DIFERENCIAS Y EL ESCENARIO

Diferencias y divisiones en el kirchnerismo frente a la denuncia
La necesidad de adoptar una postura en el bloque de Unión por la Patria contra la violencia de género chocó con planteos de algunos legisladores que pedían esperar para pronunciarse

Delfina CelichiniEduardo Valdés se sumó al comunicado del bloque; la legisladora Victoria Tolosa Paz no lo firmó
Con la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández en todos los medios, los diputados de Unión por la Patria (UP) se congregaron en la clásica reunión de bloque previa a toda sesión. Fue el martes a las 17.30 en el despacho que la bancada tiene en el tercer piso del Palacio Legislativo. No estaban los 99 integrantes, sino que había solo 30.
Se discutió allí la necesidad de expresar una opinión respecto de los presuntos maltratos físicos del exmandatario a quien fue su pareja, pero la diferencia de criterios y alineaciones políticas tiñó la conversación. La división se impuso.
“Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto de que en estos casos siempre le creemos a la víctima”, sentenciaron en el proyecto de resolución 56 diputados del bloque liderado por el santafesino Germán Martínez.
Esta fue la frase que abrió el debate dentro del espacio, donde una porción cuestionó que no se estuviera considerando la presunción de inocencia hasta que se expida la Justicia. Del otro lado, quienes buscaban despegarse de la situación argumentaban la necesidad de posicionarse políticamente.
“La violencia por motivos de género tienen un componente cultural y social. Esto tensiona todo el andamiaje jurídico porque es profundamente patriarcal y misógino. Si no lo tensionamos y esperamos que el Poder Judicial defina, dejamos de acompañar a la víctima”, explicó la diputada bonaerense Mónica Macha, que estuvo a cargo de la elaboración del texto.
Como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, Macha trabajó junto a su equipo de asesores una primera versión de la iniciativa y la hizo circular entre sus compañeros para la firma.
Correcciones
Según pudo saber la nacion, Eduardo Valdés, un dirigente que solía ser muy cercano al expresidente, le hizo “correcciones”. Su firma se encuentra entre los otros 55 nombres, como la de Martínez, Leandro Santoro, Paula Penacca y Cecilia Moreau. En tanto, no aparece la rúbrica de Santiago Cafiero (exjefe de Gabinete y excanciller) ni la de Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social), dos dirigentes muy cercanos al exmandatario peronista. De hecho, Tolosa Paz es la esposa de Enrique “Pepe” Albistur, dueño del departamento de Puerto Madero donde vive Alberto Fernández.
Ayer, tras la publicación del proyecto, Valdés salió a matizar su posición. Durante una entrevista con Radio La Red, habló de la situación judicial que atraviesa Alberto Fernández y aseguró que “le cuesta creer” la denuncia en su contra. “Yo lo conozco a Alberto desde los 18 años. Le he conocido parejas, nunca ha sido acusado de esto. Pienso que uno cuando es golpeador, es golpeador permanente, y no ha sido esta situación”, sumó.
Valdés dio precisiones sobre la discusión que monopolizó la reunión de bloque del martes por la tarde, y detalló que sus compañeras de bancada plantearon la necesidad de “creerle a la víctima”. “Bueno, entonces es tiempo de que se empiece a dilucidar esta situación antes de que empecemos a opinar en el medio. Esto es lo que creo que debería suceder. Creo que la causa debería avanzar con celeridad porque se trata de un expresidente”, sentenció.
En el texto, los diputados llaman a “exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes”.
Como Valdés, en el bloque hay varios diputados que plantearon que la denuncia de Fabiola es un tema “del orden de lo privado” y definieron no pronunciar se“por respeto a ambos ”.
“Dada la denuncia, la Justicia investigará si tiene sustento. Fabiola ya denunció y Alberto lo niega. Corresponde a la Justicia investigar”, dictaminó a la uno de los legisladores que componen este compendio.
