El Gobierno enfría el ritmo del ajuste para evitar un impacto social negativo
Se notó en las partidas de subsidios, planes y jubilaciones de marzo y de abril
Laura Serra y Maia Jastreblansky
La consigna del déficit cero es innegociable para el Gobierno. Pero sin apartarse del marco de austeridad, en los últimos dos meses la gestión de Javier Milei empezó a enfriar el ritmo de ajuste para evitar un impacto social negativo y mantener a raya la inflación.
La tenue flexibilización se dio en partidas sociales, jubilaciones, universidades y también en los subsidios, para postergar las subas de luz y gas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el gasto primario pasó de una caída interanual de 39,4% en enero a una de 35% en marzo. “En abril se observa una pequeña desaceleración en el nivel de ajuste”, completó el economista Fernando Marra.
Por necesidad política. Para mantener a raya a la inflación. O para contención social. Un conjunto de factores obligaron a Javier Milei a empezar a desacelerar levemente la motosierra -y la licuadora- en los últimos dos meses. La gestión libertaria nunca dejó de ajustar si se compara el nivel de gasto en términos reales de forma interanual. Pero en marzo y en abril lo hizo con menor intensidad que en el primer bimestre del año.
Milei se ufanó de haber alcanzado superávits primario y financiero al cierre del primer trimestre. “La motosierra y la licuadora no se negocian”, sentenció el jefe de Estado allá por febrero, cuando el torniquete sobre el gasto público alcanzaba su máximo nivel. Con el correr de las semanas, empero, ese ajuste comenzó a aflojar levemente. Así se evidencia en las cifras de ejecución del gasto presupuestario. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside el economista Nadin Argañaraz, procesó estos datos con el propósito de medir la intensidad de la reducción del gasto en lo que va de la gestión libertaria: ese informe da cuenta que el gasto primario pasó de una caída interanual del 39,4% en enero a una del 35% en términos reales en marzo. Hubo una desaceleración de la intensidad del ajuste del gasto, señala el informe. La tendencia, según especialistas, se habría sostenido en abril.
Consultados fuentes del Gobierno confirmaron el análisis. “Es correcto. La menor caída del gasto obedece a que algunas partidas respondían a programas que necesitaban primero ser evaluados. Además se realizaron incrementos en asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, además de las jubilaciones”, dijeron fuentes calificadas de la gestión libertaria.
La desaceleración del ajuste no fue uniforme en todas las partidas. Es decir, el torniquete aflojó en algunos rubros del gasto primario mientras que en otros se mantuvo igual o se intensificó. Son los casos de la inversión real directa, las transferencias discrecionales a las provincias, las pensiones no contributivas y los subsidios al transporte. Una de las partidas que evidenció un relajamiento en el ajuste es la destinada al pago de jubilaciones y pensiones contributivas: en enero tuvieron una caída interanual del 38,1% mientras que en marzo fue de 35,7%. Esto se explica por el pago de los sucesivos bonos que pagó el Gobierno a los beneficiarios del haber mínimo para atenuar –parcialmentela caída en términos reales de esos ingresos: $55.000 en enero y marzo y $70.000 en marzo.
La licuación de las jubilaciones y pensiones ha sido, no obstante, la principal aliada del Gobierno en la reducción del gasto público. En abril la desaceleración en el ajuste sobre las jubilaciones y pensiones fue mayor ya que comenzó a regir la transición entre la antigua fórmula de movilidad y la que impuso el Gobierno por el DNU 274/24: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este DNU tiene un costo fiscal de 0,3 punto del PBI, básicamente por el pago de un adicional del 12,5% por única vez. Desde Suramericana Visión el economista Fernando Morra apuntó: “En abril se observa una pequeña desaceleración en el nivel de ajuste, en línea con lo que sucedió en marzo. Si bien el Gobierno está lejos de recuperar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, con la nueva fórmula jubilatoria se impide que sigan cayendo. Pero ojo, también impide que sigan creciendo porque nunca se va a actualizar por arriba de la inflación”. El Gobierno también desaceleró la intensidad del ajuste en los programas sociales: en enero cayeron un 23,1% interanual y en marzo el 17,9%. La Asignación por Embarazo y la AUH aumentaron un 27,18% en el tercer mes del año, mientras que, en abril aumentó un 500% el Plan “Primeros mil días”. Los salarios del sector público también evidenciaron una recuperación, aunque por detrás de la inflación. Según el Iaraf, en enero la caída interanual fue del 27,2%, mientras que al cierre de marzo fue de 19,6%. En marzo se acordó un nuevo aumento del 8%, por lo que al cierre del primer cuatrimestre la caída en este rubro fue del 14,4% reales.
