La oposición, más fragmentada que nunca
Las reformas libertarias | el impacto en las fuerzas políticas
Claudio Jacquelin
La aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados es una foto que puede servir de imagen inicial de muchas películas. No es ningún punto de llegada, sino un punto de partida para un mapa político en proceso de transformación profunda. Tanto el Gobierno como la oposición tienen por delante un largo camino incierto por recorrer. Pero algunos horizontes empiezan a asomar
La conclusión que surge evidente es que Javier Milei consiguió el martes pasado algo más que el hecho formal de que una de las cámaras del Congreso le aprobara la primera iniciativa en casi cinco meses de Gobierno.
Fue una concreción de lo que se propuso desde que ingresó en la política: el corrimiento de las fronteras de lo decible y lo factible en la política y en la esfera pública. Muchos de los temas y propuestas discutidos y aprobados resultaban impensables no dos años atrás, sino hasta hace apenas seis meses.
El triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje corrió un velo y ahora empieza a desnudar otros espacios.
Así es como resaltan fisuras y heridas en cuerpos (políticos) que ya hace tiempo habían perdido la integridad, la armonía y la coordinación.
Las coaliciones (panperonista y noperonista) que marcaron las dos primeras décadas del siglo XXI están más en crisis que nunca. Igual que cada una de las partes que las componen.
Para poder lograr la media sanción de la Ley Bases es mucho lo que el oficialismo dejó en el camino y tanto o más son las contradicciones en las que incurrió. Pero también es mucho lo que cedió y, sobre todo, lo que se agrietó la oposición (dialoguista y no tanto) durante el tratamiento y la votación en la Cámara baja del corregido y recortado proyecto que finalmente llega al Senado. Tal vez sea este el resultado más relevante. Más que otros síntomas que elige ver y destacar el Presidente con su publicitado “principio de revelación”.
Un hecho expone con elocuencia la magnitud de la crisis política opositora. Contra lo que suele suceder después de un acontecimiento político de magnitud, la más masiva concentración de la última década y media contra una política oficial no alteró estructuralmente la agenda del Gobierno.
Tampoco eso pudo ser capitalizado por la oposición en el primer examen inmediatamente posterior que atravesó el oficialismo. Justo cuando algunos indicadores muestran cierto desgaste, como la caída que registró el último Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella. Un sondeo que suele ser un mejor revelador y predictor del ánimo y la conducta social que las encuestas de imagen.
Las manifestaciones de la semana previa en todas las provincias en defensa de la universidad pública, que sacudieron al país y fueron noticia en el exterior, no tuvieron consecuencias en el ámbito donde el Gobierno buscaba hacerse de la llave institucional y legal necesaria para avanzar y darle soporte jurídico a su proyecto de transformación radical.
A pesar de los efectos concretos que podría tener la Ley Bases sobre normas e instituciones que para los manifestantes son parte constitutiva e intocable de su ideario político y económico.
Los 140 votos (casi uno por cada día de gobierno) que el oficialismo logró sumar para la aprobación en general de la Ley Bases tienen la contundencia y agudizan la onda expansiva que sacuden internamente al radicalismo, pero también a Pro y a algunos sectores del peronismo, incluido el kirchnerismo.
La escena podría replicarse y agudizarse en el Senado.
Las muchas transformaciones estructurales que habilita la iniciativa, a pesar de todas las reducciones que se le hicieron, todavía deben atravesar el filtro de la Cámara alta, donde asoma menos probable el rechazo en general que la introducción de modificaciones en particular, lo que la devolvería a la Cámara baja. Un trámite indeseado por el Gobierno, que trabaja para evitarlo
“No hay plata” y “olvídense de la obra pública” en algunos casos pueden llegar a ser enunciados y no mandamientos. Igual que la postergación de subas de tarifas o la fijación de topes para los aumentos de salarios y de cuotas de las prepagas de la salud.