Despegue
Una tercera minoría dentro del bloque de Unión por la Patria se abstuvo de firmar, aunque, por lo bajo, no dudó en despegarse del expresidente. “Nosotros gestionamos, no nos metemos en bardos políticos”, consideraron sobre el proyecto de resolución que elaboraron sus compañeros de bancada.
Sin embargo, subrayaron: “Apoyamos a Fabiola, claro”. Son diputados que responden a gobernadores peronistas, más interesados en sobrevivir al ajuste fiscal impuesto por la administración de Javier Milei que en marcar una posición que no les significa ningún rédito político.
El proyecto no lleva la firma del diputado Máximo Kirchner, crítico de la gestión de Fernández. Sin embargo, sí acompañan la iniciativa la mayoría de sus compañeras de La Cámpora, como Penacca, Lorena Pokoik y Luana Volnovich. “En general, no firma los proyectos, sino solo los que él presenta. Es para no generar discusión”, señaló un referente del bloque.
Entre los fundamentos, el bloque kirchnerista destaca que la iniciativa “tiene por objeto que esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez”.
Y concluye: “La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes”.

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La dirigencia política, en estado de shock
Claudio JacquelinCristina Kirchner y Alberto Fernández
Las imágenes son estremecedoras y los nuevos chats más incriminadores aún. Las fotos de Fabiola Yañez con secuelas de golpes, que anoche publicó Infobae, profundizan la consternación pública que ya había generado la noticia de la existencia de esas evidencias y su posterior denuncia judicial contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.
El escándalo no solo tiene un efecto demoledor para la ya deteriorada imagen pública de Fernández. También impactó de lleno en un amplio espectro de la dirigencia no oficialista y dejó en estado de shock a muchos. No solo por los hechos aberrantes que denuncia Yañez.
La reposición en el centro de la agenda pública de nuevas manifestaciones de degradación de la dirigencia afecta de lleno al kirchnerismo, en particular, y al peronismo, en general, que llevaron a Fernández a la Presidencia.
Pero también tiene daños colaterales para otros espacios. Justo cuando la dirigencia política opositora empezaba a desperezarse y a tratar de ponerse de pie con alguna dificultad frente al Gobierno,
Eso explica los silencios, las demoras o las reacciones aisladas y a título individual de sectores políticos, dirigentes y legisladores que ya estaban lejos de Fernández, como los propios seguidores de Cristina Kirchner, quien sigue sin opinar sobre este tema, pero no sobre otros.
Otro tanto ocurre con el mutismo de algunos que nunca estuvieron cerca del expresidente, sobre quien ya pesan medidas cautelares restrictivas de su libertad por la denuncia de su expareja. En la mayoría de los casos no se trató solo de gestos de respeto irrestricto al principio de inocencia que debe regir para cualquier ciudadano.
Por contraste, resaltó la rápida condena que hizo del escalofriante caso el oficialismo, encabezado por el Presidente. Tanto como la utilización política, al aprovechar el caso para justificar la eliminación o vaciamiento de los organismos estatales de lucha contra la violencia de género o contra la discriminación.
La convicción reinante en el aparato de comunicación mileísta de que el hecho tiene una absoluta repercusión social negativa no solo para Fernández y su espacio sino que se extendía a toda “la casta”, también los llevó a extrapolar ese sentimiento de rechazo hacia todas aquellas instituciones que fueron creación o bandera del kirchnerismo y a las que otras fuerzas y muchos dirigentes políticos y sociales valoran y reivindican.
La reacción podría resultar un exceso o una banalización, ya que la utilización o el bastardeo que se hicieron o pudieran haberse hecho de ellos por parte de otros gobiernos o la hipocresía en la defensa de derechos y principios que muchos de sus más desatacados dirigentes violaban, no implica automáticamente que una amplia mayoría social estuviera demandando su eliminación. Es lo que sucede con muchos servicios del Estado de los que se exige y espera mejores prestaciones, más transparentes y alejadas del uso partidario.
