Lanzan una amplia reestructuración de la AFIP y podrían desplazar a la jefa de la Aduana denunciada
Fuentes oficiales adelantaron que este viernes se darán a conocer modificaciones en el organismo; hay purgas y cambios de jefaturas; dudas sobre el futuro de Lodovico, acusada por tomar un préstamo de una empresa señalada por contrabando
Cecilia Devanna
Rosana Lodovico, titular de la AduanaEl Gobierno nacional anunciará este viernes una amplia reestructuración de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), según confirmaron fuentes oficiales. Los cambios pueden alcanzar varias jefaturas y direcciones. En medio de diferentes versiones sobre la profundidad de las modificaciones, el futuro de Rosana Lodovico, la directora de Aduana denunciada por haber tomado deuda de una empresa señalada por contrabando, quedó envuelto en dudas.
La estructura de la AFIP fue blanco de diferentes versiones en los últimos días. En el Gobierno confirmaron que se pondrán en marcha cambios, pero ratificaron la continuidad de su titular, Florencia Misrahi. “Jamás estuvo en duda, fue objeto de todo tipo de operaciones, pero está más firme que nunca”, aseguraron este jueves en los pasillos de Casa Rosada, en referencia a la titular de la AFIP.
Los cambios que se anunciarán surgieron de conversaciones entre Misrahi y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Frente a los inminentes anuncios, el sindicato del área buscó alejar temores. A través de un comunicado interno y luego de una reunión con las autoridades, el gremio UPSAFIP informó a sus afiliados que “la AFIP dispuso el pase a la DGI de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas incluso con sus mismos equipos de empleados y casos asignados”. Al tiempo, el gremio anticipó que “se eliminarán solamente los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI”.
La situación judicial de Lodovico
En medio de la reestructuración, un sector del Gobierno puso en dudas la continuidad de Lodovico al frente de la Aduana, mientras otras fuentes desmentían su alejamiento.
La funcionaria fue denunciada por recibir un préstamo de una empresa condenada por contrabando, a partir de una revelación . La presentación recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En las últimas horas, Capuchetti dispuso dos medidas de prueba clave en la causa en que investiga a la titular de la Aduana por haber solicitado un crédito de 250.000 dólares la empresa Promarlon, denunciada por contrabando. La magistrada, que acumula dos denuncias contra Lodovico, avanzó en el caso tras un requerimiento de la fiscal Alejandra Mángano que impulsó el caso.
La justicia trata de determinar si ese préstamo encubre un supuesto soborno. La magistrada requirió una copia certificada de un acuerdo firmado por Claudio Szlaien realizado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín 5 por el cual se suspendió a prueba un juicio donde Promarlon S.A acordó un plan de pagos. Y requirió a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Aduanas-AFIP que informe y remita en formato digital todas las actuaciones administrativas relativas a la gestión y aprobación del acuerdo de suspensión de juicio a prueba.
Lodovico fue denunciada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli luego que se conociera que, en 2022, junto a su exmarido, Luis Antonio Bocassi, tomaron un préstamo de US$ 250.000 con Promarlon SA. A esa causa ahora se sumó otra que tramitaba en el juzgado de Ariel Lijo. Pidió investigar a ella, a su exmarido que era funcionario de la Aduana y a Alejandro Omar Lucano (cuñado de Lodovico) y socio de Alfredo Lijo, el hermano del juez federal y gestor de temas en la justicia federal.
La denuncia penal contra Promarlon fue de 2017 y la hizo la Aduana. Se acusaba a la empresa de conseguir mercaderías de contrabando que llegaban de Paraguay con connivencia aduanera. La Aduana consintió este acuerdo que permitió el saldo de la deuda y el fin de la causa. La denuncia afirma que Lodovico y Bocassi “eran propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, de una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y de diversos vehículos como una BMW X3 “todo terreno”, adquirida en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015″.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El juez de Garantías Guillermo Atencio también rechazó un intento de apartar a la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki
Hugo Alconada Mon
Facundo Albini concejal de la plata-fdt
Los Albini acumulan tropiezos en la “causa Chocolate”, que los tiene como protagonistas. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Federico Atencio, ordenó la inhibición general de sus bienes y rechazó la recusación de la fiscal que los investiga, Betina Lacki, que a su vez les trazó una línea inamovible: si pretenden declarar, tendrán que hacerlo ante ella.
