EDUCACIÓN Y EDITORIAL

La universidad gratuita e irrestricta, “vaca sagrada” nacional
Fernando Iglesias
Yo también puedo jugar el juego. Hice mi jardín de infantes en Sol Argentino, club de pelota-paleta del barrio obrero de Piñeiro, al que iba mi papá. Primaria y secundaria en la Enspa, el Nacional Buenos Aires de Avellaneda. Alumno, graduado y después profesor del INEF Romero Brest, del Instituto Nacional de Deportes y de la Universidad de Lomas de Zamora. Posgrado en una universidad pública no argentina: Bolonia. El único de mis títulos privados lo obtuve, vaya paradoja, en TEA, ese antro nacional y popular. Agrego: no me fue mal. Fui entrenador internacional de voleibol, profesor universitario y periodista, llevo dieciséis libros publicados y voy por mi tercer mandato como diputado nacional. Así que bien podría hacer lo que se estila: golpearme el pecho hablando de la educación pública como agente del ascenso social y convertir mi biografía en causa nacional y popular.
Yo también puedo jugar el juego, pero no se me da la gana, detesto la hipocresía y no me gusta el statu quo, sino el cambio. Y la universidad pública necesita menos operadores que la “defiendan” y más gente que la ayude a cambiar. Se pueden criticar miles de aspectos de Milei, pero hay que reconocerle el esencial: no les teme a las vacas sagradas. Por eso, en su impulso reformador acumula errores, peleas innecesarias y falsos enemigos, pero también abre debates que hasta hace poco no se podían dar.
Los miles que hoy reivindican la universidad pública como agente de la igualdad y el ascenso social: ¿de qué hablan?; ¿del presente o del pasado?; ¿de lo que debería ser o de la realidad? Si el Gobierno cancelara el presupuesto universitario, el índice de GINI, ¿mejoraría o empeoraría? El cálculo es simple: quienes se reciben en la universidad pública pertenecen abrumadoramente a la mitad más rica de la sociedad; mientras que la recaudación fiscal que la sustenta proviene mayoritariamente de la mitad más pobre. Llevar a cero el presupuesto universitario y bajar en esa cifra el IVA de la polenta aumentaría la igualdad, no la desigualdad. No digo que haya que hacerlo. Digo que la mayor parte de los graduados de la universidad pública provienen hoy de familias con altos recursos materiales y simbólicos que les pagaron colegios primarios y secundarios privados; pero a quienes propongan cobrar un arancel universitario proporcional a la última cuota del secundario para generar becas para quienes llegaron desde la primaria y la secundaria estatales los espera la acusación de herejía de la Santa Inquisición Progre de la Universidad gratuita e irrestricta, esa vaca sagrada nacional.
El presupuesto universitario argentino no es un factor de igualdad sino de desigualdad. La única verdad es la realidad. Y aún más falso es el discurso de la universidad pública promotora del ascenso social. Resulta curioso que la defiendan con ese argumento los mismos zombis ideologizados que acusan de traidor a su clase a cualquiera que tenga éxito en la vida, pero así son las cosas en el país que parieron veinte años de hegemonía peronista y complicidad opositora. El mecanismo virtuoso de los mejores momentos de la sociedad argentina, el de “M’hijo, el dotor”, está roto. Está roto el ascenso social. Por eso hizo tanto ruido la propuesta de Benegas Lynch de que los padres tuvieran la libertad de educar a sus hijos trabajando en el taller. Porque será medieval, pero para los que viven en el conurbano peronista y no en Palermo Trotsky, actuar medievalmente se ha hecho racional.