Los subsidios energéticos tuvieron, en tanto, una caída drástica del 77,2% interanual el primer mes del año, pero en marzo el ajuste en este rubro se aflojó y cayeron el 50,6%. Esa desaceleración se intensificó en abril: según la OPC, ese mes se verificó por primera vez en el año un incremento real del gasto en términos interanuales (44,5%), principalmente como consecuencia de transferencias a Cammesa por $791.760 millones para cubrir las deudas pendientes en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En tren de mantener a la baja la curva de la inflación, el Gobierno decidió además postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que estaban previstos para mayo. “Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación”, dijo el ministro Luis Caputo. El funcionario cree que tiene margen de maniobra para sostener las metas fiscales gracias al feroz ajuste aplicado en la primera parte del año. Si se observa el rubro “transferencias a universidades” el informe de Suramericana Visión indica que la caída en el primer trimestre fue del 35%, pero del 29% en marzo. El Gobierno debió soltar la billetera conforme escaló el conflicto con las casas de estudio. Anunció en marzo un aumento del 70% para “gastos de funcionamiento” y giró los fondos un día antes de la masiva movilización. Con el recrudecimiento del malestar, anunció otro aumento del 70% para mayo y una partida extraordinaria para los hospitales universitarios.
El Gobierno dio de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), con el argumento de que las provincias deben sustentar sus propios gastos. La lógica del látigo marcó el inicio de la gestión de Milei. Sin embargo, en abril el Gobierno giró fondos para sustentar gastos de educación para Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Corrientes. “Son fondos por compensación salarial focalizados sólo en las provincias que pagan salarios docentes inferiores al mínimo fijado por el Consejo Federal de Educación”, señalaron fuentes oficiales.
Respecto a los giros discrecionales, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta el 29 de abril pasado, la Nación pagó $10.300 millones. Fuentes oficiales confirmaron a la nacion que también se otorgaron “adelantos de coparticipación” a las provincias que los solicitaron
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La meta del gasto público obliga a un ajuste del 35%
El Pacto de Mayo señala que la erogación global no debe superar el 25% del PBI
La consigna del déficit cero es innegociable para el Gobierno. Pero sin apartarse del marco de austeridad, en los últimos dos meses la gestión de Javier Milei empezó a enfriar el ritmo de ajuste para evitar un impacto social negativo y mantener a raya la inflación.
La tenue flexibilización se dio en partidas sociales, jubilaciones, universidades y también en los subsidios, para postergar las subas de luz y gas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el gasto primario pasó de una caída interanual de 39,4% en enero a una de 35% en marzo. “En abril se observa una pequeña desaceleración en el nivel de ajuste”, completó el economista Fernando Marra.
Por necesidad política. Para mantener a raya a la inflación. O para contención social. Un conjunto de factores obligaron a Javier Milei a empezar a desacelerar levemente la motosierra -y la licuadora- en los últimos dos meses. La gestión libertaria nunca dejó de ajustar si se compara el nivel de gasto en términos reales de forma interanual. Pero en marzo y en abril lo hizo con menor intensidad que en el primer bimestre del año.
Milei se ufanó de haber alcanzado superávits primario y financiero al cierre del primer trimestre. “La motosierra y la licuadora no se negocian”, sentenció el jefe de Estado allá por febrero, cuando el torniquete sobre el gasto público alcanzaba su máximo nivel. Con el correr de las semanas, empero, ese ajuste comenzó a aflojar levemente. Así se evidencia en las cifras de ejecución del gasto presupuestario. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside el economista Nadin Argañaraz, procesó estos datos con el propósito de medir la intensidad de la reducción del gasto en lo que va de la gestión libertaria: ese informe da cuenta que el gasto primario pasó de una caída interanual del 39,4% en enero a una del 35% en términos reales en marzo. Hubo una desaceleración de la intensidad del ajuste del gasto, señala el informe. La tendencia, según especialistas, se habría sostenido en abril.
