.503.137 en cajas de ahorro y cuentas corrientes de distintos bancos, 9.580.000 pesos y 40.000 dólares en efectivo. También informó una deuda de $417.858,74.
El juez tiene tres juzgados a su cargo en Comodoro Py: el propio, que es el N° 4; el N° 12, que quedó vacante tras la salida del juez Sergio Torres, y el N° 6, que sigue vacante tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. Según la escala salarial, el sueldo de juez de primera instancia es de $2.818.486 y las suplencias se pagan alrededor de $771.769.
Lijo no informó la titularidad de ningún vehículo. Sin embargo, como informó en 2018, manejó la nacion un Mercedes-Benz clase E 350, con una cédula azul emitida por Caledonia Seguros, la compañía que pertenecía a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo. Caledonia acumuló autos detrás de los cuales hay una trama delictiva revelada por este diario en abril pasado.
Cuando Néstor Kirchner postuló a Bettini para la embajada argentina en España, en 2004, los dirigentes radicales, encabezados por Ángel Rozas, cuestionaron el paso del postulante por el directorio de Aerolíneas Argentinas y su participación en otras empresas de capitales españoles. Las versiones sobre su rol de lobista se volcaron en acusaciones que Bettini afrontó en la Justicia. Fue sobreseído en Comodoro Py al menos tres veces.
En 2004, según informó, Bettini había refutado los cuestionamientos con el argumento de que fue sobreseído en dos causas en los juzgados federales de Jorge Urso, en 2002, y Jorge Ballestero, en 2003.
Urso lo investigó por una denuncia de cohecho iniciada por un anónimo, a causa de declaraciones de Patricia Bullrich en 2000, y Ballestero lo indagó por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, ya fallecido. La denuncia de Bullrich lo señalaba por haberle insinuado coimas cuando ella se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La de Monner Sans se apoyaba en una presunta vinculación de Bettini con directivos del español Grupo de Juego Cirsa.
Hacia finales de 2019, durante los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, Bettini recibió, una vez más, buenas noticias de la Justicia Federal argentina. El exjuez Canicoba Corral lo sobreseyó (como subrogante del Juzgado N° 12) en un expediente que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito, según una nota de Infobae.
Las terminales políticas de Bettini en España, donde vive actualmente, se mantuvieron y, el año pasado, un conjunto de legisladores de Pro, la UCR y la Coalición Cívica enviaron un proyecto de resolución a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para pedir información sobre las funciones que desempeña en la embajada, a partir de trascendidos de que el entonces embajador Ricardo Alfonsín lo tenía contratado allí.
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La Sigen audita más de 30.000 viviendas que quedaron inconclusas
Planificadas en la gestión anterior, los pagos superan los $200.000 millones, según datos oficiales; para el Gobierno, la falta de documentación detectada dificulta garantizar la ruta del dinero
Ignacio Grimaldi
El 25% de las 31.678 viviendas proyectadas se localizan en la provincia de Buenos Aires
Las frustradas promesas de casa propia acumulan miles de millones de pesos y cientos de familias que esperan lo que no llega. Según detalló la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, al menos 31.678 viviendas debieron estar terminadas entre 2021 y mayo de 2024, pero ninguna completó su construcción. Un pedido de acceso a la información pública presentado por reveló que el Gobierno la nacion pagó por ellas $202.890.518.065,07, algo así como US$200 millones. La continuidad de las obras depende del Poder Ejecutivo y saber qué pasó con el dinero, de una auditoría que lanzó el oficialismo.
Las 31.678 viviendas inconclusas forman parte de los programas Casa Propia y Reconstruir. Estos planes recibían fondos nutridos por el Tesoro nacional y la ejecución de las obras estaba a cargo de las jurisdicciones beneficiadas, que podían ser provinciales o municipales.
En la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que el fondo fiduciario que alimentaba el financiamiento de estas viviendas está siendo auditado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Se trata del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Tal como sostuvieron, se observó “la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario”. En palabras más sencillas, el decreto 215/24, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, destacó “la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En este caso, se pagaron más de $200.000 millones, según datos oficiales.
“No hay falta de transparencia”, esgrimió el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la gestión anterior, Santiago Maggiotti. El exfuncionario indicó que se realizaban auditorías internas y externas, razón por la que habló de “sobrecontrol”. A su vez, en relación con las demoras en las obras, responsabilizó a las provincias o municipios.
