CORRUPCIÓN ,LA RIOJA Y CHACO

Los vínculos de Lijo y la Aduana, en la causa de la importación de aviones
Corrupción. El expediente se enfocó en una porción mínima de las aeronaves bajo sospecha y dejó a salvo a los funcionarios del ente fiscalizador que aprobaron las operaciones
Camila DolabjianEl juez federal Ariel Lijo
“Un secreto a voces”. De esa forma, el empresario Marcos Galperin definió públicamente el escándalo de los aviones y helicópteros privados importados durante la gestión de Alberto Fernández para hacer ganancias con la brecha del dólar. El caso, que complica a empresarios y políticos, era conocido por muchos y se denunció en 2022, cuando una investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuan coronó las sospechas. Pero la causa se demora.
Todo se complicó cuando un abogado conocedor del mundo aduanero hizo una denuncia que apuntó contra cuatro altos funcionarios de Fernández y la causa resultó sorteada y recayó, como es usual en varios expedientes que implican a la Aduana, en el juzgado de Ariel Lijo. A partir de ese punto, no hubo imputaciones ni una investigación dirigida a los empleados y directivos de la Aduana que aprobaron (o no detectaron) los casos de sobrefacturación. Todo se empantanó en el juzgado.
La Aduana tiene cuatro principales subdirecciones. La que estuvo particularmente en la mira por estas importaciones es la de Control Aduanero, que se encarga de detectar ilícitos en las operaciones internacionales. Allí funciona el área de Valoración y Comprobación Documental, que tiene como objetivo formular y radicar las denuncias penales o de infracciones que surjan del análisis de las operaciones. Diego Figueroa, un histórico de la Aduana, encabezó Control Aduanero durante la gestión anterior y había sobrevivido en funciones hasta el 30 de agosto último. El área de Valoración estaba a cargo de Andrea Muñoz, también vieja conocida del organismo, que tuvo un paso por la aduana de Ezeiza y que continúa en su despacho.
Durante el proceso de impugnaciones y avales de la candidatura del juez Lijo para la Corte Suprema, se le pidió al magistrado que aclarara si era verdad que había contratado en su juzgado a una hija o a unhijo de Andrea Muñoz. Así quedó registrado en la pregunta Nº 168 y en adelante, que en la audiencia del Senado se leyeron de corrido antes de darle la palabra a Lijo, que no respondió en particular sobre esta cuestión ni sobre el avance de la causa de los aviones. Dentro del organismo es un rumor que circula con fuerza, asegurado por seis fuentes independientes a la nacion.
Lo curioso es que ninguno de los funcionarios de las dos áreas, ni de ninguna otra de la Aduana, fue denunciado. El juez les solicitó colaboración en la investigación: les pidió informes sobre los aviones importados. De las cerca de 300 aeronaves, dejaron fuera de la investigación aquellas que costaban US$200.000 o menos. Para el resto, habrían realizado informes y consultas al exterior para verificar los valores reales. Solamente entre 25 y 32 operaciones habrían sido observadas, pero menos de cinco fueron denunciadas, de acuerdo con fuentes conocedoras del asunto.
La causa tramitó en estos dos años lentamente y en silencio, con impulsos esporádicos. Uno ocurrió el 3 de abril de 2023, cuando Lijo ordenó allanamientos en aeropuertos de la ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa
Fe y Tucumán. Llama la atención que estuvieran orientadas a investigar, según comunicó la Aduana, la sobrefacturación en la importación de 32 aeronaves (por un total cercano a los US$22.000.000) en operaciones concretadas entre enero de 2022 y esa fecha. Es decir, las operaciones que se realizaron con posterioridad a que se iniciara la causa penal que investigaba estas maniobras, ya con el massista Guillermo Michel en la Aduana, quedaron fuera de la mirada judicial.
Después de que transcurrieron 25 días de los allanamientos, el fiscal Eduardo Taiano le pidió al juez Lijo las indagatorias de los cuatro funcionarios señalados por la denuncia del abogado particular Santiago Dupuy Lome: Martín Guzmán, exministro de Economía; Mercedes Marcó del Pont, extitular de la AFIP; Silvina Traverso, extitular de la Aduana, y Miguel Pesce, expresidente del Banco Central.
