Sociedades anónimas deportivas: ¿quiénes tienen miedo a la libertad?
Al levantarse el cepo que establecía la ley del deporte a los clubes de fútbol, se abre un abanico de posibilidades que puede inquietar a ciertos dirigentes, que verían perder sus prebendas y su poder
Daniel Roque Vítolo
El fútbol, conocido como soccer en algunos países, es el deporte más popular del mundo. Con más de cuatro mil quinientos millones de seguidores, trasciende fronteras y culturas, y ha adquirido el carácter de fenómeno global. Pero el fútbol no es solo un deporte y una pasión; a nivel mundial, el fútbol se ha convertido también en una industria multifacética y en constante evolución que mueve miles de millones de dólares a lo largo y a lo ancho del planeta generando enorme cantidad de puestos de trabajo y empresas de producción de bienes y servicios directa o indirectamente conectados con ese deporte, que se practica y desenvuelve generalmente en clubes que compiten entre sí en diversos torneos locales, nacionales e internacionales.
Los clubes de fútbol –dependiendo de los países– tienen diversas estructuras jurídicas y financieras. Algunos son propiedad de individuos ricos, corporaciones o consorcios, mientras que otros son propiedad de organizaciones de la sociedad civil conocidas genéricamente como entidades sociales y deportivas que no persiguen fines de lucro; otros llegan incluso a conformarse como entidades con acciones abiertas a la oferta pública que acceden a cotizar en bolsas de valores y desarrollan su actividad en los niveles de competencia significativa.
Muchos países han legislado de un modo específico y de diversa manera las sociedades anónimas deportivas (SAD), como es el caso de Alemania, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros.
Los clubes se agrupan en ligas, que operan como asociaciones de clubes y generan ingresos colectivos que luego se distribuyen entre los equipos participantes, colocando diversas exigencias y condiciones bajo las cuales los clubes pueden afiliarse a ellas y ser parte de las actividades de competición que establecen y dirigen. La institución internacional más significativa en este ámbito es la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fundada en 1904, la cual es parte de la International Football Association Board (IFAB), que es la institución que fija las reglas del juego a nivel mundial.
El fútbol es un deporte-industria que mueve alrededor de 500.000 millones de euros por año fruto de sus campeonatos. Los valores que se conocen respecto de los pases y transferencias de jugadores, el ritmo de ingresos y de vida de estos, y las inversiones en estadios, obras de infraestructura, marketing, publicidad y turismo –al que se ha sumado con importante gravitación el negocio de las apuestas– señalan la significatividad de este fenómeno a nivel global.
En nuestro país, el fútbol se ha desarrollado históricamente de la mano de clubes que se han conformado como asociaciones civiles sin fines de lucro, y han sido considerados entidades de bien común, en el marco del fomento y el desarrollo del deporte en un sentido amplio, tal como fue concebido el sistema por las leyes 18.247 –de 1969– y 20.655, de 1974, sin dejar de reconocer la existencia de cierto profesionalismo de parte de los jugadores, como ocurrió con la ley 20.160, que consagró el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, aunque sin admitirse que sociedades comerciales pudieran integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
Los clubes de fútbol desarrollan también una serie de actividades deportivas por fuera de la disciplina del balompié: algunos llegan casi a una cuarentena de disciplinas deportivas diferentes. Al mismo tiempo, estas instituciones promueven actividades culturales, recreativas y educativas en beneficio de los asociados. En materia de ingresos, las cuotas de los asociados solo tienen relevancia en dos o tres clubes grandes, y el resto de ellos se sostienen con los abonos para el fútbol, los derechos de transmisión, negocios sobre jugadores, marketing y publicidad.
