CORTE Y AUDITORÍA

Un estudio señala a Lijo como el juez “más ineficaz” de Comodoro Py
Inecip analizó registros y detectó que también es el magistrado que más demora los casos de corrupción; nuevas objeciones
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que reúne a 83 colegios de todo el país; la organización Poder Ciudadano, y la especialista en transparencia Delia Ferreira Rubio impugnaron ayer la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema. Pero entre las objeciones que llegaron ayer al Ministerio de Justicia, sobresalió un análisis estadístico presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que, tras estudiar el desempeño de Lijo en registros públicos, concluyó: “Es el juez más ineficaz de Comodoro Py”.
“Ariel Lijo no cuenta con una trayectoria que justifique su mérito e idoneidad”, señaló Inecip, para advertir que “su único antecedente de peso” es ser juez federal. Parecía una coincidencia con el presidente Javier Milei, que anteayer defendió con ese argumento la postulación del magistrado. Pero resultó lo contrario, porque la entidad advirtió que, estadísticamente, “Lijo es el juez de primera instancia más ineficaz” de todo Comodoro Py y el que exhibe “mayores demoras en causas de corrupción de todo ese fuero”.
El planteo de Inecip expuso lo que hasta ahora era un señalamiento generalizado, pero no cuantificado: que el juez no avanza con pie firme en los casos de corrupción y que, además, “duerme” durante años las causas, motivos por los que fue denunciado en el Consejo de la Magistratura.
Para llegar a esa conclusión, Inecip analizó el desempeño de los doce juzgados de Comodoro Py entre 2010 y 2012 (los últimos registros públicos disponibles, lo que habla de la falta de actualización y transparencia de todo el fuero) y concluyó que Lijo se destaca como el más ineficaz, con el 44% de casos no resueltos. El porcentaje surge de los 3579 casos que recibió Lijo en esos tres años, con solo 1972 elevados a juicio o sobreseídos.
La entidad analizó la actuación de Lijo desde otro ángulo: la demora en resolver las causas más sensibles para la política y la sociedad, las de corrupción. Para eso, echó mano de la “Auditoría de Relevamiento de Causas de Corrupción 1996-2016”, y el resultado fue el mismo: “El juzgado de Lijo es el que tiene una mayor tasa de demoras”, con el 22% de los expedientes abiertos durante seis o más años. “Esas demoras sistemáticas resultan inaceptables”, destacó Inecip.
Otros rechazos
“Resulta evidente que la postulación [de Lijo] no reviste los requisitos mínimos de integridad exigibles, aspecto complicado ante la alarmante cantidad de sospechas fundadas”, señaló por su parte Poder Ciudadano.
Tras señalar la “manipulación de tiempos procesales y paralización de los casos en trámite”, además de las “sospechas sobre su patrimonio”, Ferreira Rubio, extitular de Transparencia Internacional, remarcó que los jueces “deben ser irreprochables y su integridad debe ir más allá de toda duda”. Concluyó que “Lijo no cumple estos parámetros de integridad esenciales”.
FACA advirtió que Lijo no tiene antecedentes académicos ni en la actividad privada para el cargo al que lo postula Milei. “Es penalista y dicha materia no es propia de la Corte Suprema, cuya función principal es asegurar el cumplimiento de la Constitución y no la competencia ordinaria”. En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad planteó su adhesión a la postulación del académico Manuel García-Mansilla, decano de la Universidad Austral, a quien Poder Ciudadano y la FACA también impugnaron. Hasta el 8 de mayo, el Ministerio de Justicia debe procesar estas expresiones e informar sobre ellas al Senado antes de que avance con las entrevistas personales de los candidatos.