Matías Kulfas, que tenía a su cargo la Secretaría de Comercio, organismo clave en la aprobación de importaciones, no estaba mencionado en ese requerimiento. Tampoco ninguno de los empresarios ni los dueños de las sociedades que importaron las aeronaves. Ni los funcionarios claves de la Aduana.
“Lo llamativo en las conductas objeto de esta pesquisa es que no se advierte un mero incumplimiento sujeto a la negligencia de los funcionarios, sino que, antes bien, en este estadio procesal se puede avizorar el dolo en el accionar de los sujetos que incumplieron los deberes que por ley les fueron encomendados”, dijo el fiscal, que añadió que los funcionarios no habrían articulado ningún control ni mecanismo para investigar estas operaciones. A la fecha, según informaron fuentes judiciales, no se concretaron las indagatorias.
En los días que precedieron a esta publicación, consultó a la nacion cerca de 40 fuentes por estas operatorias. En la Aduana continúan en sus cargos decenas de funcionarios que tienen abiertos procesos penales, como Rosana Lodovico, que fue promovida a titular del organismo con la salida de Michel y desplazada luego de una investigación sobre un préstamo que tomó una empresa contrabandista. Fue reemplazada por Eduardo Mallea, actual titular. Además, se le hicieron dos denuncias en Comodoro Py, unificadas en un mismo proceso, que cayó nuevamente en el juzgado de Lijo (pese a que su hermano, el operador judicial Alfredo “Freddy” tuvo una sociedad con el cuñado de Lodovico, como también informó Sorpresivamente, a los pocos días, Lodovico fue reincorporada a la cúpula de la Aduana, como número dos de la Subdirección de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.
El hecho de que la causa de Lodovico continúe en el juzgado de Lijo es un punto sensible. Freddy Lijo creó en 2018 una empresa junto con Alejandro Omar Lucano, un funcionario de la Aduana, con sede fiscal en uno de los domicilios del primero, en Puerto Madero. “Frekual SA” se dedicaría, según su constitución, a actividades varias relacionadas con lo inmobiliario y las finanzas. Lucano, en ese entonces, era verificador en la Aduana de Buenos Aires y su esposa era Alejandra Marta Lodovico, también empleada del organismo y hermana de Rosana Lodovico. Esta última era en ese entonces la directora de Aduanas del Aeropuerto de Ezeiza, uno de los puestos más importantes por el control de los couriers que ingresan al país por vía aérea.
¿Qué tan profundos son los vínculos entre esas áreas y Freddy Lijo? Un dato no menor: una de sus hijas, sobrina del candidato a juez de la Corte, trabaja en la Aduana de Ezeiza.
Varios consultados refieren que es un momento “incómodo” y de “tensión” para la familia aduanera. La reciente salida de Diego Figueroa disparó sospechas de que podrían continuar los cambios entre los cuatro subdirectores.
El viernes pasado ocurrieron dos hechos: hubo un operativo en la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, que tiene a cargo Andrea Muñoz. Ante la consulta no se explicó oficialmente en el marco de qué causa.
El segundo es Dupuy Lome, el mismo abogado que hizo la denuncia que apuntó al gabinete de Fernández y produjo que la causa de los aviones quedara en manos de Taiano. Denunció a seis funcionarios de la Aduana por unos contenedores que habrían entrado al puerto de Buenos Aires cargados de equipos de aire acondicionado, pero importados como kits para esos artefactos. Entre los denunciados no están los funcionarios que se encuentran a cargo de las áreas de Control Aduanero. En la formulación de Dupuy de Lome se cita una nota en un medio especializado en cuestiones aduaneras que refería a esta maniobra. Minutos antes de esta publicación, ese artículo se encontraba bajado del sitio. Un dato adicional: la denuncia cayó en el juzgado de Lijo.

