Tras las críticas, el Gobierno podría revisar las trabas al acceso a la información
Debut. Lo dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados
Laura Serra
En su debut frente a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentó críticas de la oposición por el decreto presidencial que estableció nuevos límites al acceso a la información pública.
El funcionario enfatizó que “no hay ninguna intención” del Gobierno de restringir este derecho, aunque no descartó que eventualmente se modifique el decreto ante el aluvión de críticas que recibió.
Los cuestionamientos habían partido incluso desde los aliados más cercanos del oficialismo, el bloque de Pro. “Le pedimos que se revise el decreto que modifica y limita la ley de acceso a la información pública, una norma que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri”, reclamó Cristian
Ritondo, jefe de esa bancada.
En el mismo sentido, Miguel Pichetto, quien conduce el bloque Encuentro Federal, y Karina Banfi, vicejefa del bloque radical, reclamaron que el Gobierno dé marcha atrás.
Durante su exposición, el jefe de Gabinete desgranó los principales logros de su gestión en materia económica y de seguridad, defendió el aumento en los gastos en inteligencia y embistió contra la oposición por la sanción de la ley que mejora los haberes jubilatorios, vetada por el Poder Ejecutivo. “No constituye un acto maduro y responsable”, afirmó.
En su debut frente a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentó una inesperada catarata de reproches del arco opositor por el decreto presidencial que estableció nuevos límites al derecho, garantizado por ley, de acceso a la información pública. El funcionario, que cultiva una buena relación con los bloques de la oposición dialoguista, enfatizó que “no hay ninguna intención” del Gobierno de restringir este derecho, aunque no descartó que posiblemente se modifique el decreto ante las críticas que suscita.
“Insisto, de ninguna forma la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información. Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”, enfatizó Francos.
Las críticas habían partido incluso desde los aliados más cercanos del oficialismo, el bloque de Pro. “Le pedimos que se revise el decreto que modifica y limita la ley de acceso a la información pública, una norma que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que les brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”, reclamó Cristian Ritondo, jefe de la bancada.
En el mismo sentido Miguel Pichetto, quien conduce el bloque Encuentro Federal, y Karina Banfi, vicejefa del bloque radical, reclamaron que se dé marcha atrás.
“La reglamentación (dispuesta por decreto) excede el espíritu de la ley”, sostuvo Pichetto. Banfi fue más allá: sostuvo que el decreto en cuestión es inconstitucional. “Viola la división de poderes porque se extralimitó en el reglamento al legislar por decreto”, sostuvo.
Ante la insistencia opositora sobre este último punto, Francos fue enfático. “No hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”, dijo. El jefe de Gabinete venía exponiendo sobre la marcha de la gestión ante los legisladores cuando, al promediar la tarde, las noticias sobre los incidentes ocurridos puertas afuera del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad lo obligaron a interrumpir su presentación. El kirchnerismo y los bloques de izquierda vaciaron el recinto, que ya se veía raleado luego de cinco horas de sesión.
Durante su exposición, el jefe de Gabinete desgranó los principales logros de su gestión en materia económica y de seguridad, defendió el aumento millonario en los gastos en inteligencia y embistió contra la oposición por la sanción de la ley que mejora los haberes jubilatorios, vetada por el Poder Ejecutivo. “No constituye un acto maduro y responsable”, asestó.
Réplica por el veto
Los reproches de Francos al Congreso por el veto presidencial se toparon con una réplica por parte de los legisladores que, en la instancia de las preguntas al jefe de Gabinete, advirtieron que el poder adquisitivo de los jubilados se desplomó desde que Javier Milei asumió el gobierno. Además, cuestionaron los dichos del ministro Federico Sturzenegger, quien sostuvo que “la obra pública no vuelve más”.
Sobre este punto, Francos relativizó los dichos de Sturzenegger. “Claramente no quiso decir que no habrá más obra pública en la Argentina. Las formas en llevar adelante la obra pública son diversas, que pueden ser llevadas adelante por concesionarios y por las propias provincias. No hay en absoluto una decisión de que el Estado se desentienda de obras públicas básicas para el desarrollo”, respondió.
La exposición de Francos se desarrolló en un clima de apatía generalizada en el recinto –solo lo aplaudieron los diputados de La Libertad Avanza y de Pro en un par de oportunidades–, y si bien en el arranque agradeció el apoyo de los legisladores en la sanción de la Ley Bases, acto seguido les reprochó la sanción de la nueva ley jubilatoria, que contempla una suba del 8,1% por la inflación de enero pasado y una nueva fórmula de movilidad.
