Las puertas que abrieron Kueider y su secretaria

Joaquín Morales Solá
Cuando el senador Edgardo Kueider decidió cruzar la Triple Frontera con Brasil y Paraguay llevando en el auto a su secretaria y 200.000 dólares, que nunca declaró, dejó desnudos e impotentes a todos los legisladores nacionales. Justo pocas horas después el gobierno nacional difundía, sin mayores precisiones, que enviará a las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto para cambiar la interpretación de los fueros parlamentarios. Senadores y diputados nacionales se negaron siempre a restringir la protección de esos fueros, que permiten convertir al Congreso en una madriguera de muchos corruptos, ciertos o eventuales. En definitiva, esos fueros obligan a legisladores honestos a convivir con los deshonestos, a los inocentes con los culpables. Los fueros parlamentarios son un mandato de la Constitución nacional, pero el espíritu obvio de la ley es preservar a los legisladores de las potenciales consecuencias de expresar libremente sus opiniones. La Constitución de 1853 y sus reformas de 1860 y 1994 legislaron cuando la calumnia y la injuria eran delitos penales; es decir, cuando el acusado podía terminar en la cárcel. Ahora, esos delitos no están penalizados; están inscriptos en el Código Civil y la condena puede consistir en importantes resarcimientos económicos, nunca en la prisión. Todo artículo de la Constitución puede ser reglamentado por una ley del Congreso, y en esa eventual ley se encierra la arbitrariedad o la rectitud. La legislación vigente obliga a los legisladores acusados ante la Justicia a someterse a los jueces en todas las instancias, incluidos el juicio oral y la Cámara de Casación, que es la más importante instancia penal del país. Pero ningún magistrado tiene facultades para llevar a la cárcel a un senador o a un diputado nacional. La prisión es el límite infranqueable para la Justicia frente a los legisladores corruptos. La Justicia solo puede solicitarle a la cámara correspondiente el desafuero del legislador condenado, pero el cuerpo tiene la atribución de decidir si acepta el pedido con los dos tercios de los votos.
Los dólares son una afición recurrente del kirchnerismo, a pesar de su retórica contra el imperialismo norteamericano
La modificación de la ley reglamentaria de los fueros, que todavía está en proceso de escritura, significaría un cambio importante para terminar con la impunidad de los legisladores. Hubiera sido imposible que esa modificación fuera aprobada por el Congreso en cualquier otro momento, pero el senador Kueider le hizo un enorme favor a la Justicia con su más que presunta corrupción y con su amplia certeza de la impunidad propia. Solo alguien que se siente más allá de la justicia de los hombres puede corretear en la peligrosa frontera con Brasil y Paraguay cargado con miles de dólares en el baúl del auto. Ese dinero es de su bella secretaria, dijo, y creó un pretexto nuevo en la política. Hasta hace poco, las fortunas de los políticos eran siempre una herencia de suegras ricas. Ahora, las ricas son las secretarias. “Y… siempre será preferible ir a Paraguay con la secretaria antes que con la suegra”, ironizó un senador que lo conoce bien a Kueider, quien ya estaba siendo investigado por la Justicia, en otras causas, por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. El dinero es su debilidad, no su secretaria. Kueider, casado y con cinco hijos, terminó preso por contrabando de dinero porque estaba en Paraguay; estaría en libertad si todo hubiera ocurrido en la Argentina. Párrafo aparte merece el obsceno intercambio de acusaciones entre Javier Milei y Cristina Kirchner por la pertenencia política de Kueider; este fue elegido en 2019 senador por el kirchnerista Frente de Todos (el nombre que Cristina le dio entonces al peronismo) con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. La expresidenta está extrañamente escandalizada por las andanzas de su viejo compinche. Kueider es peronista. Qué duda cabe. Es cierto, del mismo modo, que últimamente se acercó al mileísmo y que fue uno de los 39 senadores que dejaron en minoría al kirchnerismo a fines del año pasado. Luego, le hizo varios favores al gobierno de Milei, Santiago Caputo mediante. ¿De dónde sacó Kueider el dinero que revoleaba en la Triple Frontera? Silencio. Solo hay pretextos de parte de Kueider o deducciones de parte de la política. Los dólares son una afición recurrente del kirchnerismo, a pesar de su retórica contra el imperialismo norteamericano. Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio de un canalla”.