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La Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de 4.586 hectáreas del exfutbolista y DT Ramón Díaz
Los argumentos son que en los últimos 21 años, el técnico no realizó la inversión acordada ni generó puestos de trabajo; denuncian que la compra se concretó a “un precio irrisorio”
Gabriela Origlia
Ramón Díaz, el exfutbolista y DT, compró un campo en La Rioja en 2003 y fue hoy expropiado por la Legislatura provincial
CÓRDOBA.- La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó hoy la expropiación de unas 4.586 hectáreas en la localidad de Patquía que pertenecen al exfutbolista Ramón Ángel Díaz, actual el director técnico del Corinthians, de Brasil. La Provincia le pagaría, en dólares, una cifra similar por la que él las compró en 2003. “Recuperaría lo de él, no ganaría ni perdería nada”, resumió el diputado oficialista Carlos Machicote.
La presidenta de la Cámara, Teresita Luna, explicó que “se escuchó el reclamo de vecinos quienes pedían la expropiación”. Sostuvo que en 2003 esas tierras fueron vendidas “a un precio irrisorio con la posibilidad de un desarrollo que generara puestos de trabajo”, pero que nunca el exfutbolista y ahora entrenador, hizo nada.
Luna indicó que las tierras tienen “agua dulce, aguas termales y un pequeño hotel”. Y añadió: “Esta persona [por Ramón Díaz] no hizo la inversión, sí la hizo en Misiones y La Rioja quedó de lado”.
El énfasis que hizo la legisladora en el agua es porque el resto del departamento atraviesa una sequía importante. En la misma sesión, los legisladores expropiaron otro campo debido a que se encuentra en una zona de minería, pero anteriormente había inversiones olivícolas y vitivinícolas.
Machicote, cercano al gobernador Ricardo Quintela, dijo que el campo de Díaz ahora “va a servir para proveer de agua potable a los vecinos de la localidad de Patquía, donde esos bienes son escasos”. Y agregó: “El Gobierno decide retomar esas tierras, hay un reclamo de los vecinos por el manejo del agua que corre por esas tierras”.
Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja que habilitó en la Legislatura el avance de la expropiación de tierras a Ramón Díaz
Patquía es una localidad de casi 2000 habitantes, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Según sostuvo el diputado Machicote, el campo en 2003 fue comprado por 75.000 pesos que equivalían a 26.785 dólares. Es decir, la hectárea estaba a 15,80 pesos y, en dólares, a 5,84. “Hay una voluntad del Gobierno que se pone entre el adquiriente y el Estado de potenciar esas tierras y por eso accede el inversor privado, pero hoy las cosas han cambiado y la provincia tiene la potestad de retomar para darle un destino en beneficio de los vecinos”, apuntó Machicote. El diputado dio a entender que Ramón Díaz recibiría por la expropiación del campo la misma suma por la que lo adquirió.
Julio Cabrera, amigo de Díaz y quien está a cargo del campo, contó a Plataforma Fénix que hace varios días le avisó al entrenador sobre el proyecto de expropiación y que la respuesta fue que se ocuparía en cuanto pudiera. Detalló que hacen olivos, viñedos y melones “no mucho porque no hay agua” y aclaró que no los venden, los regalan. “A Ramón no le gustaría que se vendan”, dijo.
También aclaró que las aguas termales que hay en el lugar son “de baja temperatura, no son calientes como en otros lados”. Apuntó que Díaz alguna vez planteó en la intimidad quería hacer cabañas, pero después no se avanzó porque no están dadas las condiciones. “El lugar tiene agua no potable, de vertiente, media salada. Nos pidieron utilizar para unas parcelas y los dejamos. Incluso algunos ganaderos. Siempre de buena onda”, sostuvo.
Cabrera puntualizó que “nadie” del Gobierno provincial lo llamó. Díaz se fue de La Rioja hace muchos años; va de visita algunas veces. “Tiene un grupo de amigos super leales, que cuidan su intimidad. Nunca dicen si viene o no -cuenta una fuente   Tiene una casa en la Quebrada, donde hace asados cuando está”.
La sombra de los Menem
El riojano Díaz siempre se confesó como un “admirador” del expresidente Carlos Menem, quien también admiraba a quien fuera jugador y DT de River Plate. En el ambiente político riojano ese dato no pasó inadvertido y hay quienes entienden que la declaración de utilidad pública y la expropiación de sus tierras tiene que ver con eso.
