LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, LA CREACIÓN DE RIQUEZA, Y Fútbol, anomia e improvisación

Reflexiones de un profesor
Marcos Gallacher Universidad del CEMA y Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
Somos privilegiados los que desarrollamos nuestra carrera profesional en el ámbito académico: relativa libertad, poder dedicar tiempo al estudio y en algunos casos la investigación, intercambio con colegas de distintas disciplinas. Claro, todo podría ser mejor: la retribución es en muchos casos baja, para algunos casi inexistente. Para estos últimos, la vida académica es un complemento de otras tareas que permiten pagar las cuentas. Pero, como ha señalado el premio Nobel Herbert Simon, las organizaciones subsisten en la medida en que la contribución que hacen a sus integrantes resulta al menos equivalente a la que estos pueden acceder en otras alternativas. Y Simon señala que la “contribución” relevante excede en mucho solo la parte material.
Eventos recientes relativos a política educativa llaman a reflexionar sobre la universidad en la Argentina: su organización, vínculos con la sociedad, impacto y por supuesto reparto de costos asociados a su funcionamiento. Aclaro lo siguiente: hice mi carrera de grado en la universidad pública, y trabajé en ella durante casi tres décadas, con cargos desde docente auxiliar hasta profesor asociado. Creo que conozco el paño.
La universidad pública argentina tiene características que hacen a sus fortalezas, pero también contribuyen a sus debilidades. No todo es color de rosa, en especial si se compara lo que “es” con lo que “podría ser”. Concretamente, mi impresión es que existe una brecha entre el aporte que la universidad podría hacer y el que efectivamente hace. Cerrar esta brecha requiere tanto reasignación de recursos como generar fuentes alternativas para estos recursos.
En las últimas seis décadas la matrícula de las universidades públicas se multiplicó por quince. A su vez, el número de graduados aumentó seis veces. En comparación, la población de país se incrementó solo 2,2 veces. En síntesis, ocurrió una virtual explosión de la educación superior. Pero lo que sorprende es que el enorme incremento de población y graduados universitarios (el declamado “capital humano”) no fue correspondido con crecimiento económico del país; por el contrario, los índices de pobreza prevalecientes en la década del 60 eran bastante menores que los que observamos en la actualidad. Un cínico diría: “existe una correlación positiva entre matrícula universitaria, por un lado, y pobreza, por otro. Cerremos las universidades”.
Los datos de crecimiento de matrícula y graduados universitarios, junto con los de desempeño de la economía del país (y en particular de la situación de los sectores más vulnerables), llaman a cuestionar en forma constructiva algunas afirmaciones relativas a prioridades de financiamiento educativo y fuentes alternativas para este. Maximizar el bienestar del país requiere invertir recursos de acuerdo con la tasa de retorno social de diversas opciones disponibles. Bajo el sistema actual de asignación de recursos: ¿cómo se compara la tasa de retorno en escuelas rurales, en barrios carenciados o en terciarios técnicos en relación con diversas alternativas en una gran universidad metropolitana? ¿En qué medida resulta necesario reasignar recursos de forma tal de igualar tasas de retorno en diversas alternativas? ¿Qué cambios resulta necesario realizar en la asignación del presupuesto a nivel nacional o provincial para contribuir mejor a la generación de capital humano útil para el desarrollo del país?
Trabajos realizados por el destacado economista James Heckman concluyen que los mayores retornos sociales a la educación se generan en los niveles iniciales de esta: preescolar y primaria, fundamentalmente, luego secundaria y finalmente (y a un nivel más bajo) en la educación universitaria. Pero no solo son especialmente altos los retornos en estos niveles iniciales, sino que además los efectos distributivos (equidad) son más marcados en estas alternativas que en otras. La implicancia para política pública es clara: los subsidios, ya sea a la oferta de servicios educativos o a la demanda de estos, deben canalizarse en forma prioritaria a una educación básica de calidad.
En relación con lo anterior, en nuestro país la discusión de arancelamiento a los estudios superiores es un cuco al cual todos le escapan. Descartar de plano y sin mayor análisis esta alternativa constituye a mi juicio un serio error, con altos costos asociados. A modo de ejemplo: un arancel por alumno muy modesto (del orden de los 30 dólares al mes o 300 dólares por año) permitiría a la UBA incrementar su presupuesto en unos 100 millones de dólares anuales. Bien administrados, estos recursos adicionales permitirían una real revolución en términos de calidad de enseñanza, investigación y vínculos con la comunidad. Obviamente, pueden existir becas, préstamos de honor o contra prestación para aquellos que lo necesiten.
Progresar requiere intercambiar ideas en forma racional. Qué fines se buscan. Con qué medios se cuenta. Qué impactos tienen diversas alternativas sobre eficiencia y equidad. En relación con política universitaria, este debate todavía no se ha dado.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ideologías, Estados y desarrollo
Omar Argüello
La garantía del respeto a los derechos civiles y políticos de todo ciudadano, así como el igual derecho a disfrutar de un bienestar material digno, la da un Estado eficiente que se preocupe por hacerlas efectivas. Si estas garantías no se concretan es porque las personas que llegan al gobierno no saben o no quieren hacerlo. Y una de las motivaciones para que esto ocurra se relaciona con su ideología.
