El Gobierno esquiva responsabilidades e intentará la privatización
El secretario de Transporte habló de “múltiples hipótesis” sobre el choque de trenes; “es la prueba palmaria de que el sector debe ser privatizado”, dijeron cerca de Milei; denuncian que hubo desinversión
Cecilia Devanna
Adrián Luque, el titular de Trenes Argentinos, una empresa estatal con 30.092 empleados
El choque de trenes de ayer en Palermo es para el Gobierno nacional “la prueba palmaria de que el sector debe ser privatizado”. La frase, salida de fuentes muy cercanas al presidente de la Nación, Javier Milei, se completa con la afirmación de que “el Estado empresario es un fracaso”.
En esa línea apuntaron a que Trenes Argentinos, factible de ser privatizada o concesionada, de acuerdo a lo que contempla la Ley Bases, es “encima de todo la empresa que más empleados tiene”. Tiene una plantilla de alrededor 30.092 personas y está hoy al mando de Adrián Luque.
Además, fuentes libertarias indicaron que durante el gobierno anterior, bajo la administración de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía, se “usó la caja de trenes como caja política”.
En el Gobierno, manejan informes que daban cuenta de que el sistema ferroviario tiene “hace siete años problemas de desinversión”. Milei estuvo revisando esos informes, según supo la nacion.
En referencia a las críticas por los recortes que se llevaron a cabo desde diciembre último, las fuentes oficiales apuntaron: “Es delirante que se nos responsabilice de lo que pasó hoy. Es de una deshonestidad enorme”.
Las menciones aludían, entre otros, a los dichos del extitular de Trenes en épocas del kirchnerismo, Martín Marinucci, quien aprovechó el siniestro para apuntar a la administración libertaria sobre la responsabilidad del accidente, que dejó casi 100 heridos. “Es muy cínico, estuvo hace cinco meses. Además se olvida que hubo accidentes con Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) además del de ahora. El problema no es nuevo”, respondieron en la Casa Rosada.
“La ecuación es simple no dan los números de los ingresos y los costos que se sostienen en lo público. En el sector privado esos costos no se sostienen, se va a la quiebra directo. Por eso, no es de ahora. Esto es un problema de años y del rol del Estado como empresario que es sinónimo de fracaso”, completó con vehemencia otra fuente del corazón libertario.
Los trenes, a través de Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse), es una de las que se mantuvo en el grupo de empresas que el oficialismo mantuvo a pesar de los cambios que requirió la oposición dialoguista en las negociaciones por la Ley Bases y que redujo el listado de 41 a 9. En el listado Sofse figura como factible de privatización y concesión.
Milei fue informado de lo sucedido cuando estaba en su despacho de la Casa Rosada, en una jornada de trabajo con varias reuniones y hasta una comunicación virtual con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
Se lo informó el secretario de Medios, Eduardo Serenellini. Entre las distintas actividades el mandatario siguió siendo informado de los pormenores de lo sucedido y del estado de los heridos, partiendo del alivio de que no se registraran víctimas fatales, ni de gravedad. Pasadas las 14 se volvió a Olivos y siguió recibiendo información allí.
Tras el incidente, y a la par de la investigación en la justicia federal, el gobierno ya designó un investigador para el caso, que dejó al menos 90 heridos. La información fue dada a través de un comunicado de prensa de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), en el que se consignó la designación de quien se encuentra coordinando tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC).
La investigación judicial por el incidente está en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.
“Múltiples hipótesis”
En tanto que el titular de la Secretaría de Transporte, Franco Mogetta sostuvo: “Hay múltiples hipótesis, pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. No podemos adelantar nada y tampoco descartar nada; hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando esa situación, pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la justicia toda la tarea de investigación. Hay posiblemente algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento”.
Tanto Mogetta, como Luque y otros funcionarios del área de Transporte, quedaron incómodos al conocerse que la Sindicatura General de la Nación ya los había advertido con diferentes informes sobre la falta de controles y diversas fallas en el sistema.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Una auditoría ya había alertado por la falta de controles y diversas fallas
Un informe de la Sigen complica a cuatro funcionarios del área de Transporte; hubo un proyecto de señalización sin adjudicar
El choque de trenes de ayer en Palermo es para el Gobierno nacional “la prueba palmaria de que el sector debe ser privatizado”. La frase, salida de fuentes muy cercanas al presidente de la Nación, Javier Milei, se completa con la afirmación de que “el Estado empresario es un fracaso”.