Una fuente que dirigió uno de los entes ejecutores de las viviendas describió que el gobierno nacional era el que “ajustaba los plazos de finalización” y que en muchos casos “eran imposibles de cumplir”. En ese sentido, Maggiotti admitió que “los plazos eran ajustados”.
Según resumió la exautoridad provincial del área de Vivienda, el procedimiento en estas obras tenía varios pasos. El primero de ellos, tal como narró, tiene al gobierno nacional como responsable de presentar los lineamientos de las viviendas que incluía los plazos de trabajo, entre otros ítems. Luego, los institutos de vivienda provinciales o los municipios se encargaban de formular el proyecto y lanzar una licitación cuya adjudicación y firma de contrato también era responsabilidad de estas jurisdicciones. El Poder Ejecutivo pagaba en la medida en que se presentaban avances de obra, salvo en algunos casos en los que se abonaron adelantos del 10 por ciento.
Este exfuncionario provincial, que prefirió no ser citado con su nombre, reconoció que desconoce la razón por la que se habrían lanzado viviendas con “fechas imposibles”. “¿Y si no vas a llegar, para qué firmás?”, retrucó Maggiotti.
Vinculado al financiamiento, quien estaba al frente de un instituto provincial de vivienda recordó que “en junio o julio de 2023 los flujos de fondos se discontinuaron abruptamente”, hecho que, según narró, provocó la parálisis de las obras en algunos casos y en otros, una reducción del ritmo de trabajo por parte de las empresas contratadas.
El exministro Maggiotti sostuvo que pudo haber atrasos vinculados a los cambios de precios que ocasionaba la inflación o inclemencias climáticas, pero aseguró que terminó su gestión con todos los certificados de obra pagados.
Sin terminar
Mientras todavía no se conoce el resultado de la auditoría, las viviendas sociales continúan inconclusas. En ese sentido, el Gobierno afirmó que analiza “reactivar las obras con el objetivo de finalizar todo lo que se pueda” en función de dos variables: el estado de infraestructura de cada proyecto y el presupuesto disponible.
En relación con esto último, según la información respondida por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, el Gobierno pagó el 57% del valor total de los contratos de las más de 30.000 viviendas inconclusas que ya deberían haber sido entregadas. Esto significa que le restarían abonar unos $148.235 millones en caso de no haber ninguna actualización de precios o ajuste por inflación de los contratos firmados.
De acuerdo con la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública, de las 31.678 viviendas pendientes de finalización, 354 debieron haber terminado en 2021. De ellas, 280 están en Chubut y registran un avance financiero del 100%. Es decir, se pagó la totalidad de ellas ($266 millones). Esto contradice el procedimiento oficial de transferencia de fondos desde la Nación a medida del avance de obra. Las 74 viviendas restantes que debieron haber terminado hace tres años se ubican en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas; los pagos cubrieron el 92,9% del contrato, cifra que equivale a algo más de $600 millones.
En 2022 debería haber finalizado la construcción de 1233 viviendas que, tal como indica el registro facilitado por el Gobierno, acreditan un avance de obra inferior al 95 por ciento. Estos números demuestran que la gran mayoría de las viviendas aún inconclusas, el 94% de ellas, debieron haber sido entregadas entre 2023 y mayo de 2024.
En la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que pudieron haber ocurrido “imprevistos” en algunos casos o “desfasajes”, aunque aclararon que “son los entes ejecutores en el territorio (como los institutos provinciales de vivienda) los que llevan adelante las obras”.
En ese sentido, el 25% de las 31.678 viviendas inconclusas de los programas Casa Propia y Reconstruir se ubican en la provincia de Buenos Aires. Es decir, una de cada cuatro. Esto equivale a 8052 hogares. La información oficial indica que en promedio les falta un tercio de la obra para estar terminadas y, al mismo tiempo, se pagaron por ellas más de la mitad de los contratos.
En el área de Vivienda bonaerense respondieron a que los la nacion entes ejecutores de dichas casas pertenecen a los distintos municipios donde se desarrollan las obras. En ese sentido, el municipio de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, indicó que la motosierra libertaria es la razón por la que 200 viviendas que deberían haber sido terminadas en febrero y marzo de 2024 continúan inconclusas, aunque no contestaron por qué no se completaron las 224 que tendrían que haber estado listas en 2023.