Los recursos que aceitarían la perforadora de la oposición ya son promesas concretas que han estado en las conversaciones con gobernadores peronistas con muchas necesidades y dispuestos a escuchar. Junio podría ser para muchos mandatarios provinciales el comienzo del invierno en un sentido más amplio que el climático. Proveedores y concesionarios miran con preocupación ese horizonte que la Nación puede despejar o ensombrecer. “Lo estamos evaluando con Javier y con Toto”, adelantó un funcionario que goza de la confianza del Presidente y del ministro Luis Caputo.
Más allá de la suerte del trámició te legislativo, lo que quedó y sigue quedando en evidencia es que la expresión “bloques” para referirse a las bancadas del Congreso es una expresión vintage. Esos espacios ya no son, precisamente, piezas compactas.
Y Milei tiene ahora una cuota de poder formal e instrumental un poco mayor que aquella de la que gozaba hace una semana. Ni hablar si logra que, finalmente, tenga sanción y pueda promulgar el eje central de su proyecto, que le da facultades excepcionales para avanzar sobre espacios considerados sagrados tras la caída en desgracia del menemismo. Desregulaciones, flexibilidad laboral, privatizaciones, apertura. El regreso de las palabras prohibidas.
Las convicciones, los intereses, las ideas, las necesidades y los proyectos están lejos de ser comunes, como queda a la vista ante cada definición que deben adoptar los dirigentes políticos y legisladores de cada espacio. También el concepto “disciplina partidaria” empieza a ser una expresión carente de vigencia.
Escándalo que no es hum
“Yo voté en contra por disciplina de bloque”, corrigió un diputado de Pro al ser consultado acerca de si su rechazo a la reposición del capítulo sobre el tabaco había sido por “disciplina partidaria”. Pareconstruyó confirmar así el poder del jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, a quien también durante este trámite se lo ha empezado a apodar Pucho y, más crípticamente, CR4. El disciplinado diputado se había expresado públicamente antes por la posición contraria a la que votó. Es decir, a favor de ponerles límite a los beneficios y privilegios de los que sigue gozando Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí y nuevo magnate del rubro, gracias a la protección judicial, política y administrativa con las que cuenta.
El sideral crecimiento de esa empresa y el desplazamiento de funcionarios de la AFIP por poner la lupa sobre el explosivo enriquecimiento de su dueño son solo algunas de las aristas que recuerdan un emblema de la época kirchnerista, como fue el ascenso de Cristóbal López. Aunque en este caso hay todavía más opacidades y protectores de signos políticos más diversos. Incluso antagónicos. Misterios tras las cortinas de humo.
Ese capítulo, como la derogación de la moratoria previsional o la creación del régimen de protección de las grandes inversiones (RIGI), mostró las fisuras que atraviesan las fuerzas políticas y sus bancadas parlamentarias. Pero, sobre todo, el maloliente tema del tabaco expuso las costuras con las que se unen partes que parecían y parecen irreconciliables dentro y entre los distintos espacios. Incluido el hasta ahora pretendidamente incontaminado oficialismo.
Los argumentos procedimentales con los que legisladores macristas, massistas y kirchneristas se opusieron e intentaron evitar su tratamiento dentro de la Ley Bases no logran ocultar los hilos que dan sustento al insondable sistema de financiamiento de la política (y los políticos).
El Oterogate podría haber sido un golpe letal para “la casta política”. Sin embargo, es la primera salpicadura que mancha de lleno a Milei y a los suyos en cuestiones de transparencia. Más que las dudas que ha generado su reticencia a reformar o abolir el sistema de beneficios del que gozan las empresas ensambladoras de artículos electrónicos radicadas en Tierra del Fuego.
En esta polémica, el Presidente puede escudarse en el bypass funcional y moral de la preservación de las fuentes de trabajo y las motivaciones geoestratégicas que lo rodean, a pesar de no haber mostrado antes similar sensibilidad en temas laborales y de soberanía. Así de excepcional es el caso del tabaco.
