EL ANÁLISIS DE MORALES SOLÁ Y POLÉMICA

La ofensiva final de Milei contra la prensa
El antiestatismo del Presidente se reduce a los enunciados; en los hechos, está usando el desmesurado poder estatal para tratar de ahogar a los medios periodísticos

Joaquín Morales Solá
El presidente Javier Milei
Primero fue el verbo. No estamos haciendo teología, sino describiendo lo que sucedió –y sucede– entre el presidente Javier Milei y la prensa argentina. Primero fue la palabra agresiva, insultante y descalificatoria contra la prensa independiente. Eran solo palabras. A partir del lunes último, descerrajó una guerra pura y dura contra los medios periodísticos y, por lo tanto, también contra los periodistas. En efecto, y aunque el jefe del Estado publicite que los periodistas son una banda de “ensobrados”, la mayoría vive de los salarios que percibe en las empresas periodísticas donde trabaja. La inviabilidad económica de las empresas periodísticas afecta directamente a los medios y a los periodistas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que los medios periodísticos, incluidos los digitales, pagarán IVA, y que, además, las empresas de cable que transmiten contenidos no tendrán la obligación de incluir en su grilla a los canales de noticias. Esta es una decisión discriminatoria, que deja en situación de extrema fragilidad a los canales de noticias que no tienen un cable que transporte sus contenidos.
Milei se define como liberal-libertario, pero debe señalarse que a estas alturas tiene muy poco de liberal y mucho menos de libertario, porque esta corriente de pensamiento no cree que el Estado le proporcione más beneficios que perjuicios a la sociedad. El antiestatismo de Milei se reduce a los enunciados; en los hechos, está usando el desmesurado poder estatal para tratar de ahogar a los medios periodísticos. Sectores internos del mileísmo vienen promoviendo el desfinanciamiento de sus adversarios, supuesto o reales, para acabar con ellos. Si se escucha bien a Milei, para él no hay peor enemigo que el periodismo. Es, sin duda, una estrategia, ya sea para polarizar frente a la opinión pública o para, como dijo Donald Trump, descalificar al periodismo independiente antes de que este lo comience a criticar. Raro: Milei nunca se refiere a los medios que verdaderamente los hostigan con la crítica permanente, que son los vinculados al kirchnerismo. Sus alusiones más ácidas están dirigidas al periodismo independiente que, inclusive, ha valorado sus logros económicos, aunque criticó también su desdén institucional. El Presidente se ha convertido en un provocador profesional, porque concede reportajes a periodistas frente a los que critica al propio medio en el que está hablando, a los dueños del medio o a otros periodistas de ese mismo medio. A nadie con un mínimo sentido del buen gusto se le ocurriría hacer algo así. Las principales víctimas son los periodistas supuestamente “amigos” a los que le dio el reportaje porque quedan maltrechos con la experiencia presidencial. A Milei no le importa. Nada le importa mucho.
Los diarios y revistas pagarán el IVA completo –21 por ciento–, si el anuncio de Adorni se cristalizara, del que habían sido exceptuados por una ley de Mauricio Macri de 2018, que, además, se respaldó en una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Aquella vez se justificó la exención del periodismo en el pago del IVA en que era necesario promover el acceso a la información y a la cultura de todos los sectores sociales. La publicidad en los medios periodísticos, en cambio, pagó siempre el IVA que paga todo el mundo. Llevar el IVA al 21 por ciento para la versión en papel es apurar insensiblemente la agonía de los medios gráficos. Milei (o quién le arrimó la idea) fue aún más allá y dispuso que el IVA completo –el 21 por ciento– lo pagarán también las versiones digitales de los diarios o los medios que son solo digitales. Es un crimen al esfuerzo del periodismo para hacer posible, sin morir en el intento, la migración de los lectores del papel a la web; es un crimen dentro de la batalla para que el periodismo y el progreso tecnológico no resulten incompatibles. Milei entró con vocación destructiva a la modernidad en la que se juega también el destino del periodismo. Tal vez lo hace a propósito. Por qué no. Los suscriptores de medios digitales, ya sean solo digitales o las versiones de los grandes diarios y revistas, tendrán que pagar, si esta idea se concretara, un 21 por ciento más por su membresía, dinero que irá íntegro al Estado. El Estado del que descreen los libertarios; la herejía es una buen atajo cuando se trata de desarticular al presunto enemigo. Para peor, ni siquiera son ciertas las cifras que dio Adorni sobre la recaudación del Estado cuando se generalice este impuesto en los medios de prensa, si es que se generaliza. La recaudación adicional será mucho menor que la anunciada.