La modificación de los fueros, si se aprobara, cambiará radicalmente la situación de Cristina Kirchner. “Eso es para replicarles a los que dicen que estamos acordando con Cristina Kirchner”, dijo una alta fuente del gobierno de Milei. ¿Será entonces que la hipercristinista senadora Lucía Corpacci se equivocó de oficina y de documento cuando fue a la Comisión de Acuerdos y firmó el dictamen favorable para el acuerdo al juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema? ¿Será que los ocho diputados de La Libertad Avanza que hicieron naufragar con su ausencia la sesión de la Cámara de Diputados que iba a aprobar el proyecto de ficha limpia se indigestaron con mortadela, según el pretexto de un libertario? Dejemos a un lado las inferencias. Conviene, en cambio, detenerse en los cambios que el Gobierno prevé para los fueros. El primero de ellos estipularía el inmediato tratamiento parlamentario de un pedido de desafuero por parte de la Justicia. No se requerirá ni el dictamen de comisiones ni se respetará el orden del día; será el primer tema que trate el cuerpo después de que llegue el requerimiento del juez. No obstante, el párrafo más significativo, y más implacable para Cristina Kirchner, es el que prevé, según sus primeros trazos, que los fueros no tendrán vigencia para los supuestos delitos cometidos con anterioridad al ejercicio del cargo legislativo. Esto es: los eventuales fueros de Cristina, si fuera elegida diputada por la provincia de Buenos Aires, no le servirán si un juez dictara su prisión porque los delitos de los que se la acusa se habrían cometido mucho antes de que fuera siquiera candidata a diputada nacional. Tampoco se podrá pretextar que las leyes no tienen efecto retroactivo porque esta ley modificatoria de los fueros parlamentarios se habrá sancionado, si se sanciona, antes de que ella sea diputada, y cuando ni siquiera se sabe si será candidata. Todo hay que decirlo: Milei le haría un importante aporte al fin de la impunidad si enviara al Congreso un proyecto de ley con esas modificaciones a los fueros parlamentarios.
Los cambios son especialmente oportunos después de que la Corte Suprema resolviera que debe hacerse el juicio oral para juzgar a Cristina Kirchner, y a varios exfuncionarios más, por el memorándum con Irán. Ese acuerdo con el régimen iraní, al que la Justicia argentina considera autor intelectual y financiero del genocidio perpetrado en la AMIA, fue una increíble cesión de soberanía judicial argentina por parte de Cristina Kirchner. Debe ponderarse que a esa causa judicial, que le costó la vida al fiscal Alberto Nisman, la mantuvo vigente en su momento el fiscal general Germán Moldes, prematuramente fallecido hace pocos días. En la Cámara de Casación fue el juez Diego Barroetaveña quien impulsó que se hiciera el juicio oral, que es lo que confirmó la Corte Suprema. Tanto Moldes en otras instancias como Barroetaveña en Casación sostenían que el juicio debía hacerse, sobre todo porque por esa denuncia fue asesinado un fiscal y porque será la propia Corte Suprema la que decida, cuando el juicio oral haya terminado, si la firma del memorándum fue –o no– una decisión política no justiciable. Barroetaveña, que firmó también la confirmación de la condena de Cristina Kirchner por la corrupción en Vialidad, promovió, en cambio, su sobreseimiento en el caso de la venta de “dólar futuro”, un procedimiento asiduo del Banco Central, que vende dólares al precio que estima que tendrá en los próximos meses. Es claramente una decisión política no justiciable, un mecanismo que les da previsibilidad a los empresarios que compran insumos en el exterior y que los pagan con dólares que compran en el mercado local. Peritos de la Corte Suprema habían dictaminado que la venta de “dólar futuro” de Cristina Kirchner no significó un perjuicio para el Estado.