Pero así como el fútbol ha podido potenciar el resto de las actividades deportivas y sociales de los clubes, muchas veces ha arrastrado a esas organizaciones a sobreendeudamientos, y crisis económicas y financieras que derivaron en procesos de concurso preventivo o declaraciones en quiebra. Ello llevó a que se sancionara en 2000 la ley 25.284 –la denominada “ley Racing”–, que estableció un régimen especial de administración para las entidades deportivas con dificultades económicas, previendo la constitución de un fideicomiso de administración con control judicial separando activos, deudas y pagos entre el negocio del fútbol y el resto de las actividades desplegadas por la asociación civil.
En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron. Así ocurrió con los proyectos de la comisión de 1998 que intentó emular el régimen español, el proyecto Alasino del mismo año y los posteriores proyectos impulsados por Galmarini en 1999 y por el diputado Carbonell en 2000, entre otros. Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri se insistió en esta idea, pero sin suerte.
El presidente de la República, a través de un DNU (70/2023), escogió no legislar específicamente un modelo de SAD, sino que optó por algo más directo y efectivo, como es levantar directamente el “cepo” que la ley del deporte imponía a los clubes de fútbol permitiéndoles escapar de la estructura de las asociaciones civiles para el desarrollo de su actividad. El escape ahora podrá tener lugar de un modo siempre voluntario –nunca obligatorio–, respetando la voluntad de los asociados y la decisión de los órganos estatutarios correspondientes, tomada bajo un régimen de mayorías calificadas y pudiendo escoger los asociados libremente, en cada caso, el modelo de organización que deseen conformar.
Esto podrá llevarse a cabo ya sea transformando a las asociaciones civiles en sociedades anónimas y convirtiendo a los asociados que lo deseen en accionistas o decidiendo los clubes tanto constituir una sociedad anónima de objeto deportivo como incorporarse con carácter de accionista a una sociedad ya existente para explotar –junto con otros socios o inversores– su negocio de fútbol sin afectar su estructura originaria. O podrán optar –finalmente– por conservar su condición original sin cambio alguno. Como puede advertirse, se trata de un menú de opciones suficientemente amplio.
Al haberse modificado la ley del deporte 20.655 por el DNU 70/2023, que tiene jerarquía legislativa, las ligas y federaciones que agrupan a los clubes deberán modificar obligatoriamente –en el plazo legal establecido– sus estatutos para dar cabida a estas nuevas formas de organización de quienes integran o desean integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
¿Quiénes pueden oponerse o tener miedo frente a esta nueva libertad para elegir en el ámbito de las organizaciones deportivas? ¿Aquellos que pueden acceder a esa libertad en ejercicio de sus derechos o ciertos dirigentes que corren el riesgo de perder las prebendas y el poder que hoy poseen bajo las limitaciones y restricciones que presentaba el sistema de “cepo”?
Se ha abierto un proceso de cambio hacia la libertad que se advierte irreversible, y quienes tienen que ceder para que la libertad sea una realidad se resisten a ello olvidando que en todos los órdenes de la vida y del derecho la libertad debe ser la regla, y la restricción de esa libertad, la excepción. Al menos, así lo dispone nuestra Constitución.
En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron
Este cambio podría convertir a los asociados que lo deseen en accionistas
Doctor en Derecho, posdoctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Bolonia, UBA y UMSA
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El ejemplo de Paraguay
La calificación de nuestro vecino, que alcanzó el “grado de inversión”, nos enseña que es posible dejar atrás los elevadísimos niveles de riesgo país
La agencia internacional Moody’s elevó la calificación de Paraguay llevándola por encima del límite admitido como “grado de inversión”. Esto implica el reconocimiento a la solidez económica y fiscal de un país, que involucra también el combate contra la corrupción y la libertad de prensa, entre otras variables. Otras dos calificadoras de importancia mundial, Standard & Poors y Fitch, convalidaron ese paso.
Paraguay se agrega así al grupo de naciones latinoamericanas que ya revestían ese grado: Uruguay, Chile, Colombia, México y Perú. Son países que acceden al crédito internacional en condiciones similares a las de economías desarrolladas. Esta ventaja no solo comprende a sus gobiernos, sino que también se extiende al sector privado.