“La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”, asestó el jefe de Gabinete tras levantar la vista de su discurso escrito y dirigiendo la mirada a la oposición. “Se trata de un gasto que por su efecto acumulativo se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.
La réplica opositora no se hizo esperar. “En lo que va de la gestión, los jubilados sufrieron una pérdida de 30 puntos en su poder adquisitivo en términos reales. Así lo publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso”, acicateó el diputado Nicolás del Caño (FIT), al tiempo que el radical Pablo Jiuliano preguntó si el Gobierno tiene previsto anunciar una mejora en las jubilaciones.
El jefe de Gabinete sostuvo que, por ahora, no hay medidas en estudio. Tampoco dio precisiones sobre una mejora en los sueldos de los docentes universitarios –indicó que esto lo definirá la paritaria del sector–, aunque admitió que en lo que va del año aumentaron por debajo de la inflación.
Al tiempo que defendía el veto a la ley jubilatoria, Francos justificó el aumento de $100.000 millones en los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), suba que dispuso el presidente Milei por decreto de necesidad y urgencia. La oposición de la Cámara de Diputados rechazó este DNU hace dos semanas y el Senado lo haría la semana próxima.
En el arranque, Francos advirtió que cuando asumió este gobierno, en diciembre pasado, “nos encontramos con una bomba de tiempo” en materia económica, situación que, sostuvo, comenzó a ser revertida. Insistió en que el Gobierno no va a devaluar la moneda. “El gobierno no está pensando en ninguna devaluación por encima de la establecida en el crawling peg del 2%”, confirmó. La sesión terminó abruptamente por los disturbios fuera del Congreso.
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La pobreza, el veto de Milei y el rol de Caputo: las preguntas más espinosas de los diputados a Francos
El ministro coordinador rinde cuentas sobre la marcha de la gestión; la sesión informativa está cruzada por el malestar de los legisladores de la oposición frente a la impugnación presidencial a la ley de recomposición jubilatoria
Delfina Celichini
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación
La exposición inicial del jefe Gabinete, Guillermo Francos, duró poco más de una hora y, si bien tocó una amplia gama de temas, no hizo mención a los últimos índices de pobreza, que este año tocó el 55% del total de la población, según la estimación de consultoras privadas. Por eso, distintos referentes de la oposición le consultaron al ministro coordinador por esta omisión así como por el veto presidencial de la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios y fijar una nueva fórmula de movilidad, cuya insistencia está en los planes de una buena porción de los miembros del Congreso.
Los límites que el Poder Ejecutivo impuso al acceso a la información pública y el ataque al periodismo por parte del jefe de Estado fueron otros de los puntos que los diputados cuestionaron al funcionario de Javier Milei. También el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le objetaron su falta de nombramiento oficial como funcionario público.
“¿Por qué no nos informó de los índices de pobreza? ¿Por qué no nos informó lo que están padeciendo las infancias de este país y si nos informó que quieren que esas infancias vayan en cana? ¿Por qué ocultó esas cifras en su informe que son el verdadero retrato del gobierno que vino a representar?”, interrogó la diputada de izquierda, Vanina Biasi (CABA), a Francos. Y sumó: “Esta Cámara votó gustosa que el 0,4% del PBI se redujera producto de la disminución de los bienes personales. A personas que ganan $300.000 millones de pesos le redujo la carga impositiva y le niega a los jubilados a que puedan acceder a un poquito mayor del que tienen en este momento en una resolución que tiene una carga de más o menos la misma que usted le quitó a las personas más ricas de este país”.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación
Como respuesta, el jefe de Gabinete indicó que a fines de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará los datos de pobreza referidos al primer semestre. “Se buscó priorizar el eje de la niñez, los ingresos de las familias más vulnerables se reforzaron a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó un 308%, y se incrementó un 138% el programa Alimentar”, precisó Francos.
El legislador bonaerense Nicolás del Caño fue más allá y exhibió la prueba material del aumento que el Presidente impugnó. Con una medialuna en la mano, le achacó al ministro: “Su gobierno vetó un aumento que era muy módico, que equivalía a una medialuna por día para cada jubilado”. “Más de 5 millones de jubilados cobran la mínima y han sido víctimas de todos los ajustes bajo todos los gobiernos. En estos siete meses hubo una pérdida de 30 puntos del poder adquisitivo comparado con el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)”, concluyó Del Caño.
