La comunidad internacional debe actuar con firmeza con Venezuela
Daniel Sabsay
Nicolás Maduro...Alfredo SábatLa situación de Venezuela es insostenible, requiere de una respuesta urgente y coordinada de la comunidad internacional. No podemos permitir que la dictadura de Nicolás Maduro continúe oprimiendo y empobreciendo a su pueblo. Es hora de actuar con firmeza y determinación para apoyar al pueblo venezolano en su legítima aspiración de vivir en democracia y libertad.
El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales, ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas.
Este fenómeno ha sido recurrente en la historia de la Argentina, pero afortunadamente esa práctica nociva ha sido superada. El primer sistema electoral que adoptó nuestro país fue el de lista única, que consiste en que el partido que ha obtenido la mayor cantidad de sufragios en un distrito se alza con la totalidad de las bancas en disputa y así sucesivamente. La ley Sáenz Peña (1912) produjo un gran avance pues posibilitó la representación de las minorías en cada distrito, en una relación de los dos tercios para el más votado y el tercio restante para el que le seguía en número de votos.
Podríamos seguir haciendo referencia a los sistemas electorales que se han aplicado en nuestro país hasta nuestros días, pero la tragedia que está viviendo Venezuela va más allá de una cuestión meramente teórica. Se trata del derrumbe electoral de un régimen autocrático como es el chavismo, que lejos de reconocer la derrota ha trucado los resultados proclamándose ilegítimamente ganador, a pesar de que la oposición, encabezada por Corina Machado y que presentó como candidato a Edmundo González Urrutia, ha obtenido una victoria aplastante. Nunca una dictadura criminal entrega el poder. Hará todas las maniobras posibles para quedarse. Incluso, como lo está haciendo, recurriendo a la ejecución de opositores, y esto incluye a aquellos que tomen parte en una manifestación pacífica que apoye al gobierno que resultó electo en las urnas.
La reciente elección presidencial es solo el último episodio en una larga serie de maniobras antidemocráticas destinadas a perpetuar un régimen que ha sumido a Venezuela en una crisis sin precedentes. Hugo Chávez se acercó al régimen cubano y eligió a Fidel Castro como su mentor. En 1999 la relación bilateral mejoró significativamente, durante su presidencia formó una importante alianza con Castro y una relación comercial significativa con Cuba desde su elección ese año. La cálida relación entre ambos países continuó intensificándose. Durante su presidencia, Chávez se refirió al régimen cubano como una “democracia revolucionaria”, término que permite recordar las denominadas “democracias populares” que aludía a los países aliados de la Unión Soviética en Europa Oriental. La relación bilateral incluye la ayuda al desarrollo, las empresas conjuntas, las grandes transacciones financieras, el intercambio de recursos energéticos y la tecnología de la información, y la cooperación en los campos de los servicios de inteligencia y militares.
Una característica de las relaciones entre Cuba y Venezuela es que ambas naciones están intercambiando activos entre sí, que son baratos para el país emisor, pero de gran importancia para el país receptor.
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013 ha manipulado sistemáticamente los procesos electorales, como se evidenció en las elecciones de 2018, ampliamente reconocidas como fraudulentas por la comunidad internacional. Las recientes elecciones, marcadas por la ausencia de observadores independientes, el veto a la candidata natural María Corina Machado y la represión de la oposición, no son una excepción. Desde el inicio del régimen las fuerzas de seguridad venezolanas y organizaciones parapoliciales promovidas desde el Estado han respondido con violencia a las protestas pacíficas, resultando en miles de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. En particular, en los días posteriores a la reciente elección, un número indeterminado de personas han sido ilegalmente detenidas o se encuentran desaparecidas. Organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales han documentado estas violaciones, denunciando la acción del régimen. El Consejo Nacional Electoral no aceptó a observadores propuestos por la oposición, por el contrario invitó a claros aliados al chavismo, como Baradel, Yasky, entre otros argentinos chavistas.
La economía venezolana está destruida debido a una inflación descontrolada y una pobreza que afecta a más del 90% de su población. Ante la falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos se ha producido una crisis sin precedentes de la salud pública. Enfermedades prevenibles se están propagando sin control. Resulta sorprendente que en esta época muera gente por enfermedades que ya habían desaparecido gracias a la aparición de medicamentos eficaces.
Sin una guerra declarada, el éxodo de venezolanos asciende a más de ocho millones, con lo que eso implica a nivel psicológico debido a la separación de familias y a la pérdida de sus bienes. En la Argentina viven más de doscientos mil. El país caribeño en su momento había recibido a miles de argentinos que habían sido echados por dictaduras en los 60 y los 70 del siglo pasado.
No caben dudas de que el Consejo Nacional Electoral ha manipulado los resultados y ha mostrado la victoria del dictador Maduro sin exhibir ninguna prueba al respecto.
Cabe exhortar a la comunidad internacional a que desconozca el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro y aplique severas sanciones a los responsables del régimen, económicas y diplomáticas, tratando de no afectar a la población. Implementar la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, aprobada en 2005 por las Naciones Unidas. Aumentar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano a efectos de aliviar las penurias por subalimentación que está sufriendo.
El gran escritor venezolano en el exilio Rodrigo Blanco Calderón lo ha expresado de manera elocuente en el suplemento Ideas del 3 de agosto, al ser consultado si pensaba que Maduro realmente cree lo que expresa : “He dedicado muchas horas a reflexionar sobre eso, porque alguien puede decir que se burla de nosotros. Es la reflexión sobre el mal: cómo puede existir una persona o grupo de personas, una estructura de poder que pueda mentir tan descaradamente, que sea capaz de organizar un país para que la gente se muera literalmente de hambre, mientras ellos se dan la gran vida. Eso que dicen que Venezuela está mejor que nunca. Maduro es un psicópata, es un cínico como toda persona con ese nivel de poder, pero llega un punto donde se crea una comunidad psicopatógena y por eso es tan peligroso”
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Un expresidente acorralado
Los escandalosos negociados que revelan los chats de su secretaria y las denuncias de su exesposa jaquean a Alberto Fernández
Al finalizar Alberto Fernández su gestión presidencial, el 10 de diciembre de 2023, expresamos desde esta columna editorial que lo único para celebrar en el fin de su mandato era precisamente eso. Había ya por entonces suficientes razones para pensar que estábamos ante uno de los peores presidentes de la historia argentina y no podríamos sorprendernos en los días que corren de que el exmandatario se encuentre cada vez más acorralado ante la Justicia por escándalos de corrupción como el de los costosos seguros del Estado que beneficiaron a amigos del poder. Sin embargo, la indignación general no puede menos que aumentar frente a las más recientes revelaciones según las cuales Alberto Fernández no solo sería un pésimo funcionario, sino además responsable de actos de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, cuando ambos vivían en la quinta presidencial de Olivos.
Cientos de conversaciones telefónicas entre la secretaria del entonces presidente de la Nación, María Cantero; su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, y el propio exjefe del Estado, que analiza la Justicia, dan cuenta de diferentes gestiones y maniobras para favorecer al citado agente asegurador, quien mantiene con Fernández una vieja relación personal.
Los diálogos tornan aún más fundadas las serias sospechas sobre la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública por parte del entonces presidente de la República, quien al menos aparecería interesándose por acercar al esposo de su secretaria privada a importantes dependencias del Estado nacional, como la Cancillería y Fabricaciones Militares. La Justicia deberá determinar si, además de ser responsable de un posible incumplimiento de sus deberes de funcionario y malversación de fondos, Fernández habría integrado una asociación ilícita.
Las sospechas acerca de un gigantesco negociado surgieron tras conocerse que, luego de que el entonces primer mandatario ordenase mediante un decreto que todos los seguros estatales debían pasar por la empresa Nación Seguros, en las contrataciones de esas pólizas por distintas dependencias oficiales aparecían innecesarios gestores con fuertes vínculos con el poder político, quienes se beneficiaron con suculentas comisiones. Entre ellos, descollaba Martínez Sosa, cuya esposa, desde la estratégica secretaría privada de la Presidencia, se encargaba de favorecer sus relaciones comerciales con la ayuda del propio jefe del Estado, según se desprende de las conversaciones de WhatsApp en poder de la Justicia. Como dato adicional, Martínez Sosa aparece como prestamista de Fernández en las propias declaraciones juradas que este presentó como funcionario público, por un monto original que, allá por 2008, alcanzaba los 20 mil dólares y que no habría sido devuelto.