La percepción de la solvencia y la seguridad de cumplir con el pago de sus deudas tiene naturalmente impacto en la tasa de interés que se acuerde sobre estas deudas. Cuanto mayor sea el riesgo que perciba un acreedor, tanto mayor será la tasa de interés que se le cargue al deudor. El índice de riesgo país mide la diferencia entre la tasa de interés reconocida a los títulos soberanos emitidos por el gobierno de un país respecto de aquellos considerados internacionalmente sin riesgo. Se lo suele expresar en puntos básicos que equivalen a un centésimo de un punto porcentual. El riesgo país de Paraguay se ubica en torno de los 189 puntos básicos, acercándose al de Uruguay, que es de 103; al de Chile, de 144, y al de Perú, de 185, según el índice de J.P. Morgan publicado la semana última. Alejados se encuentran Bolivia, con 2200, y Ecuador, con 1400. Prácticamente fuera del planeta y del acceso al crédito se hallan Venezuela y Cuba.
La Argentina ha evolucionado desde los 2600 puntos básicos antes de las elecciones del 19 de noviembre de 2023 a los actuales 1653, luego de acercarse a los 1200 en mayo. Se ha corregido mucho y se está caminando en la dirección correcta, pero aún hay un larguísimo trecho para llegar al grado de inversión. Sin embargo, el caso de Paraguay nos dice que es posible y que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. A quienes piensan que a un país que ha caído diez veces en default le resultará imposible hacer creíble que una política sana pueda perdurar, hay que informarles que Paraguay también registra diez defaults en su historia. Los inversores y los mercados saben mirar aquellos factores que dan solidez y permanencia a las instituciones y que son determinantes de la solvencia futura de un gobierno. Cuando se perciba que la disciplina fiscal y la monetaria han sido adoptadas como políticas de Estado y que cualquier alternancia de gobierno ya no las pondrá en riesgo, se estará en las puertas del grado de inversión. Cuando la estabilidad sea apreciada por toda la comunidad por haber probado el inmenso daño personal y social de la inflación, se sabrá que ninguna fuerza política se arriesgará a perder esa estabilidad. Los ejemplos de Perú y Chile son demostrativos. Cuando las mayorías aprendan que los altos impuestos ahuyentan a los inversores y destruyen oportunidades de trabajo, se logrará que ningún político gane elecciones aumentando el tamaño del Estado. Esa realidad contribuirá a fundamentar la confianza de inversores y entidades crediticias. Eso es lo que interesa y no el tamaño de una economía ni la abundancia de recursos naturales. Paraguay ha logrado construir estas percepciones. No es casual que haya sido elegido y mantenga un alto índice de popularidad un presidente de la calidad y experiencia de Santiago Peña.
Nuestro país ha elegido un presidente cuyas propuestas económicas tienen la orientación acertada y que cuenta con una fuerte determinación, tan necesaria frente a una herencia que requiere cirugía mayor. En todo caso, Javier Milei debería entender que no se necesitan actitudes personales agresivas ni modales inadecuados para demostrar esa determinación. También eso es posible.
El caso de Paraguay nos dice que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. Como la Argentina, Paraguay registra diez defaults en su historia y hoy su riesgo país es de solo 189 puntos
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Otra vez Marijuan
La politizada denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como consecuencia de la desaparición del niño Loan Danilo Peña, ocurrida hace casi dos meses, resulta tan disparatada como escandalosa. Implica una abierta intromisión de un funcionario judicial que viola sus funciones y competencias con viles fines políticos.
Resultaría siniestro que se pueda utilizar esta causa para tales fines. Nada se sabe del paradero de Loan. Desde su desaparición, asistimos a una malograda suerte de idas y venidas de los principales imputados; de mentiras flagrantes, de desidia y de pérdida de tiempo, con lo doloroso de ver transcurrir los días mientras está en juego la vida de una persona.