Además, si un gravísimo hecho individual fuera utilizado para demostrar la inutilidad de ciertos organismos públicos el argumento podría extrapolarse y poner en cuestión la existencia de otros que suelen ser reivindicados.
Las altas tasas de delitos vigentes, aun cuando estuvieran en descenso, y el aumento de la preocupación ciudadana por la inseguridad que registran las encuestas podrían llevar así a la eliminación del Ministerio de Seguridad y a dar de baja a todos los agentes de las fuerzas policiales, en lugar de dotarlas con más recursos, mejor formación y mayores controles. Solo es un ejemplo, que podría extenderse . La lógica del absurdo puede ser esclarecedora. Y peligrosa.
Renovación del crédito social
Ese terreno fértil que le han dejado los gobiernos anteriores a la administración libertaria, con los escándalos renovados y la profunda crisis económica subsistente, resultan, así, una herencia bendita, más que maldita.
Los especialistas en opinión pública constatan en estas horas que la actualización de ese legado le prolonga el crédito social a Milei, a pesar del impacto socioeconómico del ajuste y las deficiencias, inconsistencias o fragilidades que aún muestran las políticas oficiales en casi todos los terrenos. Justo cuando empezaban a asomar algunos nuevos reclamos que desplazaban del tope del ranking a la inflación en baja. Séneca decía que la suerte es la confluencia de la preparación con la oportunidad.
Los elementos que rodean a la revelación del horrendo hecho que denuncia haber sufrido Fabiola Yañez y del que desde ciertos subsuelos se dejaban trascender algunos indicios ya hace un tiempo, no relativizan ni minimizan la gravedad de lo que habría ocurrido. Solo le aportan un contexto que enrarece aún más el aire del espacio público.
Si Milei llegó al poder como la exitosa encarnación de un instrumento de castigo a la dirigencia, los hechos que sacuden hoy a la sociedad refuerzan la vigencia de esa preincumplimiento misa. El libertario se proyectó hacia la cima con la impugnación a lo establecido basado en conceptos prepolíticos como la moral y la fisiología: El sistema no solo era corrupto sino también ineficiente. Roban y no hacen, sería la síntesis popular.
El paso del tiempo al frente de la administración nacional, sin embargo, empieza a posar los juicios sobre el presente, mientras aleja el pasado, hasta que este vuelve con el estrépito de un trueno. Acaba de ocurrir. Nadie sabe cuánto durarán sus efectos. Mientras tanto, el Gobierno agradece y lo resalta.
“La denuncia de las agresiones que habría sufrido Fabiola es de una gravedad tal que domina todo, más aún porque habría ocurrido en la residencia de Olivos. Eso implicaría que si así fue el poder presidencial se utilizó, además, para silenciar y acallar cualquier denuncia o filtración durante mucho tiempo”, admite con un exfuncionario de la gestión albertista.
La investigación deberá avanzar, por eso mismo, sobre ese terreno y llamar a dar testimonio a una importante cantidad de funcionarios públicos y empleados que se desempeñaban en la quinta presidencial, quienes deberán declarar so pena de incurrir en falso testimonio o ser imputados de encubrimiento o de los deberes de funcionario por no haber denunciado la comisión de un delito si este terminara constatándose.
Algunos exfuncionarios de Fernández que han hablado con él poco después de reveladas las acusaciones no parecen cómodos con la estrategia que eligió para su defensa, a través de un comunicado en el que niega de forma general los hechos y anuncia que refutará los hechos ante la Justicia.
“Alberto eligió defenderse judicialmente, pero no mediáticamente. Eso facilita la condena social y, además, obtura cualquier defensa política”, lamentó una figura del peronismo cercano al expresidente. No es la primera vez que el profesor de Derecho elige una estrategia defensiva que otros (incluso allegado a él) no comparten.
