POBREZA Y EDITORIAL

Conurbano bonaerense: estancamiento económico y torsiones sociales
El imaginario del país del progreso individual y colectivo soldado por nuestras emblemáticas clases medias quedó atrás, pero la realidad es dinámica y hay signos de resiliencia
Jorge Ossona
El estancamiento económico y la sociedad..Alfredo Sábat
El imaginario del país del progreso individual y colectivo soldado por nuestras emblemáticas clases medias ha quedado definitivamente atrás. Doce años de estancamiento han empobrecido a la mayoría, dejando lejos la memoria de su pasada integración. Sin embargo, la realidad es siempre dinámica, y en el interior de las masas empobrecidas se detectan fenómenos cuyas siluetas se tornaron más nítidas desde el fin de la pandemia. Un buen punto de partida es el gráfico estratificacional trazado por Guillermo Oliveto. A grandes rasgos, solo el 42% se ubica en las clases medias, y en estas, las capas inferiores basculan entre la inclusión y la pobreza. El 53% restante es pobre.
El hecho de que una porción mayoritaria de ese universo se sitúe en la informalidad, que abarca al 50% de la población –desde 2022, siete de cada diez nuevos empleos se ubican en ese segmento–, da cuenta de los sorprendentes cambios socioculturales que relativizan todas las estadísticas. El primero es la resiliencia de millones de familias frente a la miseria del encierro, y la consiguiente necesidad de inventar estrategias de supervivencia nuevas para sobrellevar una temporalidad que se define en el día a día. Señalemos algunas de sus coordenadas no evaluables en términos individuales, sino familiares, y en tanto los clanes preserven un mínimo de integración.
En primer lugar, la vertiginosa volatilidad laboral: sus miembros trabajan en varias actividades casi siempre simultáneas, cuya duración procede del cálculo de la rentabilidad diferencial. Salvando las distancias históricas, se parecen bastante a los inmigrantes golondrina europeos llegados entre 1880 y 1914. El espectro abarca un abanico que incluye la producción de alimentos complementarios –dulces, frutas, panes caseros, facturas, etc.– hasta viandas a bajo precio, que les ahorran a las jefas de hogares monoparentales tener que comprar al minoreo y elaborar comidas. Los emprendedores no se quedan quietos: distribuyen su oferta entre sus casas o se instalan en sitios estratégicos de las grandes arterias.
El acceso a grandes ferias mayoristas, como La Salada o sus sucursales “saladitas”, habilita otro rebusque: la reventa a utilidades módicas en ferias o en la vía pública tanto de los grandes centros urbanos como en sus propios barrios. El “mangueo” de ropa usada en las zonas residenciales completa la oferta. Allí, muchas vecinas asociadas se las han ingeniado para instalar locales de reparación de prendas, cuyo precio se ha tornado poco accesible para las clases medias. A veces emparentadas, han constituido sociedades que por recomendación realizan tareas de limpieza doméstica extensibles al cuidado de niños y ancianos. Hemos ahí un valor en el que se cifra su éxito: la confianza. A ello se le pueden sumar la animación de fiestas infantiles, la repostería, el maquillaje, la masoterapia o la locución en radios comunitarias no registradas, entre muchísimas otras actividades.
Si se suman todos estos ingresos, el núcleo familiar puede reunir montos muy superiores al de cualquier trabajador formal o incluso profesional situado en las clases medias bajas. Llegados a este punto, cabe preguntarse quién es el verdaderamente “pobre”. O, dicho de otro modo, pobres son todos, pero a los “formales” puede irles bastante peor que a muchos “informales”. Tal es así que estos últimos suelen mandar a sus hijos a colegios privados de cuotas módicas sorteando las miserias de nuestra instrucción pública primaria y secundaria, y hasta contar con una cobertura sanitaria para evitar las insuficiencias de los hospitales. Hemos ahí las claves del voto libertario en esas regiones sociales históricamente hegemonizadas por el peronismo, que ha llegado electoralmente más lejos que el voto macrista, aunque no en el orden territorial.
