EL ASESINATO DE MOR ROIG Y LA PARTE Y EL TODO

A 50 años del asesinato de Mor Roig, un hombre de diálogo
El exdirigente radical fue clave para una salida democrática en los años 70r Ricardo YofreArturo Mor Roig, cuando era ministro del Interior del gobierno de Lanusse
El próximo lunes, 15 de julio, se cumplirán 50 años del asesinato de Arturo Mor Roig, destacado dirigente político y ministro del Interior que llevó el país hacia la democracia en el gobierno del teniente general Alejandro Agustín Lanusse.
En aquellos días la Argentina estaba poblada por 26 millones de habitantes, 20 millones menos que en la actualidad. A los argentinos les interesará conocer las etapas más importantes de la vida de esta figura, ignorada y distorsionada en el relato del kirchnerismo.
Mor Roig nació en Lérida, España, en 1914, y emigró en la adolescencia, con sus padres, a nuestro país, radicándose en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Allí realizó estudios que finalizó en la Universidad de Buenos Aires. Desde joven tuvo un gran interés por las cuestiones públicas, que manifestó incorporándose a la Unión Cívica Radical. Militó en ese partido hasta su renuncia en 1971 cuando aceptó ser ministro del Interior en la etapa final del gobierno militar iniciado por el general Juan Carlos Onganía en 1966.
En su extensa carrera política comenzó por ser electo concejal en San Nicolás, adonde se había radicado. Posteriormente fue senador provincial por la segunda sección electoral de Buenos Aires. Hombre muy cercano a Ricardo Balbín, al punto de que fue el permanente redactor, junto con su estrecho amigo Rubén Blanco, de Arrecifes, de los más importantes documentos radicales de los años siguientes a la caída del gobierno de Juan Domingo Perón.
En 1963, fue electo diputado nacional y en función de sus condiciones personales y prestigio como dirigente conciliador, siempre propenso al diálogo, sus pares lo ungieron presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ejerció este cargo entre 1963 y 1966, en que los militares derrocaron al hoy considerado un gobierno ejemplar: el que presidía Arturo Illia.
Al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, Mor Roig hizo circular entre los miembros de su bloque unas reflexiones en las que afirmó, entre otras cosas relativas a su vida: “No tengo rubor en confesar que soy un hombre de muy reducidos recursos económicos, casi pobre. Podría decir que en valores constantes he visto disminuir mi patrimonio entre 1945 –fecha en que inicie mi sostenida actuación publica– y el día de hoy, en que ocupo una de las más altas dignidades constitucionales de la República. Para consagrarme a mis tareas he abandonado el ejercicio de mi profesión y he descuidado –cosa que tal vez pueda censurarme– mis pocos intereses y los problemas personales”. No muchos hombres públicos de las últimas décadas podrían haber hecho una declaración con tanta franqueza y humildad.
Durante aquellos años de gobiernos militares y actividad política prohibida, Mor Roig aprovechó para volver a la universidad. En la Católica Argentina obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas. Fue también un intenso lector. En ese sentido nunca olvidaré una tarde en que, siendo su colaborador junto al eximio procesalista y secretario de Estado Augusto Mario Morello, Mor Roig nos hizo el análisis de la última conversación que Charles De Gaulle había tenido con su exministro, el escritor André Malraux, y que este volcó en el libro La hoguera de encinas. Han transcurrido más de 50 años de la publicación de ese texto y seguramente don Arturo seguiría recomendando su lectura.
En 1971 el gobierno militar estaba fuertemente desgastado y la sociedad aspiraba a volver a vivir en democracia. Luego del derrocamiento de Onganía y de Roberto Marcelo Levingston por los propios militares, Lanusse asumió con la clara intención de devolver la democracia al país.
Para esa delicada tarea convocó a Arturo Mor Roig a fin de que asumiera el Ministerio del Interior. ¿Se conocían ambos en ese momento? Solamente se habían tratado una vez cuando, en enero de 1971, lo invitó a almorzar, junto con Antonio Tróccoli y José Luis Cantilo, en el Comando en Jefe del Ejército. Obviamente, las ideas expuestas por Mor Roig en ese ágape llamaron la atención al militar que, dos meses, después asumiría la Presidencia de la Nación.
No le fue fácil a Mor Roig aceptar el ofrecimiento que le hizo Lanusse. Importantes dirigentes de su partido y, en particular, Ricardo Balbín, se oponían. Razonaban que eso desgastaría a la UCR para la contienda electoral que se avecinaba. El agrupamiento La Hora del Pueblo, que se había constituido en noviembre de 1970, integrado por el Justicialismo, la UCR, el Partido Demócrata Progresista, los conservadores populares, el socialismo argentino, el bloquismo de San Juan y, a título personal el ciudadano Manuel Rawson Paz, de actuación durante la Revolución Libertadora, había logrado por entonces coincidencias básicas y requería la vuelta a la democracia, elecciones mediante.
