Santiago Caputo ahora tiene un nuevo trabajo en el sector privado
Pese a que no está formalmente nombrado en el Gobierno, se registró a principio de año en una empresa del sector agropecuario, vinculada a una familia amiga de su padre
Camila Dolabjian
Santiago Caputo tuvo una semana en el centro de la escena
Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente, pero no para el Estado. En una extraña movida, formalizó un empleo con una empresa justo cuando cruzaba por primera vez las puertas que trabajó para abrir durante meses y meses de campaña: las de la Casa Rosada. Mientras empezaba la labor más importante de su vida, como el arquitecto del “primer gobierno libertario”, se opuso a plasmarla en un contrato. Eludió, de esa manera, las limitaciones del empleado o funcionario público por ética y, sorpresivamente, en paralelo, se lanzó a un nuevo emprendimiento y comenzó una relación de dependencia con una empresa agropecuaria. Cuándo tiene tiempo para cumplir con su cargo no oficial y para trabajar al mismo tiempo en otra compañía es una de las tantas incógnitas de su situación laboral.
Por qué no trabaja para el Estado cuando controla gran parte de él es una interrogante que genera inquietud, por tratarse de una de las personas más influyentes en todo el esquema de gobierno y de poder del oficialismo.
No solo no está sujeto al régimen de funcionario público, que implica presentar declaraciones juradas disponible son linee incompatibilidades propias de la ley de ética pública, sino que ni siquiera es empleado del Poder Ejecutivo. Ni de ningún poder. Pese a su designación en el Boletín Oficial el 30 de enero, Caputo no figura como empleado en relación de dependencia del Gobierno en las bases de datos de la Anses, actualizadas al 17 de julio de 2024, siete meses después de la resolución que lo confirmó como asesor en la Secretaría General de la Presidencia, en la órbita de Karina Milei.
Consiguió su primer trabajo en blanco en enero, pero no en la gestión libertaria. El 1° de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera La Libertad Avanza en la Casa Rosada, Caputo empezó a trabajar para una empresa llamada Zefico. Se trata de una sociedad constituida por Pablo Costa, padre de uno de sus íntimos amigos de la infancia, Lucas Costa, y amigo de su padre (fallecido), Claudio Caputo, que era su escribano.
Se conocieron porque la familia Caputo tenía casa en el barrio privado Martindale, en Pilar, al igual que los Costa. Esta familia tiene campos y se dedica al negocio agropecuario, especialmente ala compra y venta de granos como soja, maíz, trigo y ganado. Incurriría en una hipotética incompatibilidad al cobrar de una empresa que se dedica al agro y ser, al mismo tiempo, de las primeras personas que podrían enterarse de medidas claves para el campo, como una devaluación o una baja de retenciones.
Al no ser funcionario, no incumple la ley ni incurre en incompatibilidad por el mero hecho de no estar designado formalmente. Esta situación es descripta como muchos como una verdadera laguna normativa en el plexo de leyes relativas a la ética pública. ¿Qué pasa cuando un individuo controla y toma decisiones gubernamentales de manera expresa y evidente, pero no tiene un cargo?
La empresa también presenta sorpresas. Zefico no tenía movimientos ni empleados hasta que contrató a Caputo. Según fuentes que conocen este vínculo, la sociedad se constituyó para poner a su nombre las propiedades rurales de la familia, mientras que otra, Camalu SA, también bajo la titularidad de Pablo Costa y en la que trabajan sus hijos, concentra las operaciones comerciales. Hoy, su único empleado registrado es el asesor presidencial.
Según la resolución de enero, Caputo comenzó a trabajar bajo un régimen de prestación de servicios profesionales autónomos. Es posible que, como muchos empleados, esté facturando a la Secretaría General
su trabajo como asesor. Además, en los últimos meses hubo cambios significativos en su perfil de contribuyente. Frente a la AFIP, hasta diciembre, era monotributista categoría B (la segunda más baja, con una facturación mensual máxima aproximada de $175.000). Desde enero, subió a la F, que, con las actualizaciones hechas a partir de la reglamentación de la Ley Bases, le permite facturar hasta $24,25 millones por año, unos $2 millones por mes.
