UN PROYECTO POLÉMICO Y DÍAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL...(PERSONAL QUE SOBRA )

México, Justicia decapitada
Enrique Krauze

CIUDAD DE MÉXICO
“El ejercicio de un poder absoluto es muy peligroso para el príncipe, muy odioso para los súbditos, y contrario a las leyes, tanto divinas como humanas” (Spinoza, Tratado político).
El próximo mes, último de su gobierno, la nueva legislatura obediente a López Obrador buscará supeditar la Justicia al poder introduciendo el voto directo de los jueces. En la práctica, esta “reforma” se traducirá, como se ha visto, en el voto personal de López Obrador sobre quién debe ser juez. Será el fin de la justicia, y la república.
Para combatir este despropósito, he escrito varios artículos que prueban la continuidad de dos siglos en el pensamiento republicano en México, y la consiguiente defensa de la Suprema Corte de Justicia frente al poder absoluto. En fechas recientes, he debido recordar que la separación entre la Justicia y el poder está en el origen de la civilización occidental.
El Antiguo Testamento la prescribe claramente. Los célebres legisladores de Esparta, Atenas y Roma –Licurgo, Solón y Numa– limitaron el poder absoluto con el valladar de los jueces. Con esos ejemplos en mente, tras atestiguar en 1672 el violento fin de la república holandesa y sus libertades, Baruch Spinoza escribió el Tratado político, su obra postrera. Y al trazar el perfil de un Estado “no bárbaro”, un Estado que respeta las libertades, aludió a un notable antecedente medieval: el Reino de Aragón.
El emblema de ese Estado no era un monarca, sino un juez: el “Justicia” Juan de Lanuza y Urrea. En la Plaza de Aragón en Zaragoza hay un monumento en su honor, erigido a principios del siglo pasado para conmemorar el cuarto centenario de su sacrificio. Lanuza representa la tradición liberal que enorgullece a los aragoneses (no por nada, aragoneses fueron Goya y Buñuel). Es natural que a Spinoza, defensor radical de la libertad, ese legado le pareciera “digno de memoria”.
Spinoza no era dado a narrar historias, pero en el caso de Aragón hizo una excepción: “Tan pronto arrojaron de sus cervices el servil yugo de los moros […] decidieron elegir para sí mismos un rey”. Como no se ponían de acuerdo sobre las condiciones, consultaron al papa, quien, “actuando efectivamente en esta cuestión como vicario de Cristo, les reprochó que, por no aprender del ejemplo de los hebreos, pidieran con tanta tozudez un rey”. Ante su insistencia en el despropósito, les “aconsejó fijar antes unas normas bien equitativas y acordes con la idiosincrasia de su pueblo”. La primera fue la creación de un “consejo general que, como los éforos en Esparta, se opusiera a los reyes y tuviera absoluto derecho de resolver los litigios que surgieran entre el rey y los ciudadanos”.
Siguiendo este consejo, los aragoneses establecieron los derechos que les parecieron más equitativos. Su máximo intérprete y, por tanto, juez supremo no sería el rey, sino el Consejo, al que llaman “Los Diecisiete”, y cuyo presidente recibe el nombre de “Justicia”. Así, pues, este “Justicia” y estos “Diecisiete”, elegidos no por votación, sino a suertes y con carácter vitalicio, tienen el derecho absoluto de reexaminar y de anular todas las sentencias contra cualquier ciudadano, dictadas por los demás consejos tanto políticos como eclesiásticos. De modo que cualquier ciudadano tenía derecho a hacer comparecer al rey ante ese tribunal. En un principio tuvieron, además, el derecho de elegir rey y de privarlo de su potestad.
Es famosa la declaración que este consejo leía antes de nombrar al rey: “Nos, que somos tanto como vos y juntos valemos más que vos, os hacemos rey de Aragón si juráis los fueros y si no, no”.
Pasados muchos años –subraya Spinoza con admiración– el rey Pedro III –fines del siglo XIII– buscó rescindir el derecho, pero solo lo “corrigió”. Dos siglos después, Fernando el Católico, último rey aragonés, decidió sabiamente honrarlo. Ante los celosos castellanos que pedían su anulación, se negó a contravenir una costumbre tan arraigada. Finalmente la libertad se topó con Felipe II, que “oprimió a los aragoneses con mejor fortuna, pero no con menor crueldad que a las Provincias de los Confederados”.
Fue Felipe II, en efecto, quien dio por terminada aquella peculiar división de poderes. Antonio Pérez –antiguo consejero, caído de su gracia– huyó de Castilla y se refugió en su natal Aragón. El Justicia Lanuza lo protegió con el habeas corpus. Felipe II envió 12.000 soldados a Aragón, cuyos 2000 defensores resultaron insuficientes. Lanuza encabezó la defensa, Pérez (uno de los personajes más controversiales de la historia española) escapó a Francia. Felipe II fue implacable con quien lo había amparado. El Justicia Lanuza fue decapitado sin juicio previo en 1591. Su cabeza se exhibió como escarmiento. Pérez escribió su testimonio en el destierro. Spinoza lo cita en su Tratado político. Aragón no olvidó la afrenta. Nosotros debemos sacar la conclusión de la historia y actuar en consecuencia. La Justicia no puede supeditarse al poder (así sea un poder que goce de popularidad). La Justicia no puede doblegarse al “servil yugo”. La Justicia se puede reformar, pero no decapitar

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De la inclusión a la convivencia
Ariel Trinadori Profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral

Argentina cuenta con un vasto sistema de protección legal para los niños, niñas y adolescentes (NNyA) con discapacidad que transitan el sistema educativo. Leyes, tratados internacionales y políticas públicas buscan garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.

