MILEI BUSCA Y ENCUENTRA Y EDITORIAL

Milei busca y encuentra a sus adversarios ideales
Francisco Olivera
Javier Milei 
El desplante de YPF a Kicillof con la decisión de instalar la megaplanta de gas natural licuado en Río Negro y no en Bahía Blanca, como pretendía el gobernador, llama la atención no tanto por el conflicto en sí mismo sino por el contexto y los términos en que se discutió. Hay claramente un cambio de época, posiblemente facilitado por la urgencia de volver a crecer, en que los viejos argumentos progresistas no surten ningún efecto. No asustó ni dio réditos, por ejemplo, la amenaza de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se aplicaría a costa de los recursos naturales o, como llegó a definir en mayo Cristina Kirchner, mediante un “Nuevo estatuto legal del coloniaje”. Altri tempi, diría ella.
Es indudable que, independientemente de si le encuentra o no la vuelta a la crisis, la llegada de Milei inaugura una etapa en la que rigen otras valoraciones. Esta semana, y al contrario de lo que se pensaba cuando se discutió la Ley Bases, Kicillof pagó un costo político interno por la novedad. Hasta el tuit festivo de un compañero de espacio, Martín Doñate, un senador que había votado contra el proyecto, sonó a provocación. “Celebramos con enorme alegría que la gran inversión que tiene proyectada nuestra empresa nacional YPF y Petronas (Malasia) se desarrolle en nuestra provincia de Río Negro”, publicó. “¿Lo habrá mandado Máximo?”, se preguntaba esta semana un legislador de Unión por la Patria. ¿O será que Milei ha empezado a ganar voluntades más allá del peronismo que lo respaldó durante el debate legislativo? “Vuelve Carlos”, bromeó ante la estrategia Marcos Buscaglia en una comida con empresarios.
Kicillof quedó desde entonces bastante molesto, pero más con Milei que con Horacio Marín, presidente de YPF, con quien tiene una buena relación. Está convencido de que fue el Presidente quien dio la orden de adelantar la fecha de la elección del puerto en que funcionará la planta para dejarlo en ridículo a él y al proyecto con que pretendía convencer a las petroleras: facilidades tributarias que empezarían a discutirse la semana próxima en la Legislatura. Tardísimo. Más si se recuerda que Río Negro no solo había aprobado la adhesión en tiempo récord, el 12 de julio, sino con un adicional de incentivos provinciales.
Algo falló. Porque el peronismo bonaerense, y principalmente el de Bahía Blanca, tenía pensada otra estrategia. Para no exponer a Kicillof, los encargados de pedir públicamente la adhesión al RIGI serían intendentes y legisladores del PJ y La Libertad Avanza. Vale en este punto una consideración de consultores del sector: el RIGI ofrece a las petroleras beneficios sin los cuales los proyectos seguirán siendo atractivos, algo que no pasa en cambio con la minería, cuya vieja normativa dejaba hasta ahora, por ejemplo, los costos de explotar cobre 10% por arriba de los de Chile.
Que la planta se haga finalmente en Río Negro tiene para la dirigencia política un valor simbólico. Hay posibilidades concretas de que ni Milei ni Kicillof ni Weretilneck sean testigos presenciales de los verdaderos réditos: el proyecto empezaría a edificarse en 2027 y acaso se termine en 2040. Pero la reconfiguración topográfica avala en el presente la explosiva retórica de Milei, que dice que el sector privado no invierte donde se gobierna con lógica soviética. Justo cuando, a falta de resultados, la construcción de un enemigo imaginario vale para el Gobierno el doble. Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, retuiteó la semana pasada ese argumento en un chiste del economista Ramiro Castiñeira: “Un comunista expropió una petrolera décadas atrás y ahora otra petrolera quiere invertir en la Argentina, pero evitando la provincia donde gobierna dicho comunista. ¿Cómo se llama la obra?”.
Ese combate discursivo es, con el superávit financiero y el enfriamiento en la inflación, lo que apuntala hoy a Milei. “La batalla cultural”, dicen sus tuiteros. Lo valora hasta Cristina Kirchner, que suele reconocerle al Presidente rasgos de inteligencia y, de paso, hace también un mea culpa sobre la capacidad del propio espacio, que incluye a su hijo, para interpretar los tiempos. “Nosotros no supimos ver la influencia de esto”, dice, y señala algún teléfono móvil. Dicen que está bastante cansada de la interna bonaerense. Pero que es probable que, alejada ya de la función pública, su posicionamiento apunte en adelante más a consolidar la identidad kirchnerista que a consensos más amplios. Esta semana, por ejemplo, retuiteó una columna de Eduardo Valdés en la que el diputado cuestiona el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, una iniciativa que todavía hace dudar al PJ porque recaba adhesiones en los estratos de bajos recursos. Diputados como José Glinski, de Chubut, o Leandro Santoro, de la Capital Federal, proponen centrar el debate en la confección de un esquema de garantías dentro de un nuevo régimen penal juvenil, sin detenerse en la edad. “El progresismo ya perdió esa batalla: dialoguemos con la época”, admitió un diputado de Unión por la Patria.