Un fragor más intenso provocará en la política la posible designación en comisión, y por un simple decreto, de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema. El Gobierno no envió a sesiones extraordinarias los pedidos de acuerdos para ellos. Se supone que no lo hizo para reservarse el margen político necesario para nombrarlos por decreto. Si hubiera enviado al Senado el pedido para esos acuerdos, Milei corría el riesgo de que la Cámara alta, que necesita de los dos tercios de sus votos para darle acuerdo a un juez de la Corte, le aprobara un candidato, Lijo desde ya, y no a García-Mansilla. “No queremos el acuerdo para uno y el rechazo del otro”, aseguró una fuente de la administración. Tal aseveración confirma que el Gobierno no resignó su política de “los dos o ninguno” que viene pregonando desde que envió al Senado los pliegos de García-Mansilla, un profesional intachable del derecho, y de Lijo, un juez federal excesivamente cuestionado por cuestiones morales, intelectuales y también por su gestión como juez federal. La pregunta inevitable consiste en saber si Lijo aceptará que lo nombren por un simple decreto. Si aceptara, debería renunciar como el poderoso juez federal que es. Para peor, los senadores peronistas se comprometieron a rechazar ese eventual decreto en el acto. Son 33 senadores; le faltan solo cuatro para alcanzar los 37 que le darían al peronismo la mayoría absoluta. Si eso sucediera, García-Mansilla podrá volver a su estudio jurídico y a la universidad (es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral), pero Lijo se quedaría sin la Corte y sin el poder de los jueces federales. “Nada se consigue sin sacrificio”, deslizan cerca del Presidente; es una manera de decirle a Lijo que deberá arriesgarse si quiere alcanzar una cumbre tan ardua y escarpada.
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El sueño libertario, segunda temporada. Ante el desafío de las nuevas demandas sociales
El logro de Milei de bajar la inflación empieza a girar la agenda de la sociedad hacia la microeconomía, un terreno menos familiar para el Gobierno; la corrupción y la grieta en clave libertaria; una cruda radiografía de los barrios populares

Jorge Liotti
La mesa de los martes tuvo esta semana un capítulo ingrato. En el encuentro que reúne cada siete días al presidente Javier Milei con sus principales referentes políticos se analizó cómo había resultado para el Gobierno la discusión por ficha limpia en el Congreso. “El balance no fue positivo. Quedamos en un no lugar. Pareció que estábamos en contra de la iniciativa. Evaluamos que deberíamos haber incorporado un proyecto propio más claro, que explique que se refiere a las causas federales y no a las provinciales, y que incluya un doble conforme que alcance a la Casación”, reconoció un testigo de esa conversación. Los libertarios no están acostumbrados a que un debate sobre corrupción y política los encuentre en una situación incómoda. Son ellos quienes habitualmente asumen el rol de señalar los vicios de la “casta”.
Por eso cuando estalló el escándalo de Edgardo Kueider Milei buscó despegarse rápidamente y lo vínculo con el kirchnerismo para aventar sospechas sobre el posible origen de los 200.000 dólares que intentó cruzar en forma clandestina. En la Casa Rosada asumen que hubo un acuerdo táctico con el senador peronista derivado de la necesidad de buscar aliados, y admiten como un error haberlo promovido para presidir la comisión de los organismos de inteligencia (aunque después no prosperó el plan).

Ahora buscan aprovechar el caso para doblar la apuesta y contraatacar. Primero, al promover la destitución de todos los legisladores con causas abiertas. Por eso en el Gobierno están preparando la lista de diputados y senadores con problemas en la justicia para dar la batalla mediática. El planteo sería, si Kueider es culpable de un delito, no es el único. No parece confortable para el relato oficial quedar ubicado en ese lugar. “Si es necesario pedimos una sesión especial y destituimos a todos los que tienen causas. No queda ni la mitad. Mejor, así cerramos el Congreso y llamamos a elecciones para integrarlo nuevamente, como hizo Bukele”, provocan en el entorno presidencial.
La otra idea es sacarle punta al proyecto que presentarán en los próximos días para limitar los fueros parlamentarios y la inmunidad de arresto. Al principio se pensó en directamente eliminar ese beneficio, pero es inconstitucional. Ahora van por una versión que restrinja los márgenes de aplicación de los fueros, a partir de establecer que ante el pedido de un juez el tema deba ser tratado de inmediato por la cámara correspondiente, y de disponer que los fueros no regirán para el caso de los delitos cometidos antes de que el legislador asuma en su banca.
Es difícil que prosperen estas iniciativas en el Congreso, no sólo porque las instituciones no se autodepuran si pueden evitarlo, sino también porque son mecanismos riesgosos en manos de la política. Pero sí serán útiles desde la mirada libertaria para plantear la cuestión ética como parte de la batalla cultural, en la cual están seguros de salir bien parados frente al kirchnerismo, a pesar de las incomodidades de las últimas semanas.

La narrativa de Milei siempre puso más énfasis en la lucha contra las prebendas de la casta que en las investigaciones judiciales por corrupción. En su discurso la moral no tiene un sentido reparador, sino que se presenta como una herramienta del principio de revelación. No busca purificar la sociedad, sino establecer con nitidez quiénes son los justos y los pecadores. Y eso es clave para él: jamás puede perder el atributo de ser quien determina dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal. Es el beneficio de la arbitrariedad que podrá mantener mientras conserve legitimidad social. El impacto electoral de los escándalos es por ahora muy marginal; lo importante es el caudal simbólico.