El disciplinado rechazo a su tratamiento por parte de la bancada libertaria (junto a Pro) no asoma como otro ejemplo de impericia o independencia de los diputados mileístas. Mucho menos después de que fuera el propio Poder Ejecutivo el que retirara ese capítulo de la segunda versión de la Ley Bases.
El caso Tabacalera Sarandí choca de frente contra la proclamada defensa de la libertad de comercio y la igualdad ante la ley y el combate a los privilegios y la persecución del contrabando y el lavado de dinero, conceptos con los que Milei su camino hacia la presidencia.
¿Al final Otero se convertirá en otro héroe del panteón mileísta junto con los fugadores de divisas a los que entronizó en el Hotel Llao Llao? Liberalidades libertarias.
Una vez más, el oficialismo ofrece una oportunidad a la oposición de disimular sus problemas internos, como ya ocurrió en enero pasado, cuando podría haber avanzado igual (o aún más que ahora) con la entonces verdadera ley ómnibus, que en medio de una rabieta el Presidente decidió reenviar a comisión, sin conocer ni ser advertido de la consecuencia paralizante de esa decisión por casi tres meses.
Descomposición
Sin embargo, el descrédito acumulado, así como el proceso de fragmentación y descomposición que transita la oposición, es tan profundo que los logros del Gobierno relucen más de lo que son y ocultan las inconsistencias o fallas de sustentabilidad que conllevan.
La reaparición de Cristina Kirchner, el sábado pasado, y la reasunción de Macri al frente de Pro, la semana próxima, son muestras tanto del continuo debilitamiento de sus liderazgos como de las grietas internas que se reproducen en sus espacios.
Estrategias defensivas, falta de nuevas caras convocantes y ausencia de propuestas que interpelen son las caras de esa moneda que en el Congreso se sigue devaluando ante cada votación y prometen nuevos reordenamientos.
El bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, también conocido como “la legión extranjera”, se ilusiona con compensar la pérdida de los diputados de la Coalición Cívica, ordenada por su líder Lilita Carrió, con la incorporación de algunos peronistas que hoy están bajo la conducción (o el yugo) kirchnerista.
El tratamiento en el Senado de la Ley Bases aprobada por Diputados puede ser otro capítulo de la serie “La decadencia”.
Estrategias defensivas, falta de nuevas caras y ausencia de propuestas son muestras de la falta de liderazgos
La situación anticipa como inevitable nuevos reacomodamientos
La aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados es una foto que puede servir de imagen inicial de muchas películas. No es ningún punto de llegada, sino un punto de partida para un mapa político en proceso de transformación profunda. Tanto el Gobierno como la oposición tienen por delante un largo camino incierto por recorrer. Pero algunos horizontes empiezan a asomar
La conclusión que surge evidente es que Javier Milei consiguió el martes pasado algo más que el hecho formal de que una de las cámaras del Congreso le aprobara la primera iniciativa en casi cinco meses de Gobierno.
Fue una concreción de lo que se propuso desde que ingresó en la política: el corrimiento de las fronteras de lo decible y lo factible en la política y en la esfera pública. Muchos de los temas y propuestas discutidos y aprobados resultaban impensables no dos años atrás, sino hasta hace apenas seis meses.
El triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje corrió un velo y ahora empieza a desnudar otros espacios.
Así es como resaltan fisuras y heridas en cuerpos (políticos) que ya hace tiempo habían perdido la integridad, la armonía y la coordinación.
Las coaliciones (panperonista y noperonista) que marcaron las dos primeras décadas del siglo XXI están más en crisis que nunca. Igual que cada una de las partes que las componen.
Para poder lograr la media sanción de la Ley Bases es mucho lo que el oficialismo dejó en el camino y tanto o más son las contradicciones en las que incurrió. Pero también es mucho lo que cedió y, sobre todo, lo que se agrietó la oposición (dialoguista y no tanto) durante el tratamiento y la votación en la Cámara baja del corregido y recortado proyecto que finalmente llega al Senado. Tal vez sea este el resultado más relevante. Más que otros síntomas que elige ver y destacar el Presidente con su publicitado “principio de revelación”.