En medio de ese escalofriante panorama, que ha movilizado a la ciudadanía correntina y sensibilizado a todo el país, Marijuan denunció por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Valdés; al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad provincial Buenaventura Duarte y a su sucesor, Alfredo Vallejos, y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. Por sorteo, quien deberá investigar la denuncia será el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Sebastián Casanello.
Valdés había adelantado en su momento por medio de las redes sociales que Laudelina Peña, tía de Loan, había realizado una denuncia ante la Justicia correntina por amenazas contra dos de los detenidos en la investigación que el fuero federal ya trataba como la sustracción de un menor. La mujer, quien declaró que había colaborado en un intento de engañar a los investigadores diciendo que había plantado una zapatilla del chico en una zona alejada de los rastrillajes tras haber sido amenazada por otros imputados, desmintió su propia versión al ser detenida. Lo mismo hizo con la imputación a otras personas investigadas en la causa.
Le cabe a Valdés el error de haberse adelantado a los hechos y de haber comentado una situación que se desarrolla en el ámbito judicial y no del Ejecutivo. Pero no parece que sea esa la principal preocupación del fiscal Marijuan, quien ha escalado el asunto a un nivel político que nada tiene que ver con lo que realmente debería resolverse: quiénes sustrajeron a Loan, qué hicieron con él y dónde está.
Legisladores nacionales del radicalismo, fuerza a la que pertenece el gobernador Valdés, expresaron a través de comunicados sus fundadas críticas al grotesco proceder de Marijuan, al que calificaron de “inentendible”.
Es de desear que no estemos ante maniobras dirigidas a desestabilizar al gobierno provincial, como ha alertado Valdés, para quien existe “un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno” en vista de las próximas elecciones. “Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los caranchos, en dónde están, de dónde provienen los ataques, y vamos a decirlo sin ninguna duda. Quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes”, sostuvo el gobernador, en alusión a Gustavo Vera, Sergio Massa y el exgobernador correntino Ricardo Colombi.
Mientras la política y la Justicia se apuntan mutuamente, un niño inocente de tan solo cinco años sigue sin aparecer.
El fútbol, conocido como soccer en algunos países, es el deporte más popular del mundo. Con más de cuatro mil quinientos millones de seguidores, trasciende fronteras y culturas, y ha adquirido el carácter de fenómeno global. Pero el fútbol no es solo un deporte y una pasión; a nivel mundial, el fútbol se ha convertido también en una industria multifacética y en constante evolución que mueve miles de millones de dólares a lo largo y a lo ancho del planeta generando enorme cantidad de puestos de trabajo y empresas de producción de bienes y servicios directa o indirectamente conectados con ese deporte, que se practica y desenvuelve generalmente en clubes que compiten entre sí en diversos torneos locales, nacionales e internacionales.
Los clubes de fútbol –dependiendo de los países– tienen diversas estructuras jurídicas y financieras. Algunos son propiedad de individuos ricos, corporaciones o consorcios, mientras que otros son propiedad de organizaciones de la sociedad civil conocidas genéricamente como entidades sociales y deportivas que no persiguen fines de lucro; otros llegan incluso a conformarse como entidades con acciones abiertas a la oferta pública que acceden a cotizar en bolsas de valores y desarrollan su actividad en los niveles de competencia significativa.
Muchos países han legislado de un modo específico y de diversa manera las sociedades anónimas deportivas (SAD), como es el caso de Alemania, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros.
Los clubes se agrupan en ligas, que operan como asociaciones de clubes y generan ingresos colectivos que luego se distribuyen entre los equipos participantes, colocando diversas exigencias y condiciones bajo las cuales los clubes pueden afiliarse a ellas y ser parte de las actividades de competición que establecen y dirigen. La institución internacional más significativa en este ámbito es la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fundada en 1904, la cual es parte de la International Football Association Board (IFAB), que es la institución que fija las reglas del juego a nivel mundial.