Son discusiones que interpelan a las democracias en todo el mundo, donde el fracaso de un líder lleva a virar hacia el confín ideológico opuesto. ¿Cómo influirá al respecto en la región, por ejemplo, la situación de Venezuela? Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, los tres representantes federales del sur del estado de Florida en el Congreso norteamericano, acaban de anticipar que luego del verano boreal podrían pedir sanciones para aquellos países que, como Brasil, Colombia y México, se abstuvieron e hicieron fracasar en la OEA la resolución que le exigía a Maduro presentar las actas. En este contexto, ¿Lula y Pedro Sánchez seguirán convocando con el mismo entusiasmo al congreso de líderes progresistas “contra el extremismo de derecha” que planeaban para septiembre en la ONU? ¿Y de qué modo abordará esta crisis Cristina Kirchner hoy, cuando exponga en México? El título del seminario excluye toda posibilidad de elusión: “Realidad política y electoral de América Latina”.
Milei analizará cualquier contorsión discursiva igual que los infortunios de Kicillof con el RIGI. Buen tema de conversación política. Para la otra, la económica, tiene por ahora menos respuestas. ¿Cuándo salir del cepo, por ejemplo? Nadie lo sabe y la incógnita no es gratuita. Paolo Rocca les dijo anteayer a inversores que la demora en la normalización del mercado lo había llevado a retrasar desembolsos en Vaca Muerta. Esta semana, Luis Caputo intentó tranquilizar a empresarios de consumo masivo reiterando que esperaba transitar 2025 “sin cepo”, pero no agregó más. Apenas que el superávit y la posibilidad de refinanciar vencimientos le darían a la Argentina un horizonte financiero despejado hasta enero de 2026. “Confíen, comprométanse e inviertan”, alentó. Le preocupa el impacto de la recesión, principalmente en el comercio, pero no está dispuesto a resolverla con una devaluación que interrumpa el camino descendente de la espiral de precios. Caputo cree, como Milei, que ese es el objetivo que le encomendó el electorado. Un típico razonamiento de períodos posinflacionarios.
En mayo de 1995, cuando ganó la reelección con casi el 50% de los votos y 20 puntos de diferencia sobre Bordón, Menem tenía 18,4% de desocupación. “Así como pulvericé la inflación, voy a pulverizar el desempleo”, había dicho en la campaña. Como entonces, Milei apuntala su gestión sobre la amenaza de un regreso al pasado. Esa superficie de tierra arrasada que, según las encuestas, asusta bastante más que cualquier multinacional colonialista o pronta a llevarse recursos hasta ahora intactos solo porque no están a la vista.

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Relevantes definiciones en economía
Ante el desafío de emisión cero, resulta clave el rol del ministro Sturzenegger profundizando el ajuste fiscal de manera genuina y sostenible
Durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei la política económica claramente se orientó a evitar la amenaza de una hiperinflación y a mostrar un camino hacia la estabilidad. Su característica saliente fue una marcha forzada hacia la eliminación del déficit fiscal. Esto se logró, aunque solo en el concepto de equilibrio de caja y, en parte, mediante algunas acciones difíciles de sostener, o incluso reversibles. Este fue el caso de la postergación de pagos y la paralización de obras públicas. Acompañando este proceso de ajuste se decidió una devaluación cambiaria y, a partir de allí, una corrección del tipo de cambio oficial del 2% mensual. Se mantuvo el cepo cambiario, con anuncios sobre que solo se lo eliminaría cuando se dispusiera de reservas suficientes y se hubiese reducido convenientemente la brecha cambiaria. En su discurso en el acto de inauguración de la Exposición Rural, el Presidente agregó la condición de eliminar la inflación. Prima la prudencia o, si se quiere, el temor a que se produzca un salto en el tipo de cambio que derive en un impacto inflacionario.
La marcha hacia reformas estructurales se delineó en el DNU 70/23 y en la Ley Bases. Aunque su paso por el Congreso encontró numerosos escollos, se mantuvo una expectativa positiva durante el proceso. Se admitía que la recesión económica era parte de un remedio inevitable y que la sanción de la Ley Bases generaría la confianza para poner en marcha inversiones claves para motorizar la actividad económica. Estas expectativas, sumadas a la reducción de los índices de inflación, a la caída del riesgo país, a la reducción de la brecha cambiaria y a la acumulación de reservas, contribuyeron a sostener un porcentaje mayoritario de apoyo al Gobierno. La recesión fue entendida como un sacrificio ineludible que, en todo caso, pagaba las culpas del gobierno anterior. Los operadores económicos y los mercados participaban hasta hace algunas semanas de esa visión expectante y positiva.