El podio de las provincias con más viviendas que excedieron sus plazos de finalización lo completan Chaco, donde se concentra el 8,9% de las obras pendientes (2833 viviendas), y Santiago del Estero con 2306 unidades, que equivalen al 7,2% del total analizado.
En Chaco, en promedio, el avance físico de las viviendas registra un 69,7%, mientras que completaron el 65% de su financiamiento. En Santiago del Estero, a las obras pendientes les falta en promedio un 13%, mientras que en términos económicos se adeuda el 19,4 por ciento.
Exfuncionarios chaqueños que administraron la ejecución de estas obras atribuyeron las demoras a la falta de financiamiento del Estado nacional desde mediados de 2023. Pese a que dicho corte hace referencia a la gestión del Frente de Todos, catalogó como una “crueldad” discontinuar la construcción de viviendas. Las autoridades de Santiago del Estero no respondieron la consulta de sobre por qué la nacion no se respetó el plazo de finalización de más de 2000 casas.
Hace una semana, el Gobierno habilitó el financiamiento de terceros para poder completar estas obras que forman parte de los programas Casa Propia y Reconstruir. En paralelo, avanza en conversaciones con las provincias para traspasarles la responsabilidad del financiamiento de las mismas, actualmente nutrido por las arcas nacionales, y así poder finalizar las viviendas.
Cautela empresaria frente al optimismo oficial
La industria y la construcción detuvieron su caída; hay más préstamos, pero el consumo sigue en negativo
Las frustradas promesas de casa propia acumulan miles de millones de pesos y cientos de familias que esperan lo que no llega. Según detalló la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, al menos 31.678 viviendas debieron estar terminadas entre 2021 y mayo de 2024, pero ninguna completó su construcción. Un pedido de acceso a la información pública presentado por reveló que el Gobierno la nacion pagó por ellas $202.890.518.065,07, algo así como US$200 millones. La continuidad de las obras depende del Poder Ejecutivo y saber qué pasó con el dinero, de una auditoría que lanzó el oficialismo.
Las 31.678 viviendas inconclusas forman parte de los programas Casa Propia y Reconstruir. Estos planes recibían fondos nutridos por el Tesoro nacional y la ejecución de las obras estaba a cargo de las jurisdicciones beneficiadas, que podían ser provinciales o municipales.
En la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que el fondo fiduciario que alimentaba el financiamiento de estas viviendas está siendo auditado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Se trata del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Tal como sostuvieron, se observó “la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario”. En palabras más sencillas, el decreto 215/24, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, destacó “la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En este caso, se pagaron más de $200.000 millones, según datos oficiales.
“No hay falta de transparencia”, esgrimió el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la gestión anterior, Santiago Maggiotti. El exfuncionario indicó que se realizaban auditorías internas y externas, razón por la que habló de “sobrecontrol”. A su vez, en relación con las demoras en las obras, responsabilizó a las provincias o municipios.
Una fuente que dirigió uno de los entes ejecutores de las viviendas describió que el gobierno nacional era el que “ajustaba los plazos de finalización” y que en muchos casos “eran imposibles de cumplir”. En ese sentido, Maggiotti admitió que “los plazos eran ajustados”.
Según resumió la exautoridad provincial del área de Vivienda, el procedimiento en estas obras tenía varios pasos. El primero de ellos, tal como narró, tiene al gobierno nacional como responsable de presentar los lineamientos de las viviendas que incluía los plazos de trabajo, entre otros ítems. Luego, los institutos de vivienda provinciales o los municipios se encargaban de formular el proyecto y lanzar una licitación cuya adjudicación y firma de contrato también era responsabilidad de estas jurisdicciones. El Poder Ejecutivo pagaba en la medida en que se presentaban avances de obra, salvo en algunos casos en los que se abonaron adelantos del 10 por ciento.
Este exfuncionario provincial, que prefirió no ser citado con su nombre, reconoció que desconoce la razón por la que se habrían lanzado viviendas con “fechas imposibles”. “¿Y si no vas a llegar, para qué firmás?”, retrucó Maggiotti.