En la historia moderna los principales postulados ideológicos que han dado lugar a sociedades diferentes son: el liberalismo económico; el liberalismo político; el socialismo leninista y formas borrosas de populismo. Y cada una de esas ideologías ha asignado funciones diferentes a los Estados que comandaron, lo que influyó en la vigencia de esos derechos, así como en diferentes grados de desarrollo económico.
En los casos del liberalismo, tanto económico como político, ambos ponen límites a la intervención del Estado: el económico le niega su participación en esa dimensión, mientras el liberalismo político nace como preocupación frente a un Leviatán que podía poner en peligro los derechos y garantías de los ciudadanos (sin preocuparse por la dimensión económica de la sociedad). Esto llevó a que cuando el Estado estuvo conducido por una dirigencia afín al liberalismo económico, hubo crecimiento, pero no desarrollo; esto es, sin que ese crecimiento llevara bienestar al conjunto de los ciudadanos, como ocurrió en la primera revolución industrial. Algo aproximado a lo que en nuestro país ocurrió con la dictadura militar de los 70, aunque aquí no hubo distribución, pero tampoco crecimiento relevante.
En cuanto a los Estados manejados por fuerzas políticas que comulgan con el liberalismo político, estos son una garantía firme de los derechos y garantías ciude dadanas, con un funcionamiento real de la división de poderes; pero no son acompañados por una preocupación en cuanto a incentivar un proceso productivo que sea la base de un bienestar material para el conjunto de los ciudadanos. Esto es lo que ocurrió en nuestro país durante el gobierno radical posterior a la dictadura militar, con un ejemplar funcionamiento de las instituciones, pero con un descuido tan fuerte del desarrollo económico que lo llevaron a una crisis que le significó tener que abandonar el poder antes del término de su mandato.
Por su parte, los Estados conducidos por ideólogos socialistas leninistas se han caracterizado por intervenir en todas las dimensiones de la dinámica social, con el resultado de ausencia de garantías para los ciudadanos y una mala atención de sus necesidades materiales, consecuencia de haber socializado los medios de producción. En cuanto a las funciones y funcionamiento un Estado populista como nuestro kirchnerismo, son tan borrosas como su presunta ideología. Aun cuando conserva las formas institucionales del liberalismo político, siempre está al borde de la violación de aquellas, y en cuanto a brindar un bienestar material a los ciudadanos, su intervención en los procesos productivos ha dificultado la creación de riquezas, las que pretenden ser sustituidas por un asistencialismo carente de respaldo económico.
Toda sociedad que se proponga garantizar tanto los derechos ciudadanos como lo satisfactorio de su bienestar material necesita de un Estado que respete los postulados del liberalismo político sin dejar de promover un desarrollo económico que, con inversiones productivas generadoras de una riqueza bien distribuida, creará las condiciones para ese bienestar material.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Fútbol, anomia e improvisación
El fútbol argentino ofrece en los últimos años dos escenarios disímiles; un contexto internacional pleno de éxitos y copas, y otro doméstico desbordado de improvisación, cambios arbitrarios y anomia, a lo que se suman sospechas fundadas de manejos irregulares en su principal estructura administrativa.
Por eso no sorprende una versión que comenzó a circular sobre una nueva reestructuración de los campeonatos oficiales que incluiría otra suspensión de los descensos en la primera división, que llevaría a un megatorneo de 30 equipos a partir de la próxima temporada.
Si bien aún no está aprobado este proyecto, el dato no deja de ser preocupante por la desprolijidad en el cambio permanente e intempestivo de las reglas, lo que no solo profundiza la incertidumbre, sino que además tiene una buena cuota de injusticia con los equipos que compiten y hasta último momento no tienen claro cuáles serían los efectos prácticos de su desempeño en el campo de juego.
La iniciativa buscaría que los dos clubes que asciendan desde la Primera B Nacional se sumen a los 28 de la máxima categoría y que en 2025 vuelvan a disputarse los antiguos campeonatos Apertura y Clausura con un formato similar al de la Copa de la Liga llevada a cabo en los últimos años, por lo que los equipos quedarían divididos en dos zonas de 15 cada una.
Lo que hasta el presente está vigente es que dos equipos deben descender al término de 2024: uno según los promedios y otro de acuerdo con la tabla anual. El cálculo de la tabla de promedios surge del acumulado de tres temporadas (dos para algunos equipos y una para aquellos que ascendieron este año). La tabla anual, por su lado, suma los puntos obtenidos en las 14 jornadas de la Copa de la Liga más las 27 fechas de la Liga Profesional, que se encuentra actualmente en disputa. Actualmente, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia de Mendoza figuran en los dos últimas posiciones de la tabla de promedios, en tanto que el último en la tabla anual es Central Córdoba de Santiago del Estero.
Para que este proyecto se transforme en realidad, tiene que ser aprobado por la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que se realizará en octubre, y como se trata de una modificación que involucra a todas las categorías, no puede ser resuelto por la Liga Profesional. Según las instancias resolutivas, primero debería ser tratado por el comité ejecutivo de la AFA, para luego ser incluido en el orden del día de la asamblea.
Lo cierto es que no resulta serio que no se cumpla lo pautado y que, según los vientos que corran, se modifique lo establecido. Esta improvisación, que llevaría a una injustificada superpoblación de equipos, no le hace nada bien al prestigio internacional que ha construido con sus logros el seleccionado nacional de fútbol. Para que eso sea sustentable, nuestro fútbol debe dejar de tener esta doble cara y su dirigencia debe asumir la responsabilidad profesional y la transparencia que corresponden.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA