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La Argentina debe pagar 1330 millones de euros más intereses por el juicio por el cupón PBI en Londres
El país perdió la apelación que hizo a la Corte Suprema de Gran Bretaña y deberá abonar la indemnización; este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado
Sofía Diamante
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en ParaguayMaria Amasanti
Ya no quedan más instancias para apelar y la Argentina finalmente deberá pagar 1330 millones de euros (US$1443 millones) más intereses por daños e indemnizaciones por el juicio llamado “cupón PBI”, en Gran Bretaña. La Corte Suprema de este país rechazó el pedido de la defensa argentina de apelar el fallo de primera instancia, una medida esperable, ya que previamente, la Argentina había perdido el permiso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Londres.
“La Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido en el caso ‘Cupón PBI’. Ahora los beneficiarios ejecutarán garantía por 313 millones de euros que el país depositó en marzo con una carta de crédito emitida por el Santander. El Gobierno de Javier Milei deberá decidir si abonará el fallo de 1330 millones de euros más intereses”, dijo Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, y quien sigue de cerca los juicios del país en el exterior.
En abril del año pasado, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited y ordenó a la Argentina pagar 643 millones de euros más intereses, sumando un total potencial de 1330 millones de euros. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013, por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010 para canjear la deuda que había quedado en default en 2001.
El Estado había presentado una garantía de US$337 millones para apelar, que era la condición que había impuesto el tribunal de segunda instancia. Menos de dos meses después, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, al rechazar tratar el caso.
El 10 de julio, por lo tanto, se hizo un último intento y se pidió permiso a la Corte Suprema para recurrir contra la decisión de la cámara que confirmó la sentencia de primera instancia. Hoy se confirmó que el máximo tribunal de Gran Bretaña rechazó tratar el caso argentino y, por lo tanto, la sentencia de primera instancia quedó firme.
“Este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por ley inglesa. Los fondos, que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de la valuación de los bonos, demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global US$670 millones. Alegaron que la Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos”, explicó la Procuración del Tesoro.
“La República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido”, agregaron en la cartera que conduce Rodolfo Barra.
La medida se tomó durante el mandato de Cristina Kirchner y cuando Axel Kicillof era ministro de Economía
“Las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país. Estamos analizando minuciosamente, con nuestros asesores legales, las consecuencias de esta determinación y los pasos a seguir. Es nuestro mayor compromiso trabajar día a día para volver a ser un país serio para el mundo”, dijo, por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En marzo pasado, el Gobierno creó por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024″, en Nueva York, para constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones. “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”, argumentó el juez Stephen Phillips, cuando pidió la garantía para apelar.
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.
La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. El ministro era Axel Kicillof. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo era necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.
El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que los títulos deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI –que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993– fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. “Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país”, indicaron.
En cambio, los cuatro fondos argumentaron que la Argentina debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta 2035, según afirmó Aidan O’Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.
En paralelo, la Argentina enfrentaba otro proceso similar en Nueva York, aunque el 30 de marzo pasado, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de esa ciudad, dictó sentencia sumaria a favor de la Argentina, rechazó la demanda y cerró el caso porque consideró que los demandantes no habían satisfecho los requisitos contractuales indispensables para presentar la demanda. Los demandantes notificaron que van a apelar. Son los fondos Aurelius, Novoriver, ACP Master, 683 Capital Partners, Adona y APE Group SPA.

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La “revolución” de Milei cambia de etapa y se enfrenta a los fantasmas de Macri con el dólar
Para los empresarios llegó el momento de debatir el crecimiento y la competitividad, que comienza a preocupar en algunos sectores de la economía
Francisco Jueguen
Javier Milei y Mauricio Macri
En el arranque del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri presentó su plan productivo. Fue un faro para los empresarios hasta que ese barco se estrelló. Lo había trabajado –fueron 12 agotadoras versiones– la Fundación Pensar a partir de viajes de sus ideólogos por Australia y la trasnochada lectura de publicaciones de Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum. Existen puntos de contacto con lo que hay en la cabeza de Javier Milei, aunque se difiere en la secuencia y en la graduación de las medidas, y en la fijación de un sendero de largo plazo. Una frase de aquel plan explica el gran desafío que Macri no logró sortear en esos años y coincide con el ruido que el libertario enfrentará para que su “revolución” sea permanente.
“El desafío es aumentar la productividad, mantener salarios altos en dólares e integrarse al mundo evitando problemas de empleo”, rezaba aquel documento con ocho pilares fundamentales. Era una manera de declarar que se apostaba a la inversión –ya sin cepo– como motor, a la competencia con la apertura comercial y, sobre todo, a que la competitividad se debía ganar sin devaluar, o sea, sin afectar los sueldos. Tanto Macri como Milei coinciden en atacar lo que se llama la competitividad sistémica (bajar impuestos, simplificación, desburocratización, quita de aranceles y reformas estructurales) en vez de apostar a un dólar alto (salarios bajos). El problema es el tiempo. ¿Cuánto se sostiene un esquema de un dólar bajo sin la competitividad de Alemania? ¿Cuántas empresas quedan en el camino? ¿Qué tasa de desempleo es digerible?
Con carry, el mercado financiero compró el compromiso del Gobierno de no devaluar. También es una decisión política de Casa Rosada cuando se acercan las elecciones y el principal flagelo de la economía en los últimos 20 años, la inflación, se desacelera. Equipo que gana no se toca. El “atraso” cambiario, se sabe, es cosa de los años impares.
Pese a los avances en algunas áreas vinculadas a la competitividad –reducción de tasas de interés, apertura del comercio y quita de aranceles– el peso de los impuestos sobre la economía formal es altísimo. Nadie confía en que, en un año de elecciones intermedias y con poco poder de fuego oficialista en el Congreso, el Gobierno avance en una reforma impositiva como la que Nicolás Dujovne presentó en 2018 (luego de los comicios de medio término). Como con el cepo cambiario, la baja de impuestos se prevé para 2025 en capas y discrecional. “En la medida que la mejora de los ingresos es permanente, se bajan impuestos”, dice el Presidente. “No hay reforma global sin superávit”, privilegian en Casa Rosada.
La competitividad comienza a preocupar en algunos sectores de la economía. Es el foco principal de un documento que difundió la Unión Industrial Argentina (UIA) en estas horas y es uno de los ejes de lo que se debatirá en los pasillos del Coloquio de IDEA esta semana en Mar del Plata. Allí se presentarán Milei y también el ministro de Economía, Luis Caputo.
La entidad fabril que dirige Daniel Funes de Rioja estima que el acceso al crédito bancario es nulo: representa solo el 6% del producto (puesto 144 en el ranking mundial) en el país cuando en el resto de la región llega al 60%. En los países avanzados se supera el 80%; la Argentina está primera en el ranking junto con Brasil en materia de la presión tributaria y, si se ajusta por informalidad, la presión que afecta al sector formal pasa del 29% al 52%; el costo de la energía eléctrica industrial supera en más del doble al de EE.UU. y el costo logístico es un 43% superior al del promedio de América Latina.
Se suma Ingresos Brutos en las provincias, tasas municipales “crecientes”; fallos en la Justicia por indemnizaciones, los “onerosos” seguros de caución ambiental y los “numerosos” trámites que suman burocracia a la actividad comercial. “La industria argentina tiene una productividad que se encuentra por encima del promedio de América Latina, pero en términos de competitividad ocupa el puesto 66 de 67 países, según el ranking de competitividad del International Institute for Management Development (IMD)”, refiere la UIA en su documento.
El valor del dólar vuelve a ser un debate en el país
¿Qué pasa con el dólar?
El economista Fernando Marull alertó que el dólar exportador vale cerca de $1020 actualmente, mientras en diciembre de 2023 era de $1562. “Ya se comió la devaluación”, dijo. Luego advirtió: “Queda claro que no sirve andar saltando el FX (tipo de cambio) cada tanto; es insoportable. A favor de ganar competitividad con baja de impuestos nacionales, provinciales, aranceles, tasas y reformas. El riesgo que veo: algunos sectores no tienen espalda para esperar dos años”, dijo
Los salarios formales (Ripte) en dólares, según FMyA, pasaron de US$436 a US$777 en 2024 si se miden al blue, mientras que, al tipo de cambio oficial, el salto fue de US$1067 a US$1240. No sólo se comenzarán a escuchar quejas de los productores de manzanas, sino también de las cerealeras, el turismo, las manufacturas exportables y la industria del conocimiento. En el agro, el reclamo de baja de retenciones crece, pese a que el Gobierno avanzó con bajas en la carne o la eliminación en la leche y porcinos. Por ahora, los productores agradecen la lluvia y la recuperación parcial de los precios internacionales.
La próxima gran discusión en el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2025, esquivará la “competitividad sistémica”. Según un documento de la Fundación Pensar (PRO), coordinado por la diputada y economista Daiana Fernández Molero, estimó que “la presión impositiva aumenta 0,5% del PBI y no se incorporan cambios tributarios significativos”. El aumento de la presión fiscal tiene que ver con “Ganancias (restitución), Seguridad Social (incrementos salariales y recuperación del empleo), derechos de exportación (por mayores saldos exportables) y Combustibles (actualizaciones pendientes)”. La novedad en cuanto a bajas de gravámenes es la no renovación del impuesto PAIS creado por Alberto Fernández.
Pese a que el Presidente prometió en su discurso en el Congreso que en caso de que los recursos fueran superiores a los esperados, los excedentes se destinarán a bajar impuestos y cancelar deuda, esas palabras, dicen los técnicos de PRO en su documento, no se encuentran en el proyecto de ley de Presupuesto. “No está en letra de molde”, diría Cristina Kirchner.