El fútbol es un deporte-industria que mueve alrededor de 500.000 millones de euros por año fruto de sus campeonatos. Los valores que se conocen respecto de los pases y transferencias de jugadores, el ritmo de ingresos y de vida de estos, y las inversiones en estadios, obras de infraestructura, marketing, publicidad y turismo –al que se ha sumado con importante gravitación el negocio de las apuestas– señalan la significatividad de este fenómeno a nivel global.
En nuestro país, el fútbol se ha desarrollado históricamente de la mano de clubes que se han conformado como asociaciones civiles sin fines de lucro, y han sido considerados entidades de bien común, en el marco del fomento y el desarrollo del deporte en un sentido amplio, tal como fue concebido el sistema por las leyes 18.247 –de 1969– y 20.655, de 1974, sin dejar de reconocer la existencia de cierto profesionalismo de parte de los jugadores, como ocurrió con la ley 20.160, que consagró el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, aunque sin admitirse que sociedades comerciales pudieran integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
Los clubes de fútbol desarrollan también una serie de actividades deportivas por fuera de la disciplina del balompié: algunos llegan casi a una cuarentena de disciplinas deportivas diferentes. Al mismo tiempo, estas instituciones promueven actividades culturales, recreativas y educativas en beneficio de los asociados. En materia de ingresos, las cuotas de los asociados solo tienen relevancia en dos o tres clubes grandes, y el resto de ellos se sostienen con los abonos para el fútbol, los derechos de transmisión, negocios sobre jugadores, marketing y publicidad.
Pero así como el fútbol ha podido potenciar el resto de las actividades deportivas y sociales de los clubes, muchas veces ha arrastrado a esas organizaciones a sobreendeudamientos, y crisis económicas y financieras que derivaron en procesos de concurso preventivo o declaraciones en quiebra. Ello llevó a que se sancionara en 2000 la ley 25.284 –la denominada “ley Racing”–, que estableció un régimen especial de administración para las entidades deportivas con dificultades económicas, previendo la constitución de un fideicomiso de administración con control judicial separando activos, deudas y pagos entre el negocio del fútbol y el resto de las actividades desplegadas por la asociación civil.
En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron. Así ocurrió con los proyectos de la comisión de 1998 que intentó emular el régimen español, el proyecto Alasino del mismo año y los posteriores proyectos impulsados por Galmarini en 1999 y por el diputado Carbonell en 2000, entre otros. Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri se insistió en esta idea, pero sin suerte.
El presidente de la República, a través de un DNU (70/2023), escogió no legislar específicamente un modelo de SAD, sino que optó por algo más directo y efectivo, como es levantar directamente el “cepo” que la ley del deporte imponía a los clubes de fútbol permitiéndoles escapar de la estructura de las asociaciones civiles para el desarrollo de su actividad. El escape ahora podrá tener lugar de un modo siempre voluntario –nunca obligatorio–, respetando la voluntad de los asociados y la decisión de los órganos estatutarios correspondientes, tomada bajo un régimen de mayorías calificadas y pudiendo escoger los asociados libremente, en cada caso, el modelo de organización que deseen conformar.
Esto podrá llevarse a cabo ya sea transformando a las asociaciones civiles en sociedades anónimas y convirtiendo a los asociados que lo deseen en accionistas o decidiendo los clubes tanto constituir una sociedad anónima de objeto deportivo como incorporarse con carácter de accionista a una sociedad ya existente para explotar –junto con otros socios o inversores– su negocio de fútbol sin afectar su estructura originaria. O podrán optar –finalmente– por conservar su condición original sin cambio alguno. Como puede advertirse, se trata de un menú de opciones suficientemente amplio.
