La obra pública de Milei. Se demora un proyecto clave para millones de personas
Se trata del Sistema Riachuelo, a cargo de AySA; el Banco Mundial ya giró US$1227 millones para terminarlo, pero los retrasos en los pagos a los contratistas afectaron los trabajos
Hugo Alconada Mon
La estación elevadora de entrada del Sistema Riachuelo está paralizada
El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el Sistema Riachuelo, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarles la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran con cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, el área de Luis Caputo, que demoró las partidas para concluir el lote 2 del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre, con la que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda solo ganó unas semanas. El 1° de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de la nacion afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de la Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y la ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras la nacion en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78”, precisaron.
¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1° de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número Swift de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AySA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la Acumar opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a que los certificados vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados.
Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos la obra continuó su ejecución” y que la Acumar “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
AySA es una de las empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar el año que viene (ver aparte).
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el Sistema Riachuelo resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio del proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El Sistema Riachuelo sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyectoseconcibióentrespartesolotes.
El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el lote 2 quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó el presidente Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El Sistema Riachuelo es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025”, indicaron ante la consulta de la nacion.
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres lotes distintos
Los tres tramos o lotes registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina Iecsa, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso de los cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del lote 1, más una planta de pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo–. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo, que trasladará los efluentes pretratados en las obras del lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los lotes 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del lote 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a la nacion, el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y la Acumar giró los pocos fondos de los que disponía para a afrontar vencimientos en las obras de la planta de tratamiento de efluentes líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de la Acumar.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La fundación secreta ligada al oficialismo que recauda fondos
Lla puso en marcha el operativo electoral La mesa chica de Milei trabaja con una entidad civil para formar candidatos, expandir las ideas oficiales y conseguir aportes económicos del sector privado
El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el Sistema Riachuelo, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarles la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran con cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, el área de Luis Caputo, que demoró las partidas para concluir el lote 2 del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre, con la que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda solo ganó unas semanas. El 1° de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de la nacion afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de la Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y la ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras la nacion en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78”, precisaron.
¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1° de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número Swift de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AySA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la Acumar opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a que los certificados vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados.
Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos la obra continuó su ejecución” y que la Acumar “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
AySA es una de las empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar el año que viene (ver aparte).
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el Sistema Riachuelo resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio del proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El Sistema Riachuelo sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyectoseconcibióentrespartesolotes.
El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el lote 2 quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó el presidente Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El Sistema Riachuelo es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025”, indicaron ante la consulta de la nacion.
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres lotes distintos
Los tres tramos o lotes registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina Iecsa, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso de los cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del lote 1, más una planta de pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo–. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo, que trasladará los efluentes pretratados en las obras del lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los lotes 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del lote 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a la nacion, el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y la Acumar giró los pocos fondos de los que disponía para a afrontar vencimientos en las obras de la planta de tratamiento de efluentes líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de la Acumar.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La fundación secreta ligada al oficialismo que recauda fondos
Lla puso en marcha el operativo electoral La mesa chica de Milei trabaja con una entidad civil para formar candidatos, expandir las ideas oficiales y conseguir aportes económicos del sector privado
Maia Jastreblansky
La mesa chica de Javier Milei comenzó a trabajar con una fundación para expandir la línea del pensamiento del Gobierno, reclutar cuadros técnicos –también eventuales candidatos– y recaudar fondos para la causa libertaria. Las tareas, por ahora, se vienen realizando de manera solapada, sin un lanzamiento oficial. El asesor presidencial Santiago Caputo coordina los pormenores jurídicos, planifica las primeras acciones y coordina la recepción de los primeros aportes privados, mientras Karina Milei recorre el país (ver aparte) y espera que la Justicia oficialice el otro instrumento esencial para La Libertad Avanza: el partido político nacional.