Pero Economía sí incluyó una novedad poco debatida aún: una nueva forma de medir el gasto tributario, o sea, la pérdida de recaudación por un tratamiento impositivo a personas o empresas, distinto del marco tributario general. El economista Julián Folgar hizo un exhaustivo análisis en X. “Hasta 2023, se estimaban gastos tributarios en promedio del 2,7% del PBI. La nueva medición da un 3,5% del PBI para 2024-25″, explicó el experto. “En Ganancias ahora se incluyen como gasto tributario todas las deducciones generales que se permiten (alquiler, prepagas, educación, etcétera). El más sobresaliente es la deducción de gastos educativos (incluso privados) que se estima en 0,13% del PBI”, contó. Pero además se incorporaron regímenes no considerados (el monotributo), el de Tierra del Fuego (0,18% del PBI), entre otros. Será interesante observar el debate sobre esa minuciosidad entre un Gobierno que cuestiona “privilegios” y un Congreso que defiende “derechos”.
Las rebajas de impuestos que ya implementó el oficialismo –una reducción de la suba que el equipo económico había hecho del impuesto PAIS-, sumado a la retracción de fondos para provincias y municipios, despertó algo de lo que el Fondo había alertado a comienzos de siglo en la Argentina: lo que se ahorran las empresas o personas de pagos de impuestos gracias a la contención del gasto que impulsa el gobierno nacional se lo terminan cobrando provincias o municipios afectados por el ajuste gracias a las suba de gravámenes provinciales o tasas municipales. En definitiva, la baja del costo país que impulsa Milei -que debería verificarse en el nivel de precios- es neutralizado por sus adversarios políticos, que tienen autonomía sobre sus cajas. “No hay un pacto fiscal con las provincias”, fue al punto el documento de PRO.
Milei y Caputo comenzaron a luchar contra esos molinos de viento del sistema tributario argentino. En el caso de La Pampa –el Gobierno amenazó con cerrar sucursales del Banco Nación luego de una suba de Ingresos Brutos al sector financiero–, el gobernador Sergio Ziliotto decidió dar marcha atrás. La prohibición a las empresas de cobrar tasas en las facturas de servicios públicos desató, en cambio, la rebeldía de Axel Kicillof, que autorizó a sus municipios. Habrá que ver si las empresas que funcionan en ese territorio responden a sus intendentes o reaccionan ante las multas de Comercio. Kicillof ya había aumentado impuestos a comienzos de año para cubrir la falta de fondos. En la Ciudad de Buenos Aires, la suba del ABL, supera –en todas las zonas– el 18% de inflación del presupuesto. “En 2018, el ABL era el 10% de la recaudación. Hoy es el 5%”, se justifican cerca de Jorge Macri sobre los incrementos por encima de los precios (y los salarios).
El péndulo impositivo, que emparchó el Gobierno con el RIGI, es un obstáculo a la inversión. Las reglas de juego, las instituciones, son clave para el desarrollo económico. Si no hay que preguntarle a Acemoglu, Johnson y Robinson, y cuestionarse sobre qué significa Ariel Lijo para los actores económicos. ¿Nadie invierte? La reforma tributaria 2018 –que daba previsibilidad a cinco años– de Cambiemos fue revertida por el kirchnerismo. Había una escalera descendente de Ingresos Brutos (pasaba de 4,5 puntos del PBI a 2 puntos) y se concentraba en bienes finales. Además, establecía una rebaja en Ganancias no distribuidas, de 35% a 25% para las empresas privadas; la eliminación gradual de Débitos y Créditos con un cronograma, y una fuerte rebaja de contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible.
Nicolás Dujovne presentó una reforma impositiva gobal
Cambio de etapa
El equipo de Caputo se encuentra una la transición de la primera etapa del plan, la estabilización, a la segunda: lograr crecer. En la primera equilibraron las cuentas, ajustaron precios relativos y secaron la plaza de pesos para contener la inflación. Ahora es el crawling peg –microdevaluaciones– lo que le pone un piso a los precios. En Casa Rosada piensan en bajar ese ritmo del 2% sólo cuando el IPC alcance a la “inflación inducida” (cuando la suba de precios mensual sea el crawl más la inflación internacional, o sea, 2,5%). Entonces se produciría además el próximo hito para favorecer la inversión: la salida del cepo. “El mercado te compró la expectativa del tipo de cambio. El Rofex en enero para diciembre de este año estaba en $1950 por dólar, hoy está bajo de $1100″, explicó un economista sobre el “veranito” financiero.
El crecimiento con una inflación baja –¿atraso?– plantea un desafío para las empresas y para el Gobierno. Los márgenes de rentabilidad se achican porque ya no hay financiamiento inflacionario. Los sectores más competitivos resisten, pero aquellos que no lo son empiezan a tener serios problemas. La empresa tiene un trabajo: hacerse más eficiente. El Gobierno tiene otro: “equilibrar la cancha” bajando impuestos, costos laborales, de financiamiento y de infraestructura.
La “competitividad sistémica” de la que hablaba Macri antes de las corridas cambiarias -y el sato inflacionario- que le hicieron perder su “segundo tiempo” sigue pendiente con Milei. El libertario tiene una ventaja: superávit financiero ¿Puede crecer la economía el año que viene con cepo y altos impuestos al sector formal? Sí, dicen algunos. Los más optimistas anticipan que el PBI podrá volver al nivel de comienzos de 2023. Pero alertan que, para crecer por 20 años, la revolución que promete Javier Milei para que la “Argentina vuelva a ser grande de nuevo” todavía no alcanza.

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