OPINIÓN Y HOMICIDIO

Una vuelta al pasado que abre futuros
Rosendo Fraga
La decisión que adoptó la Cámara Federal porteña de llamar a indagatoria a Mario Firmenich por el atentado de Montoneros en un comedor de la Policía Federal durante el gobierno militar considera el hecho una “grave violación de los derechos humanos”. También revocó sobreseimientos dispuestos por prescripción.
El hecho ocurrió en julio de 1976. Murieron 24 personas y 60 fueron heridas entre miembros de la policía y empleados de esa institución. Desde el punto de vista jurídico, cambia drásticamente la jurisprudencia vigente respecto de los hechos de violencia política de los años 70. En alguna medida, pareciera que podrían invertirse los roles: personas que fueron exculpadas podrían ser ahora procesadas y, en cambio, quienes están acusados o procesados pasarían a tener la jurisprudencia a su favor.
Desde el punto de vista histórico, el fallo pareciera responder a las teorías que sostienen que en los años 70 hubo una guerra entre dos bandos: la organización Montoneros y otras afines, y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Esto cuestiona a tesis del “terrorismo de Estado” que hacía de los hechos producidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad una suerte de delito presunto que las ponía en una situación mucho más desventajosa que quienes los acusaban.
El juez Mariano Llorens fue quizá quien puso una posición más clara en su voto: “La historia no es una novela ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de lesa humanidad y los imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
Hace pocos años, el periodista Ceferino Reato publicó un documentado libro sobre este hecho, que tituló Masacre en el comedor. Allí exponía testimonios, y reproducía documentos y relatos que fue recogiendo de víctimas y testigos. El libro abrió una brecha por la cual el atentado al comedor de la Policía Federal se constituyó en un antes y un después en el debate sobre la violencia de los 70.
La jueza María Servini de Cubría, en un fallo de primera instancia, dictaminó que el caso debía cerrarse. El Tribunal Superior, en cambio, ordenó que se indague a Mario Firmenich y se lleven adelante medidas de prueba para determinar qué otros autores o encubridores participaron del atentado, agregando que el caso no estaba prescripto.
Cabe señalar que en años recientes la figura de Firmenich se ha transformado en conflictiva dentro de Montoneros. Hay quienes lo acusan de ser colaborador encubierto de las Fuerzas Armadas; otros, de haber llevado a la muerte a decenas de militantes con sus políticas extremistas. Tal es el caso de quienes lo critican por haber insistido en una estrategia violenta cuando ya era claro que Montoneros no tenía posibilidad de ganar en el plano militar.
Ahora se intensificarán las acciones jurídicas de quienes se encuentran detenidos y acusados de violar los derechos humanos en los años 70. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el clima respecto de este tema comenzó a cambiar. El Estado dejó de tener un rol acusador y varios legisladores oficialistas incluso se acercaron y reunieron con militares y policías presos, hecho que causó polémica y división en el oficialismo.
Pero quien tuvo una relación especial con las víctimas de Montoneros fue la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. Durante años bregó para que la Justicia atendiera los reclamos de víctimas de estos hechos, en especial los de familiares de los afectados. Esto le dio una relación especial con estos sectores, que cuando ella empezó a militar por su causa eran muy pocos y estaban aislados. Eso hizo que durante la campaña electoral el Presidente diera a la entonces candidata a vice un rol especial, anticipando que de ganar le entregaría el manejo de las áreas de Defensa y Seguridad. No es una función que correspondía a su cargo.
Las diferencias internas que ya se evidenciaban en los días inmediatos a la asunción del nuevo gobierno no se hicieron esperar. El 20 de enero último, cuando la administración de Javier Milei cumplía cuarenta días, la vicepresidenta presidió el acto conmemorativo por el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la guarnición militar de Azul. Fue el primer hecho de la guerrilla contra el tercer gobierno de Perón, que había sido elegido cuatro meses antes.
En términos políticos, la vicepresidenta gana espacio en los sectores de La Libertad Avanza identificados con estas temáticas, y en el personal en actividad y retirado que sostienen y apoyan la reivindicación en la línea que ha fallado la Cámara Federal porteña.
Está claro cómo reaccionarán frente al hecho los simpatizantes de Victoria Villarruel, pero habrá que ver cómo lo harán los militantes de La Libertad Avanza. Es que durante la campaña electoral ambos mostraron una misma posición, pero los conflictos políticos recientes los llevaron a diferenciarse. Podría ser una oportunidad para intentar un constructivo gesto de unidad.

Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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Imputan a Sergio Berni por la “desidia” e “impericia” en la escena del crimen de Alberto Nisman
El funcionario era secretario de Seguridad del kirchnerismo, la medida también alcanza a Dario Ruiz, su colaborador; la imputación la formuló el fiscal Taiano
Hernán Cappiello
El exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, al llegar al edificio de Puerto Madero, donde aparecio muerto el fiscal Nisman
El fiscal Eduardo Taiano imputó al exsecretario de seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Dario Ruiz por la falta de conservación de la escena del crimen donde fue encontrado muerto el fiscal federal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015.
La imputación de Taiano ahora deberá traducirse en una citación que realice el juez Julián Ercolini a ambos exfuncionarios para informarle sobre esta causa penal y para que, eventualmente, designen abogados defensores.
El juez federal Ercolini ya notificó de una medida similar a comienzos de este mes al exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y al exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler, que están imputados en esa causa penal donde se investiga la manipulación en la escena.
El fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la causa, fue quien requirió estas imputaciones, algunas de las cuales que se efectuaron ante el juez Ercolini. No se trata de una declaración indagatoria sino del aviso de la imputación.
Marcha por el fallecimiento del Fiscal Alberto Nisman en Puerto Madero.
Taiano habló en esta causa de la inoperancia, la desidia y la indiferencia con que actuaron en el lugar los funcionarios que llegaron al departamento de la Torre Le Parc que “solo permite representarnos un alto grado de incompetencia de su parte”. El fiscal insistió en que “no se tomaron los recaudos necesarios para la adecuada preservación de la escena”, lo que podría llevar a Taiano a pedir la indagatoria de los imputados. En el procedimiento “hubo un sinfín de irregularidades”, señala la denuncia, que se vieron en videos exhibidos por televisión.
El comisario general retirado Di Santo, en ocasión de presentarse en el juzgado, dejó un escrito en el que señaló que ese día acudió al departamento de Nisman siguiendo instrucciones del secretario de seguridad Sergio Berni y Darío Ruiz y que se puso a disposición de la fiscal Viviana Fein, que fue la primer funcionaria judicial que intervino en el caso.
Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Lilita Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.
En su escrito, Di Santo acompañó declaraciones del entonces ministro Aníbal Fernández y de la propia fiscal Fein, donde señalaban que no había existido un desmanejo de la escena y que no se había alterado con la intervención de los policías.
El fiscal Taiano consideró, en cambio, “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman”. Y sostuvo que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.
“Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como por ejemplo la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”, dijo el fiscal.
La causa por la muerte de Nisman es considerada por la justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.
El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.
El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre ellos entre el 18 y 19 de enero de 2015 en una actividad intensa, atípica para un fin de semana.
Además investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.
En otra causa paralela se investiga si se alteró la escena del crimen, donde están imputados los jefes policiales, al propio Serio Berni y la fiscal Viviana Fein, entre otros.

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