EL PODER EN MINORÍA Y EDITORIAL

Los tropiezos legislativos de Milei envían señales negativas al mercado
Francisco Olivera
El Senado, durante la sesión por la movilidad jubilatoria
Nada, ni siquiera el desafío económico en sí mismo, resulta tan gráfico de las dificultades que tiene por delante el Gobierno como el tablero luminoso que, anteayer a las 16.44, inmediatamente después de la votación que convirtió en ley la movilidad jubilatoria, mostraba una de las paredes del Senado: “Afirmativos, 61. Negativos, 8. Abstenciones, 0″. Mayoría calificada opositora. No le había ocurrido nunca a Milei. Un cuarto de hora después, al cierre de la rueda, los bonos caían por tercer día consecutivo y el riesgo país superaba otra vez los 1500 puntos. Una obviedad.
El mercado volvió a tomar nota de la fragilidad argentina. No tanto por el costo real de la nueva ley como por lo que puede ocurrir en el futuro con otros proyectos y por la conformación de esa mayoría que integraron Unión por la Patria, la UCR, los espacios federales y provinciales e incluso Pro. “Yo sé que Macri y Cristina no son lo mismo, pero hoy votaron juntos”, evaluó por la noche un operador financiero.
La novedad fue la posición de Pro, que ya había conseguido voltear, 24 horas antes y con el aval del propio Macri, el decreto para darle 100 millones de dólares a la SIDE. Esa noche, en Olivos, Milei y el expresidente se reunieron por segunda vez en diez días para intentar atenuar las diferencias. No lo consiguieron. Ayer, después de un posteo de Macri que respaldaba públicamente la idea de vetar la ley, Milei dijo que las explicaciones que le había dado no le resultaban satisfactorias. “O no maneja la tropa o la tropa no entiende lo que hace”, insistió. Nunca había sido tan duro con el expresidente.
¿Qué hay de irresuelto entre ambos? ¿Y qué lleva a Macri a endurecerse? Quienes hablan con él atribuyen todo a una lógica electoral: todavía falta para las legislativas de 2025, pero necesita negociar ahora para evitar que prospere el proyecto libertario, que es quedarse con todos los votos de Pro. En otras palabras, que esa fuerza que fundó hace 19 años se vea reducida al lugar que tuvo la UCD en los 90 con Menem. Lo han oído citar encuestas que le siguen asignando adhesiones, principalmente entre el electorado de entre 40 y 85 años, y agregar que si, por ejemplo, decidiera ir el año próximo con una lista propia, sacaría al menos un 15% y complicaría al Gobierno. Tiene hasta ahora más capacidad de daño que proyección electoral.
Milei quedó molesto. Sus militantes contestaron entonces desde el ámbito que mejor manejan, las redes sociales. Por ejemplo Agustín Romo, diputado provincial bonaerense y leal a Santiago Caputo, que retuiteó varios posteos contra Macri. Uno de ellos, de la cuenta @lpregonero, fusionaba las letras de los logos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en una sola y nueva propuesta: “Todos juntos”. Milei contra todos, lo que el mercado no quiere.
En el oficialismo les dieron también aire a otras interpretaciones sobre Macri. La más replicada: que su pelea con Santiago Caputo parte en realidad de desacuerdos para el manejo de áreas sensibles como, por ejemplo, la Hidrovía. Hace tres semanas, el 1° de este mes, en el relanzamiento de Pro, Macri enumeró en su discurso medidas que consideraba pendientes y habló específicamente de ese servicio. “Al ordenamiento macro hay que sumarle la regulación en infraestructura para que el crecimiento sea imparable –propuso–. Licitar muchas cosas, empezando por la Hidrovía, que ya debería estar adjudicada”. Cuatro días después, el 5 de agosto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 699, que declara “servicio público” las actividades de dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables de jurisdicción nacional, las traspasa al Ministerio de Economía y habilita a llamar a licitación para operar la Hidrovía.
Es cierto que para Macri es un tema pendiente porque no llegó a preparar la licitación. Pero en La Libertad Avanza insisten en que ya entonces había grupos interesados en participar. Entre ellos, el holandés Boskalis Dredging International y uno de origen nacional: Vicentin. Elucubraciones que, en medio de la pelea, salen precisamente de dirigentes cercanos a Caputo, el único integrante del “entorno de Milei” al que Macri critica en público. “A Karina no la conozco”, se excusó el día del relanzamiento. El asesor no contesta. O solo en la intimidad: se queja de que la mayor parte de las responsabilidades que le adjudican sus objetores lo excede. Ayer el Presidente volvió a respaldarlo: elogió su inteligencia y lo incluyó en el “triángulo de hierro” que conforman también él y su hermana Karina.