La dimensión económica del escándalo la da el hecho de que, durante la gestión presidencial de Fernández, se habrían dilapidado unos 3500 millones de pesos en comisiones de seguros, una cifra que se multiplicaría si fuese actualizada por la inflación. Pero lo notable es que, de las conversaciones entre la secretaria presidencial y su marido surgen datos de otros brokers que se beneficiaban de este negocio con el Estado y de funcionarios y sectores políticos, como Sergio Massa o La Cámpora, que habrían intervenido en gestiones parecidas tendientes a favorecer a determinados gestores de seguros, y que la Justicia tendrá que investigar a fondo.
Los chats de María Cantero son reveladores asimismo de un mensaje de Fabiola Yañez sobre eventuales actos de violencia que habría sufrido de su esposo y que esta última se encargó de denunciar ayer ante la Justicia. Fernández asegura que “jamás ocurrió” lo que se le imputa. Habrá que dejar que la Justicia actúe, aunque cualquier ciudadano de a pie tendrá todo el derecho a desconfiar de la devaluada palabra de quien, siendo presidente, llegó a jactarse de su transparencia y de haber terminado con “los sótanos de la democracia”, y hasta tuvo el descaro de desmentir la tristemente recordada fiesta en Olivos en medio de la pandemia y el aislamiento obligatorio que él mismo había dictado. Los resultados están a la vista.
Cualquier ciudadano de a pie tendrá el derecho a desconfiar de la devaluada palabra de quien, siendo presidente, tuvo el descaro de desmentir la recordada fiesta de Olivos en medio de la pandemia
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Bajaron los homicidios en el primer semestre, excepto en la ciudad y en el conurbano
Estadística. La caída de los asesinatos en la Argentina fue de 10,6 por ciento con relación a los primeros seis meses del año pasado; en 2023 se denunciaron 41.586 ataques sexuales
José María Costa
La ministra Patricia Bullrich presentó ayer las estadísticas de seguridad ministerio de seguridad
Los homicidios dolosos en el primer semestre de este año bajaron más de un 10% a nivel nacional con respecto al mismo período de 2023. Esos asesinatos se concentraron en un territorio que representa un décimo de la superficie total del país, donde vive el 70% de la población argentina. Son 193 municipios, entre los que se destacan el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye la ciudad de Buenos Aires), Rosario, Santa Fe y Mar del Plata, entre otros.
Así surge de la estadística del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), cuyos resultados fueron presentados ayer por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según esa información, el año pasado hubo 2046 homicidios dolosos, de los cuales el 57,4% fueron cometidos con armas de fuego. Seis de cada diez hechos se produjeron en la vía pública. La tasa fue de 4,4 cada 100.000 habitantes.
Los suicidios duplicaron a los homicidios y, además, aumentaron con respecto a 2022. Sumaron 4195 casos en 2023, un 4,9% más que el año anterior.
Durante la presentación se señalaron también las proyecciones para 2024. En el primer semestre de este año hubo 875 homicidios intencionales, frente a los 979 de 2023; eso representa una merma del 10,6%. La cifra actual es apenas más alta que la de 2022, cuando se registraron 864 asesinatos en los primeros seis meses.
De las cifras oficiales de delitos se desprende además que bajó el número de causas penales por lesiones dolosas, las muertes producto de la inseguridad vial, las infracciones a la ley de drogas y los delitos contra la integridad sexual.
Ante la consulta de sobre la nacion si la baja de los homicidios se dio solo en Rosario, a partir del Plan Bandera, o si fue general en todo el país, Bullrich respondió: “El trabajo de la baja real se va a empezar a ver ahora que vamos a comenzar con esta estrategia, a partir de que tenemos los datos bien consolidados, porque tanto provincia [de Buenos Aires] como Capital [ciudad de Buenos Aires] están prácticamente igual que el año pasado. Y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo enorme para bajar, porque no solamente es la cantidad. Imagínense, la provincia de Buenos Aires tiene esa cantidad de homicidios producto de la cantidad de población que tiene. Eso influye fuertemente sobre todo el panorama nacional. En general, los homicidios han bajado en todas las provincias del país, pero en la Capital y en la provincia de Buenos Aires se han mantenido similares”.