Según la AFIP, al 4 de julio, también está activo en la tercera categoría de Ganancias, cuando no lo estaba en enero de este año. La categoría en la que se encuentra es de mucha relevancia, porque si tan solo percibiera un sueldo de Zefico (que es una sociedad anónima), tributaría en la cuarta categoría por su relación de dependencia y servicios profesionales. Pero, en su caso, su categorización implicaría ser miembro del directorio y que reciba honorarios o que tenga acciones y participe activamente de la sociedad como gerente o administrador.
La alternativa para darse esta situación tributaria es que Caputo, además de estar empleado por Zefico, tenga a su nombre una sociedad irregular, unipersonal o de hecho, cosa que hasta esta edición no figuraba ante la AFIP.
En la foto general, como contribuyente, reporta ingresos como empleado, pero también percibe dinero por su participación societaria en alguno de estos casos. Las personas físicas que están inscriptas en esta categoría pagan el tributo producto de actividades comerciales independientes, la titularidad de una empresa unipersonal (no es su caso), servicios profesionales si se prestan dentro de una estructura comercial o como parte de una empresa, en algunos casos.
El hecho de que la empresa solamente pague contribuciones patronales por él, y no otras cargas (como aportes a la seguridad social o a la obra social), abona que este sería el caso. Fuentes cercanas a la familia Costa indicaron que Caputo “participaba” como director antes, aunque no hay ningún acta disponible que dé cuenta de ello.
consultó a Pablo Costa, el dueño de la empresa, por esta situación. Prefirió no dar respuestas, pero indicó que quien se encarga del día a día actualmente es su hijo, que tampoco ofreció respuestas. Fuentes cercanas a Caputo dijeron a que al no ser funcionario público, prefiere no comentar sobre sus temas personales.
Caputo nunca había registrado antes una relación de dependencia. En informes públicos no figura que sea titular de una tarjeta de crédito a su nombre y los sistemas bancarios del país no reportan movimientos crediticios con él como titular, como sería tomar una deuda.
Al no ser funcionario, no incumple la ley ni incurre en incompatibilidad por el mero hecho de no estar designado formalmente
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Extraña maniobra de la SIDE en la Justicia
Sorpresivamente, y en plena tensión con Pro, el organismo se presentó ante el juzgado, pero su pedido fue rechazado
Camila Dolabjian
Sorpresivamente, y en medio de las tensiones del Gobierno con Pro, la SIDE buscó intervenir como parte en una antigua causa judicial en la que se investiga un supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. La pretensión fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, pero expuso una extraña maniobra.
El día previo a la primera sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar el DNU que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), hubo un movimiento en la causa del “espionaje ilegal” a exfuncionarios de la época de Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde además fueron espiados jueces, periodistas, allegados y familiares. Ocurrió en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Sorpresivamente, un abogado se presentó como apoderado de la central de inteligencia y pidió conocer el estado procesal de la causa.
El letrado Ignacio Damián González, que acompañó el escrito con el poder de representación de la agencia que controla políticamente Santiago Caputo, a través de Sergio Neiffert, dijo al juez que, “teniendo un interés legítimo en conocer el estado procesal de dichos actuados, solicito tenga a bien relacionar el domicilio electrónico del suscrito con la causa de marras”. La causa no tiene movimientos relevantes desde hace meses, pero por algún motivo el Gobierno se interesó en el proceso, pese a que no es parte.
Con ese argumento le contestó el juez Sebastián Ramos –que cubre en este momento a Martínez de Giorgi, que está de licencia–, a la central de inteligencia. Dio por tierra con el pedido de la agencia y respondió: “En cuanto a lo solicitado por el apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), toda vez que dicho organismo no reviste carácter de parte y que, además, tampoco se encuentra justificado su concreto interés en conocer el estado de estos actuados –y de las causas conexas–, NO HA LUGAR”.