Las críticas y las dificultades legislativas de esta semana parecen haber reforzado ese núcleo de confianza presidencial. Pero alentaron al mismo tiempo fracturas dentro del oficialismo, algunas de las cuales permanecían de modo latente y que involucran en primer lugar a Caputo. Los críticos le cuestionan desde el tono con que les habla hasta la manera en que echa el humo de sus habanos en el despacho, hacia arriba. “Que Milei lo mande a fumar al fondo del quincho”, dijo el martes Francisco Paoltroni, el senador formoseño que le atribuye las gestiones por la postulación de Lijo. Vienen discutiendo desde hace varias semanas el tema. Paoltroni cuenta ahora que Caputo aceptó desde el inicio su voto negativo, pero que le pedía silencio al respecto. La última conversación a solas fue pésima. El asesor llegó a advertirle que, si conspiraba contra la propuesta del Gobierno, tal vez debía despedirse de funcionarios nacionales afines. Le nombró tres: Víctor Padilla, jefe de Vialidad Nacional en Formosa; Gabriel González, de Migraciones, y Fabián Firman, de la Anses provincial. “Echalos a todos”, contestó Paoltroni, y se abocó a organizar el foro de académicos que el lunes, en el Senado, cuestionó la postulación de Lijo.
El otro desencuentro relevante del triángulo de hierro fue con Victoria Villarruel. La vicepresidenta también rechaza la candidatura de Lijo. Sebastián Amerio, segundo de Cúneo Libarona, intentó, sin éxito, disuadirla hace tres semanas. Tampoco fue sencillo: ella pidió que entonces le dieran argumentos para respaldar al juez. Pero no solo no tuvo respuesta, sino que, horas después, a través de un tercero, recibió un mensaje de Caputo: “Dice Santi que sos vos la que tiene que buscarse los argumentos”. Villarruel eligió entonces uno propio y furibundo: “Lijo no tiene los pergaminos necesarios”, dijo un día antes de que el pliego se expusiera en la Comisión de Acuerdos del Senado, durante un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la entidad más crítica del magistrado.
Ella también venía de recibir señales de distanciamiento. El viernes anterior, por ejemplo, había quedado fuera de la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en el Salón San Martín del Edificio Libertad. Se dio cuenta tarde, poco tiempo antes de salir de su casa, ya maquillada y vestida para la fiesta. A las 18, al ver que la invitación no llegaba, le dijo al fotógrafo que la estaba esperando que se volviera.
Nadie en el Gobierno está en condiciones de garantizar que estas tensiones puedan atenuarse. Al contrario. Para el mercado es una desgracia en medio de un programa al que, desde la óptica conceptual, le tienen más fe que a ningún otro. El problema vuelve a ser la política, el fango de siempre, que podría empantanarlo

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Sindicalistas a la baja
Buena parte de la dirigencia sindical sigue solo preocupada por obstaculizar los cambios necesarios para dejar atrás la crisis y cosecha el rechazo social
Algo más de ocho meses después de la asunción de Javier Milei, al margen de los conflictos internos que enfrentan los libertarios, una de las fortalezas del Gobierno radica en la debilidad que exhiben sus opositores. Tanto el peronismo-kirchnerismo, acosado por sus propios escándalos de corrupción y de violencia de género, como Pro, víctima de los siempre malhadados personalismos, atraviesan períodos de zozobra.
El cambio de época se percibe también en el hartazgo ciudadano ante los movimientos piqueteros, que hoy deben respetar la ley y el orden a la hora de pretender ganar las calles, merced a medidas que reafirman la vigencia de la Constitución y la disposición oficial a hacerla respetar.
