GOBIERNO Y EDITORIALES

La era de la Justicia
Cristina Miguens
Transcurridos cinco meses de gobierno, Javier Milei está pagando el precio de su debilidad parlamentaria con la compleja negociación de la Ley Bases. Es en este contexto que irrumpe la postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, un juez amigo de empresarios y banqueros, y sobre quien pesan denuncias de corrupción y de connivencia con políticos kirchneristas desde hace años. Entre otras cuestiones, se le imputa la capacidad de “anestesiar” causas sensibles para el kirchnerismo, como la compra de YPF (durante 15 años), operación que hoy podría costarle al país unos 16.000 millones de dólares.
La nominación obtuvo el rechazo casi total del amplio arco de asociaciones profesionales y juristas, y amenaza la llegada de nuevas inversiones por la inseguridad jurídica que genera su figura. Lapidaria fue la opinión de un fiscal de Comodoro Py que conoce del tema: “Lijo a la Corte: cerremos y tiremos la llave”.
Las encuestas siguen mostrando el apoyo a Milei, sobre todo por sus logros en las áreas de Economía (vía Luis Caputo y Santiago Bausili) y Seguridad (Patricia Bullrich). Aun así, hay una fuerte demanda de la sociedad en un área que no está siendo atendida, o más bien parece ser parte de un plan paradójico: la Justicia.
A pesar de la avalancha de impugnaciones que recibió Lijo, Milei sostiene que tiene “el culo limpio” y por eso puede hacer reformas. Lo que no aclara el Presidente es que tal vez sean sus amigos del massismo y del kirchnerismo –hoy socios indispensables para aprobar esas reformas– los que puedan tener el pasado sucio. ¿El pacto es reformas a cambio de impunidad? Habladurías, diría Carlos Pagni.
La deuda mayor que tiene la política luego de 20 años de kirchnerismo es de justicia. En la Argentina las causas penales por corrupción en el país en promedio tardan 20 años y solo un porcentaje muy bajo llega a una condena. Hasta ahora, el que las hace no las paga. Casi todos los condenados por causas de corrupción –gracias a la colaboración de funcionarios del gobierno de Macri– hoy están libres.
Según una encuesta reciente de Synopsis, el 83,5% de los seguidores de Patricia Bullrich rechazan la nominación de Lijo. Milei no está viendo que muchos de sus votantes lo eligieron por más razones que la reducción de la inflación y la libertad del mercado. La disyuntiva “Estado o mercado” es una falsa opción, porque en esa polaridad falta la piedra angular, que es la Justicia, única instancia que puede dirimir los conflictos, sobre todo cuando se trata de corrupción y de mafias que, como hemos comprobado, pueden constituir asociaciones ilícitas y ampararse en una “casta” judicial.
El dinero es la forma más tangible del poder materialista y patriarcal, pero “no solo de pan vive el hombre”. Hay otros valores espirituales que están en juego hoy en el país y en el mundo. La crisis civilizatoria es visible. Las sociedades reclaman un nuevo orden moral para combatir a las mafias enquistadas en el poder y al crimen organizado transnacional. Para ello se requiere una Corte Suprema con jueces intaincluya chables, insobornables, en los que todos podamos confiar. Lijo no.
Lijo es el símbolo de la impunidad. Milei no está viendo el peso simbólico de esa nominación que, como un péndulo, puede volverse en su contra. Una Corte Suprema exclusivamente masculina, la ausencia total de mujeres en la composición del tribunal –a pesar de que el decreto 222/03 dispone tener en cuenta la diversidad de género–, es un insulto a todas las mujeres juristas argentinas y un inadmisible retroceso en la cultura. En 2004 fueron nombradas dos mujeres, Carmen Argibay y Elena Highton. Veinte años después, no quedaría ninguna. Una vez más, la mujer invisibilizada y excluida de los ámbitos de poder. Todo un triunfo de la casta patriarcal.
Pero no se trata meramente de una reivindicación cultural, sino de comprender el poder de los arquetipos en la conciencia colectiva. En el patriarcado, el paradigma es el poder, autoritario y hegemónico, representado por el arquetipo del guerrero, cuyo principio masculino es dominar, vencer y avasallar al enemigo cueste lo que cueste. Mientras que en el otro polo de la psique, el principio femenino asume el arquetipo de la justicia, que representa el límite al poder, un paradigma que busca el equilibrio y la unidad del todo. La conocida ley del talión, consagrada hacia el 1750 a.C. en el Código de Hammurabi, que dictamina “ojo por ojo, diente por diente”, representa el primer límite legal al abuso de poder, porque limita la venganza a “no más de un ojo por un ojo”. Nace la justicia.