Vinculado al financiamiento, quien estaba al frente de un instituto provincial de vivienda recordó que “en junio o julio de 2023 los flujos de fondos se discontinuaron abruptamente”, hecho que, según narró, provocó la parálisis de las obras en algunos casos y en otros, una reducción del ritmo de trabajo por parte de las empresas contratadas.
El exministro Maggiotti sostuvo que pudo haber atrasos vinculados a los cambios de precios que ocasionaba la inflación o inclemencias climáticas, pero aseguró que terminó su gestión con todos los certificados de obra pagados.
Sin terminar
Mientras todavía no se conoce el resultado de la auditoría, las viviendas sociales continúan inconclusas. En ese sentido, el Gobierno afirmó que analiza “reactivar las obras con el objetivo de finalizar todo lo que se pueda” en función de dos variables: el estado de infraestructura de cada proyecto y el presupuesto disponible.
En relación con esto último, según la información respondida por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, el Gobierno pagó el 57% del valor total de los contratos de las más de 30.000 viviendas inconclusas que ya deberían haber sido entregadas. Esto significa que le restarían abonar unos $148.235 millones en caso de no haber ninguna actualización de precios o ajuste por inflación de los contratos firmados.
De acuerdo con la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública, de las 31.678 viviendas pendientes de finalización, 354 debieron haber terminado en 2021. De ellas, 280 están en Chubut y registran un avance financiero del 100%. Es decir, se pagó la totalidad de ellas ($266 millones). Esto contradice el procedimiento oficial de transferencia de fondos desde la Nación a medida del avance de obra. Las 74 viviendas restantes que debieron haber terminado hace tres años se ubican en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas; los pagos cubrieron el 92,9% del contrato, cifra que equivale a algo más de $600 millones.
En 2022 debería haber finalizado la construcción de 1233 viviendas que, tal como indica el registro facilitado por el Gobierno, acreditan un avance de obra inferior al 95 por ciento. Estos números demuestran que la gran mayoría de las viviendas aún inconclusas, el 94% de ellas, debieron haber sido entregadas entre 2023 y mayo de 2024.
En la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que pudieron haber ocurrido “imprevistos” en algunos casos o “desfasajes”, aunque aclararon que “son los entes ejecutores en el territorio (como los institutos provinciales de vivienda) los que llevan adelante las obras”.
En ese sentido, el 25% de las 31.678 viviendas inconclusas de los programas Casa Propia y Reconstruir se ubican en la provincia de Buenos Aires. Es decir, una de cada cuatro. Esto equivale a 8052 hogares. La información oficial indica que en promedio les falta un tercio de la obra para estar terminadas y, al mismo tiempo, se pagaron por ellas más de la mitad de los contratos.
En el área de Vivienda bonaerense respondieron a que los la nacion entes ejecutores de dichas casas pertenecen a los distintos municipios donde se desarrollan las obras. En ese sentido, el municipio de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, indicó que la motosierra libertaria es la razón por la que 200 viviendas que deberían haber sido terminadas en febrero y marzo de 2024 continúan inconclusas, aunque no contestaron por qué no se completaron las 224 que tendrían que haber estado listas en 2023.
El podio de las provincias con más viviendas que excedieron sus plazos de finalización lo completan Chaco, donde se concentra el 8,9% de las obras pendientes (2833 viviendas), y Santiago del Estero con 2306 unidades, que equivalen al 7,2% del total analizado.
En Chaco, en promedio, el avance físico de las viviendas registra un 69,7%, mientras que completaron el 65% de su financiamiento. En Santiago del Estero, a las obras pendientes les falta en promedio un 13%, mientras que en términos económicos se adeuda el 19,4 por ciento.
Exfuncionarios chaqueños que administraron la ejecución de estas obras atribuyeron las demoras a la falta de financiamiento del Estado nacional desde mediados de 2023. Pese a que dicho corte hace referencia a la gestión del Frente de Todos, catalogó como una “crueldad” discontinuar la construcción de viviendas. Las autoridades de Santiago del Estero no respondieron la consulta de sobre por qué la nacion no se respetó el plazo de finalización de más de 2000 casas.
Hace una semana, el Gobierno habilitó el financiamiento de terceros para poder completar estas obras que forman parte de los programas Casa Propia y Reconstruir. En paralelo, avanza en conversaciones con las provincias para traspasarles la responsabilidad del financiamiento de las mismas, actualmente nutrido por las arcas nacionales, y así poder finalizar las viviendas.