Desde el ofrecimiento del cargo hasta su aceptación se vivieron 48 horas intensas. Definió la situación Juan Domingo Perón, quien, a través de su enviado personal y secretario del justicialismo, Jorge Daniel Paladino, solicitó a Balbín que La Hora del Pueblo avalara la designación. Así fue, y Mor Roig aceptó el ofrecimiento.
¿Qué razones impulsaron a Mor Roig a enfrentar la situación? En primer término, señalemos los factores de poder existentes en aquella época. Eran, básicamente, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, los sindicatos y los agrupamientos económicos. Mor Roig sostenía que para constituir una democracia sólida era imprescindible lograr determinadas coincidencias entre los partidos y los militares. “Sin exclusiones ni exclusivismos”, solía afirmar, lo que implicaba que las futuras elecciones debían llevarse a cabo sin vetos de partidos políticos.
De lo contrario, al cabo de unos años los partidos se desgastaban y fuerzas extrapartidarias influyentes impulsaban a los militares a tomar el poder. Luego, desgastados estos, abandonabanelgobierno,sinacuerdo alguno y así continuaba el sistema pendular. Eso ocurrió en 1958 y 1963 a diferencia de lo sucedido en 1930 y 1945 cuando los militares articularon salidas –no soluciones– que les permitieron seguir influyendo en la política. En 1983 fue tan calamitoso el final del gobierno militar que con las gestiones llevadas a cabo por Raúl Alfonsín y Carlos Menem aquellos desaparecieron como factor de poder en la política.
En 1963, junto con Ricardo Balbín, Mor Roig impulsó la Asamblea de la Civilidad, que alcanzó coincidencias entre los partidos y no lo logró con los militares. Había que evitar la repetición del gobierno nacido en 1963 y lo que volvería a ocurrir con el régimen nacido en 1973, que asumió sin que se hubieran concretado las ideas de Mor Roig.
Su gestión como ministro del Interior fue intensa. Restableció la vigencia de la política, restituyó los locales y los bienes que a los partidos había confiscado el gobierno militar en 1966, dictó el nuevo Estatuto de los Partidos Políticos. Quizás una de sus obras más importantes fue la enmienda constitucional que promovió en 1972.
Para eso se constituyó una comisión integrada por ilustres constitucionalistas que elevaron dictámenes de gran solidez y utilidad. La integraron, entre otros, Julio Oyhanarte, Carlos Fayt, Germán Bidart Campos, Natalio Botana, Pablo Ramella, Mario Justo López, Alberto Spota y coordinó a todos Jorge Reinaldo Vanossi. Los convocados representaban a las corrientes y tendencias políticas existentes. Aquella enmienda, al no ser ratificada por una Asamblea Constituyente, venció en 1981. Algunas de sus disposiciones fueron incorporadas a la Constitución en 1994, tales como la elección presidencial directa, con un balotaje diferente al que está vigente, pero en 1973 sirvieron estrictamente para la instalación del gobierno presidido por Héctor Cámpora en función de un dictamen emitido por quien sería su procurador general del Tesoro, el penalista Enrique Bacigalupo.
¿Cuál fue la razón, cuál el motivo del cruel e inútil asesinato de Mor Roig? Días después de ese infausto suceso, se produjo una reunión en el Comité Nacional de la UCR entre Enrique Vanoli, hombre por ese tiempo de extrema confianza de Balbín, y la cúpula de la organización Montoneros. Roberto Quieto, hablando en representación de la banda, señaló a Vanoli que lo habían matado a Mor Roig para enviarle una señal al radicalismo en el sentido de que esa organización terrorista no debía ser ignorada en la convocatoria que estaba formulando la UCR a partidos políticos.
Vanoli le respondió brevemente, señalándole que “Mor Roig había renunciado al partido al aceptar el ministerio, pero, a pesar de eso, había dejado grandes amigos en el mismo. Y ellos no se olvidarían del acto delincuencial que habían cometido”.
Quienes fuimos sus colaboradores no podemos dejar de recordar a ese dirigente que fue Juan Carlos Pugliese. Al despedir los restos de quien había sido ministro del Interior, Pugliese afirmó que “Mor Roig murió víctima del odio sin que exista razón ni causa. Solamente odio. Odio por el triunfo de las mayorías argentinas en marcha. Odio por las posibilidades pacificas de un país que comprende el camino de la democracia. Odio, nada más que odio”.
Hoy, en días en que la política está seriamente cuestionada, es no solo justo, sino también útil, recordar lo que Arturo Mor Roig significó. Fue un dirigente tolerante con las ideas ajenas, que hacía del diálogo un instrumento esencial de la actividad pública e intentaba obtener acuerdos por sobre el enfrentamiento mientras él preservaba una incomparable decencia en todos los órdenes de su vida personal.
Así fue. Así lo recordamos.

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Milei, entre el gasto y los cálculos políticos
El Acta de Mayo, un arma simbólica para denunciar a los incumplidoresPor Sergio Suppo

Enfundados en sobretodos como si estuviesen por soportar un desfile bajo la nieve en los años soviéticos de Moscú, los jerarcas de las provincias argentinas no solo debieron aguantar el frío polar de Tucumán.