Un hecho expone con elocuencia la magnitud de la crisis política opositora. Contra lo que suele suceder después de un acontecimiento político de magnitud, la más masiva concentración de la última década y media contra una política oficial no alteró estructuralmente la agenda del Gobierno.
Tampoco eso pudo ser capitalizado por la oposición en el primer examen inmediatamente posterior que atravesó el oficialismo. Justo cuando algunos indicadores muestran cierto desgaste, como la caída que registró el último Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella. Un sondeo que suele ser un mejor revelador y predictor del ánimo y la conducta social que las encuestas de imagen.
Las manifestaciones de la semana previa en todas las provincias en defensa de la universidad pública, que sacudieron al país y fueron noticia en el exterior, no tuvieron consecuencias en el ámbito donde el Gobierno buscaba hacerse de la llave institucional y legal necesaria para avanzar y darle soporte jurídico a su proyecto de transformación radical.
A pesar de los efectos concretos que podría tener la Ley Bases sobre normas e instituciones que para los manifestantes son parte constitutiva e intocable de su ideario político y económico.
Los 140 votos (casi uno por cada día de gobierno) que el oficialismo logró sumar para la aprobación en general de la Ley Bases tienen la contundencia y agudizan la onda expansiva que sacuden internamente al radicalismo, pero también a Pro y a algunos sectores del peronismo, incluido el kirchnerismo.
La escena podría replicarse y agudizarse en el Senado.
Las muchas transformaciones estructurales que habilita la iniciativa, a pesar de todas las reducciones que se le hicieron, todavía deben atravesar el filtro de la Cámara alta, donde asoma menos probable el rechazo en general que la introducción de modificaciones en particular, lo que la devolvería a la Cámara baja. Un trámite indeseado por el Gobierno, que trabaja para evitarlo
“No hay plata” y “olvídense de la obra pública” en algunos casos pueden llegar a ser enunciados y no mandamientos. Igual que la postergación de subas de tarifas o la fijación de topes para los aumentos de salarios y de cuotas de las prepagas de la salud.
Los recursos que aceitarían la perforadora de la oposición ya son promesas concretas que han estado en las conversaciones con gobernadores peronistas con muchas necesidades y dispuestos a escuchar. Junio podría ser para muchos mandatarios provinciales el comienzo del invierno en un sentido más amplio que el climático. Proveedores y concesionarios miran con preocupación ese horizonte que la Nación puede despejar o ensombrecer. “Lo estamos evaluando con Javier y con Toto”, adelantó un funcionario que goza de la confianza del Presidente y del ministro Luis Caputo.
Más allá de la suerte del trámició te legislativo, lo que quedó y sigue quedando en evidencia es que la expresión “bloques” para referirse a las bancadas del Congreso es una expresión vintage. Esos espacios ya no son, precisamente, piezas compactas.
Y Milei tiene ahora una cuota de poder formal e instrumental un poco mayor que aquella de la que gozaba hace una semana. Ni hablar si logra que, finalmente, tenga sanción y pueda promulgar el eje central de su proyecto, que le da facultades excepcionales para avanzar sobre espacios considerados sagrados tras la caída en desgracia del menemismo. Desregulaciones, flexibilidad laboral, privatizaciones, apertura. El regreso de las palabras prohibidas.
Las convicciones, los intereses, las ideas, las necesidades y los proyectos están lejos de ser comunes, como queda a la vista ante cada definición que deben adoptar los dirigentes políticos y legisladores de cada espacio. También el concepto “disciplina partidaria” empieza a ser una expresión carente de vigencia.