El jefe de Gabinete le retrucó: “El haber mínimo sin refuerzo previsional aumentó en términos reales un 9% entre diciembre de 2023 y julio 2024″.
El líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, remarcó a Francos “el valor de la política en esta casa” y fue categórico respecto de las consecuencias del veto total del Presidente. “La interacción, el diálogo político inteligente, de acuerdos, es el camino a la racionalidad que le hubiera permitido al Presidente hacer un veto parcial a la reforma jubilatoria. Y eso hubiera sido importante para los jubilados, evitado la controversia. Nos parecía legítimo que eso sucediera en el marco de un dialogo donde el senado también estuvo esperando su respuesta para hacer modificaciones”, consideró Pichetto, quien apoyó y trabajó para materializar el veto parcial de los artículos más gravosos para las cuentas del Estado. Por último, sentenció: “No estamos acá para romper todo, estamos para tratar de buscar salidas para la Argentina, para que la microeconomía mejore”.
El vínculo que construyó el actual Poder Ejecutivo con el Congreso fue cuestionado por el líder del bloque UCR, Rodrigo de Loredo. El Cordobés le reprochó al jefe de Gabinete las descalificaciones del Presidente a los legisladores y consultó la motivación de estos agravios. Precisó que hay analistas políticos que dan cuenta de que cada vez que el Gobierno se pelea con el parlamento valida su legitimación social.
“A instancia de una coyuntura que tenemos ahora que tiene que ver con un veto presidencial, al cual por distintos canales hemos intentado persuadir que cuanto menos desde un punto de razonabilidad se escuche una idea de veto parcial, pero que no ha sido atendida, la pregunta que le formulo es, ¿Fabrican ustedes las peleas con el parlamento argentino? ¿Las construyen adrede?”, arremetió el líder radical.
El rol de Caputo
El ministro coordinador también fue interrogado por el rol del asesor presidencial y cuidador del relato oficial, Santiago Caputo. El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló las irregularidades de su rol en el Estado: “No es una persona políticamente expuesta como otros funcionarios. No se ha evaluado sobre si tiene conflictos de intereses potenciales o actuales. Por una cuestión política tiene que asumir las consecuencias de ello”.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación
Francos contestó de manera escueta. “Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito”, señaló. Allí se detalla que Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaria General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de consultor II, con una remuneración equivalente a 3750 dólares. “Sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados; armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”, precisa el informe.
Por su parte, el santafecino Esteban Paulón (Encuentro Federal) hizo suyas las palabras del Presidente, que incluyó a Caputo en el “triángulo de hierro” del poder que componen él y su hermana Karina, y chicaneó: “El monotributista más influyente del país parece que no tiene nada para explicar, pero la prensa, haciendo ejercicio de su profesión bajo la libertad de expresión, sí”.
Sobre el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego, el jefe de Gabinete no contestó si se iba a eliminar y solo se limitó a indicar que la estimación de este gasto “será incluido en el proyecto de Presupuesto 2025″.
Límites a la información pública
Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó esta medida de “retroceso” y exigió detalles sobre la motivación de estos cambios. “Hay una decisión que es oscurantista, restrictiva, arbitraria, que rompe con la cuestión y hay como un exceso en la interpretación del derecho a la intimidad, de los asuntos públicos, de la buena fe, de los abusos del derecho”, señaló Ferraro, quien se mostró “preocupado” por “los más de 45 periodistas que han sido violentados, hostigados desde las más altas esferas del poder, desde el Presidente, el vocero presidencial, más el hostigamiento que sufren en muchísimas de las redes sociales”.
Lo acompañó el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que solicitó al jefe de Gabinete que se “revise” la modificación al decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación
En la misma línea se pronunció la diputada radical, Carla Carrizo. “Derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la Argentina. Usted tiene el consejo del Presidente, es una regresión insólita esa regulación de la legalización del secreto en la información pública”, consideró la legisladora por la Capital Federal.
