Los motivos detrás de las trabas al acceso a la información pública
El Gobierno limitó la entrega de datos públicos molesto por “la lluvia de solicitudes” que le llegaban; Santiago Caputo tuvo un papel central en la decisión
Maia Jastreblansky
No hubo un cálculo del costo político en el decreto del Gobierno que limitó el acceso a la información pública. Fue, una vez más, la decisión de correr los límites, sin pudores, de un sistema que a la gestión de Javier Milei le resulta incómodo. Distintos funcionarios aseguraron que la medida se estuvo cocinando durante largas semanas porque los ministerios estaban “enloquecidos” por la “lluvia de solicitudes” que mezclaban requerimientos de datos públicos razonables con pedidos –presuntamente– muy poco serios.
Ante el volumen de solicitudes, el Gobierno prefirió imponer un filtro, sin calcular que la medida iba a abroquelar a la oposición en el Congreso (incluso a aliados como Pro) y que iba a generar la oposición de múltiples ONG.
En su disertación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno está “dispuesto” a “analizar” el decreto que acotó el acceso a la información pública. Pero, según puso saberMilei –que fue el que avaló la versión final de la norma– no tendría intención de dar marcha atrás.
“Fue un tema que se trabajó durante meses. No se va a cambiar”, aseguraron en la Casa Rosada.
El articulador del decreto 780/2024 fue el asesor todoterreno Santiago Caputo. Él le encargó la elaboración a su pluma jurídica, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez se nutrió de otras áreas, especialmente la Procuración Nacional del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra. Menos incidencia tuvo la propia Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que en los considerandos del decreto fueron citados los “Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley Nº 27.275”, de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.
La AAIP está conducida por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández.
Se trata de un cargo al que se accede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 (la intención es que atraviese más de una administración para garantizar la función de contralor).
Según pudo reconstruirhubo una conjunción de incordios que la administración de Milei no quiso pasar y por eso definió, directamente, acotar los pedidos de acceso a la información.
Las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, fue solo una parte.
En Balcarce 50 aseguran que existieron numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios. Funcionó como base del decreto de Milei un dictamen redactado por Barra semanas atrás, donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe del Estado es de índole privada.
En las ONG llaman “jurisprudencia Conan” a la resolución del procurador del Tesoro.
Según informaron en la Casa Rosada, la Secretaría General de la Presidencia habría recibido 65 pedidos de informes en 2023, mientras que en lo que va de este año recibió 558, de los cuales 32 estuvieron referidos a los perros.
La otra argumentación que ofrecen en la Casa Rosada es que había un volumen de requerimientos “inmanejable”, que obligaba a un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios a dedicarse a responder los pedidos.
“Los ministerios estaban enloquecidos, dedicaban muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios”, aseguró un funcionario.
Los números duros reflejan que ese criterio es relativo. Según pudo reconstruir la nacion, durante 2023 la totalidad de los organismos de la administración pública recibieron unas 11.000 solicitudes de información pública. Este año, hasta el 1º de septiembre, se habían recibido 7119.
¿Una industria de pedidos?
Por último, en el Gobierno aseguran que detectaron que existía una “industria” de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. “Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos. Los abogados, si no les respondés en tiempo y forma, cobran. Les cortamos el curro”, aseguró otro colaborador en Balcarce 50.
La mayoría de los pedidos de acceso a la información venían recayendo sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dos mujeres fuertes y con llegada al Presidente, que fue quien finalmente estampó su firma al decreto 780/2024.
Gracias al derecho a la información, que en 2016 el Congreso reguló con criterios muy amplios, se pudo conocer, por ejemplo, lo referido a los alimentos vencidos en poder de la Secretaría de Niñez y Familia, los gastos de Milei en sus giras internacionales o las visitas a Olivos.
La nueva norma establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario”. Introduce el concepto de “buena fe”, que permite sancionar a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información.
Por último, va un poco más allá y establece que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Es decir que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.
Al Gobierno no le importó que la ley de acceso a la información pública haya sido impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.
El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó de forma “categórica” el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de “retroceso en términos de transparencia”.
Una vez más, un decreto del Gobierno provocó el aglutinamiento de todos los bloques opositores y empeoró el clima en el Congreso, justo en un momento en que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como Pro.