En esa línea apuntaron a que Trenes Argentinos, factible de ser privatizada o concesionada, de acuerdo a lo que contempla la Ley Bases, es “encima de todo la empresa que más empleados tiene”. Tiene una plantilla de alrededor 30.092 personas y está hoy al mando de Adrián Luque.
Además, fuentes libertarias indicaron que durante el gobierno anterior, bajo la administración de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía, se “usó la caja de trenes como caja política”.
En el Gobierno, manejan informes que daban cuenta de que el sistema ferroviario tiene “hace siete años problemas de desinversión”. Milei estuvo revisando esos informes, según supo la nacion.
En referencia a las críticas por los recortes que se llevaron a cabo desde diciembre último, las fuentes oficiales apuntaron: “Es delirante que se nos responsabilice de lo que pasó hoy. Es de una deshonestidad enorme”.
Las menciones aludían, entre otros, a los dichos del extitular de Trenes en épocas del kirchnerismo, Martín Marinucci, quien aprovechó el siniestro para apuntar a la administración libertaria sobre la responsabilidad del accidente, que dejó casi 100 heridos. “Es muy cínico, estuvo hace cinco meses. Además se olvida que hubo accidentes con Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) además del de ahora. El problema no es nuevo”, respondieron en la Casa Rosada.
“La ecuación es simple no dan los números de los ingresos y los costos que se sostienen en lo público. En el sector privado esos costos no se sostienen, se va a la quiebra directo. Por eso, no es de ahora. Esto es un problema de años y del rol del Estado como empresario que es sinónimo de fracaso”, completó con vehemencia otra fuente del corazón libertario.
Los trenes, a través de Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse), es una de las que se mantuvo en el grupo de empresas que el oficialismo mantuvo a pesar de los cambios que requirió la oposición dialoguista en las negociaciones por la Ley Bases y que redujo el listado de 41 a 9. En el listado Sofse figura como factible de privatización y concesión.
Milei fue informado de lo sucedido cuando estaba en su despacho de la Casa Rosada, en una jornada de trabajo con varias reuniones y hasta una comunicación virtual con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
Se lo informó el secretario de Medios, Eduardo Serenellini. Entre las distintas actividades el mandatario siguió siendo informado de los pormenores de lo sucedido y del estado de los heridos, partiendo del alivio de que no se registraran víctimas fatales, ni de gravedad. Pasadas las 14 se volvió a Olivos y siguió recibiendo información allí.
Tras el incidente, y a la par de la investigación en la justicia federal, el gobierno ya designó un investigador para el caso, que dejó al menos 90 heridos. La información fue dada a través de un comunicado de prensa de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), en el que se consignó la designación de quien se encuentra coordinando tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC).
La investigación judicial por el incidente está en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.
“Múltiples hipótesis”
En tanto que el titular de la Secretaría de Transporte, Franco Mogetta sostuvo: “Hay múltiples hipótesis, pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. No podemos adelantar nada y tampoco descartar nada; hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando esa situación, pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la justicia toda la tarea de investigación. Hay posiblemente algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento”.
Tanto Mogetta, como Luque y otros funcionarios del área de Transporte, quedaron incómodos al conocerse que la Sindicatura General de la Nación ya los había advertido con diferentes informes sobre la falta de controles y diversas fallas en el sistema.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Una auditoría ya había alertado por la falta de controles y diversas fallas
Un informe de la Sigen complica a cuatro funcionarios del área de Transporte; hubo un proyecto de señalización sin adjudicar
Camila Dolabjian
Las hipótesis sobre qué causó el accidente ferroviario en la línea San Martín no arrojan resultados definitivos aún. Se barajan distintas pistas, desde robo de cables hasta errores de comunicación. En las auditorías sobre el sistema ferroviario realizadas por esta gestión, e incluso informes elaborados durante el gobierno anterior, surgen decenas de señales de alarma respecto del estado de falta de control de las formaciones y los sistemas de prevención.
No sólo los síndicos alertaron sobre posibles accidentes, sino que además la administración de Trenes Argentinos y del Ministerio de Transporte ya había comenzado un plan de mejora de la traza y señalamiento, que incluía el “ATSD” (Automatic Train Stop at Danger), o Sistema Automático de Detención de Tren. Esa licitación, que comenzó en 2022, todavía no fue adjudicada para la traza del San Martín, aunque sí lo hicieron para el Mitre y Sarmiento
Las hipótesis sobre qué causó el accidente ferroviario en la línea San Martín no arrojan resultados definitivos aún. Se barajan distintas pistas, desde robo de cables hasta errores de comunicación. En las auditorías sobre el sistema ferroviario realizadas por esta gestión, e incluso informes elaborados durante el gobierno anterior, surgen decenas de señales de alarma respecto del estado de falta de control de las formaciones y los sistemas de prevención.
