ESTADO E IRREGULARIDADES Y TÉLAN

Polémico uso de intermediarios para contratar a funcionarios
Pettovello recurrió a un organismo internacional para pagar sueldos y así aplacar el malestar por las demoras
Federico González del SolarSandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano
La falta de designaciones en las terceras líneas comienza a tensar el delicado tejido ministerial de Capital Humano. A los múltiples desafíos que se alzan por fuera de la gestión, que en ocasiones acaban con corrimientos o salidas intempestivas de funcionarios, la cartera que lidera Sandra Pettovello suma un frente interno: el malestar de muchos trabajadores “informales” que ejercen funciones diariamente sin una remuneración a fin de mes. Algunos de ellos, casi desde el comienzo de la gestión.
Para apaciguar el descontento que generan las demoras en los nombramientos –que pasan por el riguroso filtro del Ejecutivo–, el Ministerio de Capital Humano se apoya en un mecanismo de contratación externo: bajo el amparo de un convenio, “fondea” a un organismo internacional y le solicita que contrate los servicios profesionales de terceros para llevar a cabo una tarea determinada.
Esos profesionales, según pudo reconstruir son los propios funcionarios del ministerio, quienes, sometidos a un muy extendido período de prueba, todavía no han sido nombrados.
Muchos de los que se apartaron de sus cargos y no alcanzaron a ser designados, y otros que continúan ejerciendo funciones dentro del ministerio a la espera de su nombramiento, perciben o percibieron –según el caso– sus “sueldos” a través de un convenio que Capital Humano celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
“Al parecer, somos muchos”, desliza alguien que cobró mediante este mecanismo y aguarda su designación. Funcionarios que se alejaron de la cartera que lidera Sandra Pettovello confirman esta modalidad, al igual que otras fuentes que siguen muy de cerca la dinámica interna del ministerio.
El mecanismo de contratación genera sorpresa. Otros conocedores del Estado lo consideran una práctica tradicional. Para los últimos, cerrar la contratación de consultores o profesionales externos al calor de una alianza con un organismo es algo “habitual” y no reviste ningún tipo de irregularidad, según coinciden algunas fuentes consultadas por la nacion.
Los distintos niveles gubernamentales recurren a estos convenios para tapar falencias propias, agilizar procesos o fortalecer mecanismos institucionales. Los organismos, por su parte, reciben los fondos y se convierten en “administradores de recursos” que actúan como una dínamo del Estado: activan contrataciones temporales, convocan a licitaciones o brindan asesorías en sus áreas de conocimiento, entre otras tareas. Siempre bajo un convenio puntual.
Sin embargo, los convenios no están diseñados más que para ser una apoyatura externa, según explicaron a desde una organización la nacion internacional.
“(Las contrataciones) se dan dentro de los acuerdos marco que tiene la OEI con el Ministerio de Capital Humano”, explica una fuente al tanto del acuerdo. “Dentro de esa lógica –la del convenio– hay una instancia en la que la OEI le contrata profesionales, asesores o diversas cosas temporarios para cumplir diversas tareas”, agrega la misma fuente. “Es parte de la actividad normal de un organismo de cooperación internacional”, cierra.
Si los “prestadores”, tal como los define el reglamento interno de la OEI, guardan o no un vínculo con el ministerio es algo que “escapa” al organismo internacional, que se limita a evaluar que el perfil del candidato se encuentre alineado con la tarea a desarrollar.
Así, la selección del “prestamista”, según confiaron a la nacion, es digitada por Capital Humano, que en febrero, en medio del conflicto con las organizaciones sociales por el abastecimiento a los comedores comunitarios, firmó un convenio con la OEI y otro con el PNUD para activar una licitación para la compra de alimentos por un total de $20.000 millones.
Desde el ministerio, luego de una semana de “averiguaciones”, no brindaron ninguna respuesta a las consultas de sobre el la nacion mecanismo de contratación.
Reglamento
El reglamento interno de la OEI es claro: “A solicitud de la entidad y actuando en el marco de un convenio y/o acta suscripta, la OEI podrá efectuar las contrataciones de prestadores. Cabe destacar que la terna o concurso para la selección de la persona que resultare contratada serán actividades efectuadas por la entidad. La OEI se limitará a brindar su apoyo de carácter administrativo o su cooperación, según corresponda”. Más adelante, se señala: “La OEI se limitará a abonar los honorarios correspondientes a los prestadores previa orden y autorización de la entidad”.
Una de las tantas convocatorias que figuran en la página de la OEI se abrió el 7 de marzo por el término de siete días. Hoy se encuentra adjudicada. Buscaba la “contratación de un profesional para el diseño y desarrollo de estudios y evaluaciones sobre educación inicial y primaria en contextos de vulnerabilidad social”. El contrato por nueve meses es por un total de más de cuatro millones y medio de pesos.
La opacidad del esquema abre una incógnita de cara al futuro.
Cuando el Estado, como paso previo a una designación, contrata a un trabajador de manera temporal, al efectuarse el nombramiento se lo hace de manera retroactiva, pero se deducen los meses trabajados bajo contrato temporal, de manera que el trabajador no cobre dos veces por el mismo trabajo.
Las contrataciones realizadas por organizaciones como la OEI no dejan huella más que dentro del organismo, información que se mantiene blindada. El vínculo con el Estado es indirecto y su trazabilidad, explica una fuente de una organización internacional, se pierde. Si las designaciones se oficializaran, ¿se harán, como es usual, de forma retroactiva y con las deducciones correspondientes?
Esta práctica, instalada desde hace por lo menos tres meses, no fue la única que puso bajo el reflector maniobras diseñadas para cubrir los huecos salariales por la falta de designaciones oficiales. En enero, José Ignacio López Montoiro, funcionario del área de Trabajo, con el aval del entonces secretario Omar Yasín, a fuerza de miles de pequeños montos adicionales –las denominadas “unidades retributivas”–, sumó casi dos millones y medio de pesos a su sueldo de ese mes, que rondaba los 300.000 pesos.
Lo hizo, justificaron en su entorno, para equiparar su salario a las funciones de subsecretario que, sin nombramiento, ejercía en la práctica. No fue el único caso. Su secretaria, María Marcela Flores, también sumó a su sueldo base unas 5000 unidades retributivas

