A TREINTA AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EDITORIAL

Los acuerdos, como fundantes de políticas de Estado
A TREINTA AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. La presencia de instituciones fuertes es necesaria para alcanzar los logros pensados para nuestra época, que requieren la continuidad del diálogo Alberto Manuel y Tomás Alberto García Lema


Reuniones,debates,actos académicos y políticos, que se vienen realizando en diversos ámbitos del país, con otros programados hasta fin de 2024, demuestran que existe gran interés por celebrar el 30º aniversario de la reforma constitucional de 1994. La circunstancia inusual, en los últimos 40 años de democracia, de que haya accedido a la presidencia un dirigente político sin mayorías en ninguna de las dos cámaras del Congreso, así como que carezca del gobierno en las 24 jurisdicciones, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dotado de especial interés al funcionamiento de nuestro sistema institucional, tanto en nuestro país como en el exterior.
Además, se lo ha revalorizado, como fruto de diálogos y consensos políticos y sociales, gestados durante casi una década, desde 1986, cuando Alfonsín dio a conocer su proyecto de reforma constitucional por dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue admitido como base de discusión, aunque muy modificado y completado, por el justicialismo renovador (fuerza que surgió del análisis crítico y la actualización conceptual a raíz de la derrota de la ortodoxia en 1983). También, porque esos diálogos y acuerdos se fueron extendiendo a otras fuerzas políticas –además de empresariales y sociales– y culminaron luego de 90 días de sesiones de la Convención Constituyente (mucho menos del tiempo que llevó la sanción de la Ley Bases), en un texto final aprobado y jurado por unanimidad de sus integrantes.
La reforma de 1994 cumplió sin dudas con el primero de los grandes fines propuestos: la consolidación de la democracia frente a la amenaza entonces aún existente de asonadas militares. Luego de su sanción no existieron otras asonadas. La renovación de las presidencias y de las cámaras del Congreso se hizo con normalidad, excepto en el caso de la renuncia del presidente De la Rúa, producto de la crisis económica de la convertibilidad (entre el peso y el dólar) y su falta de predisposición para designar un jefe de Gabinete consensuado con el justicialismo triunfador de las elecciones de mitad de mandato en 2001, posibilidad que ofrecía la reforma. Además, en los últimos 30 años no hubo propuestas de reforma constitucional, salvo un tímido intento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que no prosperó.
El régimen presidencialista no asimiló la figura del jefe de Gabinete de Ministros, aunque la utilizaron los presidentes para superar crisis internas de sus partidos. En su origen intentó ser impedimento de presidencias con vocaciones autoritarias, y sigue siendo un medio útil para lograr coaliciones de gobierno o para afianzar acuerdos parlamentarios. Las reformas del Congreso lo transformaron en el órgano central del sistema. El Poder Judicial sufrió dificultades en la creación y el afianzamiento del Consejo de la Magistratura: sus falencias y las demoras en los acuerdos a las ternas y propuestas de jueces debilitaron a ese poder. En cambio, al establecer la reforma de 1994 la mayoría de dos tercios en el Senado para el acuerdo de designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, obliga a elegir a las personas más idóneas.
En cuanto al desarrollo económico y social, la reforma de 1994 fue modificación parcial de la Constitución de 1853/60: no podían alterarse sus primeros 35 artículos, que contienen las básicas libertades individuales y económicas. De allí que se mantuviera su contenido “liberal” –en cuanto a la iniciativa económica–, y la reforma lo amplió al prever “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos…”, en el nuevo artículo 42, al prever la defensa de consumidores y usuarios. Asimismo, reprodujo la cláusula central de Alberdi, “del progreso”, que enunciaba los principales fines de la Constitución histórica.
En línea con la anterior, la cuarta idea fuerza de la reforma postula la inserción del país en el mundo disponiendo la jerarquía superior de los tratados sobre las leyes. La Argentina tiene firmados unos 50 tratados de garantía de inversiones extranjeras con naciones que comprenden países americanos, europeos y los principales de Asia. Se perfeccionó así el mandato del artículo 27 de la Constitución histórica. En aras del desarrollo de índole federal se autorizó a las provincias y regiones a celebrar convenios internacionales con conocimiento del Congreso nacional.
La mayor inserción del país en el mundo dio lugar a incluir la integración con otros países y asociaciones por tratados de ese tipo, e inspiró otorgar a Declaraciones y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos jerarquía constitucional, de gran avance en las últimas décadas, por leyes complementarias y múltiples fallos que los han aplicado. Las garantías de habeas corpus, amparo y habeas data aseguran la protección de esos derechos en los artículos 41 a 43 CN, y de los medios de comunicación (“no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”).
