Universidades: la oposición apura el rechazo al veto y Pro se distancia de Milei
Macri reunió a sus senadores y no garantizó que acompañe al Gobierno contra la ley
Matías Moreno
La UCR y el kirchnerismo pidieron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles con el objetivo de ratificar la ley de financiamiento universitario, vetada ayer por el presidente Javier Milei.
A pesar de la masiva marcha a favor del aumento de los fondos para las universidades (que según la Oficina de Presupuesto del Congreso solo compromete un 0,14% del PBI), el Presidente vetó la ley que garantizaba esos recursos. Pero el Gobierno enfrenta dificultades para volver a reunir un tercio de 87 diputados para sostener el veto, como ocurrió con la suba de las jubilaciones.
Tras una reunión de seis senadores de Pro con el expresidente Mauricio Macri, esa fuerza tomó distancia de la postura del Gobierno. En el macrismo aseguran que le habían advertido al Ejecutivo que debía buscar un acuerdo sobre la ley, porque los votos no estaban garantizados.
Después de la masiva marcha de estudiantes, docentes y sindicatos por las universidades nacionales, la mayoría de los bloques de la oposición dialoguista y el kirchnerismo se unieron ayer en la Cámara de Diputados y pidieron una sesión especial para el próximo miércoles con el fin de revertir el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento.
El Poder Ejecutivo enfrenta un escenario complicado, sobre todo porque Pro –el principal aliado del oficialismo– no garantiza que sus legisladores vayan a contribuir al blindaje del veto a la ley que dispuso un incremento de las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, estimado en un 0,14% del PBI.
Como en Pro hay visiones divergentes en torno a la idea de avalar el veto, los legisladores acordaron que intentarán unificar posturas en la reunión del bloque prevista para el martes. También procuran conciliar el voto con los representantes de Pro en el Senado, quienes ayer visitaron a Mauricio Macri en su casa de Acassuso. El expresidente les pidió recuperar el orden y exhibir coherencia en las votaciones. Durante la cumbre, que estaba prevista desde hacía días, el exmandatario criticó el despilfarro de recursos en las universidades y abogó por eficientizar el gasto, pero evitó anticipar su posicionamiento sobre el veto de Milei.
La postura de la bancada que conduce Cristian Ritondo es determinante para el Gobierno, que no tiene los votos suficientes para defender el rechazo a la iniciativa aprobada hace dos semanas. “Todavía no hay una decisión”, avisó uno de los altos mandos de Pro.
A sabiendas de que la Casa Rosada aún no tiene el colchón de voluntades para sostener la decisión de Milei, las bancadas de la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Unión por la Patria activaron la contraofensiva y se apresuraron a plantear los pedidos de sesión ante el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Así, el oficialismo quedó con poco margen de maniobra para dilatar la habilitación del debate en el recinto y ganar tiempo para recopilar apoyos.
En la UCR hay optimismo por la sesión en ciernes. No solo porque representantes de todos los sectores de la oposición participaron en la marcha del miércoles y por el influjo que los rectores de las universidades de todo el país tienen sobre los representantes de las provincias, sino también porque referentes de otras bancadas adelantaron su intención de sesionar el miércoles próximo.
Un escenario diferente
Pero lo que completa el entusiasmo opositor sobre la posibilidad de lograr los dos tercios que se necesitan para insistir con la ley es que, a diferencia de lo que sucedió con la movilidad jubilatoria, el bloque de Pro no se alinearía completamente con la Casa Rosada.
Sin los diputados de Pro, el Gobierno no estaría en condiciones de alcanzar el tercio –86 voluntades– que se requiere para bloquear el intento opositor de rechazar el veto. En rigor, el oficialismo quedaría muy lejos de ese número, ya que los 38 diputados de Pro representan más de un tercio de los votos con los que habitualmente cuenta la Casa
Rosada. Con que decidieran no acompañar el veto solo diez legisladores macristas (el número que calculan los radicales), las matemáticas se volverían muy empinadas para La Libertad Avanza.
En la Casa Rosada reconocen que aún no recopilaron el apoyo suficiente para blindar el veto. Cuando la ley para los fondos universitarios fue aprobada por la Cámara baja, la bancada de Pro se alineó con el oficialismo y rechazó el proyecto: hubo 33 votos negativos y cuatro ausentes. Ese día, La Libertad Avanza consiguió también los aportes de la bancada de Independencia –alineada con el tucumano Osvaldo Jaldo–; el MID, de Oscar Zago, y de Paula Omodeo (Creo), pero no pudo evitar la derrota. El conglomerado opositor logró darle media sanción a la iniciativa con 143 votos a favor, 77 en contra, 1 abstención y 35 ausentes.