Según pudo reconstruir los laderos de Milei no constituyeron una fundación nueva en la Inspección General de Justicia (IGJ). De hecho, en esa dependencia, que encabeza el jurista Daniel Vítolo, no había registro de la creación de una nueva entidad civil de este tipo vinculado al espacio oficialista. Caputo, junto a un grupo de colaboradores, está reconfigurando una fundación ya existente, que tendría la palabra “valorar” en su denominación y que habría sido creada por dirigentes que estaban ligados a Pro.
Si bien los libertarios se jactan de ser ajenos al sistema político tradicional, lo cierto es que casi todos los partidos tienen asociada a una fundación o un think tank que les permite expandir su influencia en el empresariado y en la sociedad civil, difundir sus doctrinas y, eventualmente, conseguir aportes privados en años no electorales. Pro tiene a la Fundación Pensar, la UCR tiene a la Fundación Alem y al Instituto Lebensohn, mientras que el kirchnerismo tiene el Instituto Patria (cuya personería jurídica es una asociación civil).
El interés de la mesa chica del Presidente, en este caso, es poder atraer a las filas libertarias a empresarios y emprendedores afines a las ideas de Milei, particularmente aquellos vinculados al rubro tecnológico y la inteligencia artificial, según averiguó
Además, la fundación –que cambiaría de nombre en las próximas semanas– permitirá ofrecer un ámbito para que puedan disertar intelectuales y economistas admirados por el Presidente, como Alberto Benegas Lynch, Agustín Laje o el español Jesús Huerta de Soto.
Por otro lado, la fundación libertaria podría ser un polo de capacitación y reclutamiento de candidatos outsiders. En la Casa Rosada admiten que, en paralelo al trabajo territorial que están haciendo los armadores que responden a Karina Milei –principalmente Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires–, necesitan otra cantera para generar cuadros políticos, principal déficit de la fuerza oficialista.
Luego de la experiencia de 2023, que arrojó listas de candidatos fruto de acuerdos con partidos provinciales chicos y sellos de goma, Milei quiere mejorar su oferta electoral para 2025, máxime si su nombre no está en la boleta violeta. “La fundación es para evitar que se nos vuelva a meter la casta, para que no caigamos otra vez en las trampas del sistema político”, justificó un libertario a la nacion.
La idea de trabajar con una fundación circula en el Gobierno desde hace meses. Por lo menos desde mayo, cuando Milei presentó su libro en el Luna Park. La búsqueda de aportes dinerarios privados para la entidad civil ya comenzó. El periodista Carlos Pagni contó en LN+ que semanas atrás se empezaron a organizar reuniones convocadas por Caputo y Karina con distintos sectores empresariales en donde se solicitaron fondos, en blanco (contra recibo), para financiar a esta fundación.
Los libertarios, en tanto, siguen expandiendo su rango de acción. Hace algunas semanas, habrían comenzado a trabajar en unas oficinas de la calle Reconquista, cerca de la Plaza de Mayo. Ahora que LLA tuvo reconocimiento como partido en varias provincias, además, los armadores del Gobierno están invitando a funcionarios y legisladores a que se afilien. La carta orgánica del sello de Milei no obliga a aquellos que obtuvieron un cargo electivo a hacer con su sueldo un aporte al partido, como ocurre en otros espacios. Pero nadie descarta que la tropa tenga que colaborar de cara a la próxima elección.
Karina Milei viajó ayer a Santiago del Estero junto con el presidente de Diputados, Martín Menem, para presentar el partido. Se espera que haya actos en buena parte de las provincias y no se descarta que se sume el Presidente.
La intención es reclutar cuadros y ampliar la capacidad de recaudación
La mesa chica de Javier Milei comenzó a trabajar con una fundación para expandir la línea del pensamiento del Gobierno, reclutar cuadros técnicos –también eventuales candidatos– y recaudar fondos para la causa libertaria. Las tareas, por ahora, se vienen realizando de manera solapada, sin un lanzamiento oficial. El asesor presidencial Santiago Caputo coordina los pormenores jurídicos, planifica las primeras acciones y coordina la recepción de los primeros aportes privados, mientras Karina Milei recorre el país (ver aparte) y espera que la Justicia oficialice el otro instrumento esencial para La Libertad Avanza: el partido político nacional.