Los 18 gobernadores que flanquearon a Javier Milei también asumieron que la asociación formal con el Presidente implica una discusión concreta y tangible sobre al menos un punto del decálogo de principios conocido como Pacto de Mayo.
En el punto 3, los firmantes se comprometieron a “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 por ciento del Producto Bruto Interno”.
Ese nivel de gasto público se registró por última vez en la Argentina en 2004, al final del primer año de la presidencia de Néstor Kirchner. El despilfarro acumulativo del kirchnerismo a lo largo de sus cuatro mandatos se extendió a las provincias gobernadas mayoritariamente por el peronismo.
Los cuatro años de Mauricio Macri no sirvieron de mucho para reducir el indicador, con la excepción del ajuste que debió encarar luego de obtener el voluminoso crédito del Fondo Monetario.
“El 44% del gasto del Estado corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado nacional hay cinco provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte”, dijo Milei ante una platea aterida.
Los abajo firmantes, ubicados contra las paredes de la vieja casona, venían de intercambiar sus quejas por los reclamos no atendidos por el Gobierno. Cada gobernador que aterrizó en Tucumán tiene su propia lista de pedidos de fondos que ya no llegan. Son partidas acordadas en el pasado a cambio de la votación de alguna ley o de la firma de algún pacto fiscal perdido en el tiempo.
Todos los gobernadores dicen tener razón; ninguno recibe la plata esperada. Todos amenazan con ir a la Corte Suprema a reclamar. Y algunos recuerdan que ya lo hicieron.
Por su parte, los cuatro miembros de la Corte prefirieron evitar el frío y mantener una cierta distancia de la puesta en escena. Tres de ellos tienen motivos para administrar su malestar con la propuesta oficial de instalar entre ellos a un juez conocido por su mala reputación.
Con el acta firmada en la mano, Milei ya tiene un arma política para denunciar a sus potenciales incumplidores. Y la manera más inmediata de hacerlo, por ejemplo, cuando despunte la campaña electoral del año que viene, es hacer notar la resistencia de los gobernadores e intendentes a reducir el gasto público.
Mientras, el Presidente y su ministro Luis Caputo obligan hasta donde pueden a recortar el gasto en provincias y en municipios. Una manera es indirecta y transitoria, aunque dolorosa: la recaudación nacional, pero también los impuestos provinciales y las tasas municipales que recaudan según el consumo vienen bajando desde que empezó el año.
La recesión que deriva del ajuste está haciendo un recorte en las cuentas públicas con la misma lógica que la alta inflación detona los ingresos de individuos y empresas.
Por ahora, las cuentas de las provincias absorbieron esas caídas quemando parte o el total de los superávits que tuvieron como resultado de un sistema de coparticipación que castiga a los que más recaudan e incentiva el crecimiento de economías locales solo basadas en el reparto de fondos públicos. El kirchnerismo, como antes el menemismo, acentuó el fenómeno al disponer de generosos fondos discrecionales para sostener el apoyo de los gobernadores propios.
A medida que pasan los meses y la actividad económica no se recupera, cada gobernador o intendente empieza a enfrentarse con una nueva realidad. Ninguno atina, sin embargo, a tomar la motosierra.
Por el contrario, desde Axel Kicillof hasta el más próximo gobernador a Milei, con prescindencia de los acentos y las intensidades, se diferencian del Presidente con discursos muy parecidos.
Todos abogan por ayudar a reactivar la producción con políticas que promuevan la actividad, defienden el valor de las obras públicas para generar empleo y sostienen la necesidad de mantener Estados activos y fuertes para sostener a los sectores más postergados.
El viejo sistema político pervive en provincias y municipios que tienen un discurso más común que las diferencias que existen entre la mayoría de los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo con los planteos de Kicillof y del kirchnerismo en general.
No es contradictorio, pero es paradójico, que mientras una buena parte de la dirigencia del peronismo y de los fragmentos del ex Juntos por el Cambio comparte con Milei un rumbo definido hacia el capitalismo, también sintonicen con el kirchnerismo en eludir el ajuste de sus propios gobiernos.
Entre Milei y quienes lo acompañaron en Tucumán, como antes le habían aprobado no sin intensos tironeos y pedidos la ley Bases, existe una tensión política imposible de ocultar. Ya no se trata solo de fondos. Lo que ven venir es la posibilidad de que Milei se quede con los votos que muchos de esos gobernadores creen haberle prestado.
No es una casualidad que Macri haya sido el más incómodo entre los asistentes a la helada noche tucumana. Así como los caciques provinciales temen perder contra Milei su capital político, el fundador de PRO sospecha y tiene buenas razones para hacerlo, que el Presidente trabaja para hacer desaparecer a su partido como primera consecuencia de la reformulación del sistema político.
Todo está basado en el supuesto éxito que pueda alcanzar Milei si después de bajar la inflación logra reactivar la economía. En el sentido contrario, también abundan las especulaciones en ese ambiente.

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