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Periodistas trasladaron su preocupación a los diputados
Denunciaron el crecimiento de las agresiones en las redes sociales; cuestionaron el decreto que limita el acceso a la información
No hubo un cálculo del costo político en el decreto del Gobierno que limitó el acceso a la información pública. Fue, una vez más, la decisión de correr los límites, sin pudores, de un sistema que a la gestión de Javier Milei le resulta incómodo. Distintos funcionarios aseguraron que la medida se estuvo cocinando durante largas semanas porque los ministerios estaban “enloquecidos” por la “lluvia de solicitudes” que mezclaban requerimientos de datos públicos razonables con pedidos –presuntamente– muy poco serios.
Ante el volumen de solicitudes, el Gobierno prefirió imponer un filtro, sin calcular que la medida iba a abroquelar a la oposición en el Congreso (incluso a aliados como Pro) y que iba a generar la oposición de múltiples ONG.
En su disertación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno está “dispuesto” a “analizar” el decreto que acotó el acceso a la información pública. Pero, según puso saberMilei –que fue el que avaló la versión final de la norma– no tendría intención de dar marcha atrás.
“Fue un tema que se trabajó durante meses. No se va a cambiar”, aseguraron en la Casa Rosada.
El articulador del decreto 780/2024 fue el asesor todoterreno Santiago Caputo. Él le encargó la elaboración a su pluma jurídica, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez se nutrió de otras áreas, especialmente la Procuración Nacional del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra. Menos incidencia tuvo la propia Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que en los considerandos del decreto fueron citados los “Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley Nº 27.275”, de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.
La AAIP está conducida por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández.
Se trata de un cargo al que se accede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 (la intención es que atraviese más de una administración para garantizar la función de contralor).
Según pudo reconstruirhubo una conjunción de incordios que la administración de Milei no quiso pasar y por eso definió, directamente, acotar los pedidos de acceso a la información.
Las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, fue solo una parte.
En Balcarce 50 aseguran que existieron numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios. Funcionó como base del decreto de Milei un dictamen redactado por Barra semanas atrás, donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe del Estado es de índole privada.
En las ONG llaman “jurisprudencia Conan” a la resolución del procurador del Tesoro.
Según informaron en la Casa Rosada, la Secretaría General de la Presidencia habría recibido 65 pedidos de informes en 2023, mientras que en lo que va de este año recibió 558, de los cuales 32 estuvieron referidos a los perros.
La otra argumentación que ofrecen en la Casa Rosada es que había un volumen de requerimientos “inmanejable”, que obligaba a un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios a dedicarse a responder los pedidos.
“Los ministerios estaban enloquecidos, dedicaban muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios”, aseguró un funcionario.
Los números duros reflejan que ese criterio es relativo. Según pudo reconstruir la nacion, durante 2023 la totalidad de los organismos de la administración pública recibieron unas 11.000 solicitudes de información pública. Este año, hasta el 1º de septiembre, se habían recibido 7119.
¿Una industria de pedidos?
Por último, en el Gobierno aseguran que detectaron que existía una “industria” de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. “Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos. Los abogados, si no les respondés en tiempo y forma, cobran. Les cortamos el curro”, aseguró otro colaborador en Balcarce 50.
La mayoría de los pedidos de acceso a la información venían recayendo sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dos mujeres fuertes y con llegada al Presidente, que fue quien finalmente estampó su firma al decreto 780/2024.
Gracias al derecho a la información, que en 2016 el Congreso reguló con criterios muy amplios, se pudo conocer, por ejemplo, lo referido a los alimentos vencidos en poder de la Secretaría de Niñez y Familia, los gastos de Milei en sus giras internacionales o las visitas a Olivos.
La nueva norma establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario”. Introduce el concepto de “buena fe”, que permite sancionar a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información.
Por último, va un poco más allá y establece que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Es decir que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.
Al Gobierno no le importó que la ley de acceso a la información pública haya sido impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.
El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó de forma “categórica” el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de “retroceso en términos de transparencia”.
Una vez más, un decreto del Gobierno provocó el aglutinamiento de todos los bloques opositores y empeoró el clima en el Congreso, justo en un momento en que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como Pro.