En el macrismo aseguran que le habían advertido al Gobierno que debía desactivar el conflicto con las universidades y lograr un acuerdo, porque los votos no estaban garantizados. Consideran que Milei fue temerario al mostrarse inflexible en las últimas semanas, cuando la disputa con el radicalismo, la izquierda, el kirchnerismo y los gremios universitarios se complicaba.
Además, deslizan que no están dispuestos a seguir pagando costos por las actitudes dogmáticas del jefe del Estado. “No les vamos a dar un cheque en blanco, somos fuerzas políticas distintas”, dijo un referente. A pesar de la insistencia del partido aliado en sus intenciones de colaborar, el Ejecutivo siempre se mostró reacio a incorporarlos a la mesa de decisiones.
En la conducción de Pro en Diputados temen que haya fugas a la hora de votar. Por caso, cuando la ley recibió la media sanción, cuatro legisladores de Pro se ausentaron: los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, junto a Emmanuel Bianchetti y la bullrichista Sabrina Ajmechet.
En Pro asumen que el Gobierno se encamina a una derrota en la votación del miércoles próximo: el kirchnerismo, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales están dispuestos a votar a favor de la ratificación de la ley y en contra del veto del Presidente.
En ese sentido, critican la impericia del gobierno de Milei para desactivar el conflicto. “Desde abril les venimos diciendo que tienen que solucionar el enfrentamiento, por lo que significan las universidades en la Argentina”, comentan en la bancada de Ritondo. En las últimas horas varios legisladores amarillos recibieron llamados de rectores de universidades del interior para pedirles que se opongan a la medida del Presidente.
Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, ya activó con sigilo gestiones para convencer a los indecisos de que sostengan el veto presidencial. “Estamos complicados. Esta discusión excede el tema del financiamiento a las universidades, porque define nuestro posicionamiento frente al Gobierno”, dicen en Pro.
En silencio
Como hay visiones divergentes en la bancada, los diputados consensuaron que no adelantarán su posición personal hasta la cumbre del martes. Mientras el ala bullrichista se inclina por alinearse con los intereses de Milei, el larretista González ya dio señales nítidas de que se sumará a la ofensiva opositora para torcerle el brazo al Presidente y lograr la insistencia. Ayer, el diputado participó de la marcha universitaria. Los macristas, en tanto, lucen incómodos. “Jugamos gratis y encima ni nos consultan”, despotrican.
El miércoles, el día en que se haría la sesión, Ritondo y Luis Juez, jefe del bloque de Pro en el Senado, tienen agendada una cumbre con los gobernadores amarillos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe porteño, Jorge Macri, para debatir el presupuesto 2025. Por lo pronto, Juez calificó de un “error” la decisión del Presidente. “Conmigo no cuenten. No voy a hacer nada para destrozar la educación pública”, dijo.
Mientras en Pro dirimen sus diferencias, la oposición descuenta que sectores que se abstuvieron –y con eso favorecieron en las cuentas al oficialismo– cuando la Cámara baja intentó revertir el veto a la movilidad jubilatoria esta vez respaldarán la recomposición presupuestaria de las universidades. Apuntan, en particular, a los diputados de Innovación Federal, el bloque que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro, Misiones y Neuquén.
En la UCR, en tanto, confían en que la mayoría de los integrantes del espacio votarán a favor de la insistencia en la ley de financiamiento, incluso esperan que dos de los cinco que acompañaron a Milei para blindar el veto a la suba de las jubilaciones busquen esta vez una alternativa para tomar distancia de la Casa Rosada. En la votación general de agosto, Mariano Campero (Tucumán) y Luis Picat (Córdoba) se ausentaron, pero José Federico Tournier (Corrientes), Martín Arjol (Misiones) y Pablo Cervi (Neuquén) avalaron la iniciativa para aumentar las partidas para las universidades. “Estoy de acuerdo con que se necesita una actualización del salario, pero no con la ley”, anticipó uno de los díscolos
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El Gobierno quiere que las universidades cobren aranceles a extranjeros no residentes
Reglamentará el capítulo educativo de la Ley Bases y habilitará esa posibilidad a las casas de altos estudios
Delfina Galarza
El Gobierno habilitará a las universidades a que les cobren aranceles a extranjeros no residentes. El presidente Javier Milei reglamentará el capítulo educativo de la Ley Bases, que además fija criterios para distribuir recursos a las diferentes casas de altos estudios del país observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
La intención del Gobierno genera controversia, ya que las universidades aceptan la inscripción de extranjeros, pero cuando son nacionalizados argentinos.