Como respuesta, Francos repitió que “no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública, sino ordenar los pedidos de información”. Destacó, además, que para materializar esta modificación a la reglamentación de la ley 27.275, “se hicieron consultas a la Agencia de Acceso a la Información Pública -dirigida por Beatriz de Anchorena- como a la procuración del Tesoro -a cargo de Rodolfo Barra- y no hubo ninguna objeción”. Por último, se comprometió a recoger las inquietudes de los legisladores sobre este punto para transmitirlas al Presidente. “No sé si derogarlo, pero modificaremos el decreto de ser necesario”, determinó.
Sobre los embates directos del primer mandatario a trabajadores de Prensa, el jefe de Gabinete defendió a Milei: “Algunos periodistas han exagerado sus posiciones y el Presidente ha respondido. No creo que haya habido otro Presidente que haya recibido más agresiones que Javier Milei”. Por otro lado, aclaró que no está en la agenda del Gobierno la presentación de un proyecto para incluir a los periodistas entre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), algo que deslizó el jefe de Estado el último domingo en diálogo con LN+. “Yo no voy a hacer juicios de valor sobre los periodistas, soy muy respetuoso de la libertad de prensa”, concluyó Francos.
Directores de las empresas del estado
El diputado Oscar Agost Carreño interrogó a Francos sobre YPF, específicamente para que el funcionario brinde el detalle de quienes son los directores actuales y cuál es su sueldo mensual. “Sobre AYSA indicaron que un director cobra 76 millones de pesos y no queda claro si es mensual o si es entre enero y abril”, cuestionó.
Si bien Francos precisó que tanto él como su vicejefe, José Rolandi, forman parte del directorio de YPF, evitó especificar cuál es el sueldo mensual por ese rol. “Rolandi y yo no cobramos retribución, solo cobramos como representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Los honorarios del resto de los directores los detallaremos a través de un informe por escrito”, indicó.
El rechazo de Cúneo Libarona a la diversidad
El diputado Ferraro consultó a Francos si los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que rechazó “las identidades sexuales no alineadas con la biología”, eran de carácter personal o del Gobierno.
“En el marco de dicha reunión, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, el ministro de Justicia, que respeta las diversidades sexuales, efectuó una larga exposición que derivó en una enunciación de preceptos que no pudieron ser concatenados y culminados por las sucesivas interrupciones”, respondió el jefe de Gabinete. Tras recibir aplausos por parte del bloque oficialista, Francos agradeció el reconocimiento e ironizó: “Por la claridad de la respuesta, supongo”.
En su debut frente a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentó críticas de la oposición por el decreto presidencial que estableció nuevos límites al acceso a la información pública.
El funcionario enfatizó que “no hay ninguna intención” del Gobierno de restringir este derecho, aunque no descartó que eventualmente se modifique el decreto ante el aluvión de críticas que recibió.
Los cuestionamientos habían partido incluso desde los aliados más cercanos del oficialismo, el bloque de Pro. “Le pedimos que se revise el decreto que modifica y limita la ley de acceso a la información pública, una norma que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri”, reclamó Cristian
Ritondo, jefe de esa bancada.
En el mismo sentido, Miguel Pichetto, quien conduce el bloque Encuentro Federal, y Karina Banfi, vicejefa del bloque radical, reclamaron que el Gobierno dé marcha atrás.
Durante su exposición, el jefe de Gabinete desgranó los principales logros de su gestión en materia económica y de seguridad, defendió el aumento en los gastos en inteligencia y embistió contra la oposición por la sanción de la ley que mejora los haberes jubilatorios, vetada por el Poder Ejecutivo. “No constituye un acto maduro y responsable”, afirmó.
En su debut frente a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentó una inesperada catarata de reproches del arco opositor por el decreto presidencial que estableció nuevos límites al derecho, garantizado por ley, de acceso a la información pública. El funcionario, que cultiva una buena relación con los bloques de la oposición dialoguista, enfatizó que “no hay ninguna intención” del Gobierno de restringir este derecho, aunque no descartó que posiblemente se modifique el decreto ante las críticas que suscita.
“Insisto, de ninguna forma la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información. Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”, enfatizó Francos.
Las críticas habían partido incluso desde los aliados más cercanos del oficialismo, el bloque de Pro. “Le pedimos que se revise el decreto que modifica y limita la ley de acceso a la información pública, una norma que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que les brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”, reclamó Cristian Ritondo, jefe de la bancada.
En el mismo sentido Miguel Pichetto, quien conduce el bloque Encuentro Federal, y Karina Banfi, vicejefa del bloque radical, reclamaron que se dé marcha atrás.
