Los 90: la explosión en Río Tercero

Los 90: la explosión en Río Tercero, con siete muertos, centenares de heridos y sin responsables políticos
La Justicia determinó que la voladura de la fábrica militar fue “programada y organizada” para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; Carlos Menem habló de “accidente” y murió antes del juicio
Gabriela Origlia
La explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995
CÓRDOBA.- Los habitantes de la ciudad de Río Tercero comenzaban un viernes como todos cuando, a las 8.55 del 3 de noviembre de 1995, un estallido les cambió no solo la jornada sino la vida. Humo, esquirlas, chapas que giraban por los aires. El epicentro era la Fábrica Militar. En cuestión de segundos le siguieron dos explosiones más. Todo se inició de manera “programada y organizada” -según la investigación judicial- en un tambor con trotyl de descarga en un tinglado en la Planta de Carga. A las 9.07, cuando ya los vecinos de los barrios colindantes corrían desesperados por las calles, hubo 18 estallidos más que volaron los depósitos de expedición y suministros.
La explosión que dejó siete muertos -Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela-, 300 heridos y decenas de casas destruidas se convirtió en la causa judicial que persiguió al expresidente Carlos Menem hasta su muerte.
La tarde de ese 3 de noviembre, acompañado por parte de su gabinete, Menem llegó a la ciudad y dio una conferencia de prensa, en la que negó que pudiera tratarse de un sabotaje. “Descártelo totalmente, es un accidente… Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”, respondió a un periodista.
La imagen de la desolación en Río Tercero

El dos veces presidente falleció el 14 de febrero de 2021, diez días antes de la fecha en la que debía sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado como “autor mediato” de la voladura. La causa se cerró y quedó sin determinar la responsabilidad política. Las investigaciones ya habían concluido que el estallido fue provocado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Ambos países enfrentaban conflictos bélicos y regían prohibiciones de venta de material bélico.
En febrero de 2014, por mayoría, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento de Menem dictado por el Juzgado Federal de Río Cuarto, en el que el magistrado indicó que no podía “negarse que la maniobra de venta ilegal de material bélico no concluyó sólo con el contrabando, sino que, precisamente a raíz de haber quedado al descubierto, se llevaron a cabo otras actividades conexas que terminaron con la explosión intencional” de la fábrica. Ese mismo día también se ratificó el sobreseimiento del teniente general Martín Balza, exjefe del Ejército. Cuatro años después, la Cámara Nacional de Casación Penal revisó esa decisión, revocó el sobreseimiento del expresidente y lo envió a juicio oral. Era el proceso que debía empezar el 24 de febrero de 2022.
Río Tercero fue la única ciudad del país que no adhirió al duelo nacional de tres días dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. El exsenador y hermano del expresidente, Eduardo Menem, criticó esa decisión: “Río Tercero es una infamia, es una forma de querer desacreditarlo. Qué Dios los perdone por haber culpado sin pruebas y elementos”.
Ana Gritti, querellante en la causa judicial por la muerte de su esposo, falleció en 2011
La luchadora
Ana Gritti, abogada, fue la única querellante en la causa penal abierta por la voladura de la fábrica. Su marido, el docente Hoder Dalmasso, fue una de las víctimas. Era profesor de química en la ENET N° 1, muy cerca del predio militar. Con otros compañeros evacuó a los alumnos, fue el último en salir y no sobrevivió a un infarto.
Ella decidió llevar adelante la lucha para conocer la verdad de lo ocurrido. Admitió que “nunca” había imaginado poder dar esa pelea. “Pudimos demostrar al país y al mundo que las explosiones fueron programadas, preparadas y ejecutadas intencionalmente por expertos. Logramos la imputación como coautores a siete personas, incluyendo al ex presidente de la Nación, el doctor Menem”, planteó en una entrevista.
Insistió en muchas presentaciones en que el trotyl no ardía, que no explotaba sin un detonador. A tres años del estallido, se hizo un peritaje en el polígono de Serrezuela. Los militares llevaron un barril de trotyl para arrojarle un cigarrillo; su explosión probaría el accidente en la fábrica. Omar Gaviglio, quien era jefe de cargas y operaciones, alertó con su perito que habían agregado aluminio para que ardiera. Aplazaron la prueba. En 2003, treinta peritajes demostraron que la voladura había sido intencional.
Después de las pericias la mujer planteó: “Si uno piensa que la explosión fue accidental, se resigna en pensar que Dios lo quiso así, pero resulta incomprensible que un hombre o varios hayan querido que la vida de mi marido y todo un pueblo hayan tenido la suerte que tuvieron sólo para encubrir responsabilidades penales”. Gritti murió en 2011.
El 23 de diciembre de 2014 el Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba condenó a los exmilitares que ocupaban cargos jerárquicos en el momento de las explosiones. Trece años de prisión fue la sentencia para Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino y 10 años para Marcelo Diego Gatto. Todos fueron acusados por “estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
María Eugenia y Maria Julia Dalmasso, las hijas de Gritti que en 1995 tenían 4 y 6 años, escucharon las condenas. En la primera audiencia dijeron: “Podría pensarse que después de 19 años, la herida duele menos, o que nos olvidamos. Pero no, es imposible olvidar”.
El expresidente Carlos Saúl Menem falleció en febrero de 2021, diez días antes de ser sometido a juicio
El día del veredicto insistieron: “Pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar. Siempre por una cosa o por otra se demoraba. Es algo que esperábamos desde hace 19 años. Estamos conformes. Siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma, los abogados continuaron la investigación. Y, ahora, que un tribunal nos diga que tenía razón, significa que la espera no fue en vano”, enfatizaron ese día.
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal determinó que la explosión fue “intencional, programada y organizada para ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, que “fueron exportados de modo ilegal a Croacia y Ecuador”. Los magistrados se respaldaron en la sentencia de la causa colateral, “Armas-Sarlenga, Luis y otros”, que condenó a Menem como autor del delito de “contrabando agravado por tratarse de material bélico”, cuando firmó los decretos que autorizaron las exportaciones de armamento a Venezuela y Panamá, cuando en realidad sus destinos finales eran Ecuador y Croacia.
La espera continúa
Sin responsables políticos de los estragos provocados por las explosiones, hay unas 10.000 personas que esperan todavía cobrar las indemnizaciones. Ese pago está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después.
Durante la gestión de Mauricio Macri se anunció que se cumpliría, no se hizo; en noviembre pasado el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, fijó montos actualizados. “Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero y termina con 25 años de vergüenza”, aseguró. Tampoco se pagó.
Y aunque en enero el mandatario Javier Milei liberó fondos para cancelar esa deuda, tampoco se avanzó. Siguen las audiencias judiciales para lograr el desembolso. Así, hasta ahora el Estado pagó sólo las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones.

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