La emergencia agravada a raíz del drástico ajuste implementado desde el comienzo de la actual administración ha obligado a reforzar una actitud ya ensayada durante la pandemia: la minimización de precios y honorarios, resultante de una concertación forzada entre oferentes y demandantes. Esto supone la disposición a aceptar la volatilidad que los expertos miden en términos anímicos: desde la esperanza hasta el pesimismo, que, como los ingresos, se experimentan en una temporalidad de cortísimo plazo. Así lo indican las perspectivas sobre la realidad: la aceptación como inevitable del ajuste preanunciado durante toda la campaña, el fastidio desde el comienzo del invierno y las expectativas renovadas durante las últimas semanas al compás de la reducción de los índices inflacionarios y los destellos reactivadores de actividades cruciales para ese sector, como la construcción.
De todos modos, es necesario ampliar el espectro de la pobreza, pues se trata de un sector heterogéneo que abarca desde estos grupos pujantes que han mejorado sus viviendas y adquirido vehículos y electrónicos de última generación hasta otros que por diversas razones –las familiares son siempre centrales– solo sobreviven, aunque sin perder la dignidad de enviar a sus hijos a la escuela, mantener al día los calendarios de vacunación, preservar dietas acotadas pero nutritivas e intentar rescatar a sus familiares víctimas del consumo de estupefacientes o del delito amateur.
Por lo demás, el panorama social en su conjunto no deja de reflejar el fracaso sistemático de los gobiernos durante casi dos décadas. Los trabajadores formales, jubilados y pensionados ya bordean la pobreza o han caído en ella. Es cuestión de recorrer las geografías barriales clásicas de la CABA o de las zonas residenciales del conurbano para percatarse de ese declive tangible en el abandono de las viviendas, el deterioro de veredas y jardines, y la precariedad caótica perceptible con solo mirar de reojo su interior desde ventanas entreabiertas. También, en la reducción de los graduados universitarios y la notable caída tanto del nivel académico de muchos docentes como de las rutinas estudiantiles para una buena formación. Un título hoy puede garantizar, salvo en el vértice pudiente, una movilidad sociocultural, pero no económica, colocándolos por debajo de los pobres exitosos sin, por ahora, sus saberes de supervivencia.
En el fondo del pozo se sitúan los indigentes y los marginales; ese sector que en los barrios populares suele identificar como “la vagancia”. Vivir al margen de la ley supone allí la inscripción en bandas cuyos valores son el dinero fácil, la respetabilidad temeraria de sus capos y el prestigio de la bravura criminal. Sus jefaturas han diluido la autoridad de los viejos punteros, y su disposición belicosa transcurre durante las noches de música a volúmenes estrambóticos desde viviendas o vehículos “preparados” y raides motoqueros que distribuyen drogas en sus barrios y aun en los centros urbanos con la aquiescencia policial. Saben que su horizonte de vida no supera, con suerte, los treinta años, tornándose implacables y dispuestos a morir o a matar despiadadamente; sobre todo, a la madrugada, cuando se acaban las “reservas”, y las calles y paradas de colectivos se colman de estudiantes y trabajadores. Muy pocos “se rescatan”, y los que lo logran es a través menos de escuelas que del auxilio misional de pastores y militantes evangélicos.
En suma, un panorama social de trayectorias novedosas, paradojales, asimétricas y de implicaciones culturales, a seguir observando en procura de pistas sobre sus estribaciones y su traducción política.

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tierras recuperadas de delincuentes
Casación puso un freno a los abusos de pseudomapuches y a la complicidad del kirchnerismo, que avaló ocupaciones violentas e ilegales en Villa Mascardi
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, anuló un convenio que, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, había firmado durante el último gobierno el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, por el que entregó a una comunidad mapuche la propiedad de unas disputadas tierras.