Escándalo que no es hum
“Yo voté en contra por disciplina de bloque”, corrigió un diputado de Pro al ser consultado acerca de si su rechazo a la reposición del capítulo sobre el tabaco había sido por “disciplina partidaria”. Pareconstruyó confirmar así el poder del jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, a quien también durante este trámite se lo ha empezado a apodar Pucho y, más crípticamente, CR4. El disciplinado diputado se había expresado públicamente antes por la posición contraria a la que votó. Es decir, a favor de ponerles límite a los beneficios y privilegios de los que sigue gozando Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí y nuevo magnate del rubro, gracias a la protección judicial, política y administrativa con las que cuenta.
El sideral crecimiento de esa empresa y el desplazamiento de funcionarios de la AFIP por poner la lupa sobre el explosivo enriquecimiento de su dueño son solo algunas de las aristas que recuerdan un emblema de la época kirchnerista, como fue el ascenso de Cristóbal López. Aunque en este caso hay todavía más opacidades y protectores de signos políticos más diversos. Incluso antagónicos. Misterios tras las cortinas de humo.
Ese capítulo, como la derogación de la moratoria previsional o la creación del régimen de protección de las grandes inversiones (RIGI), mostró las fisuras que atraviesan las fuerzas políticas y sus bancadas parlamentarias. Pero, sobre todo, el maloliente tema del tabaco expuso las costuras con las que se unen partes que parecían y parecen irreconciliables dentro y entre los distintos espacios. Incluido el hasta ahora pretendidamente incontaminado oficialismo.
Los argumentos procedimentales con los que legisladores macristas, massistas y kirchneristas se opusieron e intentaron evitar su tratamiento dentro de la Ley Bases no logran ocultar los hilos que dan sustento al insondable sistema de financiamiento de la política (y los políticos).
El Oterogate podría haber sido un golpe letal para “la casta política”. Sin embargo, es la primera salpicadura que mancha de lleno a Milei y a los suyos en cuestiones de transparencia. Más que las dudas que ha generado su reticencia a reformar o abolir el sistema de beneficios del que gozan las empresas ensambladoras de artículos electrónicos radicadas en Tierra del Fuego.
En esta polémica, el Presidente puede escudarse en el bypass funcional y moral de la preservación de las fuentes de trabajo y las motivaciones geoestratégicas que lo rodean, a pesar de no haber mostrado antes similar sensibilidad en temas laborales y de soberanía. Así de excepcional es el caso del tabaco.
El disciplinado rechazo a su tratamiento por parte de la bancada libertaria (junto a Pro) no asoma como otro ejemplo de impericia o independencia de los diputados mileístas. Mucho menos después de que fuera el propio Poder Ejecutivo el que retirara ese capítulo de la segunda versión de la Ley Bases.
El caso Tabacalera Sarandí choca de frente contra la proclamada defensa de la libertad de comercio y la igualdad ante la ley y el combate a los privilegios y la persecución del contrabando y el lavado de dinero, conceptos con los que Milei su camino hacia la presidencia.
¿Al final Otero se convertirá en otro héroe del panteón mileísta junto con los fugadores de divisas a los que entronizó en el Hotel Llao Llao? Liberalidades libertarias.
Una vez más, el oficialismo ofrece una oportunidad a la oposición de disimular sus problemas internos, como ya ocurrió en enero pasado, cuando podría haber avanzado igual (o aún más que ahora) con la entonces verdadera ley ómnibus, que en medio de una rabieta el Presidente decidió reenviar a comisión, sin conocer ni ser advertido de la consecuencia paralizante de esa decisión por casi tres meses.
Descomposición
Sin embargo, el descrédito acumulado, así como el proceso de fragmentación y descomposición que transita la oposición, es tan profundo que los logros del Gobierno relucen más de lo que son y ocultan las inconsistencias o fallas de sustentabilidad que conllevan.
La reaparición de Cristina Kirchner, el sábado pasado, y la reasunción de Macri al frente de Pro, la semana próxima, son muestras tanto del continuo debilitamiento de sus liderazgos como de las grietas internas que se reproducen en sus espacios.