Por similar carril transitan los sentimientos de muchos respecto de las fuerzas sindicales, históricamente aliadas al peronismo, con obras sociales que financian la política y enriquecen a sus dirigentes en una redituable connivencia. Basta recordar aquella foto de familia en Olivos con Alberto Fernández y los Moyano; ¿cómo habrían luego de organizar un paro? Solo así se puede explicar que la gestión mileísta soportara dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) en sus primeros cinco meses. Como señalara Jorge Macri, los integrantes de la CGT estuvieron “muditos”, en un “escandaloso silencio” durante los años de gobierno de Alberto Fernández, para salir ahora “a los gritos”. Queda claro que lejos de defender los intereses de los trabajadores, jaqueados por una inflación insoportable con pérdida del valor adquisitivo de sus salarios desde hace años, solo buscan desestabilizar a cualquier gobierno, nacional o municipal, que no sea peronista o kirchnerista cuando ven amenazados sus privilegios.
La CGT no asistió a la convocatoria oficial con motivo del Pacto de Mayo. Dijeron haber recibido la invitación a destiempo y sentirse “ninguneados” a pesar de las conversaciones informales con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor Santiago Caputo. Hacia afuera, no cesan de afirmar que “no hay nada que altere la unidad, ni lo va a haber”, en palabras de Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción.
Con ese objetivo, las reuniones de la mesa chica de la CGT apuestan a superar enfrentamientos entre distintas facciones para consensuar los lineamientos estratégicos de cara a las próximas semanas. La impensada dupla que el secretario general de la CGT Pablo Moyano (camioneros) y Luis Barrionuevo (gastronómicos) constituyeron para elevar los decibeles del enfrentamiento con el Gobierno promueve un tercer paro general. En la misma línea estarían Mario Manrique (Smata), Sergio Palazzo (bancarios) y Abel Furlán (metalúrgicos).
Entre los sindicalistas moderados que pretenden contener la presión de sus pares prima la convicción de que no conviene apurarse y, tras reuniones con el secretario de Trabajo, avanzan con el diálogo social que incluye también a los empresarios, a instancias del Gobierno, interesado en replicarlo en cada región del país para abordar una agenda de temas por consensuar de manera tripartita. Entre ellos están algunas cuestiones que integraron el DNU 70/2023 y que quedaron excluidas de la Ley Bases, algo que preocupa al gremialismo, que aguarda la resolución de la Corte Suprema sobre el amparo presentado, además de nuevas normativas para accidentes de trabajo, primer empleo, sistema integrado de inspección, lucha contra el trabajo precario, informalidad y trabajo infantil.
Hablar únicamente de peligro de fractura gremial o de paciencia para ver avances en el diálogo es solo una parte de la realidad. El fastidio social llega a límites impensados y el gremialismo sigue alimentándolo.
El poco éxito de las últimas convocatorias en contra del Gobierno –como la del 7 de agosto en la Plaza de Mayo– pone en evidencia el debilitamiento del movimiento. ¿Tiene sentido exponer esa fragilidad convocando a nuevas medidas de fuerza? Ciertamente, no. Pueden ganar tiempo aguardando la próxima jugada del adversario y dejar, mientras, que a algunos de sus cuadros se les salte la chaveta para hacer ruido; tal el caso de los recientes reclamos de los recolectores de basura de la ciudad de Buenos Aires, azuzados por Pablo Moyano, o de los gremios aeronáuticos. O apelar a la creatividad para proponer nuevos formatos huelguistas. Alentar protestas sectoriales podría ser uno.
En la Argentina, la mitad del empleo es informal, incluyendo el empleo en negro y los cuentapropistas no registrados. La industria del juicio es, por lejos, la más próspera. La desocupación, por cesantías, recortes o bajas, la caída de los niveles salariales y el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias conforman un turbulento frente de tormenta. La sociedad aguarda con atención qué medidas dispondrá el Gobierno en esta nueva etapa.
Cansada la sociedad de la patota sindical y de sus vergonzosas y vitalicias prerrogativas, la reforma laboral se impone para que con ella lleguen las inversiones, la productividad y el desarrollo. Está claro que quienes llevan décadas de vivir a costa de los trabajadores harán todo lo que esté a su alcance por obstaculizar cualquier cambio. Siempre retrógradas y obsoletas serán las propuestas de quienes están aferrados a las cajas que los sostienen, en un entramado mafioso que resiste cualquier intento de desregulación. No temen a la ley ni a la Justicia, blindados a fuerza de violencia y aprietes, dispuestos a defenestrar a quien ose querer conculcar sus ancestrales privilegios. Mientras el país se dispone a trabajar para superar la crisis, ellos no cesan de alimentar un creciente rechazo social. Sus procederes van camino de ser parte del triste pasado argentino.

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