Si fuera cierto que Milei persigue desfinanciar al periodismo para terminar con él, entonces su figura en la historia quedará equiparada a la de Néstor y Cristina Kirchner. Estos también hurgaron todos los caminos para asfixiar al periodismo hasta terminar con él. Fueron 12 años consecutivos (las presidencias de los dos Kirchner) y no lograron nada. El presidente actual ha terminado rápidamente con el déficit fiscal. Pero la vida de un país no se reduce al superávit de la cuentas públicas, aunque se trate de una conquista significativa en una nación como la Argentina; también existen valores que son necesarios rescatar y uno de ellos es el respeto a las instituciones del país, la prensa incluida. Los recientes ganadores del premio Nobel de economía, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, escribieron largas tesis sobre cómo el trato a las instituciones influye en la economía. Pero no se refirieron tanto a las instituciones en general, como a las cuestiones más básicas de ellas: la protección a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la inclusión de la sociedad y la estabilidad de las instituciones. Estas ideas que merecieron el más importante reconocimiento intelectual del mundo fueron destacadas en las últimas horas por la presidenta del reciente coloquio de IDEA, Gabriela Renaudo, quien, al igual que el titular de esa institución empresaria, Santiago Mignone, ponderó lo que Milei consiguió en la economía, pero pidió un estricto respeto institucional
La estabilidad de las instituciones significa, en otras palabras, el respeto a las reglas del juego. Reglas del juego que se establecen, en un sistema democrático, entre el poder del Estado y los actores privados de la economía. El IVA a los diarios cambió por lo menos tres veces en los últimos años. No hay respeto posible a las reglas del juego en tales condiciones. Fernando de la Rúa lo redujo al 10,5 por ciento en 2001. Macri estipuló luego la exención del pago de impuesto al valor agregado para los medios periodísticos, y ahora Milei lo reinstala en su totalidad y también lo amplia a los medios digitales. El Gobierno es contradictorio, además. Cada vez que se le pregunta por qué sobrevive el régimen de exenciones impositivas de Tierra del Fuego, la respuesta consiste en que existen los famosos derechos adquiridos. Los mismos derechos adquiridos que le son respetados a Cristina Kirchner para que cobre la dos jubilaciones, la de su esposo y la de ella, en el marco del régimen especial de jubilaciones para expresidentes. El principio de los derechos adquiridos existe para todos, entonces, menos para los medios periodísticos. Las reglas del juego se les respetan a todos los sectores de la economía, menos a las empresas del periodismo. Mientras tanto, siguen sin pagar IVA las otras actividades incluidas en aquella ley de Macri: la elaboración y venta de libros, el fútbol y los espectáculos, entre varias más. La contradicción es doble: Milei prometió en campaña electoral que bajaría los impuestos. Los está reinstalando. No hay mejor prueba de que su objetivo no son las cuentas públicas, sino saldar sus broncas con la prensa.



¿Por qué tanto relativismo cuando se habla de la posibilidad –o no– de que se concrete este anuncio? Como se señaló, la decisión que se modificará formaba parte de una ley debidamente aprobada por el Congreso durante la gestión de Macri; esa ley se respaldaba en algunos lineamientos que la Corte Suprema había escrito en varias resoluciones, en las que puso especial énfasis sobre la responsabilidad de los gobernantes de garantizar la sobrevivencia de los medios periodísticos. No hay sobrevivencia de medios, sin duda, si carecen de recursos económicos. Al ser una ley del Congreso, su modificación debe hacerse con otra ley del Congreso. Si bien funcionarios oficiales anticiparon que efectivamente se hará mediante una ley que la administración de Milei enviará al Congreso, debe señalarse que tal procedimiento no es una concesión del Gobierno, sino su obligación. Los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, no pueden legislar sobre cuestiones impositivas.