Estrategias defensivas, falta de nuevas caras convocantes y ausencia de propuestas que interpelen son las caras de esa moneda que en el Congreso se sigue devaluando ante cada votación y prometen nuevos reordenamientos.
El bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, también conocido como “la legión extranjera”, se ilusiona con compensar la pérdida de los diputados de la Coalición Cívica, ordenada por su líder Lilita Carrió, con la incorporación de algunos peronistas que hoy están bajo la conducción (o el yugo) kirchnerista.
El tratamiento en el Senado de la Ley Bases aprobada por Diputados puede ser otro capítulo de la serie “La decadencia”.
Estrategias defensivas, falta de nuevas caras y ausencia de propuestas son muestras de la falta de liderazgos
La situación anticipa como inevitable nuevos reacomodamientos
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La exprocuradora adjunta de Entre Ríos fue removida hace dos años de su puesto; había impulsado la causa que condenó a Urribarri
Texto Paola Robles Duarte | Foto Carolina Nikilson
Cecilia Goyeneche era la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, impulsó investigaciones contra el poder local y encabezó el equipo que consiguió la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Hace dos años fue destituida y ahora la Corte Suprema revisará su remoción. Ella dice que el máximo tribunal “tiene sus tiempos”, pero confía en ser repuesta al final del camino. Cree que su suerte no fue una excepción: “Si un fiscal anticorrupción hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”.
El primer triunfo es, para Goyeneche, que la Corte no haya rechazado su caso. En concreto, lo que hizo fue pedirle el expediente al Superior Tribunal de Justicia. “Esto significa que la Corte va a tratar el caso, lo importante en esto es que no lo desestimó y que, además, empezó a llevar a cabo actos relevantes para ese tratamiento, como pedir el expediente, y seguramente después lo envíe al procurador”, dijo Goyeneche.
“Esa es la buena noticia, pero todavía falta muchísimo –reconoció la exfiscal–. Soy bien consciente de que la Corte tiene sus tiempos, más allá de que tengo mucha expectativa respecto de lo que van a resolver porque conozco la jurisprudencia y cómo han actuado en casos de destituciones arbitrarias de magistrados”.
La decisión de la Corte se conoció el jueves pasado, una semana después de que el máximo tribunal judicial entrerriano ratificara la condena contra Urribarri a ocho años de prisión, dictada en 2022, por hechos de corrupción durante su gobierno.
“Cuando comenzamos en este camino, el de investigar los hechos de corrupción, no estábamos convencidos de los resultados que podíamos obtener. Si no se produce un cambio cultural donde haya cosas que no se toleren y donde cada uno desde su lugar empiece a decir que no cuando tiene que decir que no, es muy difícil... la corrupción es muy estructural”, dijo la fiscal destituida. Y agregó: “Si no podemos respetar las normas básicas de convivencia y si estamos dispuestos a ver cómo hay gente que se está muriendo de hambre mientras otros se enriquecen con la plata de todos, no es posible, no hay futuro”.
Goyeneche relata que pasaron más de dos años y medio de su destitución y cuenta que “fue complicado” sobrellevarlo: “Perdí mi trabajo, lo que representa un factor particularmente ordenador para mi vida ya que le he dedicado mucho tiempo. Me gusta lo que hago, tengo muchos años trabajando como fiscal. Por eso en lo personal ha sido difícil. Pero este proceso también tuvo sus partes positivas. He conocido mucha gente que con mucha generosidad se ha puesto al lado mío. Muchos colegas en todo el país han generado un movimiento virtuoso de colaboración y de demostración de respeto y de cariño. He aprendido muchas cosas profesionales y personales”.
Goyeneche, docente universitaria, atendió la llamada durante un recreo de sus clases en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.
Da Derecho Penal I y Derecho Penal II, como adjunta. “Además, hará cosa de dos meses me matriculé como abogada en Entre Ríos. Ahora estoy evaluando hacerlo también acá, en Santa Fe, porque obviamente es necesario producir económicamente y para eso tengo que trabajar”. Goyeneche cobró parte de su sueldo hasta junio del año pasado, porque no le habían rechazado aún el recurso extraordinario federal.
