NO PUEDE SALIR DEL PAÍS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Fernández no puede salir del país y ahora la fiscalía lleva la investigación
Rívolo tiene delegado el caso; debe decidir si lo envía a la Justicia bonaerense
Hernán Cappiello Julián Ercolini juez federal
El expresidente Alberto Fernández tiene prohibida la salida del país por orden del juez federal Julián Ercolini, a raíz de la denuncias de violencia de género de su exmujer Fabiola Yañez. Asimismo, esta causa por las agresiones y amenazas desde ahora quedará en manos del fiscal federal Carlos Rívolo, ya que el juez le delegó la investigación.
Esto se debe a que el Ministerio Público Fiscal tiene dependencias de atención a la víctima y una fiscalía especializada dedicada ala violencia sobre las mujeres (UFEM) que está a cargo de Mariela Labozzetta. Rívolo decidirá si se queda con el expediente o si lo envía a la Justicia de instrucción de San Isidro, que es donde supuestamente ocurrió el episodio de violencia de género, o a la Justicia nacional de instrucción.
Los casos de violencia de género son asuntos de la Justicia ordinaria, no de la Justicia Federal. Si la causa quedara en la Justicia nacional ordinaria podrían seguir interviniendo los organismos especializados de la Procuración General de la Nación. No es así si el caso queda en la Justicia provincial de San Isidro.
En principio, en delitos comunes, sin afectación de bienes federales, funciones federales o personas por su condición de empleados o funcionarios federales, interviene la Justicia ordinaria nacional o las provinciales, según el caso.
De todos modos, los delitos son de conocimiento de la Justicia ordinaria o federal según “las personas o las cosas. Pero en cuanto a las personas, no basta con ser presidente, ministro, diputado nacional; el hecho y su condición de víctima o victimario tiene que derivarse o estar muy vinculada o ser consustancial a su función en razón del ejercicio”, suelen decir las leyes.
Es decir que no basta con que la agresión haya sido protagonizada por el presidente (funcionario federal) o que la víctima haya sido la primera dama, sino que en el delito tienen que estar involucradas acciones relacionadas con su función de presidente. Lo mismo sucede con las víctimas. Si un presidente golpea al hermano por una cuestión familiar o el mecánico lo golpea porque no le pagó el arreglo, no son lesiones debidas a la condición de presidente, sino a un asunto personal.
A pesar de estas explicaciones en las que coinciden camaristas y abogados consultados puede haber una interpretación más amplia derivada de la condición de funcionario del expresidente o de primera dama de la víctima que haga que la causa se quede la Justicia Federal.

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Fuerte debate por la postura de las entidades feministas
VIOLENCIA DE GéNERO Algunas dirigentes ligadas al gobierno anterior se pronunciaron de manera individual; otras referentes criticaron la “doble vara” y señalaron al kirchnerismo
El escándalo de los chats derivó ayer en una fuerte discusión pública sobre el posicionamiento de entidades y representantes del feminismo que estuvieron vinculadas al gobierno de Alberto Fernández. A su vez, dirigentes políticas de otros espacios pusieron el dedo en esa llaga, luego de que se confirmara la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.
Si bien se registraron pronunciamientos individuales, escasearon los de las entidades en forma colectiva. En esas organizaciones comenzó a debatirse puertas adentro si dirán algo sobre el caso de Fernández y Yañez, pese a que sus integrantes sostienen que la metodología de funcionamiento no es formal ni se reúne una “junta de emergencia” para sacar un comunicado.
La primera señalada por una supuesta inacción fue Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad, quien negó haber tenido conocimiento de los maltratos físicos a los que habría sometido el expresidente a la ex primera dama 
Con la denuncia de Yañez ratificada ante el juez federal Julián Ercolini, también se pronunció la extitular de AySA Malena Galmarini, del Frente Renovador, quien sostuvo que “la violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. No importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima”. Replicó el comunicado del FR la exmnistra Ayelén Mazzina.
Por su parte, la senadora nacional Juliana Di Tullio, que milita en las filas del kirchnerismo, salió a reclamar: “Dejen la hipocresía: a ustedes les importa tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto”, disparó.
Los pronunciamientos de referentes peronistas llegaron al cabo de duras críticas de dirigentes de otros espacios políticos, como la diputada María Eugenia Vidal (Pro). “Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve”, lanzó.
A su vez, la senadora radical Carolina Losada dijo: “Espero que el kirchnerismo no mire para otro lado como lo hizo con [José] Alperovich y [Fernando] Espinoza (…) ni hablar de cuando el expresidente le echó la culpa [a Fabiola Yañez] por la cena de Olivos. El feminismo de doble vara que guarda silencio cuando los violentos son los propios”.
Las organizaciones feministas más importantes, como el emblemático colectivo Ni Una Menos, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) –que todos los meses publica un registro de femicidios– o Actrices Argentinas, que tuvo protagonismo en el caso de Juan Darthés, guardan silencio.
Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de Fernández y una referente en la agenda de género, también hizo silencio, al igual que Victoria Donda, extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y una asidua militante de los derechos de la mujer.
Otras referentes, como la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria), optaron por pronunciarse ayer: “Los indicios de violencia de género por parte de Alberto Fernández a su pareja revisten una doble gravedad: por la asimetría de poder y por el rol institucional que ocupaba”, afirmó.
Por su parte, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, cercana a Juan Grabois, publicó ayer un fuerte descargo: “No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes”.
“Exministerio”
La diputada Carolina Piparo, separada del bloque libertario, acotó: “Si es verdad que existieron funcionarios públicos que desde el ex-Ministerio de la Mujer le respondieron a Fabiola Yañez que no se podía hacer nada ante la violencia que estaba sufriendo, deben ser inmediatamente investigados y juzgados. El kirchnerismo es todo lo que está mal”.
“Quiero imaginar que mis compañeres del bloque PJ/K ya están preparando un proyecto de repudio para Alberto y la exministra de la Mujer, que cuando Fabiola la llamó y le dijo que ya se le iba a pasar y que no podía hacer nada. ¿Y el colectivo del las pañuelos green? ¿Ya hicieron un comunicado?”, chicaneó la diputada santafesina Amalia Granata.
Desde el kirchnerismo replicó los cuestionamientos la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien se encuentra junto a Cristina Kirchner en México. “Siempre, en todos los casos, sin excepción: le creo a ella. Sin importar ideologías, partidos, amistades, nada. Repito, sin excepciones. Ojalá siempre nos crean y se preocupen cuando denunciamos que nos violentan”.

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