Consultados fuentes del Gobierno confirmaron el análisis. “Es correcto. La menor caída del gasto obedece a que algunas partidas respondían a programas que necesitaban primero ser evaluados. Además se realizaron incrementos en asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, además de las jubilaciones”, dijeron fuentes calificadas de la gestión libertaria.
La desaceleración del ajuste no fue uniforme en todas las partidas. Es decir, el torniquete aflojó en algunos rubros del gasto primario mientras que en otros se mantuvo igual o se intensificó. Son los casos de la inversión real directa, las transferencias discrecionales a las provincias, las pensiones no contributivas y los subsidios al transporte. Una de las partidas que evidenció un relajamiento en el ajuste es la destinada al pago de jubilaciones y pensiones contributivas: en enero tuvieron una caída interanual del 38,1% mientras que en marzo fue de 35,7%. Esto se explica por el pago de los sucesivos bonos que pagó el Gobierno a los beneficiarios del haber mínimo para atenuar –parcialmentela caída en términos reales de esos ingresos: $55.000 en enero y marzo y $70.000 en marzo.
La licuación de las jubilaciones y pensiones ha sido, no obstante, la principal aliada del Gobierno en la reducción del gasto público. En abril la desaceleración en el ajuste sobre las jubilaciones y pensiones fue mayor ya que comenzó a regir la transición entre la antigua fórmula de movilidad y la que impuso el Gobierno por el DNU 274/24: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este DNU tiene un costo fiscal de 0,3 punto del PBI, básicamente por el pago de un adicional del 12,5% por única vez. Desde Suramericana Visión el economista Fernando Morra apuntó: “En abril se observa una pequeña desaceleración en el nivel de ajuste, en línea con lo que sucedió en marzo. Si bien el Gobierno está lejos de recuperar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, con la nueva fórmula jubilatoria se impide que sigan cayendo. Pero ojo, también impide que sigan creciendo porque nunca se va a actualizar por arriba de la inflación”. El Gobierno también desaceleró la intensidad del ajuste en los programas sociales: en enero cayeron un 23,1% interanual y en marzo el 17,9%. La Asignación por Embarazo y la AUH aumentaron un 27,18% en el tercer mes del año, mientras que, en abril aumentó un 500% el Plan “Primeros mil días”. Los salarios del sector público también evidenciaron una recuperación, aunque por detrás de la inflación. Según el Iaraf, en enero la caída interanual fue del 27,2%, mientras que al cierre de marzo fue de 19,6%. En marzo se acordó un nuevo aumento del 8%, por lo que al cierre del primer cuatrimestre la caída en este rubro fue del 14,4% reales.
Los subsidios energéticos tuvieron, en tanto, una caída drástica del 77,2% interanual el primer mes del año, pero en marzo el ajuste en este rubro se aflojó y cayeron el 50,6%. Esa desaceleración se intensificó en abril: según la OPC, ese mes se verificó por primera vez en el año un incremento real del gasto en términos interanuales (44,5%), principalmente como consecuencia de transferencias a Cammesa por $791.760 millones para cubrir las deudas pendientes en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En tren de mantener a la baja la curva de la inflación, el Gobierno decidió además postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que estaban previstos para mayo. “Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación”, dijo el ministro Luis Caputo. El funcionario cree que tiene margen de maniobra para sostener las metas fiscales gracias al feroz ajuste aplicado en la primera parte del año. Si se observa el rubro “transferencias a universidades” el informe de Suramericana Visión indica que la caída en el primer trimestre fue del 35%, pero del 29% en marzo. El Gobierno debió soltar la billetera conforme escaló el conflicto con las casas de estudio. Anunció en marzo un aumento del 70% para “gastos de funcionamiento” y giró los fondos un día antes de la masiva movilización. Con el recrudecimiento del malestar, anunció otro aumento del 70% para mayo y una partida extraordinaria para los hospitales universitarios.
