CASA ROSADA Y LA CÁMPORA

Les tomarán examen a 40.000 estatales
El Gobierno decidió evaluar a los contratados.
Cecilia DevannaManuel Adorni, ayer, en la conferencia de prensa
El Gobierno anunció que tomará un examen de “idoneidad” a unos 40.000 empleados que pertenecen a la planta transitoria o son contratados por el Estado nacional.
El anuncio, que fue realizado por la mañana por el portavoz Manuel Adorni, generó ayer mismo las primeras respuestas críticas por parte de los gremios estatales.
La decisión aparece enmarcada en las facultades que forman parte de la Ley Bases.
Desde su llegada al poder, unos 10 meses atrás, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una reducción de la planta de contratados.
“Es en línea con la racionalización del Estado”, aseguró el funcionario, en referencia a los exámenes.
Adorni explicó que se trabaja en conjunto con varias áreas y en coordinación con la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La alusión a la UBA fue sorpresiva, en especial en el epílogo de jornadas de conflicto con las universidades por el veto a la ley que aumentaba su financiamiento.
“Se tomarán aproximadamente 2000 exámenes por día y la gente que se contrate a partir del 1º de enero también va a pasar por eso”, puntualizó Adorni, durante la conferencia de prensa.
El funcionario especificó, asimismo, que los exámenes se van a “convertir en una práctica normal y habitual en el Estado nacional”.
Adorni también precisó que los exámenes evaluarán “puntos elementales como para cumplir tareas básicas de cada puesto”.
El anuncio provocó ayer las primeras reacciones en contra por parte del sector sindical más alineado con el kirchnerismo. En diálogo con la nacion, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios que agrupan a empleados públicos, Rodolfo Aguiar, adelantó que no aceptarán los exámenes.
“Para nosotros es ilegal”, contestó el gremialista
El examen está previsto para diciembre, fecha en que vencen los contratos anuales que históricamente se renuevan todos los años.
Desde su llegada a la Casa Rosada, la administración libertaria apuntó al universo de los contratados para ir reduciendo la planta del Estado. Según dejaron trascender poco después desde las filas de la cartera de Modernización y Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, el examen “va a ser un requisito necesario pero no suficiente”. En otras palabras, la aprobación del examen no garantiza a los contratados la continuidad de su lugar de trabajo.
“Más allá de la evaluación, la renovación de los contratos se va a definir por los parámetros usuales para determinar si la persona merece la continuidad del contrato”, agregaron.
Precisamente, la relación con el empleo público la lleva adelante el Ministerio de Modernización y Desregulación. Se espera que la definición y la implementación de los exámenes se defina en el ministerio a cargo de Sturzenegger.
Por otro lado, según aseguraron distintas fuentes consultadas, se evalúan convenios con entidades académicas para la elaboración de los exámenes, entre las que aparece la Universidad de Buenos Aires.
Según reconstruyó la nacion, el examen será “básico”, de características estándar y se aplicará el mismo para todas las dependencias y órbitas del Estado.
“El gobierno nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados”, explicó Adorni al realizar el anuncio.
“El examen va a ser online para que no haya subjetividad”, agregó el funcionario, y detalló que su puesta en marcha está contemplada en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público.
Según lo que detalló el vocero, “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”.
Sin matices, Aguiar aseguró que ATE rechaza “cualquier posibilidad de rendir un examen que determine como resultado si se sigue o no siendo trabajador del Estado”.
El gremio viene protagonizando las principales medidas de fuerza contra el Gobierno por parte del sector sindical, en tanto que UPCN se muestra más dialoguista.
“El único examen que podemos rendir es para pasar a la planta permanente y ese proceso debe contar con las veedurías gremiales porque eso estipula la normativa actualmente vigente”, contestó Aguiar.
La postura irreductible de ATE anticipa un nuevo conflicto, pero desde el Gobierno ratificaron su postura y aseguraron “no temer” a los escenarios que puedan abrirse.
“Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales”, sostuvo Aguiar.
Con nombramientos provisorios acumulados durante décadas, miles de trabajadores se desempeñan en el Estado, pero no lograron alcanzar la estabilidad que disfruta la planta permanente. Sus contratos se renuevan sistemáticamente.
Aguiar apuntó también que “el convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos”.