Según pudo reconstruir los laderos de Milei no constituyeron una fundación nueva en la Inspección General de Justicia (IGJ). De hecho, en esa dependencia, que encabeza el jurista Daniel Vítolo, no había registro de la creación de una nueva entidad civil de este tipo vinculado al espacio oficialista. Caputo, junto a un grupo de colaboradores, está reconfigurando una fundación ya existente, que tendría la palabra “valorar” en su denominación y que habría sido creada por dirigentes que estaban ligados a Pro.
Si bien los libertarios se jactan de ser ajenos al sistema político tradicional, lo cierto es que casi todos los partidos tienen asociada a una fundación o un think tank que les permite expandir su influencia en el empresariado y en la sociedad civil, difundir sus doctrinas y, eventualmente, conseguir aportes privados en años no electorales. Pro tiene a la Fundación Pensar, la UCR tiene a la Fundación Alem y al Instituto Lebensohn, mientras que el kirchnerismo tiene el Instituto Patria (cuya personería jurídica es una asociación civil).
El interés de la mesa chica del Presidente, en este caso, es poder atraer a las filas libertarias a empresarios y emprendedores afines a las ideas de Milei, particularmente aquellos vinculados al rubro tecnológico y la inteligencia artificial, según averiguó
Además, la fundación –que cambiaría de nombre en las próximas semanas– permitirá ofrecer un ámbito para que puedan disertar intelectuales y economistas admirados por el Presidente, como Alberto Benegas Lynch, Agustín Laje o el español Jesús Huerta de Soto.
Por otro lado, la fundación libertaria podría ser un polo de capacitación y reclutamiento de candidatos outsiders. En la Casa Rosada admiten que, en paralelo al trabajo territorial que están haciendo los armadores que responden a Karina Milei –principalmente Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires–, necesitan otra cantera para generar cuadros políticos, principal déficit de la fuerza oficialista.
Luego de la experiencia de 2023, que arrojó listas de candidatos fruto de acuerdos con partidos provinciales chicos y sellos de goma, Milei quiere mejorar su oferta electoral para 2025, máxime si su nombre no está en la boleta violeta. “La fundación es para evitar que se nos vuelva a meter la casta, para que no caigamos otra vez en las trampas del sistema político”, justificó un libertario a la nacion.
La idea de trabajar con una fundación circula en el Gobierno desde hace meses. Por lo menos desde mayo, cuando Milei presentó su libro en el Luna Park. La búsqueda de aportes dinerarios privados para la entidad civil ya comenzó. El periodista Carlos Pagni contó en LN+ que semanas atrás se empezaron a organizar reuniones convocadas por Caputo y Karina con distintos sectores empresariales en donde se solicitaron fondos, en blanco (contra recibo), para financiar a esta fundación.
Los libertarios, en tanto, siguen expandiendo su rango de acción. Hace algunas semanas, habrían comenzado a trabajar en unas oficinas de la calle Reconquista, cerca de la Plaza de Mayo. Ahora que LLA tuvo reconocimiento como partido en varias provincias, además, los armadores del Gobierno están invitando a funcionarios y legisladores a que se afilien. La carta orgánica del sello de Milei no obliga a aquellos que obtuvieron un cargo electivo a hacer con su sueldo un aporte al partido, como ocurre en otros espacios. Pero nadie descarta que la tropa tenga que colaborar de cara a la próxima elección.
Karina Milei viajó ayer a Santiago del Estero junto con el presidente de Diputados, Martín Menem, para presentar el partido. Se espera que haya actos en buena parte de las provincias y no se descarta que se sume el Presidente.
La intención es reclutar cuadros y ampliar la capacidad de recaudación
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.