El mito de la Gran Madre, que se manifestó en todas las culturas de la antigüedad bajo el nombre de diferentes diosas, obraba como un límite espiritual y religioso al poder. La diosa representaba la sabiduría de ley natural y juzgaba a faraones y reyes. Por eso la justicia ha sido representada siempre con la imagen de una mujer con una balanza y una espada en sus manos. Todo exceso de los humanos –la hybris– sería castigado por la justicia divina
De acuerdo con Jung, los arquetipos siguen obrando en el inconsciente colectivo a través de nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Así como el impulso por la libertad individual surge luego de años de un agobiante estatismo, la demanda colectiva de justicia es el otro polo del péndulo frente a la megacorrupción y la intolerable impunidad del delito organizado, que tiene tomada a una parte del país.
La sociedad está harta de la mentira, la estafa y la impunidad. Y las mujeres, de acuerdo con el arquetipo, reclamamos una representación femenina en la Corte Suprema. Somos más de la mitad de la población y nos corresponde una participación en el tribunal superior que nuestra cosmovisión. De no haber sido por la prensa y la presión de las mujeres en las calles y en las redes, el siniestro femicidio de Cecilia Strzyzowski hubiera caído en el olvido. El patriarcado político es capaz de matar y tirar el cuerpo de la mujer a los chanchos. El poder hegemónico como sinónimo de impunidad. Con la revolución tecnológica se termina esa era.
Si al presidente Milei lo inspiran las sagradas escrituras del AT lo invito a meditar el capítulo 6 del Libro de la Sabiduría, donde el rey Salomón pone estas palabras en boca de la Sabiduría, una imagen femenina de Dios: “¡Oh reyes, escuchen y entiendan! ¡Déjense instruir, ustedes que gobiernan las lejanas tierras! ¡Pongan atención, ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos! Porque el Señor es quien les dio el poder, y la realeza les viene del Altísimo; él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real; ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente, de manera terrible. Porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto”.
La narrativa de LLA que apela a “las fuerzas del cielo” debería contemplar no solo al “dios guerrero”, sino también a la “diosa sabiduría”, cuyo mandato divino es impartir justicia. Porque la batalla que estamos librando todos, varones y mujeres, no es económica ni cultural. Es, ante todo, una batalla espiritual por valores. El Apocalipsis anuncia la llegada de una nueva era, la era de la justicia. Todo lo demás es viejo.
El mito de la Gran Madre, que se manifestó en todas las culturas de la antigüedad bajo el nombre de diferentes diosas, obraba como un límite espiritual y religioso al poder


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El papel picado de la corrupción
La obscena destrucción de documentos oficiales antes de abandonar el poder por parte de funcionarios del anterior gobierno debe ser juzgada y condenada
El avance de la digitalización de documentos no ha logrado aún suprimir el papel, valioso testimonio e irrefutable prueba en numerosas causas. Con los cuadernos de las coimas, por ejemplo, se abrió en 2018 uno de los expedientes judiciales sobre corrupción más grandes de la historia argentina. El escándalo Watergate sacudió a los Estados Unidos en la década del 70 a partir del robo de numerosos documentos de una oficina de Washington DC. Más recientemente, el expresidente y aspirante a volver a competir por ese cargo Donald Trump fue imputado por llevarse indebidamente de la Casa Blanca documentos clasificados.
Ante el cambio de color de una administración se ha vuelto común que empleados y funcionarios relevados roben de las oficinas públicas todo tipo de enseres, como si fueran propios. Los de mayor rango se preocuparán por retirar además todo aquello que pueda poner en evidencia los desaguisados de sus gestiones. Tal el caso del exdirector general de Administración de la Secretaría de Trabajo, Martín Alejandro Bugueiro, quien en abril último pasó expedientes y documentos de su área por una destructora y borró los discos rígidos de las computadoras estatales –afortunadamente recuperados en un 90 por ciento– al enterarse de que sería despedido del cargo junto con otra docena de empleados técnicos. Si bien su nombre no es muy conocido, desempeñaba un puesto de relevancia. Fue encontrado in fraganti haciendo desaparecer evidencias mientras tomaba whisky, fumaba y comía galletas con Nicolás Sojit, exdirector general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la cartera laboral.
Las voluminosas bolsas transparentes conteniendo los documentos destruidos fueron retiradas y se labraron las correspondientes actas ante escribano. Ambos funcionarios kirchneristas se habían negado a dejar las oficinas tras ser despedidos.
En el último tiempo ha sido el Ministerio de Capital Humano el que más activamente viene denunciando escándalos de corrupción de la anterior gestión en dependencias a su cargo.