Estos tratados han completado normas –como el inciso 23 del artículo 75 CN– que protegen a ciertos sectores especialmente vulnerables, impidiendo discriminaciones inaceptables. El rol de la mujer surge claro de esa norma, y de los tratados indicados, para participar de las principales instituciones de la Nación, como en la Corte Suprema de Justicia. De allí que corresponda a una mujer el reemplazo de la vacante de la jueza Highton de Nolasco, aplicando el principio constitucional de que cuando se alcanza el reconocimiento mínimo de un determinado derecho no cabe retroceder en su aplicación, siendo inconstitucional hacerlo (así lo han reconocido el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y numerosas entidades privadas, sociales y de juezas).
Asimismo, cabe impulsar el desarrollo humano sobre bases federales –para revertir el excesivo unitarismo económico resultante de deformaciones de la Constitución de 1853/60– afirmado en la cláusula del “nuevo progreso” (artículo 75 inciso 19 CN), actualizando aquella a necesidades del mundo del siglo XXI, que ya entrevió la reforma de 1994, en las materias allí enunciadas, y por el crecimiento armónico del territorio, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones por ley iniciada por el Senado (por ejemplo, asignado beneficios como los establecidos en la Ley Bases), y por las provincias que deben desarrollarlas según el artículo 124 CN. Estas directrices ya tienen éxitos apreciables en provincias y regiones, a partir de la propiedad de sus recursos naturales asignada por la reforma de 1994, como la minería en el NOA y su derrame futuro; mientras que las regiones centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), el NOE y la patagónica deben continuar en sus esfuerzos para que la producción del país se recupere de un ajuste económico necesario, sin ser desmedido.
Finalmente, no hay que olvidar que la presencia de instituciones fuertes es necesaria para las políticas de Estado que la reforma de 1994 dejó programadas para nuestra época, fundadas en la continuidad de diálogos y acuerdos, y que nuestros acreedores miran no solo los esfuerzos presentes, sino cómo tales políticas serán instrumentos para el desarrollo humano durante varias décadas, que instituye la Constitución en su reforma de 1994. •
La Argentina tiene firmados unos 50 tratados de garantía de inversiones extranjeras con naciones que comprenden países americanos, europeos, de Asia


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Qué querrán los radicales hacer con su partido
La desorientación signa hoy a la mayoría de los afiliados al centenario partido, potenciada por la aún inexplicable jefatura de Martín Lousteau
La vida de los partidos políticos es desde hace tiempo, con contadas excepciones, una mentira, una farsa indisimulable entre cientos de sellos vacíos de contenido y torrente sanguíneo, y sin otra existencia real que la de quienes les dan un nombre ante la Justicia Electoral. O de algún figurón o figurona que prevalece de esa anomia.
Una de las pocas agrupaciones que mantienen la tradición de legalidad, sometiéndose regularmente al ordenamiento que regla a los partidos políticos, es la Unión Cívica Radical (UCR). Eso está en el ADN de su constitución desde fines del siglo XIX, pero la agrupación se halla, sin embargo, tan carcomida por desencuentros internos que ni siquiera puede decirse al cabo de más de 130 años que está fracturada en dos partes enfrentadas. Para decirlo con todas las letras, la UCR está fragmentada en múltiples líneas internas, con límites imprecisos y afiliados perplejos por lo que sucede. Muchos han echado a un canasto el carnet de afiliación; otros se preguntan cuándo lo harán.
Con todo lo grave que es ese cuadro, resulta aún más potenciado por la jefatura inexplicable del senador Martín Lousteau, presidente del comité nacional, lugar que antes ocuparon en tiempos modernos Crisólogo Larralde, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. Mal podría haberse pensado que ese cargo podía llegar a ser cubierto por un exministro de Economía de Cristina Kirchner y personaje sin antecedentes partidarios, pero con fisonomía personal ajena al estilo que definió a la UCR por larguísimas décadas.
Se sueñan tantas utopías a fin de superar la persistencia de situaciones críticas de esta hondura que no sería de extrañar que en algún momento se proponga al Congreso de la Nación que declare a los partidos políticos en estado de asamblea. Cabría dictar, a renglón seguido, las normas y los procedimientos para la reconstitución de ellos a partir de base cero. No pocos estarán en incapacidad para cumplir ese objetivo. Hoy nadie cree realmente que las listas de afiliados a los partidos respondan a una realidad viva constatable, sino al congelamiento de situaciones pretéritas y a violaciones constantes de lo dispuesto por las leyes electorales sobre su funcionamiento y financiación.