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Piden dar de baja unas 3000 pensiones
Irregularidad. La Justicia detectó que viven en el extranjero
La Justicia pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2954 beneficiarios que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) porque viven en el extranjero.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a garantizar una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no tengan jubilación o pensión.
La solicitud fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuan porque los beneficiarios se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años, sin condiciones de acceder a una jubilación, pero se fueron a vivir al exterior.
La normativa establece que los beneficiarios del PUAM no pueden estar fuera del país más de 60 días.
El escrito del fiscal explica que se llegó a la conclusión “en el marco de la investigación preliminar identificada como caso Coirón Nº 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.
La detección se suma al resto de las irregularidades descubiertas en los últimos meses en el padrón de beneficiarios de pensiones y planes sociales. Días atrás, el Gobierno denunció ante la Justicia a miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo porque viajaron fuera de Latinoamérica, en cruceros o aviones, y estuvieron más de un mes fuera del país.
La presentación –a la que accedió la nacion– la realizó el ministerio a cargo de Sandra Pettovello ante el fiscal Eduardo Taiano, que viene reuniendo esta información desde la gestión de Alberto Fernández, en una causa que le delegó el juez federal Julián Ercolini.
En el expediente se presentó Leila Daniela Gianni, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, y adjuntó un informe producto de cruzar las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo. El trabajo concluyó que entre marzo de 2020 –cuando se creó el programa– y diciembre de 2023 hubo 122.600 titulares activos que aparecieron en los registros migratorios.
Unos 85 titulares viajaron a destinos fuera de Latinoamérica, 2939 titulares viajaron en avión o crucero, 14.695 titulares viajaron por un período superior a 30 días. Y 4782 beneficiarios registraron más de un criterio analizado.
En total, son 22.501 los titulares activos del plan Potenciar Trabajo que aparecen en al menos alguno de los tres criterios analizados.

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Extienden una semana los retiros en Télam
La agencia estatal está en proceso preventivo de crisis; el 35% de su dotación ya acordó su salida
El anuncio del cierre de la agencia Télam durante el discurso inaugural de las sesiones legislativas del Presidente sorprendió a propios y ajenos. No tanto por la decisión en sí misma, anticipada en campaña por Javier Milei, sino por lo “intempestivo” de su aviso. Desde entonces, se inició un procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo, la gran mayoría de empleados fueron dispensados y se abrió un plan de retiros voluntarios.
El interventor de los medios públicos, Diego Chaher, comunicó que el régimen se extenderá una semana, al igual que el plazo para que los trabajadores devuelvan todos los equipos que les fueron asignados para su labor.
Según pudo saber la nacion, un 35% del total de los trabajadores de Télam –sobre más de 770 empleados– se acogió al régimen de retiros voluntarios. De acuerdo con estos datos, al menos 260 trabajadores negociaron su salida de la agencia, que también anunció el cierre de todas sus corresponsalías en el país, con las de Rosario y La Plata como las de mayor dimensión.
La extensión de la fecha límite para adherir al plan de retiros ya estaba tomada la semana pasada, pero se concretó recién el viernes. En el escrito, enviado a la gran mayoría de empleados dispensados –con excepción de un puñado de 40 destinados a tareas administrativas en el área de legales, publicidad y afines–, se anunció la prórroga con fecha límite para el próximo viernes 17 de mayo.
El Gobierno continuará así con el procedimiento preventivo de crisis que le permite avanzar con desvinculaciones del personal, que podría alcanzar al 82% de la planta y suspensiones de cláusulas convencionales vigentes. Además, quedará habilitado a pagar a los trabajadores el 50% de los ofrecido en los retiros voluntarios.
Según la presentación del interventor ante la Secretaría de Trabajo, para iniciar el procedimiento preventivo de crisis, “se están agotando los recursos económicos y humanos de la organización”.

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