No sólo los síndicos alertaron sobre posibles accidentes, sino que además la administración de Trenes Argentinos y del Ministerio de Transporte ya había comenzado un plan de mejora de la traza y señalamiento, que incluía el “ATSD” (Automatic Train Stop at Danger), o Sistema Automático de Detención de Tren. Esa licitación, que comenzó en 2022, todavía no fue adjudicada para la traza del San Martín, aunque sí lo hicieron para el Mitre y Sarmiento
.http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
Sobre estos últimos surgió una importante alerta, que fue reflejada en un informe de la Sindicatura General de la Nación a mediados de febrero de este año: “El sistema ATSD aún no es aceptado operativamente por el Ministerio y se le atribuye a la contratista la responsabilidad de no haber alcanzado la terminación a tiempo para la puesta en servicio de las instalaciones por las constantes fallas en el sistema. La contratista no ha cumplido con la garantía a término, por no haber realizado la puesta en servicio de las instalaciones dentro de los plazos previstos en el contrato, no surgiendo prórroga del plazo de terminación debidamente justificada, ante las constantes fallas técnicas que le fueron informadas y que no pudieron ser corregidas. Hasta tanto se resuelvan los reclamos mutuos efectuados por las partes, no podría determinarse cuando comienza el periodo de responsabilidad por defectos”.
En cuanto al San Martín, en octubre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por unos US$400 millones para financiar el “Proyecto de Mejora del Ferrocarril Gral. San Martín: Ramal Retiropilar”. Se invitó a los oferentes a presentarse con un plazo de entrega/construcción de 1460 días. El presupuesto estimado era de $52.061.750.000 base julio 2022. El proceso se demoró y para mayo de 2023, se recibió una única oferta, de acuerdo a las actas de apertura de ese entonces. Fue hecha por una unión transitoria de empresas conformada por Panedile Argentina SA, Siemens Mobility SA, Herso SA, Luis Carlos Zonis SA y Concret Nor SA por mucho más de lo presupuestado. Ofertaron por $76 mil millones, US$61 millones y €216 millones. A tipo de cambio oficial, casi el triple de lo estimado. La obra no se adjudicó, según fuentes de la gestión pasada del Ministerio de Transporte. Las últimas actuaciones publicadas son de hace casi un año.
Hubo decenas de consultas en el pliego de licitación, una de las cuales justamente tuvo que ver con los cables de cobre.
Mientras estas obras no avanzaban, surgían alarmas en cuanto al mantenimiento de los vagones y las trazas. En las auditorías hechas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se detectaron debilidades en el seguimiento de Inspecciones de Fiscalización Técnica Ferroviaria: “No se llevan registros completos de las inspecciones. En cuanto al Material Rodante, el área no posee planillas de inspección que incluyan todos los ítems del material rodante que se controla en cada tipo de inspección. No se ha implementado un cronograma para el mantenimiento de los calibres y plantillas que se dispone para inspecciones”, dice.
Al frente de dos de las áreas responsables de la gestión ferroviaria se encuentran dos personas que vienen de la gestión anterior y que, por su función, conocían estas debilidades. Adrián Luque, actual titular de Trenes Argentinos, fue su director de legales durante la presidencia de Martín Marinucci, ambos cercanos a Sergio Massa. La Junta de Seguridad en el Transporte es dirigida por Julián Obaid, que ocupó el mismo cargo entre 2020 y 2023 y llegó de la mano de Facundo Moyano, de quien fue asesor. En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte está Edgar Pérez, que viene del gobierno cordobés y en la Secretaría de Transporte está Franco Mogetta, también exfuncionario de esa provincia.
Se agregó, por otra parte, que en inspecciones de prácticas operativas no se incluyeron, en los informes emitidos, plazo de cumplimiento acordado para subsanar las irregularidades. En los informes realizados a la Junta de Seguridad en el transporte, se detectó una “significativa cantidad” de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) con antigüedad mayor a 3 años que carecían de respuesta.