Al haberse modificado la ley del deporte 20.655 por el DNU 70/2023, que tiene jerarquía legislativa, las ligas y federaciones que agrupan a los clubes deberán modificar obligatoriamente –en el plazo legal establecido– sus estatutos para dar cabida a estas nuevas formas de organización de quienes integran o desean integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
¿Quiénes pueden oponerse o tener miedo frente a esta nueva libertad para elegir en el ámbito de las organizaciones deportivas? ¿Aquellos que pueden acceder a esa libertad en ejercicio de sus derechos o ciertos dirigentes que corren el riesgo de perder las prebendas y el poder que hoy poseen bajo las limitaciones y restricciones que presentaba el sistema de “cepo”?
Se ha abierto un proceso de cambio hacia la libertad que se advierte irreversible, y quienes tienen que ceder para que la libertad sea una realidad se resisten a ello olvidando que en todos los órdenes de la vida y del derecho la libertad debe ser la regla, y la restricción de esa libertad, la excepción. Al menos, así lo dispone nuestra Constitución.
En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron
Este cambio podría convertir a los asociados que lo deseen en accionistas
Doctor en Derecho, posdoctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Bolonia, UBA y UMSA
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El ejemplo de Paraguay
La calificación de nuestro vecino, que alcanzó el “grado de inversión”, nos enseña que es posible dejar atrás los elevadísimos niveles de riesgo país
La agencia internacional Moody’s elevó la calificación de Paraguay llevándola por encima del límite admitido como “grado de inversión”. Esto implica el reconocimiento a la solidez económica y fiscal de un país, que involucra también el combate contra la corrupción y la libertad de prensa, entre otras variables. Otras dos calificadoras de importancia mundial, Standard & Poors y Fitch, convalidaron ese paso.
Paraguay se agrega así al grupo de naciones latinoamericanas que ya revestían ese grado: Uruguay, Chile, Colombia, México y Perú. Son países que acceden al crédito internacional en condiciones similares a las de economías desarrolladas. Esta ventaja no solo comprende a sus gobiernos, sino que también se extiende al sector privado.
La percepción de la solvencia y la seguridad de cumplir con el pago de sus deudas tiene naturalmente impacto en la tasa de interés que se acuerde sobre estas deudas. Cuanto mayor sea el riesgo que perciba un acreedor, tanto mayor será la tasa de interés que se le cargue al deudor. El índice de riesgo país mide la diferencia entre la tasa de interés reconocida a los títulos soberanos emitidos por el gobierno de un país respecto de aquellos considerados internacionalmente sin riesgo. Se lo suele expresar en puntos básicos que equivalen a un centésimo de un punto porcentual. El riesgo país de Paraguay se ubica en torno de los 189 puntos básicos, acercándose al de Uruguay, que es de 103; al de Chile, de 144, y al de Perú, de 185, según el índice de J.P. Morgan publicado la semana última. Alejados se encuentran Bolivia, con 2200, y Ecuador, con 1400. Prácticamente fuera del planeta y del acceso al crédito se hallan Venezuela y Cuba.
La Argentina ha evolucionado desde los 2600 puntos básicos antes de las elecciones del 19 de noviembre de 2023 a los actuales 1653, luego de acercarse a los 1200 en mayo. Se ha corregido mucho y se está caminando en la dirección correcta, pero aún hay un larguísimo trecho para llegar al grado de inversión. Sin embargo, el caso de Paraguay nos dice que es posible y que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. A quienes piensan que a un país que ha caído diez veces en default le resultará imposible hacer creíble que una política sana pueda perdurar, hay que informarles que Paraguay también registra diez defaults en su historia. Los inversores y los mercados saben mirar aquellos factores que dan solidez y permanencia a las instituciones y que son determinantes de la solvencia futura de un gobierno. Cuando se perciba que la disciplina fiscal y la monetaria han sido adoptadas como políticas de Estado y que cualquier alternancia de gobierno ya no las pondrá en riesgo, se estará en las puertas del grado de inversión. Cuando la estabilidad sea apreciada por toda la comunidad por haber probado el inmenso daño personal y social de la inflación, se sabrá que ninguna fuerza política se arriesgará a perder esa estabilidad. Los ejemplos de Perú y Chile son demostrativos. Cuando las mayorías aprendan que los altos impuestos ahuyentan a los inversores y destruyen oportunidades de trabajo, se logrará que ningún político gane elecciones aumentando el tamaño del Estado. Esa realidad contribuirá a fundamentar la confianza de inversores y entidades crediticias. Eso es lo que interesa y no el tamaño de una economía ni la abundancia de recursos naturales. Paraguay ha logrado construir estas percepciones. No es casual que haya sido elegido y mantenga un alto índice de popularidad un presidente de la calidad y experiencia de Santiago Peña.