La sumatoria de traspiés del subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, ocurrió dos semanas después de que ambos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias tras meses de silencio, pero con condiciones. Habían reclamado que los escuchara el juez Atencio, tras acusar a la fiscal Lacki de vulnerar sus derechos de defensa. No les fue bien.
Los Albini plantearon esa petición, que no cuadra en el Código Procesal Penal bonaerense, tras reemplazar a su abogado defensor, Gustavo Galasso, por una tríada con base en la ciudad de Buenos Aires y recorrido en el fuero federal. Así, Maximiliano Rusconi asumió el patrocinio, junto a los letrados Gabriel Palmeiro y Martín Villar.
Pero la jugada de los Albini no prosperó. El juez Atencio rechazó primero el eventual apartamiento de Lacki para, casi de inmediato, admitir un planteo de la fiscal. “Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada”, firmó, “ordenando la inhibición general de bienes de Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini”.
La orden del juez Atencio buscará bloquear todo el patrimonio de los acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por al menos $800 millones durante los últimos años mediante el uso intensivo de “ñoquis”
El dirigente massista está detenido desde hace casi seis meses junto a su padre, acusados de defraudar al estado en unos $800 millones a través del uso de “ñoquis” en la legislatura bonaerense y prestanombres en la Legislatura bonaerense, con el apoyo de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, también detenido en la causa.
En ese sentido, Atencio ordenó librar oficios para bloquear cualquier movimiento patrimonial, ya fuera con la venta, cesión o donación de inmuebles, autos, embarcaciones o aeronaves, en tanto que recordó que ya había ordenado bloquear las cuentas bancarias, bonos y letras del Tesoro que los Albini pudieran tener.
Reafirmada como la instructora de la investigación, la fiscal Lacki dio otro paso. Les requirió a los defensores de los Albini “que informen si sus defendidos continúan con la intención de prestar declaración”, como habían afirmado semanas atrás, pero les recordó que, de mantener esa decisión, lo harían “en los términos previstos por el Código Procesal Penal de la provincia”. Es decir que los acusados podrían manifestar lo que deseen con la asistencia y presencia de sus abogados, pero que luego la fiscalía podría plantearles las preguntas que considere.
Ante esa situación, los Albini volvieron sobre sus pasos. “Nuestros asistidos desisten de su intención de declarar”, indicaron sus defensores.
Los Albini habían pedido ampliar sus indagatorias días después de que Pablo Parente, director de Personal de la Legislatura –y superior teórico inmediato de Claudio Albini–, había dejado varios flancos abiertos. En particular, al analizar los legajos administrativos de algunos de los 48 presuntos empleados de la Cámara baja cuyas tarjetas de débito operaba Chocolate Rigau cuando lo detuvieron.
Los Albini llevan casi seis meses detenidos en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de La Plata, en tanto que Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.
La detención de Rigau provocó un efecto dominó que sacó a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.
El estallido del escándalo provocó también cruces de acusaciones, pases de factura y operaciones como la pegatina de afiches y calcomanías en los baños y otras instalaciones de la Legislatura bonaerense contra el dirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Juan Cocino. “UCRFábrica de Chocolates”, le endilgaron, junto al nombre de quien también fue diputado provincial por el GEN.