Las auditorías están a la orden del día y la dirección a cargo de Bugueiro, apodado “el Gitano”, no habría sido la excepción. Estaba precisamente bajo la lupa, con un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que también detectó irregularidades en la categoría “alto impacto” por sus derivaciones.
La revisión ordenada incluye todo tipo de compras, desde flotas de vehículos para uso oficial hasta ascensores, alfombras, electrodomésticos, equipos de energía, acondicionadores de aire, tanques de agua, alarmas y elementos de prevención de incendios, entre otros bienes. El año pasado la entonces ministra Raquel “Kelly” Olmos había impulsado una escandalosa licitación en un contexto de crisis económica para renovar las cortinas del Ministerio con un presupuesto de unos 60 millones de pesos que superó ampliamente las ofertas de los proveedores; el pliego había sido firmado por Bugueiro. También con la firma del Gitano se aprobaban contratos de servicio como fumigación o remises y locaciones de inmuebles para la sede de la dependencia. Multimillonarios presupuestos estaban bajo su órbita.
En el caso de Sojit, se detectó que había tramitado un crédito por 341 millones de dólares otorgado al Estado nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para “mejora de la inclusión en educación secundaria y superior” del que nunca habría rendido cuenta.
Esos flagrantes delitos cometidos durante el último gobierno kirchnerista en Trabajo representan otro paradigmático y triste ejemplo de la malversación de caudales públicos que empobreció a nuestro país en tanto se enriquecían muchos funcionarios. Las máquinas destructoras de documentos podrán intentar terminar con las pruebas de millonarios delitos que una sociedad asqueada lleva impresos en su memoria. Una vez más, será la Justicia la encargada de desandar los caminos de una corrupción enquistada en el Estado para condenar dura y ejemplificadoramente a sus responsables.
Estos flagrantes delitos representan otro triste ejemplo de la malversación de caudales públicos que empobreció al país

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Pedofilia: espeluznante manual
Mediante la utilización de un software CPS (Child Protection System) suministrado por una institución dedicada al rescate de niños con sede en los Estados Unidos, se abrió una investigación a requerimiento del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Persona, Material de Abuso Sexual Infantil y Grooming de la Procuración General. Se identificó así una dirección IP registrada en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, desde la cual se habían descargado y compartido unos 110.000 archivos de imágenes y videos de abuso sexual infantil. El megaoperativo con intervención de agentes de Interpol Argentina de la Policía Federal se conoció como Cisne Negro.
En el lugar allanado se secuestraron dispositivos electrónicos, aparatos sexuales y muñecos de bebés utilizados por el que se considera el mayor distribuidor de material de este tipo en el país: un hombre de 35 años que vivía junto a su madre. Al momento de realizarse el allajunto namiento, el acusado, de profesión técnico informático, sorprendido en flagrancia, leía en la pantalla de una PC el “manual del abusador”, un documento de diez páginas con técnicas instructivas para acercarse a los menores en el ciberespacio con el fin de filmarlos para compartir las imágenes en internet.
A partir de las pruebas recolectadas al hombre detenido –que se negó a declarar– se le imputará el delito de “distribución de imágenes de abuso infantil”, por el que le correspondería una pena de entre uno y seis años de prisión.
El año pasado, a partir del testimonio de más de 5000 jóvenes de todo el país, un informe de Grooming Argentina reportaba que es a través de la aplicación más utilizada, WhatsApp, que seis de cada diez jóvenes establecen contacto con alguien desconocido y que dos de cada tres de estas conversaciones son sexualizadas. A una de cada cuatro se les pedirán fotos sin ropas. También se repiten los casos de aquellos menores de edad agregados sin su consentimiento a multitudinarios grupos de WhatsApp que se verán inundados de imágenes y videos sexuales de adultos, pero también de niños y adolescentes, materiales que claramente no están preparados para ver, traumáticos y violentos.
Con el tiempo que la virtualidad ocupa en las vidas de niños y jóvenes cada vez más tempranamente, su impacto es enorme y el rol de los padres generando espacios de diálogo y supervisando la vida digital de sus hijos es clave. Abrir las conversaciones a estos temas desde antes de la adolescencia, dejando de lado los retos y estableciendo canales de diálogo sobre los riesgos y peligros, sin asustarlos, contribuirá a que recurran en busca de ayuda cuando la necesiten.
El grooming es el acoso sexual a niños y adolescentes a través de medios digitales, una modalidad de abuso sin contacto físico que constituye un delito. Es tarea de todos combatirlo y denunciarlo.

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