Es parte de los activos inmateriales que el Presidente edificó en su primer año de gobierno. Así como en el nivel de lo perceptible logró reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y controlar los piquetes, en el plano de los intangibles logró imponer lógicas muy disruptivas para las dinámicas clásicas, favorecido por la profundidad de la crisis. Consiguió que la política se empiece a decodificar bajo sus términos. Consolidó un dominio sobre el sistema basado en el apoyo popular que le permitió doblegar a los gobernadores, neutralizar al sindicalismo, deshidratar a los movimientos sociales, manejar la agenda del Congreso y arrinconar al empresariado.

Pero la novedad es que no lo hizo con una estrategia de acuerdos, como hubiese sugerido su debilidad política de origen, sino desde la confrontación, la agresión y el insulto. Su objetivo nunca fue ampliar su base política de sustentación, como se aconseja en los manuales, sino reforzar todo el tiempo una identidad propia y diferenciada. El asesor Santiago Caputo suele utilizar una expresión que describe este principio: habla de ganar o perder “definición”. Por ejemplo, con el conflicto de Aerolíneas Argentinas “ganaron definición”; con la “ficha limpia” “perdieron definición”.
Es una de las imputaciones principales que los libertarios le hacen al gobierno de Mauricio Macri: “Quiso ser el presidente del 60% y gobernar para el otro 40%. Fue un presidente culpógeno. Por eso arregló con los movimientos sociales y buscó acordar con la oposición. Nosotros preferimos consolidar un 40% nítido y olvidarnos del resto”. Es una grieta más brutal la que propone LLA. La de Macri era una división republicana, entre los que querían un “país normal” y los que los obstaculizaban. Para Milei el que no está de su lado ni siquiera merece considerarse argentino. Claro, el ánimo social de 2015 no es el de hoy, y por eso también cambió el mandato del votante. Para Macri el precepto era mejorar las formas; para Milei romper el sistema.
De la macro a la micro
El Gobierno cierra su primer año con una respuesta para la principal demanda social, que es controlar la inflación. Por eso la mayoría de las encuestas le dan un balance favorable en términos de imagen a pesar del duro ajuste. Pero esto le exige ahora renovar su discurso y su agenda para avanzar hacia una segunda etapa en 2025, un objetivo que le puede resultar más complejo porque deberá adentrarse en reclamos relacionados con la microeconomía de las personas. Hay un dato muy interesante del último trabajo de la consultora Isonomía: si bien la mayoría de los indicadores medidos favorecen al Gobierno, hay uno que no tuvo variación a lo largo del año y es el de los que dicen que les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Ese dato no mejoró. Hay un 45% que dice que la plata le alcanza (10% logra ahorrar, el otro 35% está justo), y un 50% que no llega (un 23% dijo que está consumiendo ahorros y un 27% que recibe una ayuda del Estado o de familiares).

Pero lo más curioso es que no hay una correlación absoluta entre quienes tienen dificultades económicas y los que rechazan al Gobierno, ya que entre quienes dicen que no llegan a fin de mes, el 40% tiene una imagen positiva de Milei. Como dicen los directores de la consultora, Pablo Knopoff, Rodrigo Martínez y Juan Germano, “la gente le está dando al Gobierno un tiempo que no tiene para sí mismo”.
Esa tolerancia social es un activo crucial que el Gobierno no debería sobreestimar, porque la demanda original empieza a mutar hacia conceptos más personales y no tan generales. Así como a principio de año la preocupación total era por los precios, ahora emerge un reclamo por un mayor poder adquisitivo, por preservar el puesto de trabajo, por reducir la inseguridad. Es un reclamo del metro cuadrado. Pero el Gobierno prevé una agenda para su segundo año con más reformas estructurales, sobre todo en materia impositiva, previsional y laboral. En el trabajo de Isonomía más de la mitad de los consultados respondió positivamente ante la consulta de si el Gobierno estaba resolviendo los problemas del país; pero ese índice baja a 28% cuando la pregunta gira hacia los problemas personales. Es decir, existe una percepción de que Milei está recomponiendo la macro, pero no está tan claro que también pueda mejorar la micro. Ahí parece haber un significante todavía vacío.