Ahora, en tanto, Chocolate Rigau y los Albini deberían continuar detenidos hasta la sustanciación del juicio oral, aunque los Albini buscan revertir las prisiones preventivas confirmadas que recaen sobre ellos por la vía del planteo de nulidades o por razones de salud, argumento que su defensa ya invocó, y tampoco prosperó.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Abrirán un jury contra la jueza acusada de pedir coimas para acelerar causas
Quintela había pedido desplazarla, pero la Justicia lo rechazó
Norma Abate Mazzucchelli jueza
Luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, pidiera este jueves desplazar e investigar a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, que oficia en la Cámara 4 en lo Civil de la capital de la provincia y es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, la magistrada presentó su renuncia. No obstante, la Justicia riojana le rechazó la renuncia y se conformará un jury de enjuiciamiento, según revelaron los medios locales.
La noticia se conoce después de que una comerciante la denunciara y la grabara mientras le pedía dinero para agilizar un trámite de sucesión.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de La Rioja rechazó la renuncia de Abate y ahora el Poder Legislativo deberá conformar un tribunal de enjuiciamiento para decidir el futuro de la denunciada. En tanto, se la apartó de su cargo en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y se le inició un sumario administrativo.
El caso se conoció a través de un informe que emitió Telenoche Investiga. Allí, la denunciante, que se identificó como Manuela Saavedra, contó que trabaja en una librería de La Rioja capital, que recibió de una herencia de su tío, Norberto Arias. También que ella es la administradora de esa sucesión.
“Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso”, introdujo Saavedra, quien consideró que la causa se dilataba adrede.
Así, contó que fue a ver a Abate de Mazzucchelli al juzgado y que la primera vez se acercó a ella para que le explicara qué era lo que sucedía con el expediente. “Me hizo pasar a su despacho y me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, narró la denunciante.
“Fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así”, siguió Saavedra
Según Saavedra, la magistrada le preguntó cuánto le podía pagar, ya que había rechazado las dos cifras anteriores. “Tuve mucho miedo porque notaba que ella lo hacía con total naturalidad. Pasé muchas noches pensando en la coima. A mí me tocó la lamentable experiencia de dar con una jueza corrupta. Quien debería defender tus derechos y está yendo sobre ellos. Perdés mucha confianza en la Justicia, no sabés qué te puede suceder”, cerró.
Los Albini acumulan tropiezos en la “causa Chocolate”, que los tiene como protagonistas. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Federico Atencio, ordenó la inhibición general de sus bienes y rechazó la recusación de la fiscal que los investiga, Betina Lacki, que a su vez les trazó una línea inamovible: si pretenden declarar, tendrán que hacerlo ante ella.
La sumatoria de traspiés del subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, ocurrió dos semanas después de que ambos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias tras meses de silencio, pero con condiciones. Habían reclamado que los escuchara el juez Atencio, tras acusar a la fiscal Lacki de vulnerar sus derechos de defensa. No les fue bien.
Los Albini plantearon esa petición, que no cuadra en el Código Procesal Penal bonaerense, tras reemplazar a su abogado defensor, Gustavo Galasso, por una tríada con base en la ciudad de Buenos Aires y recorrido en el fuero federal. Así, Maximiliano Rusconi asumió el patrocinio, junto a los letrados Gabriel Palmeiro y Martín Villar.
Pero la jugada de los Albini no prosperó. El juez Atencio rechazó primero el eventual apartamiento de Lacki para, casi de inmediato, admitir un planteo de la fiscal. “Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada”, firmó, “ordenando la inhibición general de bienes de Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini”.
La orden del juez Atencio buscará bloquear todo el patrimonio de los acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por al menos $800 millones durante los últimos años mediante el uso intensivo de “ñoquis”
El dirigente massista está detenido desde hace casi seis meses junto a su padre, acusados de defraudar al estado en unos $800 millones a través del uso de “ñoquis” en la legislatura bonaerense y prestanombres en la Legislatura bonaerense, con el apoyo de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, también detenido en la causa.
En ese sentido, Atencio ordenó librar oficios para bloquear cualquier movimiento patrimonial, ya fuera con la venta, cesión o donación de inmuebles, autos, embarcaciones o aeronaves, en tanto que recordó que ya había ordenado bloquear las cuentas bancarias, bonos y letras del Tesoro que los Albini pudieran tener.