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Periodistas trasladaron su preocupación a los diputados
Denunciaron el crecimiento de las agresiones en las redes sociales; cuestionaron el decreto que limita el acceso a la información
Delfina Celichini
iMoreno, Jacquelin y Ramírez, los tres periodistas que testimoniaron ayer en Diputados
Asociaciones periodísticas expresaron su “preocupación” por los ataques a la prensa protagonizados por el presidente Javier Milei y otros dirigentes del oficialismo. Fue en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde se debaten proyectos de la oposición para repudiar “los actos de restricción a la libertad de expresión”. Las organizaciones invitadas también repudiaron la reciente limitación al acceso a la información pública, cuyo decreto de modificación pretenden derogar, a excepción de los libertarios, todos los bloques políticos.
“El monitoreo de libertad de expresión tiene 108 casos de ataques a periodistas con diferentes perfiles. El 29% de estas agresiones fueron protagonizadas por el Presidente y el 11%, por fuerzas de seguridad, en general en coberturas. Ese discurso estigmatizante, que habla de ‘ensobrados’ y ‘mentirosos’, tiene que ver con quién lo dice, que es el presidente de la Nación, que es la representación institucional del país. La insistencia y recurrencia en su discurso y modos, activando situaciones con hostigamiento hacia colegas, nos preocupan especialmente”, señaló Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Moreno se refirió a las agresiones en redes sociales y consideró que el discurso “cada vez más violento”, así como el “hostigamiento”, logra un clima de “exaltación absoluta” que deriva en que los periodistas “no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y caigan en la autocensura”. Y advirtió: “Vemos que el discurso estigmatizante escala y se valida. Es muy difícil predecir cuándo eso se mantiene en las redes y cuándo escala a la calle”.
Tras afirmar que “sería interesante tratar de dialogar más que gritar”, la presidenta de Fopea puso el foco en la última medida del Poder Ejecutivo en relación con el acceso a la información pública, a la que consideró “preocupante”.
En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la organización, Claudio Jacquelin, prosecretario y columnista de la nacion. “El ejercicio periodístico no puede estar sometido a la acusación y estigmatización sin fundamentar. Que desde lo más alto del poder político reproduzcan cuentas anónimas o fakes con acusaciones y descalificaciones a periodistas encuentra problemas que atentan contra la ciudadanía y contra la calidad democrática”, estimó.
A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), Fernando Ramírez, catalogó la libertad de expresión como el “pilar de la democracia” y destacó su “preocupación” ante “los ataques y agravios a los periodistas”. “No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanentemente blanco a los periodistas. Una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra es la agresión injustificada, que se sucede a una lluvia de ataques de fanáticos en las redes sociales que poco tiene que ver con el valor de la democracia”, apuntó.
Ramírez también puso el foco en la falta de conferencias de prensa por parte de Milei, así como de otros de sus funcionarios. “Han pasado casi nueve meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Es muy limitado el acceso del periodismo al Presidente”, precisó, a la vez que consideró: “Las conferencias de prensa no deben ser una potestad de un funcionario, sino un deber y una obligación, y un derecho para los periodistas de la Casa Rosada. A algunos ministros no se les conoce la voz”.
Respecto de la definición del Gobierno de eliminar la pauta oficial, Ramírez indicó que “los más perjudicados son los pequeños medios del país”. Y aclaró: “Hay que decir que hay pauta oficial, no está suspendida, hay que ver quiénes la reciben”.
La voz libertaria que se alzó para defender la postura del Presidente fue la del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Sobre las personas que operan en redes sociales, consideró “fascista” determinar “quién es periodista o quién no”. Sobre las críticas a Milei por atacar a periodistas, indicó que “el Presidente también tiene derecho a defenderse, igual un periodista”. Y sumó: “La diferencia con Milei es que él no le echa el aparato de la fuerza”. Se preguntó, además, “cuál es el límite de la crítica” y estimó que, de trascender ciertos límites, se debe ir a la Justicia, pero “no hay que cercenar la libertad de expresión”. “La libertad de expresión no es para hablar del clima, es para hablar de cosas controversiales, pero si se pasan de la raya, como muchos periodistas con Milei, vas a tribunales”, indicó.
Por su parte, Moreno argumentó que el problema “no es la crítica, el problema es el insulto”. “El agravio y el insulto, y más del presidente de la Nación, afecta institucionalmente”, dictaminó. Y señaló que Fopea ha tenido llamados de organizaciones internacionales y embajadas frente a estos ataques.