La batalla para reducir el déficit fiscal tuvo su correlato en el difícil manejo de la enorme deuda del Banco Central y el pago de sus intereses. Si bien el Tesoro dejó de reclamar fondos al Banco Central, este no pudo evitar emitir para pagar los intereses de sus propios pasivos remunerados. Debía recomponer las reservas, también emitiendo pesos. Así, la base monetaria creció poniendo un límite a la reducción del índice de inflación. En su esfuerzo por licuar su deuda, el Banco Central impuso reducciones en la tasa de interés para ubicarla por debajo de la de inflación. Los bancos, principales tenedores de esa deuda, trasladaban a sus depositantes esa baja de la tasa de interés. En mayo último, una nueva reducción produjo la reacción de los ahorristas, que reorientaron sus fondos hacia los dólares libres, provocando un ascenso de sus cotizaciones. La reducción de la brecha cambiaria se detuvo y comenzó a escalar. Esto impactó negativamente sobre la confianza sumándose a la demora en la sanción de la Ley Bases y a conflictos de entrecasa en la cúpula gobernante. La brecha cambiaria, que había disminuido a un 16%, subió a más de un 40%. El Banco Central pasó de ser comprador neto de divisas a ser vendedor. El Gobierno reaccionó con medidas de intervención, vendiendo en el mercado de cambios financiero (CCL) una proporción de los dólares adquiridos en el oficial. Así logró una breve reducción de la brecha, pero debilitó aún más la acumulación de reservas y afectó negativamente la cotización de los bonos del Gobierno. El riesgo país se elevó de 1200 puntos básicos a más de 1500. El debilitamiento de la confianza se alimentó con otro hecho inoportuno: el Banco Macro usó el derecho de put (obligación del deudor de comprar) contra el Banco Central por dos billones de pesos. Gran parte del pasivo remunerado en manos de los bancos podía seguir el mismo camino. Este riesgo fue percibido y llevó a una negociación. El Gobierno, a través del ministro de Economía, lanzó la fase 2 de su programa.
Los rasgos principales de esta nueva fase son:
● Traspaso de la deuda del Banco Central al Gobierno (el Tesoro).
● Emisión de letras fiscales de liquidez (LEFI) para ofrecerlas en canje a los bancos por los pases o títulos existentes que tenían derecho de put.
● El Banco Central deja de emitir, incluso para comprar dólares.
● Se dará curso legal al dólar.
● El Tesoro será responsable de lograr el superávit fiscal financiero para pagar los vencimientos de la deuda pública, incluida la absorbida del Banco Central o, eventualmente, refinanciar los pagos que no pueda realizar.
El traspaso al Tesoro de la deuda del Banco Central ya se concretó. Se emitieron 20 billones de pesos de LEFI que se ofrecieron a la misma tasa de interés de la deuda por canjear, pero con la ventaja de la exención del oneroso impuesto a los ingresos brutos. El canje fue exitoso. Se ratificó la intención de eliminar el cepo cambiario, aunque no se ha fijado una fecha. Confirmando esa línea, el ministro de Economía dispuso una incipiente flexibilización ampliando los límites que regían para determinadas operaciones.
La emisión cero supondrá necesariamente una revaluación del peso en su convivencia con el dólar en el contexto de la competencia de monedas. De cumplirse, la inflación en pesos deberá reducirse tal como ocurrió con la convertibilidad. En ese caso, el aumento de la demanda de dinero por efecto del crecimiento de la actividad económica o como consecuencia de la estabilidad debería satisfacerse con dólares aportados por ahorristas y agentes económicos. Estaríamos ante el camino de la llamada dolarización endógena. Si el caso fuera que, una vez lograda la estabilidad, el Banco Central o el Tesoro decidieran mantener su capacidad de emitir pesos, pero solo contra la compra de dólares, estaríamos en un esquema de competencia de monedas al estilo peruano. Por ahora, el Gobierno no ha planteado esta alternativa. El desafío que ha asumido es el de emisión cero profundizando el ajuste fiscal de manera genuina y sostenible para que el pago de la deuda pública, incluyendo las LEFI, sea creíble. La tarea del ministro Sturzenegger juega un rol relevante en el logro de este objetivo. En este escenario no debería temerse a la eliminación del cepo, cualquiera que sea la brecha remanente, y, cuanto antes se lo haga, mejor.

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