En contraposición, la ministra explicó: “Tucumán tuvo una baja significativa de casi la mitad de lo que había tenido el año anterior. Está siendo, evidentemente, un esfuerzo muy grande en este trabajo. El resto de las provincias, todas, están a la baja”.
Al mirar las estadísticas, provincia por provincia, y analizarla por la tasa cada 100.000 habitantes, las tres jurisdicciones con mayor índice de homicidios son: Santa Fe, con 11 cada 100.000; Chaco, con 5 cada 100.000 y comparten el tercer lugar con 4,6 por cada 100.000, provincia de Buenos Aires, Tucumán y Chubut.
En el extremo opuesto, las tres jurisdicciones con las tasas más bajas son: San Juan y Tierra del Fuego, con 1,1 homicidios cada 100.000 habitantes; le sigue Catamarca, con 1,2, y tercera está La Pampa, con 1,4 cada 100.000 habitantes.
En 2023 también se denunciaron 41.586 “delitos contra la integridad sexual”, lo que da un promedio diario de 114 y una tasa de 89,1 por cada 100.000 habitantes. A pesar de lo elevado del número, mostró una baja de 6,2 por ciento respecto de 2022.
“Tenemos 29% de homicidios en domicilios particulares, esto implica que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia en las familias, es uno de los datos sobre los que vamos a trabajar y además de todos los proyectos de ley que ya hemos presentado, vamos a presentar una ley de violencia intrafamiliar, de violencia de género para meternos en este delito”, adelantó Bullrich durante la conferencia.
La ministra también anticipó que sus colaboradores trabajan en una nueva iniciativa que enviarán al Congreso sobre este tema.
“El problema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, con las relaciones tóxicas, es que muchas veces los mismos actores reproducen la conducta y no pueden hacer la denuncia, no se animan a hacer la denuncia o vuelven. En consecuencia, lo que estamos planteando, a partir de un estudio profundo que hicimos de cómo mejoraron esta situación en España y en Inglaterra, es que deje de ser un delito de acción privada donde solamente pueda denunciar la persona que lo sufrió y que se transforme en un delito de acción pública donde cualquier persona pueda denunciar y que, ciertos sujetos estén obligados, como pueden ser el personal de salud”, explicó Bullrich.
“Recordemos el caso de Lucio Dupuy. Lucio había ido más de diez veces a un hospital y esas diez veces que fue al hospital ese personal médico podría haber denunciado o planteado qué había pasado, por qué el chico iba golpeado, que esos golpes no eran normales. En consecuencia, el hecho de que haya sujetos obligados y que el hecho no sea solamente de acción privada, sino que sea de acción pública, ayudaría. Cualquier persona podría denunciar y después se tendrá que verificar”, ejemplificó la titular de la cartera policial.
También analizó la disparidad presente entre la cantidad de hombres y mujeres asesinados. “La diferencia entre hombres y mujeres es realmente muy importante. En este caso, influye mucho el tema del arma blanca, donde en general los muertos con arma blanca son hombres, pero la incidencia, la diferencia entre hombres y mujeres es realmente muy importante. La mayoría de las personas, el 88 por ciento, son mayores de 18 años”.
Datos homologados
Bullrich también justificó la demora en la difusión de las estadísticas, que por ley se deben hacer en abril, al asegurar que se encontraron inconsistencias: “Tuvimos que hacer una serie de correcciones estadísticas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy serios. Hubo que hacer las correcciones de estadísticas que no estaban totalmente homologadas”.
Y agregó: ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando uno hace una estadística, por ejemplo, de homicidios, tiene que cruzar datos con los datos de salud. Porque un homicidio no es solamente el homicidio que uno lo ve en el momento en que se produce. Puede ser una persona que sale malherida de una situación y muere después. Esa persona, de acuerdo con si su muerte se produjo por la situación vivida, por las heridas recibidas, es considerado un homicidio. En algunos casos esto no es así, entonces se nos deforma la cifra. Para eso hay que hacer una homologación con los sistemas de salud, con cada provincia, que cada provincia tenga la misma forma de medir las cosas y de esta manera tener esta estadística seria”.