Cautela empresaria frente al optimismo oficial
La industria y la construcción detuvieron su caída; hay más préstamos, pero el consumo sigue en negativo
Ignacio Grimaldi
Dos señales económicas completamente diferentes se conocieron en los últimos días. Por un lado, el ministro Luis Caputo declaró: “Estamos en franca recuperación”. Por otro, sin haber sido una respuesta al Gobierno, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, manifestó: “No me animaría a decir que hay brotes verdes”. De hecho, luego de mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que existe “impaciencia” por la llegada del repunte. Esta divergencia de perspectivas encuentra razón de ser en distintos datos.
El Indec difundió su índice de producción industrial manufacturero, que arrojó que en abril la actividad creció 1,8%, en comparación con marzo. Podría ser una cifra que alimente la tesis de “lo peor ya pasó”. La otra cara de la moneda muestra que el piso superado era demasiado bajo.
La situación descripta por una encuesta de la UIA aún no refleja un panorama alentador: el 53% de las empresas respondieron que cayó su producción, el 59,8% reportaron reducción de ventas internas, el 37% re conocieron ex portar menos y el 12,3% admitieron tener atrasos en pagos.
En el sector de la construcción se reitera la mejora de abril respecto de marzo, según los datos del Indec. El repunte registrado también fue chico, aunque suficiente para frenar el descenso: 1,7 por ciento.
Una buena noticia para el Gobierno llegó de la mano del Banco Central. La entidad informó que los préstamos de los bancos al sector privado crecieron un 5,5% en mayo. Esto significa que el stock de préstamos pasó de $21,16 billones a $24 billones, mientras los concedidos en moneda extranjera volvieron a expandirse por quinto mes consecutivo: pasaron de US$5873 millones a US$6445 millones.
Alejado del sector financiero y cercano a las compras familiares, fuentes del supermercadismo informaron que en mayo las ventas volvieron a caer: 2,4 por ciento.
En ese sentido, el Gobierno apuesta a la continuidad del sendero de desaceleración de la inflación, cuyo índice de mayo será difundido por el Indec el próximo jueves. En la ciudad de Buenos Aires dio 4,4 por ciento.
Dos señales económicas completamente diferentes se conocieron en los últimos días. Por un lado, el ministro Luis Caputo declaró: “Estamos en franca recuperación”. Por otro, sin haber sido una respuesta al Gobierno, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, manifestó: “No me animaría a decir que hay brotes verdes”. De hecho, luego de mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que existe “impaciencia” por la llegada del repunte. Esta divergencia de perspectivas encuentra razón de ser en distintos datos.
El Indec difundió su índice de producción industrial manufacturero, que arrojó que en abril la actividad creció 1,8%, en comparación con marzo. Podría ser una cifra que alimente la tesis de “lo peor ya pasó”. La otra cara de la moneda muestra que el piso superado era demasiado bajo.
La situación descripta por una encuesta de la UIA aún no refleja un panorama alentador: el 53% de las empresas respondieron que cayó su producción, el 59,8% reportaron reducción de ventas internas, el 37% re conocieron ex portar menos y el 12,3% admitieron tener atrasos en pagos.
En el sector de la construcción se reitera la mejora de abril respecto de marzo, según los datos del Indec. El repunte registrado también fue chico, aunque suficiente para frenar el descenso: 1,7 por ciento.
Una buena noticia para el Gobierno llegó de la mano del Banco Central. La entidad informó que los préstamos de los bancos al sector privado crecieron un 5,5% en mayo. Esto significa que el stock de préstamos pasó de $21,16 billones a $24 billones, mientras los concedidos en moneda extranjera volvieron a expandirse por quinto mes consecutivo: pasaron de US$5873 millones a US$6445 millones.
Alejado del sector financiero y cercano a las compras familiares, fuentes del supermercadismo informaron que en mayo las ventas volvieron a caer: 2,4 por ciento.
En ese sentido, el Gobierno apuesta a la continuidad del sendero de desaceleración de la inflación, cuyo índice de mayo será difundido por el Indec el próximo jueves. En la ciudad de Buenos Aires dio 4,4 por ciento.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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