De carrera judicial, cuenta que ejerció como fiscal anticorrupción durante poco más de tres años. “Se trata de un cargo difícil, por eso creo que se debería pensar en la estructura de las fiscalías anticorrupción que existe en algunas constituciones, porque si solo se designa un fiscal anticorrupción, esa persona se convierte en un objeto de bombardeo, de hostilidades, y si hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”, afirmó.
Dos de los fiscales que trabajaban con Goyeneche fueron denunciados la semana pasada en los juzgados federales de Comodoro Py por Urribarri y su abogado Fernando Burlando.
Fue después de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara el recurso de queja de los defensores del exgobernador y dejara firme la condena a ocho años de prisión que pesa sobre él.
Acerca de la estrategia jurídica del exgobernador y su nuevo equipo de abogados, Goyeneche opinó: “Esa denuncia no es seria, se trata de un cúmulo de aventuras”.
Y sumó: “Creo que es un intento desesperado de Urribarri por evitar la firmeza de la sentencia. Desde la perspectiva de la persona penada lo entiendo, porque el miedo al encierro seguramente lo empuja a tomar cualquier camino, pero desde la perspectiva de los profesionales que lo asesoran me parece que hay muchísimas cosas para decir: ahí sí hay cuestiones absolutamente reprochables e inaceptables. Llegan bajo la idea de entorpecer, de hacer lo contrario a honrar la profesión de abogado”.
Goyeneche cree que si las investigaciones de corrupción avanzaron en Entre Ríos fue porque gracias a equipos de trabajo con gente convencida: “fiscales y empleados judiciales dispuestos a dejar sus fines de semana de lado y sentarse a mirar papeles y juntar pruebas y llevar adelante la acusación”. Y dice que todo ese esfuerzo ahora está rindiendo frutos porque las causas avanzan.
“No tengo dudas de que hubo una persecución política”, dice Goyeneche sobre su caso.
“En la denuncia que hizo Urribarri en Comodoro Py lo dice expresamente: dice que mi destitución debió generar la anulación de la acusación que yo estaba llevando adelante en ese momento, que era la del juicio por el que terminó condenado. Por eso me sacaron. Y una de las juezas que vota en mis suspensiones era la exabogada de Sergio Urribarri”.
Cecilia Goyeneche era la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, impulsó investigaciones contra el poder local y encabezó el equipo que consiguió la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Hace dos años fue destituida y ahora la Corte Suprema revisará su remoción. Ella dice que el máximo tribunal “tiene sus tiempos”, pero confía en ser repuesta al final del camino. Cree que su suerte no fue una excepción: “Si un fiscal anticorrupción hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”.
El primer triunfo es, para Goyeneche, que la Corte no haya rechazado su caso. En concreto, lo que hizo fue pedirle el expediente al Superior Tribunal de Justicia. “Esto significa que la Corte va a tratar el caso, lo importante en esto es que no lo desestimó y que, además, empezó a llevar a cabo actos relevantes para ese tratamiento, como pedir el expediente, y seguramente después lo envíe al procurador”, dijo Goyeneche.
“Esa es la buena noticia, pero todavía falta muchísimo –reconoció la exfiscal–. Soy bien consciente de que la Corte tiene sus tiempos, más allá de que tengo mucha expectativa respecto de lo que van a resolver porque conozco la jurisprudencia y cómo han actuado en casos de destituciones arbitrarias de magistrados”.
La decisión de la Corte se conoció el jueves pasado, una semana después de que el máximo tribunal judicial entrerriano ratificara la condena contra Urribarri a ocho años de prisión, dictada en 2022, por hechos de corrupción durante su gobierno.