Para cerrar, habló sobre la baja de la edad de imputabilidad, proyecto que fue presentado en el Congreso. “Hace 25 años se está hablando del Régimen Penal Juvenil en la Argentina. Bueno, ahora ya se va a comenzar a discutir, ya comenzaron las sesiones en el Parlamento, así que estamos muy orgullosos de la tarea legislativa que está llevando adelante el Congreso sobre los proyectos. El día de mañana (por hoy) se van a tratar dos iniciativas del Ministerio de Seguridad: regularización de armas y ADN para todos los imputados, lo que va a ser un adelanto enorme en la persecución penal y en la capacidad de que no haya impunidad, que no haya delitos que no se puedan esclarecer. Así que creemos que este Régimen Penal Juvenil, que ya comenzó a discutirse, estará en condiciones de ser debatido en aproximadamente un mes en el Parlamento”.
La tasa de homicidios en nuestro país quedó el año pasado en 4,4 casos cada 100.000 habitantes
A nivel de provincias, Santa Fe registró el índice más alto: 11
Seis de cada diez asesinatos se cometieron en la vía pública
Los homicidios dolosos en el primer semestre de este año bajaron más de un 10% a nivel nacional con respecto al mismo período de 2023. Esos asesinatos se concentraron en un territorio que representa un décimo de la superficie total del país, donde vive el 70% de la población argentina. Son 193 municipios, entre los que se destacan el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye la ciudad de Buenos Aires), Rosario, Santa Fe y Mar del Plata, entre otros.
Así surge de la estadística del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), cuyos resultados fueron presentados ayer por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según esa información, el año pasado hubo 2046 homicidios dolosos, de los cuales el 57,4% fueron cometidos con armas de fuego. Seis de cada diez hechos se produjeron en la vía pública. La tasa fue de 4,4 cada 100.000 habitantes.
Los suicidios duplicaron a los homicidios y, además, aumentaron con respecto a 2022. Sumaron 4195 casos en 2023, un 4,9% más que el año anterior.
Durante la presentación se señalaron también las proyecciones para 2024. En el primer semestre de este año hubo 875 homicidios intencionales, frente a los 979 de 2023; eso representa una merma del 10,6%. La cifra actual es apenas más alta que la de 2022, cuando se registraron 864 asesinatos en los primeros seis meses.
De las cifras oficiales de delitos se desprende además que bajó el número de causas penales por lesiones dolosas, las muertes producto de la inseguridad vial, las infracciones a la ley de drogas y los delitos contra la integridad sexual.
Ante la consulta de sobre la nacion si la baja de los homicidios se dio solo en Rosario, a partir del Plan Bandera, o si fue general en todo el país, Bullrich respondió: “El trabajo de la baja real se va a empezar a ver ahora que vamos a comenzar con esta estrategia, a partir de que tenemos los datos bien consolidados, porque tanto provincia [de Buenos Aires] como Capital [ciudad de Buenos Aires] están prácticamente igual que el año pasado. Y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo enorme para bajar, porque no solamente es la cantidad. Imagínense, la provincia de Buenos Aires tiene esa cantidad de homicidios producto de la cantidad de población que tiene. Eso influye fuertemente sobre todo el panorama nacional. En general, los homicidios han bajado en todas las provincias del país, pero en la Capital y en la provincia de Buenos Aires se han mantenido similares”.
En contraposición, la ministra explicó: “Tucumán tuvo una baja significativa de casi la mitad de lo que había tenido el año anterior. Está siendo, evidentemente, un esfuerzo muy grande en este trabajo. El resto de las provincias, todas, están a la baja”.
Al mirar las estadísticas, provincia por provincia, y analizarla por la tasa cada 100.000 habitantes, las tres jurisdicciones con mayor índice de homicidios son: Santa Fe, con 11 cada 100.000; Chaco, con 5 cada 100.000 y comparten el tercer lugar con 4,6 por cada 100.000, provincia de Buenos Aires, Tucumán y Chubut.
En el extremo opuesto, las tres jurisdicciones con las tasas más bajas son: San Juan y Tierra del Fuego, con 1,1 homicidios cada 100.000 habitantes; le sigue Catamarca, con 1,2, y tercera está La Pampa, con 1,4 cada 100.000 habitantes.