Asociaciones periodísticas expresaron su “preocupación” por los ataques a la prensa protagonizados por el presidente Javier Milei y otros dirigentes del oficialismo. Fue en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde se debaten proyectos de la oposición para repudiar “los actos de restricción a la libertad de expresión”. Las organizaciones invitadas también repudiaron la reciente limitación al acceso a la información pública, cuyo decreto de modificación pretenden derogar, a excepción de los libertarios, todos los bloques políticos.
“El monitoreo de libertad de expresión tiene 108 casos de ataques a periodistas con diferentes perfiles. El 29% de estas agresiones fueron protagonizadas por el Presidente y el 11%, por fuerzas de seguridad, en general en coberturas. Ese discurso estigmatizante, que habla de ‘ensobrados’ y ‘mentirosos’, tiene que ver con quién lo dice, que es el presidente de la Nación, que es la representación institucional del país. La insistencia y recurrencia en su discurso y modos, activando situaciones con hostigamiento hacia colegas, nos preocupan especialmente”, señaló Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Moreno se refirió a las agresiones en redes sociales y consideró que el discurso “cada vez más violento”, así como el “hostigamiento”, logra un clima de “exaltación absoluta” que deriva en que los periodistas “no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y caigan en la autocensura”. Y advirtió: “Vemos que el discurso estigmatizante escala y se valida. Es muy difícil predecir cuándo eso se mantiene en las redes y cuándo escala a la calle”.
Tras afirmar que “sería interesante tratar de dialogar más que gritar”, la presidenta de Fopea puso el foco en la última medida del Poder Ejecutivo en relación con el acceso a la información pública, a la que consideró “preocupante”.
En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la organización, Claudio Jacquelin, prosecretario y columnista de la nacion. “El ejercicio periodístico no puede estar sometido a la acusación y estigmatización sin fundamentar. Que desde lo más alto del poder político reproduzcan cuentas anónimas o fakes con acusaciones y descalificaciones a periodistas encuentra problemas que atentan contra la ciudadanía y contra la calidad democrática”, estimó.
A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), Fernando Ramírez, catalogó la libertad de expresión como el “pilar de la democracia” y destacó su “preocupación” ante “los ataques y agravios a los periodistas”. “No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanentemente blanco a los periodistas. Una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra es la agresión injustificada, que se sucede a una lluvia de ataques de fanáticos en las redes sociales que poco tiene que ver con el valor de la democracia”, apuntó.
Ramírez también puso el foco en la falta de conferencias de prensa por parte de Milei, así como de otros de sus funcionarios. “Han pasado casi nueve meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Es muy limitado el acceso del periodismo al Presidente”, precisó, a la vez que consideró: “Las conferencias de prensa no deben ser una potestad de un funcionario, sino un deber y una obligación, y un derecho para los periodistas de la Casa Rosada. A algunos ministros no se les conoce la voz”.
Respecto de la definición del Gobierno de eliminar la pauta oficial, Ramírez indicó que “los más perjudicados son los pequeños medios del país”. Y aclaró: “Hay que decir que hay pauta oficial, no está suspendida, hay que ver quiénes la reciben”.
La voz libertaria que se alzó para defender la postura del Presidente fue la del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Sobre las personas que operan en redes sociales, consideró “fascista” determinar “quién es periodista o quién no”. Sobre las críticas a Milei por atacar a periodistas, indicó que “el Presidente también tiene derecho a defenderse, igual un periodista”. Y sumó: “La diferencia con Milei es que él no le echa el aparato de la fuerza”. Se preguntó, además, “cuál es el límite de la crítica” y estimó que, de trascender ciertos límites, se debe ir a la Justicia, pero “no hay que cercenar la libertad de expresión”. “La libertad de expresión no es para hablar del clima, es para hablar de cosas controversiales, pero si se pasan de la raya, como muchos periodistas con Milei, vas a tribunales”, indicó.
Por su parte, Moreno argumentó que el problema “no es la crítica, el problema es el insulto”. “El agravio y el insulto, y más del presidente de la Nación, afecta institucionalmente”, dictaminó. Y señaló que Fopea ha tenido llamados de organizaciones internacionales y embajadas frente a estos ataques.
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