La educación especial está orientada por el principio de inclusión educativa. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo plantean en el objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Siguiendo esta orientación el Consejo Federal de Educación buscó en 2016 propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad.
En la resolución se establecieron, entre otros, los siguientes puntos: la matriculación como derecho, escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar participación a su familia como obligación, el derecho de las familias a elegir la institución educativa de su preferencia, el rol de la modalidad especial para la inclusión en escuelas comunes y los proyectos pedagógicos individuales.
Pero, a pesar de estas directrices, Unicef señala que hay una deuda pendiente en lo que respecta a la escolarización de NNyA con discapacidad en escuelas comunes. Según el Ministerio de Educación de la Nación hay 209.553 estudiantes con discapacidad en los tres niveles educativos, de los cuales 101.107 concurren a escuelas especiales y 108.446 a escuelas comunes. Si bien esto es un dato positivo, no lo es en cuanto al sacrificio que supone. Esfuerzo que recae en gran medida en las familias y también en los docentes que están frente al aula.
Los proyectos pedagógicos indicon viduales, en la mayoría de los casos, quedan supeditados, en establecimientos públicos como de gestión privada, a la buena voluntad del docente y del integrador. Adicionalmente en los privados también depende de los recursos económicos de las familias, sus sistemas de salud, etcétera.
El año pasado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas destacó la experiencia de educación inclusiva en la provincia de La Pampa, en la que el 98,5% de estudiantes con discapacidad asiste a la escuela común.
Esta iniciativa marca el rumbo hacia donde debe virar la educación especial, la cual tendría que transformarse en apoyo y asistencia de la educación común. Aportando su especialidad para mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad. Elaborando las adaptaciones de manera conjunta y colaborativa las familias, escuchándolas y haciéndolas participes de los ajustes que sus hijos necesiten.
Junto a esto es conveniente considerar el “diseño universal” que se desprende de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implica diseñar bienes o servicios desde su origen para que sean accesibles y utilizables por todas las personas, no solo por aquellas con discapacidad.
Esta mirada, aplicada a la educación, posibilitará que el sistema mude de la inclusión a la convivencia dentro del aula, evitando segregar, incluyendo en lugar de discriminar. De esta manera, todos los estudiantes serán considerados y respetados en su individualidad y dignidad, pudiendo desplegar todas las potencialidades y talentos, para ser la mejor versión de ellos mismos

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Personal que sobra
MONTEVIDEO.– Ante la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de Montevideo, la dirigente sindical Silvia Tejera reconoció muy suelta de cuerpo que en la Intendencia hay empleados que “muchas veces terminan sentados en una silla sin ningún tipo de tarea” y que por lo tanto están “solamente cumpliendo el horario”. En cualquier lugar del mundo, una confesión de ese tipo, tan tremenda, generaría un escándalo. Pero en la anestesiada Montevideo, pasó como una noticia más o quizás poca gente se dio cuenta de lo que significaba. Tejera lo planteó como un problema a solucionar y en ningún momento se le ocurrió pensar que el tema de fondo era que si ese personal sobraba, no era necesario contar con él. Dio varias explicaciones sobre por qué ocurría, todo en esa oscura jerga que solo quien trabaja en la Intendencia la entiende, y planteó la necesidad de “dignificar” la función para lo cual había que darles algo que hacer.
Se deduce entonces que lo bueno sería inventarles tareas para que parezcan útiles aunque no lo sean. Realmente se trata de una situación surrealista. En cualquier rubro vinculado a la actividad privada, esa realidad termina en despidos.
Para la Intendencia la solución suele ser la más sencilla: los mantiene a todos. A fin de cuentas, les paga con dinero ajeno.
Que sea la gente quien tape el agujero por tener exceso de personal. Quien anda por la ciudad, quien vive en ella, percibe cuántas y cuáles son las tareas que la Intendencia debería estar cumpliendo, pero que las omite.
Esa es la absurda realidad: hay tareas sin hacer y hay personal que no tiene nada que hacer. Es todo demasiado delirante. La Intendencia sigue sin resolver el drama de la basura. Podría poner parte de ese personal ocioso, a pensar en soluciones inteligentes a un asunto grave que se arrastra desde hace décadas. La lista es aún más larga y quienes viven en Montevideo la conocen de memoria. Pagan mucho para que los servicios se cumplan y ven que reciben poco.

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