En 2023 también se denunciaron 41.586 “delitos contra la integridad sexual”, lo que da un promedio diario de 114 y una tasa de 89,1 por cada 100.000 habitantes. A pesar de lo elevado del número, mostró una baja de 6,2 por ciento respecto de 2022.
“Tenemos 29% de homicidios en domicilios particulares, esto implica que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia en las familias, es uno de los datos sobre los que vamos a trabajar y además de todos los proyectos de ley que ya hemos presentado, vamos a presentar una ley de violencia intrafamiliar, de violencia de género para meternos en este delito”, adelantó Bullrich durante la conferencia.
La ministra también anticipó que sus colaboradores trabajan en una nueva iniciativa que enviarán al Congreso sobre este tema.
“El problema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, con las relaciones tóxicas, es que muchas veces los mismos actores reproducen la conducta y no pueden hacer la denuncia, no se animan a hacer la denuncia o vuelven. En consecuencia, lo que estamos planteando, a partir de un estudio profundo que hicimos de cómo mejoraron esta situación en España y en Inglaterra, es que deje de ser un delito de acción privada donde solamente pueda denunciar la persona que lo sufrió y que se transforme en un delito de acción pública donde cualquier persona pueda denunciar y que, ciertos sujetos estén obligados, como pueden ser el personal de salud”, explicó Bullrich.
“Recordemos el caso de Lucio Dupuy. Lucio había ido más de diez veces a un hospital y esas diez veces que fue al hospital ese personal médico podría haber denunciado o planteado qué había pasado, por qué el chico iba golpeado, que esos golpes no eran normales. En consecuencia, el hecho de que haya sujetos obligados y que el hecho no sea solamente de acción privada, sino que sea de acción pública, ayudaría. Cualquier persona podría denunciar y después se tendrá que verificar”, ejemplificó la titular de la cartera policial.
También analizó la disparidad presente entre la cantidad de hombres y mujeres asesinados. “La diferencia entre hombres y mujeres es realmente muy importante. En este caso, influye mucho el tema del arma blanca, donde en general los muertos con arma blanca son hombres, pero la incidencia, la diferencia entre hombres y mujeres es realmente muy importante. La mayoría de las personas, el 88 por ciento, son mayores de 18 años”.
Datos homologados
Bullrich también justificó la demora en la difusión de las estadísticas, que por ley se deben hacer en abril, al asegurar que se encontraron inconsistencias: “Tuvimos que hacer una serie de correcciones estadísticas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy serios. Hubo que hacer las correcciones de estadísticas que no estaban totalmente homologadas”.
Y agregó: ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando uno hace una estadística, por ejemplo, de homicidios, tiene que cruzar datos con los datos de salud. Porque un homicidio no es solamente el homicidio que uno lo ve en el momento en que se produce. Puede ser una persona que sale malherida de una situación y muere después. Esa persona, de acuerdo con si su muerte se produjo por la situación vivida, por las heridas recibidas, es considerado un homicidio. En algunos casos esto no es así, entonces se nos deforma la cifra. Para eso hay que hacer una homologación con los sistemas de salud, con cada provincia, que cada provincia tenga la misma forma de medir las cosas y de esta manera tener esta estadística seria”.
Para cerrar, habló sobre la baja de la edad de imputabilidad, proyecto que fue presentado en el Congreso. “Hace 25 años se está hablando del Régimen Penal Juvenil en la Argentina. Bueno, ahora ya se va a comenzar a discutir, ya comenzaron las sesiones en el Parlamento, así que estamos muy orgullosos de la tarea legislativa que está llevando adelante el Congreso sobre los proyectos. El día de mañana (por hoy) se van a tratar dos iniciativas del Ministerio de Seguridad: regularización de armas y ADN para todos los imputados, lo que va a ser un adelanto enorme en la persecución penal y en la capacidad de que no haya impunidad, que no haya delitos que no se puedan esclarecer. Así que creemos que este Régimen Penal Juvenil, que ya comenzó a discutirse, estará en condiciones de ser debatido en aproximadamente un mes en el Parlamento”.
La tasa de homicidios en nuestro país quedó el año pasado en 4,4 casos cada 100.000 habitantes
A nivel de provincias, Santa Fe registró el índice más alto: 11
Seis de cada diez asesinatos se cometieron en la vía pública
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