“Esta es una medida sensacionalista para ganar votos, pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”, agregó Aguiar, que es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo.
Desde diciembre pasado, poco después de que comenzó el gobierno libertario, la administración apuntó a reducir la planta del Estado.
Las primeras bajas se dieron pocos días después del cambio de gobierno, cuando no se renovaron los contratos que vencían ese 31 y que habían sido emitidos por primera vez en 2023.
A eso le siguieron otras dos olas de despidos, la última en julio pasado. Y entre diciembre y mayo, cuando se registraron las dos primeras, en el Gobierno ya se estimaba, a partir de datos oficiales, que las bajas en el Estado superaban los 25.000 trabajadores, tanto si contempla la Administración Pública Nacional como las empresas y sociedades del Estado.
Extraoficialmente, el número total de empleados en la mira podría ascender a 70.000.
A ese número se aspiraría a llegar a través de las revisiones trimestrales que se implementan desde hace diez meses y que se realizan por “evaluaciones” y decisiones de los jefes de cada sector.
Otro de los puntos en los que se acortó el número de empleados es por el achicamiento de la estructura del Estado y por lo que en el gobierno consideran la duplicación de áreas, para “cajas de la política”.
Cuando se implemente, se realizarán unos 2000 por día
Las respuestas se cargarán online para evitar subjetividad

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Fuerte conflicto entre IOMA y médicos bonaerenses, que lanzaron una grave acusación contra La Cámpora
La obra social de la provincia de Buenos Aires es controlada políticamente por la agrupación de Máximo Kirchner; los acusan de “desviar fondos a empresas privadas”; la respuesta oficial
Manuel Casado
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, junto al gobernador Axel Kicillof
La gestión del Instituto Médico Asistencial de la Provincia (IOMA) le provoca por estos días un dolor de cabeza al gobernador Axel Kicillof. En medio de un paro de cuatro días en la obra social por un conflicto gremial que afecta a dos millones de afiliados, la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), que representa a 11 mil profesionales de la salud, denunció que parte de los fondos destinados a los “policonsultorios” tienen como destinatarios a referentes de La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner que controla políticamente la institución.
Desde la mesa ejecutiva de FEMEBA señalaron una “espectacular transferencia de fondos a intermediarios con fines de lucro”, entre los que involucran a la cúpula del Ministerio de Salud, en manos del camporista Nicolás Kreplak, así como también a la actual conducción de IOMA, a cargo Homero Giles, de mismo origen militante.
“Estos manejos financieros implican sacrificar la atención médica de una enorme cantidad de beneficiarios con el fin de desviar fondos a empresas privadas. Esto no sólo demuestra el interés económico de la conducción de IOMA, sino que también implica una espectacular financiación de La Cámpora, agrupación que paradójicamente mantiene una puja interna con el actual gobernador”, expresaron.
Homero Giles, titular de IOMA, este jueves en Junín
Los policonsultorios de IOMA se multiplicaron en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia hasta convertirse en centenares. El servicio que brindan incluye atenciones médicas como traumatología, reumatología y odontología, entre otras. Con la promesa de solucionar el flagelo de los “copagos”, o pagos extras, son centros particulares regulados por la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados de la Provincia de Buenos Aires (ACEAPP).
Pero el 1 de septiembre IOMA rompió en 19 distritos del territorio bonaerense sus contratos con la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires, a la que acusó de cobros arbitrarios e irregulares dentro del servicio de la obra social bonaerense. Este mismo jueves, en medio del conflicto, Giles viajó a Junín para firmar un convenio con el Círculo Médico local para los profesionales vuelvan a prestar atención a los afiliados. “Con FEMEBA no podíamos ni siquiera tener un buen diálogo”, dijo el titular de IOMA y acusó a la Federación de “desleal” porque cuestionó al Círculo Médico.
Mensaje a Kicillof
En diálogo  el titular de FEMEBA, Guillermo Cobián, dijo que “la gente que regentea la ACEAPP es gente que proviene de La Cámpora” y sostuvo que hay trabajadores públicos involucrados, “como una empleada del Ministerio de Salud”. Según el médico, sin embargo, “no todos los llamados policonsultorios están involucrados”, ya que existen camadas anteriores que funcionan fuera de la órbita de esta asociación civil relacionada a “la orga” y puesta en marcha en 2022. “Preferimos suponer que le dan información falsa al gobernador de lo que está pasando, pero le pedimos que se ponga al frente”, marcó sobre Kicillof, de quien agregó que “no hubo respuesta a ninguno de los once pedidos de audiencia” hechos por parte de la federación de los médicos bonaerenses.