El artículo 99 de la Constitución, en su inciso 3, dice textualmente que los DNU son posibles, bajo estrictas condiciones que nunca se cumplen ni se cumplieron, siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos”. Es decir que una cuestión tributaria, como es modificar una ley que dispuso exenciones impositivas a medios periodísticos, no puede estar dentro de un decreto de necesidad y urgencia. Pero, ¿qué sucederá en el Congreso? ¿El peronismo kirchnerista votará al lado de Milei solo por el viejo rencor contra la prensa independiente? ¿Macri valorará su precedente, el que exceptuó del pago del IVA a los medios, y será consecuente con su pasado en la votación? ¿El radicalismo, más allá de sus cisma interno, rescatará su historia de respeto de las libertades públicas y privadas y defenderá a los medios periodísticos del actual y brutal ataque por parte del Estado? La política debe tomar conciencia de que Milei acaba de pasar de las palabras a los hechos en su ofensiva contra la prensa independiente. Es el kirchnerismo con otro nombre.

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Le piden la renuncia a una directora del Indec antes de la salida del nuevo IPC
Polémica. Lavagna busca desplazar a Analía Calero, directora nacional de Estadísticas de Precios; a fin de año lanzarían el índice

Francisco JueguenEl Indec, envuelto en una nueva polémica
Cerca de la fecha prevista para la publicación de un nuevo IPC para medir la inflación –la desaceleración es una de las banderas del Gobierno–, la cúpula del Indec le pidió la renuncia a la directora nacional de Estadísticas y Precios, Analía Calero, lo que encendió otra vez la polémica en el organismo.
En el Indec, que dirige Marco Lavagna, ratificaron la salida de la funcionaria y señalaron que el pedido de renuncia se debe a “cuestiones operativas y formas de trabajo”, y la despegaron totalmente de la decisión que había adelantado Lavagna en septiembre de lanzar un nuevo índice de precios “en dos meses”, o sea, en noviembre. Calero, según aclararon
 tenía bajo su órbita la Dirección de Índices de Precios de Consumo (IPC), que dirige Georgina Giglio, y la de Índices de Precios de la Producción, que conduce Rodrigo Oliver.
En los pasillos del instituto, donde dicen que hay un rumor instalado con la salida de Lavagna hace 15 días –algo que fue descartado desde la cúpula–, indicaron que el economista habría llamado a Calero el 9 de octubre pasado. Le dijo allí que “chocaban mucho” y que buscaba hacer cambios en el área del IPC. Fue justamente un día antes de que se conociera el dato de inflación de septiembre, que dio 3,5% y que el Gobierno terminó celebrando.
Las fuentes indicaron que Lavagna cuestionó el ritmo de avance del IPC renovado. “Está listo”, le respondió Calero, que además venía elaborando un índice de costos de la construcción y otro de salarios, en paralelo. Lavagna no creyó en su palabra. De hecho, fuentes de la cúpula del organismo estadístico dijeron ayer que el trabajo todavía no está terminado.
“¿Vas a renunciar?”, la llamaron desde el área de Recursos Humanos a Calero. Ella se negó, aunque tenía ganas de irse. La directora de planta quería aguantar, por lo menos, hasta junio. Tenía contrato en el Indec hasta esa fecha y además buscaba cerrar el ciclo que había comenzado hace tres años con el trabajo sobre el nuevo índice de precios al consumidor. Ella y Lavagna habían tenido además algunos encontronazos por cómo se había manejado en el pasado una acusación a un trabajador por violencia de género con una compañera del Indec. Los cambiaron de piso.