“Cuando comenzamos en este camino, el de investigar los hechos de corrupción, no estábamos convencidos de los resultados que podíamos obtener. Si no se produce un cambio cultural donde haya cosas que no se toleren y donde cada uno desde su lugar empiece a decir que no cuando tiene que decir que no, es muy difícil... la corrupción es muy estructural”, dijo la fiscal destituida. Y agregó: “Si no podemos respetar las normas básicas de convivencia y si estamos dispuestos a ver cómo hay gente que se está muriendo de hambre mientras otros se enriquecen con la plata de todos, no es posible, no hay futuro”.
Goyeneche relata que pasaron más de dos años y medio de su destitución y cuenta que “fue complicado” sobrellevarlo: “Perdí mi trabajo, lo que representa un factor particularmente ordenador para mi vida ya que le he dedicado mucho tiempo. Me gusta lo que hago, tengo muchos años trabajando como fiscal. Por eso en lo personal ha sido difícil. Pero este proceso también tuvo sus partes positivas. He conocido mucha gente que con mucha generosidad se ha puesto al lado mío. Muchos colegas en todo el país han generado un movimiento virtuoso de colaboración y de demostración de respeto y de cariño. He aprendido muchas cosas profesionales y personales”.
Goyeneche, docente universitaria, atendió la llamada durante un recreo de sus clases en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.
Da Derecho Penal I y Derecho Penal II, como adjunta. “Además, hará cosa de dos meses me matriculé como abogada en Entre Ríos. Ahora estoy evaluando hacerlo también acá, en Santa Fe, porque obviamente es necesario producir económicamente y para eso tengo que trabajar”. Goyeneche cobró parte de su sueldo hasta junio del año pasado, porque no le habían rechazado aún el recurso extraordinario federal.
De carrera judicial, cuenta que ejerció como fiscal anticorrupción durante poco más de tres años. “Se trata de un cargo difícil, por eso creo que se debería pensar en la estructura de las fiscalías anticorrupción que existe en algunas constituciones, porque si solo se designa un fiscal anticorrupción, esa persona se convierte en un objeto de bombardeo, de hostilidades, y si hace bien su trabajo, es difícil que perdure mucho tiempo en el cargo”, afirmó.
Dos de los fiscales que trabajaban con Goyeneche fueron denunciados la semana pasada en los juzgados federales de Comodoro Py por Urribarri y su abogado Fernando Burlando.
Fue después de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara el recurso de queja de los defensores del exgobernador y dejara firme la condena a ocho años de prisión que pesa sobre él.
Acerca de la estrategia jurídica del exgobernador y su nuevo equipo de abogados, Goyeneche opinó: “Esa denuncia no es seria, se trata de un cúmulo de aventuras”.
Y sumó: “Creo que es un intento desesperado de Urribarri por evitar la firmeza de la sentencia. Desde la perspectiva de la persona penada lo entiendo, porque el miedo al encierro seguramente lo empuja a tomar cualquier camino, pero desde la perspectiva de los profesionales que lo asesoran me parece que hay muchísimas cosas para decir: ahí sí hay cuestiones absolutamente reprochables e inaceptables. Llegan bajo la idea de entorpecer, de hacer lo contrario a honrar la profesión de abogado”.
Goyeneche cree que si las investigaciones de corrupción avanzaron en Entre Ríos fue porque gracias a equipos de trabajo con gente convencida: “fiscales y empleados judiciales dispuestos a dejar sus fines de semana de lado y sentarse a mirar papeles y juntar pruebas y llevar adelante la acusación”. Y dice que todo ese esfuerzo ahora está rindiendo frutos porque las causas avanzan.
“No tengo dudas de que hubo una persecución política”, dice Goyeneche sobre su caso.
“En la denuncia que hizo Urribarri en Comodoro Py lo dice expresamente: dice que mi destitución debió generar la anulación de la acusación que yo estaba llevando adelante en ese momento, que era la del juicio por el que terminó condenado. Por eso me sacaron. Y una de las juezas que vota en mis suspensiones era la exabogada de Sergio Urribarri”.
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