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Revisan la entrega de tierras en el kirchnerismo
Dos hectáreas habían sido cedidas a una entidad representada por un abogado ligado a Grabois; anularon el convenio

Camila DolabjianReclamo de terrenos en Bariloche, en 2022
Las autoridades de Parques Nacionales avanzan con un relevamiento para revisar y eventualmente anular la cesión de tierras y el reconocimiento de lo que el Gobierno define como “falsos pueblos originarios”. El proceso de cesiones se aceleró en los últimos días de la gestión de Alberto Fernández, tras la derrota electoral de noviembre pasado. El relevamiento revisará la situación en los 39 parques nacionales de la Argentina.
Las autoridades de Parques Nacionales avanzan con un relevamiento para revisar y anular, si se encuentran irregularidades, la cesión de tierras y el reconocimientos de lo que el Gobierno define como “falsos pueblos originarios”, que se aceleró en los últimos días de gestión de Alberto Fernández, tras la derrota electoral.
El relevamiento examina también el estado de los 39 parques nacionales de la Argentina, a los que se suman seis reservas, dos áreas marinas protegidas, dos monumentos nacionales y tres áreas interjurisdiccionales marinas. Y revisa los convenios que se firmaron durante la gestión del Frente de Todos, con especial hincapié en recuperar los terrenos cedidos a supuestas comunidades de pueblos originarios que, para la administración, esconden en realidad a entidades políticas ligadas al kirchnerismo.
Ayer, en Bariloche, el directorio de la Administración de Parques Nacionales rescindió un contrato de comodato firmado a finales de 2021 entre esa dependencia y la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Sororidad, que le otorgó a esa institución el uso de dos hectáreas que pertenecían a la Universidad del Sur, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche. Las autoridades detectaron que se entregó a un abogado ligado al dirigente kirchnerista Juan Grabois.
El comodato se firmó por 10 años, pero la gestión de Javier Milei lo anuló y pidió la devolución de las tierras. El flamante titular del área, Cristian Larsen, viajó a Río Negro por este motivo ayer.
El predio en cuestión en Bariloche es un terreno de dos hectáreas dentro del circuito del Cerro Tronador. La fundación fue representada, en el contrato de cesión, por Franco García Dellavalle, un “militante popular” del Movimiento Popular la Dignidad y abogado cooperativista, cercano a Grabois, según él mismo se identifica en redes sociales. Además, fue designado director Nacional de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía en 2023, dos años después de firmado el contrato de comodato.
El acuerdo de la gestión kirchnerista había sido firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni, entre otros. Mientras tanto, el área de Parques Nacionales se presentó en causas de desalojo como querellante, un cambio de postura respecto de la gestión anterior.
En diálogo fuentes oficiales tildaron de “desidia” el estado en el que quedó la infraestructura de los parques nacionales. Advierten que la causa sería la falta de “todo tipo de control” y una deficiente gestión de los recursos. Como informó LA NACION, anteayer, tomaron la decisión de aumentar los precios de las entradas a nueve de los parques más concurridos.
“En Tierra del Fuego, por ejemplo, dejaron abandonado un restaurante que se está cayendo a pedazos por no licitarlo”, señalaron como ejemplo. Además, advirtieron que “con la excusa de la pandemia” se eliminó el control de presentismo con datos biométricos, por lo que empleados del área –afirman desde la gestión libertaria– habrían cobrado sus sueldos sin ir a trabajar.
Mientras avanza el relevamiento de las nuevas autoridades, el gobierno de Javier Milei ya decidió que desplegará un plan para recuperar los terrenos que la gestión anterior les entregó a las supuestas comunidades mapuches. La semana pasada se descartó un acuerdo por el que el Estado nacional se comprometió a entregar más tierras a agrupaciones de pueblos originarios, al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y a frenar los procesos de desalojo, según fuentes oficiales.
A fines del año pasado, y a días de dejar el Gobierno y de posiblemente disolverse el área, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país. De las 118 resoluciones publicadas este año, 81 fueron hechas después de las elecciones de balotaje, que confirmaron a Javier Milei como presidente electo y, por lo tanto, la eliminación de este instituto, según lo dicho por el libertario. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y 4 de diciembre. A lo largo de la gestión del Frente de Todos, se hicieron 221 reconocimientos de comunidades indígenas. Más de la mitad fueron realizadas en el último año de gestión (118) y más de un tercio en los últimos 16 días (81).

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