Reafirmada como la instructora de la investigación, la fiscal Lacki dio otro paso. Les requirió a los defensores de los Albini “que informen si sus defendidos continúan con la intención de prestar declaración”, como habían afirmado semanas atrás, pero les recordó que, de mantener esa decisión, lo harían “en los términos previstos por el Código Procesal Penal de la provincia”. Es decir que los acusados podrían manifestar lo que deseen con la asistencia y presencia de sus abogados, pero que luego la fiscalía podría plantearles las preguntas que considere.
Ante esa situación, los Albini volvieron sobre sus pasos. “Nuestros asistidos desisten de su intención de declarar”, indicaron sus defensores.
Los Albini habían pedido ampliar sus indagatorias días después de que Pablo Parente, director de Personal de la Legislatura –y superior teórico inmediato de Claudio Albini–, había dejado varios flancos abiertos. En particular, al analizar los legajos administrativos de algunos de los 48 presuntos empleados de la Cámara baja cuyas tarjetas de débito operaba Chocolate Rigau cuando lo detuvieron.
Los Albini llevan casi seis meses detenidos en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de La Plata, en tanto que Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.
La detención de Rigau provocó un efecto dominó que sacó a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.
El estallido del escándalo provocó también cruces de acusaciones, pases de factura y operaciones como la pegatina de afiches y calcomanías en los baños y otras instalaciones de la Legislatura bonaerense contra el dirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Juan Cocino. “UCRFábrica de Chocolates”, le endilgaron, junto al nombre de quien también fue diputado provincial por el GEN.
Ahora, en tanto, Chocolate Rigau y los Albini deberían continuar detenidos hasta la sustanciación del juicio oral, aunque los Albini buscan revertir las prisiones preventivas confirmadas que recaen sobre ellos por la vía del planteo de nulidades o por razones de salud, argumento que su defensa ya invocó, y tampoco prosperó.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Abrirán un jury contra la jueza acusada de pedir coimas para acelerar causas
Quintela había pedido desplazarla, pero la Justicia lo rechazó
Luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, pidiera este jueves desplazar e investigar a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, que oficia en la Cámara 4 en lo Civil de la capital de la provincia y es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, la magistrada presentó su renuncia. No obstante, la Justicia riojana le rechazó la renuncia y se conformará un jury de enjuiciamiento, según revelaron los medios locales.
La noticia se conoce después de que una comerciante la denunciara y la grabara mientras le pedía dinero para agilizar un trámite de sucesión.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de La Rioja rechazó la renuncia de Abate y ahora el Poder Legislativo deberá conformar un tribunal de enjuiciamiento para decidir el futuro de la denunciada. En tanto, se la apartó de su cargo en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y se le inició un sumario administrativo.
El caso se conoció a través de un informe que emitió Telenoche Investiga. Allí, la denunciante, que se identificó como Manuela Saavedra, contó que trabaja en una librería de La Rioja capital, que recibió de una herencia de su tío, Norberto Arias. También que ella es la administradora de esa sucesión.
“Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso”, introdujo Saavedra, quien consideró que la causa se dilataba adrede.
Así, contó que fue a ver a Abate de Mazzucchelli al juzgado y que la primera vez se acercó a ella para que le explicara qué era lo que sucedía con el expediente. “Me hizo pasar a su despacho y me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, narró la denunciante.
“Fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así”, siguió Saavedra
Según Saavedra, la magistrada le preguntó cuánto le podía pagar, ya que había rechazado las dos cifras anteriores. “Tuve mucho miedo porque notaba que ella lo hacía con total naturalidad. Pasé muchas noches pensando en la coima. A mí me tocó la lamentable experiencia de dar con una jueza corrupta. Quien debería defender tus derechos y está yendo sobre ellos. Perdés mucha confianza en la Justicia, no sabés qué te puede suceder”, cerró.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.