Abandonemos nuestro espacio de confort políticamente correcto y veamos el problema desde su punto de vista: veinte años de populismo los pusieron a pagar cada día más impuestos para bancar la educación universitaria de hijos de gente más rica que ellos en universidades con “ingreso irrestricto” a las que sus hijos no pueden aspirar. En este marco, llevar un hijo al taller y enseñarle un oficio es perfectamente razonable porque la alternativa realmente existente es la de mandarlo a una primaria estatal de la que saldrá sin saber leer y a una secundaria estatal de la que saldrá sin entender lo que lee. Será un escándalo, pero es así, aunque simulen indignación los hipócritas que rompieron la educación pública, como rompieron todo, y que marcharon el otro día rasgándose las vestiduras por amenazas imaginarias que nadie formuló.
La educación popular, ¿es prioridad? Si es así, habría que llevar a cero el presupuesto universitario y dedicar esos recursos a las verdaderas taras de la educación argentina: la educación primaria y secundaria estatales donde se educan los hijos de “los más vulnerables”. No digo que haya que hacerlo. Digo que podríamos empezar declarando la educación servicio esencial para que Baradel no siga haciendo daño. Y digo que con los 16.000 millones de dólares que se patinó Kicillof en YPF podrían financiarse 177 años de presupuesto de la UBA; fundada en 1821 por Bernardino Rivadavia, un liberal. Como fueron liberales Sarmiento y Roca, que crearon ese vasto aparato educativo que llevó a la Argentina a ser uno de los países más prósperos del mundo hasta que lo rompieron, como rompieron todo: el país, la educación y la universidad.
De 100 inscriptos universitarios de 2017, para 2021 se habían graduado 28 en la Argentina, 46 en Brasil y 68 en Chile. Por cada 10.000 habitantes, 31 tienen título universitario en la Argentina; 61, en Brasil, y 55 en Chile. Sigan criticando la educación elitista ajena y alabando las maravillas del ingreso irrestricto y la universidad gratuita propia, nacional y popular. A este desastre que supimos conseguir se suma que las dos carreras con mayor número de graduados sean aquí Abogacía y Contaduría, profesiones honorables dedicadas a la administración y el reparto de la riqueza, y no a su producción. Porque el “igualitario” sistema argentino no solo asegura que se estudie en la universidad pública sin pagar arancel después de doce años de educación primaria y secundaria pagas, sino que permite elegir cualquier carrera.
Financiamos las vocaciones individuales de la mitad más rica de la sociedad con el IVA de la polenta. Perdonen, compañeros y correligionarios, pero suena un poco neoliberal. ¿No sería razonable que un Estado quebrado que banca la educación universitaria tenga intervención en la direccionalidad de las carreras; que sean gratuitas aquellas centrales para la producción del futuro, y no todas; que se evalúe a los alumnos y se apruebe por mérito la capacidad de decidir qué carrera seguir, como en muchos de los países en los que la universidad es gratuita? ¿Consiste la autonomía universitaria en el privilegio de estudiar lo que se me antoje con la plata de gente más pobre y en el rechazo de las auditorías externas?
En un país injusto, defender el statu quo es defender la injusticia y la desigualdad. No la desigualdad de mérito, que está bien, sino la desigualdad del privilegio, que está mal. Ni gratuita, ni irrestricta, la universidad pública argentina necesita menos falsos héroes que defiendan cajas en su nombre y más propuestas de reforma que la ayuden a reconquistar su rol perdido en la generación de riqueza, la mejora de la productividad, la recuperación de la idea de progreso y la reivindicación del mérito y el ascenso social.
Podríamos empezar declarando la educación servicio esencial