Este extraño intercambio en la causa se da en un contexto de extrema tensión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo. El expresidente transmitió en público y dejó trascender que el asesor de Javier Milei es un problema para la alianza entre Pro y La Libertad Avanza. El libertario respondió con un contundente apoyo al “arquitecto” de su gobierno y lo ratificó como parte de su “triángulo de hierro”. La respuesta del juez se da dos días después de que la Cámara baja rechazara el DNU que amplió en $100.000 millones los fondos reservados de la SIDE, votación en la que Pro se sumó al resto de la oposición.
La causa de espionaje ilegal durante la época de Macri se inició a partir de denuncias que señalaban que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, nombre modificado nuevamente por la gestión libertaria), durante la época de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habría realizado tareas de inteligencia ilegal como seguimientos, interceptaciones de comunicaciones y recopilación de información sobre personas vinculadas tanto al oficialismo como a la oposición, jueces y periodistas, entre otros. El proceso comenzó con denuncias presentadas por la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, en 2020.
El primer juez en tomar el caso fue Federico Villena, de Lomas de Zamora, pero fue apartado de la causa porque su intervención guardaba “estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” por él mismo años antes, en un expediente abierto en el gobierno de Macri para hacer inteligencia vinculada al G-20 que se llevó a cabo en 2018 en Buenos Aires. Luego, pasó al de Juan Pablo Auge en el mismo distrito.
Finalmente, se incorporaron dos causas (la del Instituto Patria y la del resto de las tareas de espionaje) a un expediente principal que fue trasladado al Juzgado Federal Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martínez de Giorgi. Este movimiento tuvo convalidación por parte de la Corte Suprema. En 2022, los jueces del máximo tribunal se excusaron de intervenir en el caso y los conjueces Javier Leal de Ibarra (Cámara de Comodoro Rivadavia), Juan Carlos Bozón (Cámara Nacional en lo Penal Económico) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial), Ramón González (Cámara de Corrientes) y Mario Leal (Cámara Federal de Tucumán), designados por sorteo, dejaron firme que la causa continúe en Comodoro Py.
La Cámara de Casación Penal dejó firmes, en ese año, los procesamientos de un grupo de exespías y confirmó la falta de mérito dictada a Gustavo Arribas. Majdalani, por otra parte, quedó procesada, pero no por infringir la ley de inteligencia, sino por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Procesados en ese entonces quedaron Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, por infracción a la ley de inteligencia. Darío Nieto, exsecretario de Mauricio Macri, fue confirmado en falta de mérito en la causa.
Por qué no trabaja para el Estado cuando controla gran parte de él es una interrogante que genera inquietud, por tratarse de una de las personas más influyentes en todo el esquema de gobierno y de poder del oficialismo.
No solo no está sujeto al régimen de funcionario público, que implica presentar declaraciones juradas disponible son linee incompatibilidades propias de la ley de ética pública, sino que ni siquiera es empleado del Poder Ejecutivo. Ni de ningún poder. Pese a su designación en el Boletín Oficial el 30 de enero, Caputo no figura como empleado en relación de dependencia del Gobierno en las bases de datos de la Anses, actualizadas al 17 de julio de 2024, siete meses después de la resolución que lo confirmó como asesor en la Secretaría General de la Presidencia, en la órbita de Karina Milei.
Consiguió su primer trabajo en blanco en enero, pero no en la gestión libertaria. El 1° de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera La Libertad Avanza en la Casa Rosada, Caputo empezó a trabajar para una empresa llamada Zefico. Se trata de una sociedad constituida por Pablo Costa, padre de uno de sus íntimos amigos de la infancia, Lucas Costa, y amigo de su padre (fallecido), Claudio Caputo, que era su escribano.
Se conocieron porque la familia Caputo tenía casa en el barrio privado Martindale, en Pilar, al igual que los Costa. Esta familia tiene campos y se dedica al negocio agropecuario, especialmente ala compra y venta de granos como soja, maíz, trigo y ganado. Incurriría en una hipotética incompatibilidad al cobrar de una empresa que se dedica al agro y ser, al mismo tiempo, de las primeras personas que podrían enterarse de medidas claves para el campo, como una devaluación o una baja de retenciones.