El Gobierno dio de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), con el argumento de que las provincias deben sustentar sus propios gastos. La lógica del látigo marcó el inicio de la gestión de Milei. Sin embargo, en abril el Gobierno giró fondos para sustentar gastos de educación para Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Corrientes. “Son fondos por compensación salarial focalizados sólo en las provincias que pagan salarios docentes inferiores al mínimo fijado por el Consejo Federal de Educación”, señalaron fuentes oficiales.
Respecto a los giros discrecionales, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta el 29 de abril pasado, la Nación pagó $10.300 millones. Fuentes oficiales confirmaron a la nacion que también se otorgaron “adelantos de coparticipación” a las provincias que los solicitaron
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La meta del gasto público obliga a un ajuste del 35%
El Pacto de Mayo señala que la erogación global no debe superar el 25% del PBI
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– El 25 de este mes -con o sin la ley Bases aprobada– se firmará el Pacto de Mayo en Córdoba. El presidente Javier Milei reunirá a los gobernadores que apoyaron para suscribir el decálogo de principios que, en el punto cuatro, le pone números a cuánto deberá ser el gasto público consolidado respecto al PBI. Las erogaciones de la Nación, las provincias y los municipio no podrá superar el 25% del PBI. Para tener una referencia, el año pasado rondó el 39,5 por ciento. Desde 1993, solo en 2004 el gasto estuvo en el nivel propuesto por Milei. El ajuste debería ser del 35% en términos reales para alcanzar la meta.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por el economista Nadin Argañaraz, analizó cómo se comportó el gasto público desde 1993. Desde entonces, 2004 –en la presidencia de Néstor Kirchner– fue el momento de menor participación del gasto en el PBI: 25,6%, mientras que 2016 -con Mauricio Macri en la Casa Rosada- se alcanzó el pico de 44,8% del PBI.
Al establecerse un ratio –como lo hace la propuesta del Pacto de Mayo– entre gasto público y PBI, Argañaraz indicó, que en base al 2023, la economía debería crecer 60% (5% anual por una década) o bien el gasto debería reducirse al 35% real. “Es muy poco probable que el producto evolucione en esos niveles –dijo en diálogo con la nacion–. Con el ajuste que está realizando hoy el Gobierno, el gasto caerá 6 puntos del PBI y para que llegue al 25% del producto deberían ser 14 puntos. Queda en claro que es muy grande el desafío”.
Para alcanzar la propuesta de Milei, siempre a partir de los datos de 2023 y en comparación con 2004, se deberían reducir el 81% de los gastos ejecutados el año pasado. Las tres partidas que más deberían bajar en términos reales son los giros para cubrir el déficit de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%), las transferencias de capital desde los municipios (86,4%), y la inversión real directa nacional (57,4%).
Los gastos que necesitarían menor variación serían las transferencias corrientes desde las provincias (achique de 2,3%); intereses de deuda provincial (9%) y el provincial en bienes y servicios (20,7%).
Argañaraz explica que por nivel de gobierno, las erogaciones totales a nivel nacional deberían reducirse 39% en términos reales. Las provincias deberían ajustar un 30% (salarios, seguridad social e inversión real directa) y los municipios, un 34 por ciento.
Para graficar, en 2023 la mitad del gasto público lo ejecutó la Nación. Del total consolidado, el 12,2% del PBI se destina al pago de sueldos y contrataciones del Estado, seguido por 9% de Seguridad Social (en este caso $75 de cada $100 lo realiza la Nación) y el tercer lugar es para transferencias corrientes con 8,2% ($80 de cada $100 lo hace también la Nación y son subsidios a la energía, al transporte, los programas sociales y giros a las universidades, entre otros). Esas tres partidas representan 29,4% del PBI y totalizan 75% del gasto público consolidado argentino.
Para que los números cierren conforme a la propuesta de Milei, el gobierno nacional debería gastar 26% menos en personal, mientras que las provincias y los municipios necesitan reducir esas partidas un 32% en términos reales. En total, la baja debería ser del 36% real
Para el pago de jubilaciones y pensiones el ajuste debería seguir siendo significativo: la administración central tiene que achicar el 35% en términos reales esas partidas y las provincias, el 34 por ciento. En conjunto el 35% real.
Del tercer pilar del gasto –las transferencias corrientes– la disminución real debe ser del 55%; las provincias y municipios deberían mantener y así la contracción real alcanzaría 44%.
En cambio, para equiparar la ecuación con 2004, el gasto en bienes y servicios a nivel nacional debería aumentar 13% en términos reales, mientras que las provincias deberían recortarlo en 21% y los municipios, 35%. En total, habría un achique del 18% en términos reales.
Siempre partiendo de la distribución del gasto público en 2004 y en 2023, la inversión real directa debería caer 57% real a nivel nacional, las provincias deberían contraer 32% y los municipios, 46%. El ajuste global sería de 44% en términos reales.
El gasto público en bienes y servicios debería ajustarse 18% siempre en términos reales (Nación aumentaría 13%; provincias bajarían 21% y municipios, 35%); la inversión real directa tendría que caer 44% (Nación debería aportar una baja de 57%, provincias 32% y municipios, 46%). Lo recursos destinados al pago de intereses de deuda deberían achicarse 24% real mientras que lo destinado a cubrir déficit de empresas estatales debería eliminarse por completo. Las transferencias de capital podrían aumentar 19% real para equiparar el peso de los gastos.
La película en 31 años
Si se considera el gasto primario del sector público (no contempla intereses de la deuda), el año pasado equivalía al 37,4% del producto. En los últimos 31 años, con un 24% el año 2004 es el de menor participación, mientras que 2015, con un 41,6%, es el pico. El promedio de la serie es del 32,3% del PBI. La Nación tiene la mayor participación.
En un desagregado por ítems, el gasto salarial -que el año pasado representó el 12,2% del PBI- tuvo su nivel más bajo desde 1993 en 2004, con un 7,8%, y el más alto en 2015, con 13,5% del PBI. El promedio de la serie es el 10,7% del PBI. Las provincias (incluida la ciudad de Buenos Aires) representan el 8% de ese global, la Nación reúne el 2,65% y el 1,65% está en manos de los municipios.
Los recursos destinados a Seguridad Social (no incluye el pago de bonos) registró su punto más bajo en la serie en 2005 cuando fue 5,7% del PBI y el punto más alto en 2017, con 11,7 por ciento.
La lupa sobre las transferencias corrientes revela que en 1993 se dio el piso, ese año representaron el 3,3% del PBI y en 2020 marcaron el pico, con 9,9%. El promedio de la serie es de 6,1% del producto bruto interno. La Nación siempre es el mayor ejecutor.
CÓRDOBA.– El 25 de este mes -con o sin la ley Bases aprobada– se firmará el Pacto de Mayo en Córdoba. El presidente Javier Milei reunirá a los gobernadores que apoyaron para suscribir el decálogo de principios que, en el punto cuatro, le pone números a cuánto deberá ser el gasto público consolidado respecto al PBI. Las erogaciones de la Nación, las provincias y los municipio no podrá superar el 25% del PBI. Para tener una referencia, el año pasado rondó el 39,5 por ciento. Desde 1993, solo en 2004 el gasto estuvo en el nivel propuesto por Milei. El ajuste debería ser del 35% en términos reales para alcanzar la meta.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por el economista Nadin Argañaraz, analizó cómo se comportó el gasto público desde 1993. Desde entonces, 2004 –en la presidencia de Néstor Kirchner– fue el momento de menor participación del gasto en el PBI: 25,6%, mientras que 2016 -con Mauricio Macri en la Casa Rosada- se alcanzó el pico de 44,8% del PBI.
Al establecerse un ratio –como lo hace la propuesta del Pacto de Mayo– entre gasto público y PBI, Argañaraz indicó, que en base al 2023, la economía debería crecer 60% (5% anual por una década) o bien el gasto debería reducirse al 35% real. “Es muy poco probable que el producto evolucione en esos niveles –dijo en diálogo con la nacion–. Con el ajuste que está realizando hoy el Gobierno, el gasto caerá 6 puntos del PBI y para que llegue al 25% del producto deberían ser 14 puntos. Queda en claro que es muy grande el desafío”.