“Los titulares de las distintas empresas a las que IOMA les transfiere dinero, no sólo mantienen los vínculos antes mencionados, sino que no resisten la más mínima auditoría, como ocurre con la fundadora de RM Salud Integral, una ´empresaria´ de 20 años de edad, domiciliada en La Matanza, sin los más elementales antecedentes en la gestión de Servicios de Atención Médica, y que en fecha similar creó una empresa agropecuaria y una de marketing”, sostuvo FEMEBA. Y agregó que “la conducción de IOMA ha resuelto abandonar a más de 155.000 beneficiarios de 19 partidos de la provincia de Buenos Aires y condenarlos a perder su médico de confianza y tener que atenderse exclusivamente en el hospital público”.
Guillermo Cobián, de la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires
La arremetida motivó en las últimas horas una dura respuesta del camporista Giles. “FEMEBA es completamente prescindible, innecesaria, un intermediario que no agrega valor y se queda con una rentabilidad impresionante producto de pagar menos a los médicos. Las únicas empresas de salud que logran esta rentabilidad son los grandes laboratorios”, manifestó en un hilo en su cuenta de X el titular de IOMA.
Además, dijo que FEMEBA “no resuelve el problema del cobro ilegal a afiliados en las consultas, sino que encima lo promueve”, una frase que compartió junto a un comunicado de FEMEBA que data de febrero de 2024 en el que se anuncia un incremento de los pagos extras para los profesionales de la categoría C, a los que Giles acusó de causar “una estafa de unos $3500 millones a los afiliados en tan solo 4 meses”.
La Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires está presidida por Guillermo Cobián, egresado de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, especialista en cirugía general y de vasto currículum en el ámbito público, privado y académico nacional e internacional de la salud. La entidad ofrece una cartilla a través de la cual sus más de 11.000 médicos afiliados asisten a 1.200.000 de beneficiarios en 121 de los 135 partidos bonaerenses. Al menos, ese era el mapa hasta hace unos meses, cuando se inició la poda de convenios por orden del ministro Kreplak y Giles desde el IOMA.
“Entendemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no está incluido en la repartija del dinero que IOMA traslada a entidades privadas, y confiamos en que asuma su responsabilidad de cuidar la salud de los bonaerenses, y deje en claro que está al margen de los manejos poco transparentes de su gobierno”, fue el mensaje final del comunicado donde tomó partido la federación, que denuncia que IOMA, que maneja una caja de alrededor de $350 mil millones, en la actualidad adeuda unos 8 mil millones a los médicos bonaerenses, mora cuya constancia se encuentra documentada.
En este contexto, el paro de los médicos nucleados en FEMEBA se extendió esta semana a lo largo de cuatro días y finalizó hoy sin una solución en el horizonte. El conflicto arrancó el 1 de septiembre con la interrupción del convenio en las localidades de Chacabuco, Junín, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado. IOMA cortó relaciones en ocho distritos más: Azul, Tapalqué, Alvear, Lamadrid, Daireaux, Laprida, Lincoln y Olavarría.
Homero Giles de IOMA concretó un acta acuerdo este jueves con el Círculo Médico de Junín
En la disputa territorial con la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Kreplak avanzó con la construcción en los últimos tres años de más de 230 policonsultorios. La directora general es Silvina Fontana, quien tuvo un pasado como titular de Planificación del Ministerio de Salud bonaerense, también como secretaria de Salud de la municipalidad de Almirante Brown, y hoy se desempeña como pediatra en el Hospital “Mi Pueblo” de Florencio Varela.
Giles dijo que está “cerca de generar un buen acuerdo” con el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Coceba), que administran los municipios de Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux. Los primeros dos están gobernados por los camporistas Maximiliano Wesner y Nélson Sombra, mientras que Laprida y Daireaux también son gobernados por kirchneristas de la primera hora como Alfredo Fisher y Alejandro Acerbo.

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