En 2014, Díaz colaboró activamente en la campaña presidencial de Mauricio Macri en La Rioja. En octubre de ese año, ambos caminaron las calles riojanas junto al periodista Fernando Niembro. “Hizo un cambio increíble en la Ciudad”, lo elogió el DT, al que, antes, Pro había intentado convencer para que fuera candidato a gobernador. Díaz terminó descartando la oferta en septiembre de ese año. “Me junté a tomar un café con Macri y me propuso ser gobernador, pero es algo difícil porque me gusta mucho el fútbol. Tengo mucho conocimiento de lo que hago y hacer algo de la política es muy difícil, tenés que tener experiencia, mucho conocimiento, conocer muy bien tu provincia. Yo estuve mucho tiempo afuera”, explicó.
Hace dos semanas vandalizaron la residencia del exsenador Eduardo Menem, en el centro de la ciudad de La Rioja con pintadas con fuertes críticas. El incidente involucró también a su hijo, Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y excandidato a gobernador riojano, impulsado por Javier Milei.
La vivienda está en la avenida Rivadavia y le escribieron en la fachada de la residencia: “Menem chorro”. Después del ataque no hubo declaraciones oficiales por parte de los Menem. Las autoridades aseguraron que el hecho está en investigación.
Poco antes de ese ataque, Martín Menem había criticado a Quintela por pedir un juicio político contra el presidente Milei. “No me extraña que este hombre exprese esta clase de estupideces”, afirmó el diputado en sus redes sociales y agregó: “No respeta la voluntad popular en nuestra provincia impidiéndole asumir a un concejal electo, menos va a respetar lo que votamos casi 15 millones de argentinos”.

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Detuvieron a un exfuncionario de Capitanich por fraude
Carlos Andión, del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, es investigado por convenios con organizacionesCarlos Andión exfuncionario de Capitanich

Carlos Mauricio Andión, expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de Chaco, fue detenido el miércoles último, acusado de violación de los deberes de funcionario público y partícipe necesario de fraude contra la administración pública. Un equipo especial de fiscales investiga al exfuncionario de Jorge Capitanich en la gobernación chaqueña por una trama que incluye convenios del Estado con organizaciones sociales.
Andión fue detenido junto a María Laura Moreno, que era coordinadora de Gestión de Soluciones Habitacionales. Los fiscales Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio están a cargo de la investigación, que surgió de una auditoría del gobierno del radical Leandro Zdero, quien venció a Capitanich en las elecciones provinciales del año pasado impulsado por lo que era Juntos por el Cambio.
La fiscal Griffith Barreto les tomó anteayer declaraciones a Andión y a Moreno. Los fiscales les endilgan “maniobras cometidas en el marco de convenios celebrados con organizaciones sociales (asociaciones civiles, cooperativas y fundaciones) con el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), afectando fondos públicos provinciales, obras que en su mayoría no fueron ejecutadas o ejecutadas en un 10% en relación con los fondos percibidos por las organizaciones sociales”, según indicaron en un comunicado del Ministerio Público Fiscal chaqueño.
El monto de la presunta defraudación es de 16.500 millones de pesos, según informó el diario Norte.
El exfuncionario está detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1, de Resistencia. En esa misma cárcel está preso Carlos Barraza, un dirigente piquetero del Movimiento Trabajadores y Humildad (MTH) que fue capturado en enero, tras permanecer prófugo, y está acusado también de defraudación al Estado (al detenerlo, le secuestraron facturas a nombre del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que Andión presidía). César y Emerenciano Sena, presos por el crimen de Cecilia Strzyzowski, están en la misma cárcel.
El gobierno de Zdero intervino el instituto que Andión presidía. Clelia Ávila, la interventora designada, señaló tras las detenciones que en el organismo existían “irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y nulo control de las mismas”.
El caso por las presuntas irregulares con los convenios golpea al exgobernador chaqueño Capitanich, todavía salpicado por su cercanía con el piquetero Sena, uno de los detenidos por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Capitanich es hoy titular del Parido Justicialista de Chaco y se desempeña como asesor a sueldo del Banco Provincia de Buenos Aires, donde accedió con la venia del gobernador Axel Kicillof

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