Para alcanzar la propuesta de Milei, siempre a partir de los datos de 2023 y en comparación con 2004, se deberían reducir el 81% de los gastos ejecutados el año pasado. Las tres partidas que más deberían bajar en términos reales son los giros para cubrir el déficit de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%), las transferencias de capital desde los municipios (86,4%), y la inversión real directa nacional (57,4%).
Los gastos que necesitarían menor variación serían las transferencias corrientes desde las provincias (achique de 2,3%); intereses de deuda provincial (9%) y el provincial en bienes y servicios (20,7%).
Argañaraz explica que por nivel de gobierno, las erogaciones totales a nivel nacional deberían reducirse 39% en términos reales. Las provincias deberían ajustar un 30% (salarios, seguridad social e inversión real directa) y los municipios, un 34 por ciento.
Para graficar, en 2023 la mitad del gasto público lo ejecutó la Nación. Del total consolidado, el 12,2% del PBI se destina al pago de sueldos y contrataciones del Estado, seguido por 9% de Seguridad Social (en este caso $75 de cada $100 lo realiza la Nación) y el tercer lugar es para transferencias corrientes con 8,2% ($80 de cada $100 lo hace también la Nación y son subsidios a la energía, al transporte, los programas sociales y giros a las universidades, entre otros). Esas tres partidas representan 29,4% del PBI y totalizan 75% del gasto público consolidado argentino.
Para que los números cierren conforme a la propuesta de Milei, el gobierno nacional debería gastar 26% menos en personal, mientras que las provincias y los municipios necesitan reducir esas partidas un 32% en términos reales. En total, la baja debería ser del 36% real
Para el pago de jubilaciones y pensiones el ajuste debería seguir siendo significativo: la administración central tiene que achicar el 35% en términos reales esas partidas y las provincias, el 34 por ciento. En conjunto el 35% real.
Del tercer pilar del gasto –las transferencias corrientes– la disminución real debe ser del 55%; las provincias y municipios deberían mantener y así la contracción real alcanzaría 44%.
En cambio, para equiparar la ecuación con 2004, el gasto en bienes y servicios a nivel nacional debería aumentar 13% en términos reales, mientras que las provincias deberían recortarlo en 21% y los municipios, 35%. En total, habría un achique del 18% en términos reales.
Siempre partiendo de la distribución del gasto público en 2004 y en 2023, la inversión real directa debería caer 57% real a nivel nacional, las provincias deberían contraer 32% y los municipios, 46%. El ajuste global sería de 44% en términos reales.
El gasto público en bienes y servicios debería ajustarse 18% siempre en términos reales (Nación aumentaría 13%; provincias bajarían 21% y municipios, 35%); la inversión real directa tendría que caer 44% (Nación debería aportar una baja de 57%, provincias 32% y municipios, 46%). Lo recursos destinados al pago de intereses de deuda deberían achicarse 24% real mientras que lo destinado a cubrir déficit de empresas estatales debería eliminarse por completo. Las transferencias de capital podrían aumentar 19% real para equiparar el peso de los gastos.
La película en 31 años
Si se considera el gasto primario del sector público (no contempla intereses de la deuda), el año pasado equivalía al 37,4% del producto. En los últimos 31 años, con un 24% el año 2004 es el de menor participación, mientras que 2015, con un 41,6%, es el pico. El promedio de la serie es del 32,3% del PBI. La Nación tiene la mayor participación.
En un desagregado por ítems, el gasto salarial -que el año pasado representó el 12,2% del PBI- tuvo su nivel más bajo desde 1993 en 2004, con un 7,8%, y el más alto en 2015, con 13,5% del PBI. El promedio de la serie es el 10,7% del PBI. Las provincias (incluida la ciudad de Buenos Aires) representan el 8% de ese global, la Nación reúne el 2,65% y el 1,65% está en manos de los municipios.
Los recursos destinados a Seguridad Social (no incluye el pago de bonos) registró su punto más bajo en la serie en 2005 cuando fue 5,7% del PBI y el punto más alto en 2017, con 11,7 por ciento.
La lupa sobre las transferencias corrientes revela que en 1993 se dio el piso, ese año representaron el 3,3% del PBI y en 2020 marcaron el pico, con 9,9%. El promedio de la serie es de 6,1% del producto bruto interno. La Nación siempre es el mayor ejecutor.
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