“Fue por formas de trabajo, administración de recursos humanos y manejo de equipos de trabajo y cumplimiento de metas”, afirmaron en la cúpula del Indec sobre el pedido de renuncia a Calero. Cerca de la todavía directora –ahora está trabajando en forma remota– hablaron, en tanto, de “maltratos”.
La polémica salida de la técnica, que pidió el pase en comisión a la UBA, por ahora negado por Lavagna (quieren que vuelva al Ministerio de Economía), coincidió con la visita la semana pasada de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lavagna no pudo recibirlos –está de vacaciones– así que lo hizo el director técnico del instituto, Pedro Lines.
Fuentes a cargo de la elaboración del nuevo IPC aseguraron que Lines se enojó por algunos cambios pedidos por el Fondo. “No le gustaron los ponderadores”, contaron. El debate era si usar los nuevos de la Encuesta de Gastos de los Hogares (Engho) o los de Cuentas Nacionales. El FMI buscaba que se usaran los primeros. “Quizás había temor a que diera más alto el índice”, ironizaron en los pasillos del Indec, algo que negaron rotundamente desde la cúpula. Lines no contestó el llamado de la nacion.
“No tiene absolutamente nada que ver con si el índice te iba a dar más alto o más bajo”, negaron esas apreciaciones en el Indec, donde dijeron que están buscando generar una polémica donde no la hay.
El técnico del Fondo que llegó de visita fue Brian Graf, economista de la División Sector Real del Departamento de Estadísticas del FMI. La intención era, indicaron, “finalizar la asistencia técnica sobre el proyecto de actualización del IPC. Según una comunicación interna del organismo a la que accedió este medio, “se abordaron los avances en el uso de dispositivos digitales para el relevamiento, el nuevo período de referencia y la estrategia de comunicación y difusión del IPC, además de realizarse capacitaciones presenciales y virtuales para integrantes del Instituto y los equipos del IPC de las Direcciones Provinciales de Estadística”.
Estuvieron con él Lines, Calero, Giglio; la coordinadora del IPC, Marcela Almeida; la coordinadora de relevamiento digital, Laura Liedtke, y los equipos de trabajo del sector, según se indicó.
Lavagna había adelantado en septiembre pasado que estaban casi listos para lanzar el nuevo IPC con una base de 500.000 precios y 24.000 informantes. “Estamos en las pruebas finales”, había mencionado entonces.
Pruebas finales
En declaraciones a Radio 10, el economista había asegurado que “en los próximos dos meses” podrían estar saliendo con el nuevo IPC, algo que hoy matizan. Piensan en los primeros datos de 2025, siempre y cuando no aparezcan cisnes negros, como un salto del tipo de cambio. El índice actual tiene 320.000 precios y va a pasar a 500.000 precios. De 16.700 informantes se saltaría a 24.000 informantes. “Estamos en las pruebas finales. Tenemos que tener mucho cuidado en cuándo hacemos los cambios para que esto se entienda bien”, había agregado en detalle de la nueva modalidad que se implementaría desde noviembre.
A comienzos de enero de 2007, el gobierno de Cristina Kirchner intervino el Indec para tapar el aumento de los precios. La primera medida fue desplazar a la directora del área de IPC, Graciela Bevacqua. Luego, por casi una década, se manipularon casi todas las estadísticas públicas. La reconstrucción la llevaron a cabo Jorge Todesca –ya en el gobierno de Mauricio Macri– y luego Marco Lavagna. Los dos economistas habían sufrido los embates de Guillermo Moreno, ya que ambos medían la inflación en consultoras. Lavagna llegó al Indec desde la administración de Alberto Fernández y continuó, casi sin polémicas, su trabajo pese a que hubo críticas al censo (de hecho, quien estaba a cargo fue prejubilada, según contaron las fuentes) y al intento de modificar la fecha de publicación de los datos de inflación, en momentos en que Sergio Massa era ministro de Economía.
En 2007, Cristina Kirchner intervino el Indec desplazando a la directora de IPC
El nuevo IPC del Indec estaba listo para salir a fin de año o principios de 2025

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