Respecto de accidentes ferroviarios, alertaron: “Ausencia de verificaciones por parte de los inspectores sobre las medidas que la empresa dice haber adoptado en relación con un accidente” y, sobre las unidades de Control Psicofísico, agregaron: “El registro de exámenes del Centro de Evaluación de Conductores Ferroviarios se encuentra incompleto”.
Las evaluaciones de los auditores resultaron negativas en cuanto a la planificación y ejecución de auditorías e inspecciones en el ámbito ferroviario.
Sobre estos últimos surgió una importante alerta, que fue reflejada en un informe de la Sindicatura General de la Nación a mediados de febrero de este año: “El sistema ATSD aún no es aceptado operativamente por el Ministerio y se le atribuye a la contratista la responsabilidad de no haber alcanzado la terminación a tiempo para la puesta en servicio de las instalaciones por las constantes fallas en el sistema. La contratista no ha cumplido con la garantía a término, por no haber realizado la puesta en servicio de las instalaciones dentro de los plazos previstos en el contrato, no surgiendo prórroga del plazo de terminación debidamente justificada, ante las constantes fallas técnicas que le fueron informadas y que no pudieron ser corregidas. Hasta tanto se resuelvan los reclamos mutuos efectuados por las partes, no podría determinarse cuando comienza el periodo de responsabilidad por defectos”.
En cuanto al San Martín, en octubre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por unos US$400 millones para financiar el “Proyecto de Mejora del Ferrocarril Gral. San Martín: Ramal Retiropilar”. Se invitó a los oferentes a presentarse con un plazo de entrega/construcción de 1460 días. El presupuesto estimado era de $52.061.750.000 base julio 2022. El proceso se demoró y para mayo de 2023, se recibió una única oferta, de acuerdo a las actas de apertura de ese entonces. Fue hecha por una unión transitoria de empresas conformada por Panedile Argentina SA, Siemens Mobility SA, Herso SA, Luis Carlos Zonis SA y Concret Nor SA por mucho más de lo presupuestado. Ofertaron por $76 mil millones, US$61 millones y €216 millones. A tipo de cambio oficial, casi el triple de lo estimado. La obra no se adjudicó, según fuentes de la gestión pasada del Ministerio de Transporte. Las últimas actuaciones publicadas son de hace casi un año.
Hubo decenas de consultas en el pliego de licitación, una de las cuales justamente tuvo que ver con los cables de cobre.
Mientras estas obras no avanzaban, surgían alarmas en cuanto al mantenimiento de los vagones y las trazas. En las auditorías hechas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se detectaron debilidades en el seguimiento de Inspecciones de Fiscalización Técnica Ferroviaria: “No se llevan registros completos de las inspecciones. En cuanto al Material Rodante, el área no posee planillas de inspección que incluyan todos los ítems del material rodante que se controla en cada tipo de inspección. No se ha implementado un cronograma para el mantenimiento de los calibres y plantillas que se dispone para inspecciones”, dice.
Al frente de dos de las áreas responsables de la gestión ferroviaria se encuentran dos personas que vienen de la gestión anterior y que, por su función, conocían estas debilidades. Adrián Luque, actual titular de Trenes Argentinos, fue su director de legales durante la presidencia de Martín Marinucci, ambos cercanos a Sergio Massa. La Junta de Seguridad en el Transporte es dirigida por Julián Obaid, que ocupó el mismo cargo entre 2020 y 2023 y llegó de la mano de Facundo Moyano, de quien fue asesor. En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte está Edgar Pérez, que viene del gobierno cordobés y en la Secretaría de Transporte está Franco Mogetta, también exfuncionario de esa provincia.
Se agregó, por otra parte, que en inspecciones de prácticas operativas no se incluyeron, en los informes emitidos, plazo de cumplimiento acordado para subsanar las irregularidades. En los informes realizados a la Junta de Seguridad en el transporte, se detectó una “significativa cantidad” de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) con antigüedad mayor a 3 años que carecían de respuesta.
Respecto de accidentes ferroviarios, alertaron: “Ausencia de verificaciones por parte de los inspectores sobre las medidas que la empresa dice haber adoptado en relación con un accidente” y, sobre las unidades de Control Psicofísico, agregaron: “El registro de exámenes del Centro de Evaluación de Conductores Ferroviarios se encuentra incompleto”.
Las evaluaciones de los auditores resultaron negativas en cuanto a la planificación y ejecución de auditorías e inspecciones en el ámbito ferroviario.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.