Nuestro país ha elegido un presidente cuyas propuestas económicas tienen la orientación acertada y que cuenta con una fuerte determinación, tan necesaria frente a una herencia que requiere cirugía mayor. En todo caso, Javier Milei debería entender que no se necesitan actitudes personales agresivas ni modales inadecuados para demostrar esa determinación. También eso es posible.
El caso de Paraguay nos dice que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. Como la Argentina, Paraguay registra diez defaults en su historia y hoy su riesgo país es de solo 189 puntos
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Otra vez Marijuan
La politizada denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como consecuencia de la desaparición del niño Loan Danilo Peña, ocurrida hace casi dos meses, resulta tan disparatada como escandalosa. Implica una abierta intromisión de un funcionario judicial que viola sus funciones y competencias con viles fines políticos.
Resultaría siniestro que se pueda utilizar esta causa para tales fines. Nada se sabe del paradero de Loan. Desde su desaparición, asistimos a una malograda suerte de idas y venidas de los principales imputados; de mentiras flagrantes, de desidia y de pérdida de tiempo, con lo doloroso de ver transcurrir los días mientras está en juego la vida de una persona.
En medio de ese escalofriante panorama, que ha movilizado a la ciudadanía correntina y sensibilizado a todo el país, Marijuan denunció por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Valdés; al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad provincial Buenaventura Duarte y a su sucesor, Alfredo Vallejos, y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. Por sorteo, quien deberá investigar la denuncia será el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Sebastián Casanello.
Valdés había adelantado en su momento por medio de las redes sociales que Laudelina Peña, tía de Loan, había realizado una denuncia ante la Justicia correntina por amenazas contra dos de los detenidos en la investigación que el fuero federal ya trataba como la sustracción de un menor. La mujer, quien declaró que había colaborado en un intento de engañar a los investigadores diciendo que había plantado una zapatilla del chico en una zona alejada de los rastrillajes tras haber sido amenazada por otros imputados, desmintió su propia versión al ser detenida. Lo mismo hizo con la imputación a otras personas investigadas en la causa.
Le cabe a Valdés el error de haberse adelantado a los hechos y de haber comentado una situación que se desarrolla en el ámbito judicial y no del Ejecutivo. Pero no parece que sea esa la principal preocupación del fiscal Marijuan, quien ha escalado el asunto a un nivel político que nada tiene que ver con lo que realmente debería resolverse: quiénes sustrajeron a Loan, qué hicieron con él y dónde está.
Legisladores nacionales del radicalismo, fuerza a la que pertenece el gobernador Valdés, expresaron a través de comunicados sus fundadas críticas al grotesco proceder de Marijuan, al que calificaron de “inentendible”.
Es de desear que no estemos ante maniobras dirigidas a desestabilizar al gobierno provincial, como ha alertado Valdés, para quien existe “un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno” en vista de las próximas elecciones. “Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los caranchos, en dónde están, de dónde provienen los ataques, y vamos a decirlo sin ninguna duda. Quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes”, sostuvo el gobernador, en alusión a Gustavo Vera, Sergio Massa y el exgobernador correntino Ricardo Colombi.
Mientras la política y la Justicia se apuntan mutuamente, un niño inocente de tan solo cinco años sigue sin aparecer.
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