La magnitud de los hechos que se le imputan al expresidente y la correspondiente consternación que su publicación produjo no hacen olvidar a la política que el origen de la revelación de las presuntas agresiones de Fernández a su entonces pareja se encuentra en la información hallada en el teléfono celular de María Cantero, la histórica secretaria privada del expresidente.
La investigación del supuesto tráfico de influencias y corrupción con el negocios de los seguros de Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa, que pasó a ser un caso secundario en la opinión pública, podría volver a ser desplazada por otros hechos resonantes, temen o presumen varios exfuncionarios y dirigentes políticos.
Mientras tanto, no son pocos los escaldados por la sola mención de su nombre en los chats de Cantero. Aún sin aportar evidencias concluyentes salpican a funcionarios que lograron terminar su gestión en el gobierno nacional sin daños reputaciones. Es el caso del actual ministro bonaerense Gabriel Katopodis, que manifestó una airada desmentida respecto de supuestos favores a Martínez Sosa cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, entre 2019 y 2023.
“El papel de la secretaria privada del presidente de la Nación es muy importante en la estructura institucional. Por ella pasan casi todos los contactos que establece su jefe. Por lo tanto, si en su celular todavía había cosas tan sensibles y hasta autoincriminatorias como las conocidas es posible esperar mucho más. Inclusive información confidencial que pueda tener vínculo con la seguridad del Estado o involucre relaciones internacionales”, advirtió con preocupación, más que especulación, un importante exfuncionario de la administración de Fernández. La política se encuentra en estado de alerta.
El temor se extiende a dirigentes que fueron opositores en los cuatro gobiernos kirchneristas.
El argumento que se esgrime desde esos espacios no implica la admisión de vínculos espurios sino que se centra en la presunción de que podrían haber entrado en acción cuentapropistas de la inteligencia, siempre dispuestos a prestar servicio al poder de turno, que estarían distribuyendo información armada para afectar a rivales políticos. La reciente reivindicación en la práctica de viejos espías y sus jefes dentro del aparato estatal acrecienta los temores.
Macristas en alerta
En tal contexto, en las cercanías de Mauricio Macri hizo sonar todas las alarmas la flamante denuncia penal presentada por su hermano Mariano contra los hijos del expresidente y otros parientes, con quienes arrastra una vieja disputa por bienes familiares, que dice le fueron escamoteados en forma fraudulenta.
Las circunstancias temporales que rodean a esa denuncia no son el único motivo de suspicacia, pero lo alimentan. En el macrismo anotan que la presentación llegó justo después de la parcial diferenciación pública que Mauricio Macri hizo del Gobierno la semana pasada, más la crítica explícita contra el superasesor presidencial Santiago Caputo y el rechazo público a la postulación para la Corte del cuestionado juez federal Ariel Lijo.
También les resulta sugestivo a los allegados al expresidente que los patrocinantes letrados de Mariano Macri sean los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, En su foja de servicios se destacan las defensas ejercidas en caso de alta repercusión pública como las que tuvieron por protagonistas al expresidente Carlos Menem, al condenado exministro kirchnerista Julio De Vido y al técnico informático Diego Lagomarsino, procesado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras actuaciones. Su llegada a los más altos y bajos círculos del poder no pasa inadvertida.
La cuestionada ampliación de fondos reservados para la remozada Secretaría de Inteligencia del Estado por 100.000 millones de pesos, que la oposición legislativa intenta impedir, y la creciente injerencia en esa área que se le adjudica a Caputo, el joven, ensanchan el espectro de los sectores preocupados.
Los fantasmas no existen, pero muchos creen haberlos visto. Más en horas oscuras en las que abundan la susceptibilidad y el temor. La dirigencia política está en shock. Y no solo ella.
El escándalo por la denuncia contra Fernández impacta sobre la dirigencia política no oficialista
La autodefensa que esgrimió Fernández es objetada hasta por algunos allegados
Crece el temor por eventuales nuevos escándalos

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