“La reglamentación (dispuesta por decreto) excede el espíritu de la ley”, sostuvo Pichetto. Banfi fue más allá: sostuvo que el decreto en cuestión es inconstitucional. “Viola la división de poderes porque se extralimitó en el reglamento al legislar por decreto”, sostuvo.
Ante la insistencia opositora sobre este último punto, Francos fue enfático. “No hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”, dijo. El jefe de Gabinete venía exponiendo sobre la marcha de la gestión ante los legisladores cuando, al promediar la tarde, las noticias sobre los incidentes ocurridos puertas afuera del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad lo obligaron a interrumpir su presentación. El kirchnerismo y los bloques de izquierda vaciaron el recinto, que ya se veía raleado luego de cinco horas de sesión.
Durante su exposición, el jefe de Gabinete desgranó los principales logros de su gestión en materia económica y de seguridad, defendió el aumento millonario en los gastos en inteligencia y embistió contra la oposición por la sanción de la ley que mejora los haberes jubilatorios, vetada por el Poder Ejecutivo. “No constituye un acto maduro y responsable”, asestó.
Réplica por el veto
Los reproches de Francos al Congreso por el veto presidencial se toparon con una réplica por parte de los legisladores que, en la instancia de las preguntas al jefe de Gabinete, advirtieron que el poder adquisitivo de los jubilados se desplomó desde que Javier Milei asumió el gobierno. Además, cuestionaron los dichos del ministro Federico Sturzenegger, quien sostuvo que “la obra pública no vuelve más”.
Sobre este punto, Francos relativizó los dichos de Sturzenegger. “Claramente no quiso decir que no habrá más obra pública en la Argentina. Las formas en llevar adelante la obra pública son diversas, que pueden ser llevadas adelante por concesionarios y por las propias provincias. No hay en absoluto una decisión de que el Estado se desentienda de obras públicas básicas para el desarrollo”, respondió.
La exposición de Francos se desarrolló en un clima de apatía generalizada en el recinto –solo lo aplaudieron los diputados de La Libertad Avanza y de Pro en un par de oportunidades–, y si bien en el arranque agradeció el apoyo de los legisladores en la sanción de la Ley Bases, acto seguido les reprochó la sanción de la nueva ley jubilatoria, que contempla una suba del 8,1% por la inflación de enero pasado y una nueva fórmula de movilidad.
“La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”, asestó el jefe de Gabinete tras levantar la vista de su discurso escrito y dirigiendo la mirada a la oposición. “Se trata de un gasto que por su efecto acumulativo se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.
La réplica opositora no se hizo esperar. “En lo que va de la gestión, los jubilados sufrieron una pérdida de 30 puntos en su poder adquisitivo en términos reales. Así lo publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso”, acicateó el diputado Nicolás del Caño (FIT), al tiempo que el radical Pablo Jiuliano preguntó si el Gobierno tiene previsto anunciar una mejora en las jubilaciones.
El jefe de Gabinete sostuvo que, por ahora, no hay medidas en estudio. Tampoco dio precisiones sobre una mejora en los sueldos de los docentes universitarios –indicó que esto lo definirá la paritaria del sector–, aunque admitió que en lo que va del año aumentaron por debajo de la inflación.
Al tiempo que defendía el veto a la ley jubilatoria, Francos justificó el aumento de $100.000 millones en los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), suba que dispuso el presidente Milei por decreto de necesidad y urgencia. La oposición de la Cámara de Diputados rechazó este DNU hace dos semanas y el Senado lo haría la semana próxima.
En el arranque, Francos advirtió que cuando asumió este gobierno, en diciembre pasado, “nos encontramos con una bomba de tiempo” en materia económica, situación que, sostuvo, comenzó a ser revertida. Insistió en que el Gobierno no va a devaluar la moneda. “El gobierno no está pensando en ninguna devaluación por encima de la establecida en el crawling peg del 2%”, confirmó. La sesión terminó abruptamente por los disturbios fuera del Congreso.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La pobreza, el veto de Milei y el rol de Caputo: las preguntas más espinosas de los diputados a Francos
El ministro coordinador rinde cuentas sobre la marcha de la gestión; la sesión informativa está cruzada por el malestar de los legisladores de la oposición frente a la impugnación presidencial a la ley de recomposición jubilatoria
Delfina Celichini
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la NaciónLa exposición inicial del jefe Gabinete, Guillermo Francos, duró poco más de una hora y, si bien tocó una amplia gama de temas, no hizo mención a los últimos índices de pobreza, que este año tocó el 55% del total de la población, según la estimación de consultoras privadas. Por eso, distintos referentes de la oposición le consultaron al ministro coordinador por esta omisión así como por el veto presidencial de la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios y fijar una nueva fórmula de movilidad, cuya insistencia está en los planes de una buena porción de los miembros del Congreso.