Al no ser funcionario, no incumple la ley ni incurre en incompatibilidad por el mero hecho de no estar designado formalmente. Esta situación es descripta como muchos como una verdadera laguna normativa en el plexo de leyes relativas a la ética pública. ¿Qué pasa cuando un individuo controla y toma decisiones gubernamentales de manera expresa y evidente, pero no tiene un cargo?
La empresa también presenta sorpresas. Zefico no tenía movimientos ni empleados hasta que contrató a Caputo. Según fuentes que conocen este vínculo, la sociedad se constituyó para poner a su nombre las propiedades rurales de la familia, mientras que otra, Camalu SA, también bajo la titularidad de Pablo Costa y en la que trabajan sus hijos, concentra las operaciones comerciales. Hoy, su único empleado registrado es el asesor presidencial.
Según la resolución de enero, Caputo comenzó a trabajar bajo un régimen de prestación de servicios profesionales autónomos. Es posible que, como muchos empleados, esté facturando a la Secretaría General
su trabajo como asesor. Además, en los últimos meses hubo cambios significativos en su perfil de contribuyente. Frente a la AFIP, hasta diciembre, era monotributista categoría B (la segunda más baja, con una facturación mensual máxima aproximada de $175.000). Desde enero, subió a la F, que, con las actualizaciones hechas a partir de la reglamentación de la Ley Bases, le permite facturar hasta $24,25 millones por año, unos $2 millones por mes.
Según la AFIP, al 4 de julio, también está activo en la tercera categoría de Ganancias, cuando no lo estaba en enero de este año. La categoría en la que se encuentra es de mucha relevancia, porque si tan solo percibiera un sueldo de Zefico (que es una sociedad anónima), tributaría en la cuarta categoría por su relación de dependencia y servicios profesionales. Pero, en su caso, su categorización implicaría ser miembro del directorio y que reciba honorarios o que tenga acciones y participe activamente de la sociedad como gerente o administrador.
La alternativa para darse esta situación tributaria es que Caputo, además de estar empleado por Zefico, tenga a su nombre una sociedad irregular, unipersonal o de hecho, cosa que hasta esta edición no figuraba ante la AFIP.
En la foto general, como contribuyente, reporta ingresos como empleado, pero también percibe dinero por su participación societaria en alguno de estos casos. Las personas físicas que están inscriptas en esta categoría pagan el tributo producto de actividades comerciales independientes, la titularidad de una empresa unipersonal (no es su caso), servicios profesionales si se prestan dentro de una estructura comercial o como parte de una empresa, en algunos casos.
El hecho de que la empresa solamente pague contribuciones patronales por él, y no otras cargas (como aportes a la seguridad social o a la obra social), abona que este sería el caso. Fuentes cercanas a la familia Costa indicaron que Caputo “participaba” como director antes, aunque no hay ningún acta disponible que dé cuenta de ello.
consultó a Pablo Costa, el dueño de la empresa, por esta situación. Prefirió no dar respuestas, pero indicó que quien se encarga del día a día actualmente es su hijo, que tampoco ofreció respuestas. Fuentes cercanas a Caputo dijeron a que al no ser funcionario público, prefiere no comentar sobre sus temas personales.
Caputo nunca había registrado antes una relación de dependencia. En informes públicos no figura que sea titular de una tarjeta de crédito a su nombre y los sistemas bancarios del país no reportan movimientos crediticios con él como titular, como sería tomar una deuda.
Al no ser funcionario, no incumple la ley ni incurre en incompatibilidad por el mero hecho de no estar designado formalmente
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Extraña maniobra de la SIDE en la Justicia
Sorpresivamente, y en plena tensión con Pro, el organismo se presentó ante el juzgado, pero su pedido fue rechazado
Camila Dolabjian
Sorpresivamente, y en medio de las tensiones del Gobierno con Pro, la SIDE buscó intervenir como parte en una antigua causa judicial en la que se investiga un supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. La pretensión fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, pero expuso una extraña maniobra.
El día previo a la primera sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar el DNU que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), hubo un movimiento en la causa del “espionaje ilegal” a exfuncionarios de la época de Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde además fueron espiados jueces, periodistas, allegados y familiares. Ocurrió en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Sorpresivamente, un abogado se presentó como apoderado de la central de inteligencia y pidió conocer el estado procesal de la causa.
El letrado Ignacio Damián González, que acompañó el escrito con el poder de representación de la agencia que controla políticamente Santiago Caputo, a través de Sergio Neiffert, dijo al juez que, “teniendo un interés legítimo en conocer el estado procesal de dichos actuados, solicito tenga a bien relacionar el domicilio electrónico del suscrito con la causa de marras”. La causa no tiene movimientos relevantes desde hace meses, pero por algún motivo el Gobierno se interesó en el proceso, pese a que no es parte.
Con ese argumento le contestó el juez Sebastián Ramos –que cubre en este momento a Martínez de Giorgi, que está de licencia–, a la central de inteligencia. Dio por tierra con el pedido de la agencia y respondió: “En cuanto a lo solicitado por el apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), toda vez que dicho organismo no reviste carácter de parte y que, además, tampoco se encuentra justificado su concreto interés en conocer el estado de estos actuados –y de las causas conexas–, NO HA LUGAR”.
Este extraño intercambio en la causa se da en un contexto de extrema tensión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo. El expresidente transmitió en público y dejó trascender que el asesor de Javier Milei es un problema para la alianza entre Pro y La Libertad Avanza. El libertario respondió con un contundente apoyo al “arquitecto” de su gobierno y lo ratificó como parte de su “triángulo de hierro”. La respuesta del juez se da dos días después de que la Cámara baja rechazara el DNU que amplió en $100.000 millones los fondos reservados de la SIDE, votación en la que Pro se sumó al resto de la oposición.
La causa de espionaje ilegal durante la época de Macri se inició a partir de denuncias que señalaban que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, nombre modificado nuevamente por la gestión libertaria), durante la época de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habría realizado tareas de inteligencia ilegal como seguimientos, interceptaciones de comunicaciones y recopilación de información sobre personas vinculadas tanto al oficialismo como a la oposición, jueces y periodistas, entre otros. El proceso comenzó con denuncias presentadas por la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, en 2020.
El primer juez en tomar el caso fue Federico Villena, de Lomas de Zamora, pero fue apartado de la causa porque su intervención guardaba “estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” por él mismo años antes, en un expediente abierto en el gobierno de Macri para hacer inteligencia vinculada al G-20 que se llevó a cabo en 2018 en Buenos Aires. Luego, pasó al de Juan Pablo Auge en el mismo distrito.
Finalmente, se incorporaron dos causas (la del Instituto Patria y la del resto de las tareas de espionaje) a un expediente principal que fue trasladado al Juzgado Federal Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martínez de Giorgi. Este movimiento tuvo convalidación por parte de la Corte Suprema. En 2022, los jueces del máximo tribunal se excusaron de intervenir en el caso y los conjueces Javier Leal de Ibarra (Cámara de Comodoro Rivadavia), Juan Carlos Bozón (Cámara Nacional en lo Penal Económico) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial), Ramón González (Cámara de Corrientes) y Mario Leal (Cámara Federal de Tucumán), designados por sorteo, dejaron firme que la causa continúe en Comodoro Py.
La Cámara de Casación Penal dejó firmes, en ese año, los procesamientos de un grupo de exespías y confirmó la falta de mérito dictada a Gustavo Arribas. Majdalani, por otra parte, quedó procesada, pero no por infringir la ley de inteligencia, sino por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Procesados en ese entonces quedaron Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, por infracción a la ley de inteligencia. Darío Nieto, exsecretario de Mauricio Macri, fue confirmado en falta de mérito en la causa.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.