La comunidad Lafken Winkul Mapu (LWM) había recibido de manos del juez federal de Bariloche, Hugo Greca, una polémica autorización de uso exclusivo de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN) en el lago Mascardi. La APN había ya anulado administrativamente el convenio, con anuncios respecto de que solo flamearía allí la bandera argentina y no la mapuche. La Asociación Vecinal del Lago Mascardi denunció que la zona se había visto sumida “en el terror por cinco largos años”. La Fiscalía Federal de Bariloche, interinamente a cargo de Rafael Vehils Ruiz, había impugnado la resolución del juez.
El fallo de Casación refiere que la ocupación se realizó con un “significativo grado de violencia”, atribuyéndose la titularidad “ancestral” del terreno en cuestión. En relación con el polémico acuerdo, se expresa que “contraviene disposiciones constitucionales y normas de carácter federal”, y destaca asimismo que “aparecen representantes del Estado nacional realizando concesiones, mientras que los imputados solo realizan una promesa de inscribirse e iniciar trámites para su reconocimiento”.
La feroz toma en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi se había iniciado en 2017, cuando una joven machi, líder espiritual de la autoproclamada comunidad mapuche, pregonaba haber identificado un lugar sagrado en los terrenos y reclamaba la titularidad ancestral del predio. Con piedras, lanzas y armas obligaron violentamente a las fuerzas de seguridad a replegarse. En los enfrentamientos falleció Rafael Nahuel, un muchacho mapuche, una causa que aún no tiene sentencia firme.
Los primeros hechos vandálicos en Villa Mascardi se remontan a 2015, cuando grupos pseudomapuches, por demás violentos y con sus caras cubiertas, que portaban palos y armas caseras, incendiaron y atacaron propiedades públicas y privadas. En alevosa connivencia con los ocupantes ilegales, quienes debían hacer respetar los derechos de los ciudadanos invocaron una vez más una conveniente y adulterada concepción de los derechos humanos y nunca dispusieron ningún tipo de vigilancia por lo que, a merced de estos delincuentes, los ataques recrudecieron durante la pandemia. Terrenos de la familia Grehan-Giménez de Tournier, el exhotel Mascardi de la APN, un predio del Obispado de San Isidro y lotes del sindicato Unión Superior del Gas, entre otras propiedades, engrosaron la lista.
En medio del estupor ciudadano, la violencia contra las fuerzas de seguridad y las propiedades comprometidas condujo a múltiples pedidos de desalojo, con operativos que se concretaron en octubre de 2022.
Las autoridades nacionales y provinciales de entonces graciosamente acordaron conformar una mesa de diálogo con mapuches de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén para resolver el conflicto. En las reuniones realizadas en la ex-ESMA participaron no solo Pietragalla, sino también el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, representantes del Ministerio de la Mujer, de las Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, quienes nunca salieron en defensa de los derechos de los verdaderos afectados, abandonados a su suerte. Fue así como, en junio de 2023, se firmó el controvertido acuerdo que los vecinos y la oposición tanto cuestionaron y cuya homologación Casación ahora anuló.
Con decenas de expedientes abiertos, a fines de septiembre tendrán lugar en Bariloche las audiencias contra siete integrantes de la comunidad LWM imputados por la causa de usurpación en Villa Mascardi, la llamada causa madre. En total son cuatro, por tierras públicas y privadas usurpadas. Será la Justicia la que deberá imponer las condenas que correspondan. Este justo fallo de la Casación llega luego de los abusos y despropósitos a los que nos condujeron irresponsables funcionarios dispuestos a ceder la soberanía nacional y el derecho a la propiedad privada en connivencia con delincuentes y en nombre de un nefasto proyecto político. Los enormes daños son ya irrecuperables para quienes vieron destruidas sus propiedades y transitaron años aciagos amedrentados por una tribu de sediciosos que protagonizaron hechos de una gravedad institucional inusitada. Celebramos que vuelva a primar el respeto a la Constitución; es tiempo de retomar la cordura.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA