Las regiones de Europa que cayeron en la trampa del desarrollo
Cerca de la mitad de los territorios de la UE perdió dinamismo en los últimos años; el fenómeno afecta tanto a zonas rezagadas como ricas y responde a diferentes factores
Laura Delle Femmine.... Kiko Llaneras

MADRID (El País).– Se dice que el dinero no compra la felicidad. Y Europa, rica si se la compara con el resto del planeta, parece cumplir cada vez más con esta máxima. Cerca de la mitad de sus regiones están estancadas económicamente, atrapadas en una contradicción de primer mundo: pese a ostentar una renta por habitante alta, perdieron esa chispa que las hizo crecer en el pasado. Un fenómeno que no solo se traduce en un anquilosamiento económico y competitivo, sino que también forma parte de ese cóctel que alimenta el sentimiento de rechazo hacia la política nacional y europea, el mismo que llevó al Brexit, a las protestas de los chalecos amarillos o al voto a partidos antisistema y euroescépticos.
El mapa a que se describe a continuación permite identificar los niveles de estancamiento de las regiones europeas en función de si están o no en la trampa del desarrollo, un concepto elaborado por un grupo de académicos a partir de indicadores de ingresos, empleo y productividad. A cada territorio le asignan una puntuación que va de 0 a 9; 0 significa que la región se mantiene dinámica –respecto a su entorno y su pasado– y 9, que la trampa es completa. A partir de 5 se entra en riesgo de trampa y con 7 se estaría dentro.
Cerca de la mitad de las regiones europeas –en total, más de 1100 unidades territoriales– están en riesgo, o más allá. “Intentamos diseñar un indicador que fuese más allá del simple recurso habitual del PBI per cápita y que midiera el grado de dinamismo en tres de las variables económicas fundamentales: PBI per cápita, empleo y productividad”, explica Andrés Rodríguez-Pose, catedrático Princesa de Asturias y profesor de Geografía Económica en la London School of Economics, y uno de los inventores del concepto de “trampa del desarrollo”.
Mientras que en España el problema no es tan marcado, en Francia o Italia son muchas las áreas que dan señales de anquilosamiento.
El fenómenos del estancamiento es transversal; afecta a zonas rurales, a antiguos polos industriales y a ciudades prósperas
El fenómeno es transversal: afecta a zonas rurales, a antiguos polos industriales y a ciudades europeas muy prósperas. Su intensidad varía en función del territorio y a veces arroja resultados contraintuitivos, pues no son necesariamente las regiones más pobres o con ingresos medios las que están en la trampa o pueden caer en ella. “Ocurre fundamentalmente en Italia, tanto en las regiones ricas como en las más pobres, en Grecia, en zonas internas de Croacia, en áreas industriales en declive de Francia, Bélgica, Alemania o Finlandia. Incluso el país más dinámico de la UE, Irlanda, no se libra de ella, pues las regiones fronterizas con Irlanda del Norte y los Midlands llevan tiempo estancadas”, enumera Rodríguez-Pose.
Desindustrialización
“El estancamiento de las regiones ricas europeas está muy relacionado con la desindustrialización, fundamentalmente porque ha habido muchas empresas que han deslocalizado, sobre todo en China”, contextualiza Alicia García-Herrero, economista e investigadora senior del centro de estudios bruselense Bruegel, que no ve muchas posibilidades de recobrar vuelo ante titanes como China y Estados Unidos, que además de gozar de economías de escala pueden contar, según el caso, con mano de obra barata y subsidios estatales para su tejido productivo. “En Europa no tenemos empresas de tamaño suficiente que puedan invertir para competir globalmente; perdimos capacidad industrial, no estamos en las nuevas olas de tecnología”, agrega.

El concepto de trampa del desarrollo se inspira en la teoría de la trampa del ingreso medio del Banco Mundial, acuñada para describir a los países emergentes que, tras un período de crecimiento sostenido, se topan con una pared invisible que les impide dar el salto y convertirse en economías de ingresos altos. Uno de los grandes frenos es la dificultad en hacerse de nuevas tecnologías que mejoren la productividad, explica Patrick A. Imam, economista del FMI y subdirector del Joint Vienna Institute: “Escapar de la categoría de ingresos medios puede llevar muchos años”.
Las zonas con falta de crecimiento o con riesgo de caer en esa situación tienden a votar a candidatos de partidos que son euroescépticos
Es el caso de gigantes como Brasil, la India, China, y otro centenar de países, cuya renta por habitante no logra superar un umbral, de unos US$8000 per cápita al año.
Esta regla, evidentemente, no vale para Europa: su nivel de ingresos es mucho más elevado que el de las economías emergentes y no hay un umbral de renta a partir del cual se activa el estancamiento. El nombre lo indica: es una trampa de desarrollo y no de ingresos, que por ende se calcula de forma distinta, a partir del comportamiento de distintas variables. En concreto, mide si el crecimiento del PBI per cápita, la productividad y el empleo de un territorio son más débiles o más vigorosos con respecto a su desempeño pasado, a la media de la UE y a la media del país al que pertenece la región.
Para estudiar la relación con más solidez, se tomó un promedio de una década, de 2011 a 2020, ya que el hecho de caer en la trampa durante un año no es necesariamente significativo. Los problemas surgen si el estancamiento es crónico. El mapa dibuja una Europa donde están atrapadas o a punto de serlo tanto áreas de ingresos altos como de ingresos bajos. Hay un primer grupo de territorios, con un peso específico importante, que siguen siendo relativamente ricos en términos de renta por habitante, como la zona que rodea París, la Lombardía y el Piamonte en Italia, o el sur de Suecia, pero que han sufrido largos períodos de crecimiento económico, de productividad y de empleo insuficientes, a menudo asociados con la desaparición de tejido industrial.
Otro grupo de territorios en trampa o a punto de caer en ella está conformado por regiones con rentas que se sitúan entre el 75% y el 100% de la media de la UE. Y están los sitios más rezagados, que pese a ser los principales destinatarios de los fondos europeos de cohesión no alcanzan el promedio de ingresos de la UE. En este bloque hay varias regiones del sur de Italia, los Balcanes, Grecia, Hungría y Europa central y oriental.
Entre las zonas con un estancamiento medio más alto entre 2001 y 2020 están Viena, los departamentos de Aube y Marne en Francia, varias provincias de Sicilia o Fráncfort en Alemania. Gran Canaria, Segovia, Lleida, La Rioja, Valencia, León o Guadalajara están entre las unidades territoriales más estancadas de España en el período analizado.
Denominadores comunes
Son diferentes las razones que llevan a perder dinamismo, aunque existe una serie de denominadores comunes aplicables a muchos países. Esto últimos factores tienen que ver con cambios estructurales en la economía regional, con el peso del sector manufacturero, la composición demográfica o el capital humano. En general, tienden a estancarse las zonas más envejecidas, con menor valor añadido industrial y mayor dependencia de los servicios no comerciales. Los territorios más productivos, con más trabajadores con educación secundaria y terciaria, más inversión pública en I+D y capacidad de innovación y gobiernos con mejor calidad institucional, son menos propensos al riesgo.
Entre los principales déficits estructurales de los territorios españoles están el desajuste entre la oferta educativa y la demanda laboral, la escasa innovación y el peso que tienen sectores muy vulnerables al cambio tecnológico y a las medidas de ajuste necesarias para combatir el cambio climático, dice Rodríguez-Pose.
Jorge Onrubia, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del centro de estudios Fedea, matiza que todos los procesos de convergencia son complicados.
Euroescepticismo
El estancamiento tiene impactos que van mucho más allá de lo económico. A paridad de condiciones, las zonas en trampa de desarrollo tienen más propensión a votar por partidos euroescépticos: “Es la geografía del descontento”, dice Rodríguez-Pose, autor junto a Lewis Dijkstra y Hugo Poelman del estudio La geografía del descontento en la UE y la trampa del desarrollo regional.
El gráfico muestra cómo se relaciona la trampa del desarrollo con el voto euroescéptico, a partir de los resultados de las elecciones nacionales y europeas celebradas entre 2018 y 2022 –es decir, no incluye los últimos comicios de junio que eligieron al nuevo Parlamento Europeo–. “Las personas que viven en lugares en decadencia con frecuencia se sienten atrapadas en regiones que creen que ya no importan y donde perciben que no hay (o no tienen) futuro”, concluye el documento.
El voto antieuropeista puede ser de izquierdas, dirigido por ejemplo a La Francia Insumisa o al Movimiento Cinco Estrellas de Italia, o de derechas, por ejemplo al húngaro Fidesz o al polaco Ley y Justicia. Coincide en varios casos con zonas estancadas que pueden ser tanto de altos ingresos (como Milán, Budapest o Utrecht), como rurales (por ejemplo el sur de Francia), o más rezagadas (como el este de Alemania).
Italia, donde desde 2022 gobierna Giorgia Meloni, de extrema derecha, es el país donde la correlación entre la trampa del desarrollo y el voto euroescéptico es más evidente. Un patrón parecido se repite en varias zonas de Francia, Hungría y Grecia. En España, donde se incluye a Vox como partido euroescéptico blando, la conexión es débil. “El euroescepticismo duro no afecta a todos los países de la UE de la misma manera. En Rumanía, Malta, Luxemburgo, España, Chipre y Lituania prácticamente no hay partidos que aboguen por el fin del proyecto europeo o que propongan la retirada de su país de la UE”, señala el estudio.
Los cuestionamientos crecientes hacia el proyecto europeo, la pérdida de competitividad que la Unión sufre desde hace años y los grandes retos de cara al futuro, desde el cambio climático al envejecimiento, han llevado a las instituciones comunitarias a replantearse muchas políticas
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno busca tener protagonismo en el mundo de las criptomonedas Marco regulatorio
En los últimos ocho meses, la Comisión Nacional de Valores creó un registro de billeteras cripto y se aprobó la primera sociedad constituida con bitcoin y criptodólares; cuáles son los nuevos proyectos de los que hablan el sector y los organismos públicos
Melisa Reinhold
En la Argentina, desde hace años se puede comprar un café con criptomonedas o ahorrar usando dólares digitales. Como una solución ante el avance de la inflación y el endurecimiento del cepo cambiario, las monedas virtuales ganaron terreno y convirtieron al país en uno de los referentes de la industria a nivel global. El Gobierno tomó nota y decidió encarar el camino de las regulaciones para disponer reglas del juego.
Se trata de un pedido que hacían (y que siguen haciendo) las compañías del sector, para dotar al mercado de confianza y atraer a nuevos usuarios. Aunque en mayo de 2023 el Banco Central (BCRA) prohibió a los proveedores de servicios de pagos facilitar las operaciones con criptoactivos, desde que asumió la nueva gestión se cambió la mirada sobre el tema. “La peor regulación que tuvimos fue la del BCRA, que reguló con miedo, pensando a cuánto se iba a ir el contado con liquidación si abrían el mercado”, dicen hoy desde las billeteras cripto.
Este año hubo un cambio total de paradigma en la Argentina. En marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), para llevar un conteo de cuáles son las empresas y personas que operan criptomonedas. Hay alrededor de 77 inscriptos, que son sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) si detectan operaciones sospechosas.
“Estamos 100% a favor de la normalización, de la tecnología, del mundo cripto. Podría decir muchas cosas lindas, pero les mentiría. Nosotros tenemos el rol de regular, la ley nos manda a supervisar, sancionar, fiscalizar y tenemos que cumplir un mandato legal. Por eso iremos de a partes, despacito, aunque estamos totalmente a favor. Somos reguladores no solo de las PSAV, sino también del mundo tradicional, tenemos que cuidar esta interacción y equilibrarla”, dijo Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, en el evento Regulation Day organizado por Aleph.
Hay varios proyectos en debate entre la CNV y las empresas del sector. Una de las iniciativas –que están bajo consulta pública– busca cambiar el régimen de ofertas privadas de valores negociables, una herramienta que se usa para buscar financiamiento ante un selecto número de inversores. El objetivo es que los criptoactivos sean considerados como valores negociables.
Otro proyecto apunta a la tokenización de activos del mundo real. Por ejemplo, según explicaron a la fuentes del sector, una inmobiliaria nacion podría tokenizar las parcelas de un barrio privado y venderlas a través de una página web. Y, por último, estaría la posibilidad de que a futuro las billeteras cripto ofrezcan a través de su plataforma otras alternativas de inversión tradicionales, como acciones y cedears.
“El modelo de la SEC (Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos) es hacerle juicio a las criptomonedas, dicen que son irregulares. Nosotros no seguimos ese modelo. No está claro cuál es el regulador, tampoco hay un modelo referido en el mundo. La tecnología va más rápido que la regulación, pero podemos intentar cerrar esa brecha y seguirla lo más rápido posible”, agregó Silva.
Además, el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales dio pie a que las criptomonedas puedan ingresar por primera vez en la historia al blanqueo de capitales. Para adherirse al Régimen de Regularización de Activos, estará la opción de declarar tenencias de bitcoin, ether, criptodólares y otras monedas digitales, las cuales deberán quedar custodiadas bajo algunas de las plataformas registradas ante la CNV. En el sector cuentan que hay consultas para sumarse a la iniciativa oficial, ya sea de pequeños ahorristas o de quienes tienen montos que superan los US$500.000.
“Sobre el blanqueo, tenemos que tener en cuenta que la ley excluye a activos virtuales depositados al 31 de diciembre en países radicados en la ‘lista gris’ del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y, en ese sentido, desde la UIF vamos a tomar las medidas necesarias para combatir el delito de lavado de activos. Pero la Argentina es uno de los países que más usa cripto. Muchos para el bien y muchos para el mal, como es el caso de las plataformas de juego ilegales.
Es muy importante que los reguladores y todo el sistema actúe en conjunto”, reflexionó Juan Jara, director de Administración y Gestión de Recursos de la UIF.
Para Lucas Fenoglietto, supervisor de la AFIP, una de las tareas pendientes es regular el pago de salarios con criptomonedas. Aunque hay proyectos en tratamiento parlamentario, y en un reciente convenio con la OIT se aceptó el pago en especies (es decir, podría hacerse en monedas digitales), actualmente la Ley de Contrato de Trabajo no admite estas nuevas condiciones.
“Es una falencia en la que se podría trabajar. El pago de salarios en criptomonedas es un hecho, hay que proponer un marco normativo que contemple a estos sujetos y que sirva para ambas partes”, completó.
En el evento disertó Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). A finales de junio, se aprobó la creación de la primera Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con parte de su capital integrado por bitcoin y USDC (moneda estable que tiene paridad uno a uno con el dólar). Fue el primer caso en toda América Latina.
“El derecho societario argentino es muy conservador, pero me parece que llegó el momento de cambiar las cosas. Entiendo que haya miedo, inseguridades, es totalmente razonable. Pero no queda alternativa, porque la realidad se está imponiendo. El cambio es profundo, impactante, y es impresionante la velocidad que tiene. Los nuevos paradigmas no están consolidados, pero los que teníamos antes se cayeron y los nuevos aparecen como punta de iceberg. Si no hubiésemos dictado nuevas normas, la gente igual compraría criptomonedas, e igual utilizaría la blockchain. Nuestra función es encauzar esa libertad creativa”, cerró Vítolo.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cambios en el gasto del Estado y en los impuestos: algunas certezas para la recuperación del país
Las erogaciones innecesarias y exageradas del sector público, en convivencia con un sistema tributario malo, han dejado fuertes consecuencias negativas para la economía en la Argentina
Aldo Michelli
El Poder Ejecutivo actual pone énfasis en la defensa del equilibrio del sector público
Para entender la importancia del cepo cambiario, podemos decir apresuradamente que se trata de un mecanismo por el cual el Gobierno interviene en la liquidación de divisas en los negocios con el exterior, liquidando en pesos a los exportadores a un valor menor a los precios de las divisas en los mercados libres, con una intención principalmente recaudadora, y vendiendo a los importadores a un precio también menor al real, para no afectar el nivel general de precios internos. Además, no permite la compra libre de monedas extranjeras a empresas y particulares.
Todos estos mecanismos tienen vida corta, porque vimos en nuestra historia que, más a mediano que a largo plazo, los precios se sinceran, haciendo enormes daños a la economía en general.
Estos procedimientos estorban, impiden una mayor exportación. Y los desincentivos a la exportación reducen el ingreso de divisas, tan importantes para afrontar las obligaciones con el exterior y el pago de deudas en monedas extranjeras. Además, no se cuenta con divisas suficientes para acceder a los insumos importados y desarrollar así nuestra propia industrialización.
Así, deterioramos la producción nacional, acarreando cierres de empresas, pérdidas de empleos, menores salarios, más pobreza y deterioro social. En este retroceso, tiene mucho que ver el incremento de gastos innecesarios del Estado, en gran parte responsables de nuestros problemas, porque para cubrirlos se montó un sistema irracional de presión impositiva. Es necesario que concienticemos que, en promedio, más del 50% de los precios de los bienes y servicios corresponde a impuestos.
Nuestro sistema impositivo, es malo, regresivo e injusto. Deberíamos hacer una revisión total y volverlo eficiente y equitativo. Y hacer que cumpla el objetivo de incentivar la producción, de provocar una mayor oferta de bienes y servicios.
Para poner un ejemplo, veamos las famosas “retenciones”. Es totalmente inapropiada esa denominación, pues nada se retiene porque, de ser así, en algún momento debería haber devolución, cosa que no sucede. Se trata de un impuesto a los ingresos brutos del sector productivo agrícola. En ninguna parte del mundo existe eso tal como existe en nuestro país y, además, se exceden los límites permitidos por nuestra Constitución Nacional.
No nos preocupemos porque el campo tenga beneficios, porque estos vuelven a la sociedad potenciados. Vuelven en una mayor producción, en el aporte de ingresos de divisas a las reservas y en un mayor consumo, que reactiva la actividad, el empleo y la recaudación. La crisis de 2001/2002 fue atemperada por la demanda del campo. No existían las retenciones y el precio de los commodities eran altos.
¡Hasta dónde han llegado las consecuencias de tener gastos públicos innecesarios y exagerados, que para disminuirlos se ha tenido que optar por pagar jubilaciones más bajas y suspender obra pública!
Habría que ahondar aún más en desenmascarar todos los gastos innecesarios y corruptos, para nivelar las cuentas públicas y responsabilizar a quienes corresponda.
Debería el sistema tributario respaldarse en la única imposición que tiene cordura y justicia, que es el impuesto a las ganancias, porque paga más quien más gana, que es quien en mayor medida se beneficia con los servicios que un Estado debe dar a los ciudadanos, los que los particulares no pueden prestar.
Hay superposición de imposiciones y eso desalienta la inversión, única responsable del empleo y la producción. Ya hemos visto un ejemplo de injusticia tributaria, en las retenciones. En ese caso coexiste el impuesto a las ganancias. Y si hablamos de justicia tributaria, esta carga, en la actividad agropecuaria –especialmente afectada por fenómenos climáticos, pestes, incidentes geopolíticos o circunstancias de mercado– se paga cuando hay ganancias y no hay compensación cuando ocurren pérdidas. Debería oblarse en función a un promedio quinquenal, por ejemplo.
Otra gran injusticia tributaria es el impuesto a los Bienes Personales. Para adquirir cualquiera de los bienes gravados, muebles o inmuebles, el comprador ya había pagado el impuesto a las ganancias, al generar los fondos para adquirirlos.
Debería haber en nuestro país una limpieza de gastos improductivos y/o corruptos, un achicamiento del Estado para dejarlo en niveles óptimos, y un sistema laboral e impositivo que aliente la inversión y, por ende, la mayor producción, liberando las fuerzas del mercado, que son las aptas para producir la más equitativa distribución del ingreso, en función al trabajo, la eficiencia y al mérito.
En la Argentina, desde hace años se puede comprar un café con criptomonedas o ahorrar usando dólares digitales. Como una solución ante el avance de la inflación y el endurecimiento del cepo cambiario, las monedas virtuales ganaron terreno y convirtieron al país en uno de los referentes de la industria a nivel global. El Gobierno tomó nota y decidió encarar el camino de las regulaciones para disponer reglas del juego.
Se trata de un pedido que hacían (y que siguen haciendo) las compañías del sector, para dotar al mercado de confianza y atraer a nuevos usuarios. Aunque en mayo de 2023 el Banco Central (BCRA) prohibió a los proveedores de servicios de pagos facilitar las operaciones con criptoactivos, desde que asumió la nueva gestión se cambió la mirada sobre el tema. “La peor regulación que tuvimos fue la del BCRA, que reguló con miedo, pensando a cuánto se iba a ir el contado con liquidación si abrían el mercado”, dicen hoy desde las billeteras cripto.
Este año hubo un cambio total de paradigma en la Argentina. En marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), para llevar un conteo de cuáles son las empresas y personas que operan criptomonedas. Hay alrededor de 77 inscriptos, que son sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) si detectan operaciones sospechosas.