Según pudo saber de la nacion altísimas fuentes oficiales, la reglamentación está lista. En los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, repiten funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Las dudas de la oficialización giran en torno a la polémica desatada por el reciente veto presidencial. Hay quienes sostienen dentro del Ministerio de Educación que la reglamentación del proyecto se dará luego del debate en Diputados, previsto para el 9 de octubre.
Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.
Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán, o no, a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país.
Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación con la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según detallan fuentes de la cartera.
Si bien desde algunos sectores universitarios remarcaron que los principales lineamientos de la iniciativa no revisten a priori un foco de confrontación, aclararon que no fueron notificados sobre la normativa. Eso sí: hay quienes advierten que de haber algún punto controversial podría darse un escenario similar al ocurrido cuando el Congreso rechazó el DNU de Milei que aumentó los gastos reservados a la SIDE.
“No hubo ninguna convocatoria. Desde que asumió el Gobierno, a la UBA no la llamaron para discutir nada”, apuntó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.
“Si vos lo que hacés es recortar fuertemente el presupuesto en las universidades como tiene pensado Milei para 2025, con un presupuesto anual de 3,8 billones, que representa al 0,43% del PBI, es decir la mitad de lo destinado este año, partiendo de esa base, no vas a poder hacer ninguna reforma”, cerró el dirigente radical, quien protagonizó un fuerte cruce con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien le endilgó un financiamiento universitario similar al de países como Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, el decreto que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado prepara para los próximos días prácticamente no contó con la autoría de Álvarez, sino que fue delineado por el ministro Carlos Torrendell. El subsecretario de Políticas Universitarias se prepara para los próximos embates del conflicto por el financiamiento. El lunes se llevará adelante una “comisión técnica” que se propondrá evaluar si existe o no un desfase entre el porcentaje del salario docente ofrecido por el Gobierno, del orden del 6,8%, y el sueldo de los estatales.
Según apuntan desde los gremios docentes, uno de los motivos por los cuales no aceptaron la oferta del Gobierno fue que la cifra ofrecida no los equipara con los trabajadores estatales.
El Gobierno habilitará a las universidades a que les cobren aranceles a extranjeros no residentes. El presidente Javier Milei reglamentará el capítulo educativo de la Ley Bases, que además fija criterios para distribuir recursos a las diferentes casas de altos estudios del país observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
La intención del Gobierno genera controversia, ya que las universidades aceptan la inscripción de extranjeros, pero cuando son nacionalizados argentinos.
Según pudo saber de la nacion altísimas fuentes oficiales, la reglamentación está lista. En los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, repiten funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Las dudas de la oficialización giran en torno a la polémica desatada por el reciente veto presidencial. Hay quienes sostienen dentro del Ministerio de Educación que la reglamentación del proyecto se dará luego del debate en Diputados, previsto para el 9 de octubre.
Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.
Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán, o no, a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país.
Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación con la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según detallan fuentes de la cartera.
Si bien desde algunos sectores universitarios remarcaron que los principales lineamientos de la iniciativa no revisten a priori un foco de confrontación, aclararon que no fueron notificados sobre la normativa. Eso sí: hay quienes advierten que de haber algún punto controversial podría darse un escenario similar al ocurrido cuando el Congreso rechazó el DNU de Milei que aumentó los gastos reservados a la SIDE.
“No hubo ninguna convocatoria. Desde que asumió el Gobierno, a la UBA no la llamaron para discutir nada”, apuntó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.
“Si vos lo que hacés es recortar fuertemente el presupuesto en las universidades como tiene pensado Milei para 2025, con un presupuesto anual de 3,8 billones, que representa al 0,43% del PBI, es decir la mitad de lo destinado este año, partiendo de esa base, no vas a poder hacer ninguna reforma”, cerró el dirigente radical, quien protagonizó un fuerte cruce con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien le endilgó un financiamiento universitario similar al de países como Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, el decreto que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado prepara para los próximos días prácticamente no contó con la autoría de Álvarez, sino que fue delineado por el ministro Carlos Torrendell. El subsecretario de Políticas Universitarias se prepara para los próximos embates del conflicto por el financiamiento. El lunes se llevará adelante una “comisión técnica” que se propondrá evaluar si existe o no un desfase entre el porcentaje del salario docente ofrecido por el Gobierno, del orden del 6,8%, y el sueldo de los estatales.
Según apuntan desde los gremios docentes, uno de los motivos por los cuales no aceptaron la oferta del Gobierno fue que la cifra ofrecida no los equipara con los trabajadores estatales.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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