Los límites que el Poder Ejecutivo impuso al acceso a la información pública y el ataque al periodismo por parte del jefe de Estado fueron otros de los puntos que los diputados cuestionaron al funcionario de Javier Milei. También el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le objetaron su falta de nombramiento oficial como funcionario público.
“¿Por qué no nos informó de los índices de pobreza? ¿Por qué no nos informó lo que están padeciendo las infancias de este país y si nos informó que quieren que esas infancias vayan en cana? ¿Por qué ocultó esas cifras en su informe que son el verdadero retrato del gobierno que vino a representar?”, interrogó la diputada de izquierda, Vanina Biasi (CABA), a Francos. Y sumó: “Esta Cámara votó gustosa que el 0,4% del PBI se redujera producto de la disminución de los bienes personales. A personas que ganan $300.000 millones de pesos le redujo la carga impositiva y le niega a los jubilados a que puedan acceder a un poquito mayor del que tienen en este momento en una resolución que tiene una carga de más o menos la misma que usted le quitó a las personas más ricas de este país”.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la NaciónComo respuesta, el jefe de Gabinete indicó que a fines de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará los datos de pobreza referidos al primer semestre. “Se buscó priorizar el eje de la niñez, los ingresos de las familias más vulnerables se reforzaron a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó un 308%, y se incrementó un 138% el programa Alimentar”, precisó Francos.
El legislador bonaerense Nicolás del Caño fue más allá y exhibió la prueba material del aumento que el Presidente impugnó. Con una medialuna en la mano, le achacó al ministro: “Su gobierno vetó un aumento que era muy módico, que equivalía a una medialuna por día para cada jubilado”. “Más de 5 millones de jubilados cobran la mínima y han sido víctimas de todos los ajustes bajo todos los gobiernos. En estos siete meses hubo una pérdida de 30 puntos del poder adquisitivo comparado con el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)”, concluyó Del Caño.
El jefe de Gabinete le retrucó: “El haber mínimo sin refuerzo previsional aumentó en términos reales un 9% entre diciembre de 2023 y julio 2024″.
El líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, remarcó a Francos “el valor de la política en esta casa” y fue categórico respecto de las consecuencias del veto total del Presidente. “La interacción, el diálogo político inteligente, de acuerdos, es el camino a la racionalidad que le hubiera permitido al Presidente hacer un veto parcial a la reforma jubilatoria. Y eso hubiera sido importante para los jubilados, evitado la controversia. Nos parecía legítimo que eso sucediera en el marco de un dialogo donde el senado también estuvo esperando su respuesta para hacer modificaciones”, consideró Pichetto, quien apoyó y trabajó para materializar el veto parcial de los artículos más gravosos para las cuentas del Estado. Por último, sentenció: “No estamos acá para romper todo, estamos para tratar de buscar salidas para la Argentina, para que la microeconomía mejore”.
El vínculo que construyó el actual Poder Ejecutivo con el Congreso fue cuestionado por el líder del bloque UCR, Rodrigo de Loredo. El Cordobés le reprochó al jefe de Gabinete las descalificaciones del Presidente a los legisladores y consultó la motivación de estos agravios. Precisó que hay analistas políticos que dan cuenta de que cada vez que el Gobierno se pelea con el parlamento valida su legitimación social.
“A instancia de una coyuntura que tenemos ahora que tiene que ver con un veto presidencial, al cual por distintos canales hemos intentado persuadir que cuanto menos desde un punto de razonabilidad se escuche una idea de veto parcial, pero que no ha sido atendida, la pregunta que le formulo es, ¿Fabrican ustedes las peleas con el parlamento argentino? ¿Las construyen adrede?”, arremetió el líder radical.