“Estamos 100% a favor de la normalización, de la tecnología, del mundo cripto. Podría decir muchas cosas lindas, pero les mentiría. Nosotros tenemos el rol de regular, la ley nos manda a supervisar, sancionar, fiscalizar y tenemos que cumplir un mandato legal. Por eso iremos de a partes, despacito, aunque estamos totalmente a favor. Somos reguladores no solo de las PSAV, sino también del mundo tradicional, tenemos que cuidar esta interacción y equilibrarla”, dijo Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, en el evento Regulation Day organizado por Aleph.
Hay varios proyectos en debate entre la CNV y las empresas del sector. Una de las iniciativas –que están bajo consulta pública– busca cambiar el régimen de ofertas privadas de valores negociables, una herramienta que se usa para buscar financiamiento ante un selecto número de inversores. El objetivo es que los criptoactivos sean considerados como valores negociables.
Otro proyecto apunta a la tokenización de activos del mundo real. Por ejemplo, según explicaron a la fuentes del sector, una inmobiliaria nacion podría tokenizar las parcelas de un barrio privado y venderlas a través de una página web. Y, por último, estaría la posibilidad de que a futuro las billeteras cripto ofrezcan a través de su plataforma otras alternativas de inversión tradicionales, como acciones y cedears.
“El modelo de la SEC (Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos) es hacerle juicio a las criptomonedas, dicen que son irregulares. Nosotros no seguimos ese modelo. No está claro cuál es el regulador, tampoco hay un modelo referido en el mundo. La tecnología va más rápido que la regulación, pero podemos intentar cerrar esa brecha y seguirla lo más rápido posible”, agregó Silva.
Además, el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales dio pie a que las criptomonedas puedan ingresar por primera vez en la historia al blanqueo de capitales. Para adherirse al Régimen de Regularización de Activos, estará la opción de declarar tenencias de bitcoin, ether, criptodólares y otras monedas digitales, las cuales deberán quedar custodiadas bajo algunas de las plataformas registradas ante la CNV. En el sector cuentan que hay consultas para sumarse a la iniciativa oficial, ya sea de pequeños ahorristas o de quienes tienen montos que superan los US$500.000.
“Sobre el blanqueo, tenemos que tener en cuenta que la ley excluye a activos virtuales depositados al 31 de diciembre en países radicados en la ‘lista gris’ del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y, en ese sentido, desde la UIF vamos a tomar las medidas necesarias para combatir el delito de lavado de activos. Pero la Argentina es uno de los países que más usa cripto. Muchos para el bien y muchos para el mal, como es el caso de las plataformas de juego ilegales.
Es muy importante que los reguladores y todo el sistema actúe en conjunto”, reflexionó Juan Jara, director de Administración y Gestión de Recursos de la UIF.
Para Lucas Fenoglietto, supervisor de la AFIP, una de las tareas pendientes es regular el pago de salarios con criptomonedas. Aunque hay proyectos en tratamiento parlamentario, y en un reciente convenio con la OIT se aceptó el pago en especies (es decir, podría hacerse en monedas digitales), actualmente la Ley de Contrato de Trabajo no admite estas nuevas condiciones.
“Es una falencia en la que se podría trabajar. El pago de salarios en criptomonedas es un hecho, hay que proponer un marco normativo que contemple a estos sujetos y que sirva para ambas partes”, completó.
En el evento disertó Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). A finales de junio, se aprobó la creación de la primera Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con parte de su capital integrado por bitcoin y USDC (moneda estable que tiene paridad uno a uno con el dólar). Fue el primer caso en toda América Latina.
“El derecho societario argentino es muy conservador, pero me parece que llegó el momento de cambiar las cosas. Entiendo que haya miedo, inseguridades, es totalmente razonable. Pero no queda alternativa, porque la realidad se está imponiendo. El cambio es profundo, impactante, y es impresionante la velocidad que tiene. Los nuevos paradigmas no están consolidados, pero los que teníamos antes se cayeron y los nuevos aparecen como punta de iceberg. Si no hubiésemos dictado nuevas normas, la gente igual compraría criptomonedas, e igual utilizaría la blockchain. Nuestra función es encauzar esa libertad creativa”, cerró Vítolo.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cambios en el gasto del Estado y en los impuestos: algunas certezas para la recuperación del país
Las erogaciones innecesarias y exageradas del sector público, en convivencia con un sistema tributario malo, han dejado fuertes consecuencias negativas para la economía en la Argentina
Aldo Michelli

Para entender la importancia del cepo cambiario, podemos decir apresuradamente que se trata de un mecanismo por el cual el Gobierno interviene en la liquidación de divisas en los negocios con el exterior, liquidando en pesos a los exportadores a un valor menor a los precios de las divisas en los mercados libres, con una intención principalmente recaudadora, y vendiendo a los importadores a un precio también menor al real, para no afectar el nivel general de precios internos. Además, no permite la compra libre de monedas extranjeras a empresas y particulares.
Todos estos mecanismos tienen vida corta, porque vimos en nuestra historia que, más a mediano que a largo plazo, los precios se sinceran, haciendo enormes daños a la economía en general.
Estos procedimientos estorban, impiden una mayor exportación. Y los desincentivos a la exportación reducen el ingreso de divisas, tan importantes para afrontar las obligaciones con el exterior y el pago de deudas en monedas extranjeras. Además, no se cuenta con divisas suficientes para acceder a los insumos importados y desarrollar así nuestra propia industrialización.
Así, deterioramos la producción nacional, acarreando cierres de empresas, pérdidas de empleos, menores salarios, más pobreza y deterioro social. En este retroceso, tiene mucho que ver el incremento de gastos innecesarios del Estado, en gran parte responsables de nuestros problemas, porque para cubrirlos se montó un sistema irracional de presión impositiva. Es necesario que concienticemos que, en promedio, más del 50% de los precios de los bienes y servicios corresponde a impuestos.
Nuestro sistema impositivo, es malo, regresivo e injusto. Deberíamos hacer una revisión total y volverlo eficiente y equitativo. Y hacer que cumpla el objetivo de incentivar la producción, de provocar una mayor oferta de bienes y servicios.
Para poner un ejemplo, veamos las famosas “retenciones”. Es totalmente inapropiada esa denominación, pues nada se retiene porque, de ser así, en algún momento debería haber devolución, cosa que no sucede. Se trata de un impuesto a los ingresos brutos del sector productivo agrícola. En ninguna parte del mundo existe eso tal como existe en nuestro país y, además, se exceden los límites permitidos por nuestra Constitución Nacional.
No nos preocupemos porque el campo tenga beneficios, porque estos vuelven a la sociedad potenciados. Vuelven en una mayor producción, en el aporte de ingresos de divisas a las reservas y en un mayor consumo, que reactiva la actividad, el empleo y la recaudación. La crisis de 2001/2002 fue atemperada por la demanda del campo. No existían las retenciones y el precio de los commodities eran altos.
¡Hasta dónde han llegado las consecuencias de tener gastos públicos innecesarios y exagerados, que para disminuirlos se ha tenido que optar por pagar jubilaciones más bajas y suspender obra pública!
Habría que ahondar aún más en desenmascarar todos los gastos innecesarios y corruptos, para nivelar las cuentas públicas y responsabilizar a quienes corresponda.
Debería el sistema tributario respaldarse en la única imposición que tiene cordura y justicia, que es el impuesto a las ganancias, porque paga más quien más gana, que es quien en mayor medida se beneficia con los servicios que un Estado debe dar a los ciudadanos, los que los particulares no pueden prestar.
Hay superposición de imposiciones y eso desalienta la inversión, única responsable del empleo y la producción. Ya hemos visto un ejemplo de injusticia tributaria, en las retenciones. En ese caso coexiste el impuesto a las ganancias. Y si hablamos de justicia tributaria, esta carga, en la actividad agropecuaria –especialmente afectada por fenómenos climáticos, pestes, incidentes geopolíticos o circunstancias de mercado– se paga cuando hay ganancias y no hay compensación cuando ocurren pérdidas. Debería oblarse en función a un promedio quinquenal, por ejemplo.
Otra gran injusticia tributaria es el impuesto a los Bienes Personales. Para adquirir cualquiera de los bienes gravados, muebles o inmuebles, el comprador ya había pagado el impuesto a las ganancias, al generar los fondos para adquirirlos.
Debería haber en nuestro país una limpieza de gastos improductivos y/o corruptos, un achicamiento del Estado para dejarlo en niveles óptimos, y un sistema laboral e impositivo que aliente la inversión y, por ende, la mayor producción, liberando las fuerzas del mercado, que son las aptas para producir la más equitativa distribución del ingreso, en función al trabajo, la eficiencia y al mérito.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.