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Jubilaciones de privilegio en un país en ruinas
Se pagan fortunas en haberes mensuales a un puñado de exfuncionarios y a algunos herederos; quienes deberían dar el ejemplo hacen todo lo contrario
Con descarado apuro y evidente desparpajo, el expresidente Alberto Fernández y el actual funcionario del gobierno nacional Daniel Scioli se apuraron en gestionar el cobro de sus jubilaciones de privilegio. Tales arremetidas suceden en momentos en que nuestro país se encuentra inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia y en la que el grueso de los jubilados recibe una paga ínfima comparada con las abultadas sumas que reclaman quienes, precisamente, degradaron los haberes previsionales de la amplia mayoría de beneficiarios como producto de las pésimas políticas que instrumentaron. La pérdida de poder adquisitivo para la clase pasiva fue del 81% tan solo durante la gestión del gobierno precedente.
Con el pago mensual de unos 13 millones de pesos a Alberto Fernández (ya se le aprobó el cobro de 32 millones de pesos en concepto de retroactivo), más el que cobrará Scioli este mes (de alrededor de 17 millones), el Estado abonará mensualmente unos 158 millones de pesos a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, es decir, el equivalente a 833 jubilaciones mínimas concentradas en apenas un puñado de personas.
Según datos oficiales correspondientes al mes último, proporcionados por la abogada Silvina Martínez en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado a la Anses, cobran tales haberes de privilegio Cristina Kirchner (28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la ilegal pensión que recibe de su exesposo y expresidente Néstor Kirchner. Cabe destacar que esos 28 millones equivalen hoy a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una), Daniel Scioli (17,5 millones), Mauricio Macri (13,5 millones), Adolfo Rodríguez Saá (12,9 millones, a pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana), Zulema Yoma (11,1 como exesposa de Carlos Menem), Gabriela Michetti y Julio Cobos (9,8 y 9,7 millones, respectivamente, por haber sido vicepresidentes), Amalia Guido (9,5 millones como hija de José María Guido), Inés Pertiné (9,4 millones como exesposa de Fernando de la Rúa), Bety Andrés (8,7 millones como exesposa de Roberto Levingston), Amado Boudou (8,2 millones, estando condenado judicialmente en el caso Ciccone) y María Estela Martínez de Perón (7 millones de pesos).
Lo llamativo de esos números de por sí disparatados teniendo en cuenta la situación general es que, comparados los montos de las jubilaciones de privilegio de abril con los de febrero pasado cuando la Anses había respondido otro pedido de acceso a la información pública realizado por la nacion, esos ingresos se duplicaron.
La diputada porteña Graciela Ocaña encabezó un reclamo oficial y una campaña tendiente a evitar que se le pague a Alberto Fernández la jubilación de privilegio por no residir en el país, por contar con más de 100 denuncias penales y por haber dado sobradas muestras de conducta antiética, como la desidia demostrada durante la pandemia, celebrando fiestas a escondidas en la quinta de Olivos mientras regía el encierro obligatorio para el resto de los ciudadanos. En ninguno de los dos pedidos de acceso a la información referidos la Anses incluyó el ingreso jubilatorio del último expresidente. No obstante, si se considera que quien lo antecedió en el cargo gana 13,5 millones por mes, su haber debe rondar ese monto.
En el caso de Scioli, quien había dado de baja su jubilación de privilegio en 2022 para acceder a un cargo en el último gobierno kirchnerista, volvió a reclamarla ahora que es secretario ad honorem de Turismo, Deportes y Ambiente del actual gobierno nacional. Ante el pedido de información pública de Ocaña, se le respondió que legalmente le corresponde a Scioli cobrarla. Podrá ser legal, pero resulta poco o nada ético ese reclamo cuando hay declarada una emergencia económica y la mitad de los ciudadanos se encuentra bajo la línea de pobreza.
Como se sabe, el gobierno de Javier Milei ha enviado un proyecto al Congreso para derogar esos tan irritantes como exorbitantes privilegios. En apoyo de esa decisión, Ocaña solicitó que, además, se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, pues “resulta inconcebible –dijo– que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados. No solo resulta una afrenta al más elemental sentido de solidaridad, alteridad y colaboración, sino que conculca lisa y llanamente la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución nacional, que no admite en nuestra tierra prerrogativas de sangre ni de nacimiento, ni fueros personales, ni títulos de nobleza”. Por esa razón, encabezó una petición en la plataforma Change.org, que obtuvo hasta ayer unas 59.000 firmas y que está siendo girada como proyecto de ley al Poder Ejecutivo, al ministro de Economía y a los jefes de bloque en el Congreso Nacional.
Esa iniciativa propone que los actuales expresidentes y exvicepresidentes cobren en efectivo solo la máxima jubilación prevista por la Anses, que actualmente ronda 1,2 millones de pesos y que, para evitar eventuales demandas por derechos adquiridos, la diferencia con la pensión vitalicia se pague con bonos previsionales a 30 años, a los que denomina Bonos Previsionales de Privilegio, que serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en bolsas y mercados de valores del país.
También la extitular del PAMI pidió el mes pasado a la Oficina Anticorrupción que arbitre los medios para intervenir como querellante en una causa judicial iniciada en 2021 contra la camporista exdirectora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” al haber desistido de apelar en el caso de la doble jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Esos beneficios habían sido aprobados en tiempo récord en 2015, cuando Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo Social. Un año después, su sucesora en el cargo, Carolina Stanley, resolvió que debía optar por una de las dos. Cristina Kirchner decidió judicializar entonces el tema y, en un trámite amañado, obtuvo el aval de un juez subrogante de la Seguridad Social.
En momentos en que la amplísima mayoría de ciudadanos están atravesando situaciones críticas, haciendo un esfuerzo enorme para intentar salir del profundo abismo en el que el kirchnerismo sumió al país, resulta escandalosa la actitud de algunos representantes de la dirigencia política, decididos a mantener sus enormes privilegios.
Es de esperar que, además de limitar estos abusos, se deroguen hacia adelante esos privilegios, se decida una reforma seria y equitativa del sistema previsional, y que el Estado cumpla lo que ordenan las sentencias respecto de los cobros retroactivos que se les deben a tantísimos jubilados que llevan años de angustiosa espera.

UNO POR UNO




A cuánto ascienden las jubilaciones de privilegio (montos mensuales en bruto)

◗ Cristina Kirchner $28.147.977

◗ Daniel Scioli $17.517.652

◗ Mauricio Macri $13.491.997

◗ Alberto Fernández $13.000.000 (estimado)

◗ Adolfo Rodríguez Saá $12.932.634

◗ Zulema Yoma $11.108.273

◗ Gabriela Michetti $9.801.034

◗ Julio Cobos $9.697.229

◗ Amalia Guido $9.468.346

◗ Inés Pertiné $9.461.566

◗ Bety Andrés $8.735.519

◗ Amado Boudou $8.211.122

◗ María E. Martínez $6.969.981

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