Por su actualidad, pasan en particular a un primer plano los desaguisados internos por los que atraviesa el radicalismo. La suma nefasta de Lousteau y Facundo Manes ha conspirado, según la apreciación de un respetado intelectual del radicalismo como Jesús Rodríguez, para que la mesa directiva de la convención nacional quebrante reglas estatutarias del partido y este exponga la merma habida en su institucionalidad. Ha suspendido a cuatro diputados nacionales por haber votado contra la ley de recomposición jubilatoria impulsada en principio por el partido. Además, ha elevado los antecedentes de los cuatro imputados al tribunal de ética interno. Los afectados han sido, en realidad, cuatro de los cinco diputados que entraron en ese punto en rebeldía: Mariano Campero, de Tucumán; Martín Arjol, de Misiones; Pablo Cervi, de Neuquén, y Luis Picot, de Córdoba. La mesa de la convención dejó al margen de aquella decisión a José Federico Tournier, que integra el bloque radical, pero pertenece a Encuentro Liberal, agrupamiento correntino aliado al gobernador Gustavo Valdés. En rigor, debieron haber esperado a que el tema fuera resuelto por el plenario de la convención nacional, al que corresponde la facultad de actuar en asuntos de esa naturaleza. Por si eso hubiera sido poco, el jefe del bloque de diputados nacionales, Rodrigo de Loredo, recordó a Lousteau y compañía –entre otros, a Gastón Manes, hermano de Facundo y presidente de la convención– que la precedencia en la opinión sobre el hecho en controversia correspondía a los pares de los sancionados en el Congreso. Y la mayoría de los pares de bloque se negó a sancionarlos, claramente asistidos a la distancia por la opinión de algunos gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Valdés.
Protagonistas de aquella manifestación de carácter generalizado en la Cámara fueron 28 diputados nacionales –20 de Pro–, en lo que fue una cuestión de conciencia por el riesgo de que la recomposición jubilatoria dejara sin la debida sustentación financiera a la política de déficit cero, única verdaderamente definitoria de la política del gobierno de Javier Milei. Esta encuentra en Pro y la UCR sentimientos aprobatorios más o menos abiertos o implícitos.
A breve plazo podrá experimentarse con qué espíritu sigue la masa de afiliados radicales cuestiones como las que se debaten: el domingo 6 de octubre se votará por nuevas autoridades en el importante distrito de Buenos Aires, baluarte histórico de la UCR, aunque de fuerzas debilitadas allí en las últimas décadas. Se dirimirá el control del comité provincial bonaerense entre el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, alineado con el presidente saliente, Maximiliano Abad –discípulo político del exsenador Ernesto Sanz– y el diputado provincial Pablo Dominichini, sostenido por Federico Storani y el grupo ManesDaniel Angelici-Emiliano Yacobitti, estos dos últimos con dominio en la órbita capitalina. El resultado de la inminente contienda permitirá avizorar consiguientemente qué habrá de esperarse de la renovación de las autoridades nacionales partidarias, a principios de 2025.
En el estado actual del radicalismo debería producirse un infortunio inesperado para impedir que la UCR termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido. Al encumbramiento de Lousteau contribuyó en su momento el anterior presidente de la UCR, Gerardo Morales, afectado por un proceso de desorientación personal que se originó en hechos de notoriedad pública.
No se sabe cuál es el grado de recuperación de Morales y si está en sus planes regresar a la actividad política. Aun sin su participación, Yacobitti, Angelici, Manes y Lousteau se han bastado para profundizar el desconcierto radical. Lo han hecho de formas diversas. Una ha sido alentar por momentos las gestiones del juez Ricardo Lorenzetti para entronizar en la Corte al juez Ariel Lijo; otra, eludir definiciones en un tema que no puede sino ser tratado con transparencia.
Que el radicalismo quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el historial del más alto tribunal del país por aspectos referidos a la idoneidad y ejemplaridad de un candidato a integrarlo habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales. Entre fenómenos de esta índole, la UCR va abriendo así los prolegómenos para la renovación en un año más del liderazgo partidario. Como pocas veces ha sucedido, los gobernadores del partido –cinco en total– seguramente gravitarán para airear al partido y dotarlo de un nuevo elenco de dirección partidaria. Ejercerían de tal modo los derechos que devienen de un control territorial significativo. A partir de aquí, pues, comenzaremos a saber qué quieren los afiliados radicales respecto del destino de la UCR en el orden nacional de 2026 en adelante y del papel que propenda a asumir en las elecciones presidenciales de 2027.
En su estado actual, debería producirse un infortunio inesperado para impedir que el radicalismo termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido
Que la UCR quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el más alto tribunal del país habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales

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