De otro modo no se entiende cómo en la misma semana en la que el PAMI restringió el acceso a medicamentos gratis para los jubilados el ministro Luis Caputo haya salido a decir que la pobreza en ese segmento es de sólo el 11%. El Gobierno que puede mostrar determinación para sostener el veto presidencial a la recomposición de los haberes basado en la premisa del déficit 0 (la macro) puede al mismo tiempo exhibir lejanía cuando debe abordar las dificultades de cada jubilado (la micro). Es cierto que el peronismo fracasó duramente con sus promesas micro (la heladera llena de Alberto Fernández) por descuidar la macro, pero la fórmula inversa tampoco es una garantía eterna.
Si bien nunca lo dirá públicamente, el Gobierno parece resignar el segmento de los adultos mayores, en un momento en el que la Argentina empezará a agotar el denominado “bono demográfico”, por el paso de una mayor cantidad de población joven a una mayoría adulta. “La proporción entre aportantes al sistema y los beneficiarios va bajando consistentemente. Nuestro esquema actual está diseñado para una estructura etaria más joven, propia de las décadas del 50, 60 o 70″, advierte el especialista Rafael Rofman.

Por contrapartida, la gestión libertaria parece priorizar a los más jóvenes, que son su principal bastión. Milei simboliza para la mayoría de ellos mucho más que un personaje excéntrico y cautivante. Representa también dos ideas muy potentes en las nuevas generaciones. Una es la libertad como un valor superior, la supremacía del proyecto individual por sobre lo colectivo. Así como en los 60 la juventud soñaba con transformar el mundo, hoy la moviliza más poder responder a sus intereses y gustos personales. Milei, heredero de las restricciones sociales de la pandemia, tiene un discurso persuasivo para ellos.
La otra idea es la horizontalidad en las dinámicas sociales por sobre el verticalismo clásico de las instituciones y organizaciones propias del siglo XX. Los sub 30 no sienten el peso de la historia (al punto de que ahora es muy común bailar en los boliches al ritmo del Himno Nacional), no cargan con los traumas de la recuperación democrática, no se sienten representados por la Justicia, el Congreso, los medios de comunicación. Milei los convoca a cuestionarlos sin complejos y a establecer una interacción abierta en el mundo digital. Les propone una utopía sin jerarquías ni rangos. De “la imaginación al poder” a “las redes al poder”. Puede dar fe de ello Florencia Misrahi, quien ayer fue despedida del ARCA con el argumento de que había querido imponer un impuesto a influencers y a youtubers, aunque en realidad su salida es una consecuencia de la imposibilidad de adaptarse al nuevo esquema del organismo, prácticamente intervenido a través de Andrés Vázquez y Andrés Velis.
Pero ese clima de época que los libertarios representan con convicción, convive con una realidad mucho menos entusiasta, porque justamente en el segmento de los jóvenes residen los peores indicadores sociales de la Argentina, con un 60,7% de pobreza, según el Indec. En su más reciente informe del monitor de barrios populares del CIAS-Fundar, que dirige el jesuita Rodrigo Zarazaga, se hace una descripción cruda de la realidad de los jóvenes de entre 16 y 24 años de la zona AMBA. Los investigadores Victoria Anauati y Gonzalo Elizondo, consideraron “alarmante” el dato de que el 36% de quienes abandonaron su hogar lo hicieron cuando tenían 16 años o menos; que el 42% lo hizo por razones traumáticas (la mayoría por violencia intrafamiliar) y que el 53% también abandonó la escuela.
Del total relevado, el 59% no completó el nivel secundario, pero al mismo tiempo el 59% de sus madres y el 74% de sus padres tampoco lo hicieron. Esto tiene correlación con la necesidad de salir a trabajar, ya que el 79% de los encuestados lo hizo por primera vez antes de los 18 años, y aun así, el 80% de los hogares de los barrios populares complementan sus ingresos con algún programa social. “A menudo se cuestiona cuánto tardará esta situación en devenir en un estallido social. A nuestro juicio, diariamente hay familias que ‘estallan’. Las trayectorias y expectativas de los jóvenes de barrios populares están marcadas profundamente por esta realidad”, concluyen los investigadores.
En el inicio de diciembre, el mes temido por todos los gobiernos, este cuadro sugiere una sociedad más cerca de la anomia que del saqueo; del paco y el robo a punta de pistola que de la protesta en las calles; habla más de una población decidida a la autodeterminación que de reclamar ante la institucionalidad del Estado. Esa realidad sigue agazapada en el conurbano infinito.
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