El rol de Caputo
El ministro coordinador también fue interrogado por el rol del asesor presidencial y cuidador del relato oficial, Santiago Caputo. El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló las irregularidades de su rol en el Estado: “No es una persona políticamente expuesta como otros funcionarios. No se ha evaluado sobre si tiene conflictos de intereses potenciales o actuales. Por una cuestión política tiene que asumir las consecuencias de ello”.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la NaciónFrancos contestó de manera escueta. “Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito”, señaló. Allí se detalla que Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaria General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de consultor II, con una remuneración equivalente a 3750 dólares. “Sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados; armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”, precisa el informe.
Por su parte, el santafecino Esteban Paulón (Encuentro Federal) hizo suyas las palabras del Presidente, que incluyó a Caputo en el “triángulo de hierro” del poder que componen él y su hermana Karina, y chicaneó: “El monotributista más influyente del país parece que no tiene nada para explicar, pero la prensa, haciendo ejercicio de su profesión bajo la libertad de expresión, sí”.
Sobre el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego, el jefe de Gabinete no contestó si se iba a eliminar y solo se limitó a indicar que la estimación de este gasto “será incluido en el proyecto de Presupuesto 2025″.
Límites a la información pública
Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó esta medida de “retroceso” y exigió detalles sobre la motivación de estos cambios. “Hay una decisión que es oscurantista, restrictiva, arbitraria, que rompe con la cuestión y hay como un exceso en la interpretación del derecho a la intimidad, de los asuntos públicos, de la buena fe, de los abusos del derecho”, señaló Ferraro, quien se mostró “preocupado” por “los más de 45 periodistas que han sido violentados, hostigados desde las más altas esferas del poder, desde el Presidente, el vocero presidencial, más el hostigamiento que sufren en muchísimas de las redes sociales”.
Lo acompañó el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que solicitó al jefe de Gabinete que se “revise” la modificación al decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la NaciónEn la misma línea se pronunció la diputada radical, Carla Carrizo. “Derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la Argentina. Usted tiene el consejo del Presidente, es una regresión insólita esa regulación de la legalización del secreto en la información pública”, consideró la legisladora por la Capital Federal.
Como respuesta, Francos repitió que “no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública, sino ordenar los pedidos de información”. Destacó, además, que para materializar esta modificación a la reglamentación de la ley 27.275, “se hicieron consultas a la Agencia de Acceso a la Información Pública -dirigida por Beatriz de Anchorena- como a la procuración del Tesoro -a cargo de Rodolfo Barra- y no hubo ninguna objeción”. Por último, se comprometió a recoger las inquietudes de los legisladores sobre este punto para transmitirlas al Presidente. “No sé si derogarlo, pero modificaremos el decreto de ser necesario”, determinó.
Sobre los embates directos del primer mandatario a trabajadores de Prensa, el jefe de Gabinete defendió a Milei: “Algunos periodistas han exagerado sus posiciones y el Presidente ha respondido. No creo que haya habido otro Presidente que haya recibido más agresiones que Javier Milei”. Por otro lado, aclaró que no está en la agenda del Gobierno la presentación de un proyecto para incluir a los periodistas entre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), algo que deslizó el jefe de Estado el último domingo en diálogo con LN+. “Yo no voy a hacer juicios de valor sobre los periodistas, soy muy respetuoso de la libertad de prensa”, concluyó Francos.
Directores de las empresas del estado
El diputado Oscar Agost Carreño interrogó a Francos sobre YPF, específicamente para que el funcionario brinde el detalle de quienes son los directores actuales y cuál es su sueldo mensual. “Sobre AYSA indicaron que un director cobra 76 millones de pesos y no queda claro si es mensual o si es entre enero y abril”, cuestionó.
Si bien Francos precisó que tanto él como su vicejefe, José Rolandi, forman parte del directorio de YPF, evitó especificar cuál es el sueldo mensual por ese rol. “Rolandi y yo no cobramos retribución, solo cobramos como representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Los honorarios del resto de los directores los detallaremos a través de un informe por escrito”, indicó.
El rechazo de Cúneo Libarona a la diversidad
El diputado Ferraro consultó a Francos si los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que rechazó “las identidades sexuales no alineadas con la biología”, eran de carácter personal o del Gobierno.
“En el marco de dicha reunión, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, el ministro de Justicia, que respeta las diversidades sexuales, efectuó una larga exposición que derivó en una enunciación de preceptos que no pudieron ser concatenados y culminados por las sucesivas interrupciones”, respondió el jefe de Gabinete. Tras recibir aplausos por parte del bloque oficialista, Francos agradeció el reconocimiento e ironizó: “Por la claridad de la respuesta, supongo”.
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