CLAVES AMERICANAS E INSTITUCIONES Y DESARROLLO

El próximo éxodo masivo de Venezuela
Andrés Oppenheimer
Una imagen del éxodo de venezolanos
MIAMI.- México, Brasil y Colombia pagarán un alto precio por sus posturas vacilantes sobre el grotesco fraude electoral del 28 de julio en Venezuela: a falta de una mayor presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, probablemente se producirá un nuevo éxodo masivo de venezolanos a todo el continente.
Más de 7.7 millones de venezolanos ya han salido del país desde que Maduro tomó el poder en 2013. Una encuesta reciente de Consultores ORC en Venezuela mostró que el 18% de los adultos venezolanos, o más de 4 millones de personas, dijeron que considerarían irse si Maduro permanece en el poder.
Otra encuesta realizada en abril por Meganálisis había situado la cifra de potenciales migrantes en un asombroso 44,6% de los 25 millones de adultos de Venezuela. Eso equivale a más de 11 millones de personas.
Vergonzosamente, México, Brasil y Colombia no apoyaron una propuesta de resolución en la Organización de Estados Americanos para pedirle a Maduro que muestre las actas de votación, tal como lo requiere la ley venezolana.
Maduro, citando cifras del Consejo Nacional que Controla, aduce haber ganado las elecciones con un 51 por ciento de los votos, pero se ha negado a mostrar las actas de la votación. Las copias de las actas publicadas por la oposición, así como las encuestas de boca de urna, muestran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó con un 67% del voto, contra un 30% de Maduro.
La propuesta de resolución ante la OEA sólo fue respaldada por 17 países, uno menos de los necesarios para aprobarla. México, Brasil y Colombia luego sacaron una declaración conjunta, más blandengue, pidiendo que Maduro de a conocer las actas. Estados Unidos, Argentina, y otros países apoyaron el proyecto de resolución.
A menos que haya una clara presión externa sobre Maduro, los venezolanos perderán las esperanzas, y comenzará una nueva ola migratoria. Los primeros en irse serán los jóvenes, que ya no ven ningún futuro para ellos.
Maduro habla ante sus seguidores en un acto en Caracas 
Después de todo, muchos exiliados sacarán de Venezuela a sus padres y abuelos, por temor de que no consigan medicamentos esenciales en medio de un nuevo ciclo de violencia y crisis económica.
A Maduro, sin embargo, no le será fácil sobrevivir en el poder. John Magdaleno, profesor de la Universidad UCAB de Venezuela, me dijo que ha contado al menos 11 casos en las últimas décadas en que autócratas se vieron obligados a renunciar después de tratar de robarse elecciones. Entre ellos están los casos del serbio Slobodan Milosevic en 2000 y el boliviano Evo Morales en 2019.
“A menudo, hay manifestaciones masivas, seguidas de una ruptura dentro de las estructuras del poder”, me dijo Magdaleno. “No descarto que esto ocurra en Venezuela”.
El presidente Biden, para su crédito, llamó al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y lo convenció de que pidiera a Maduro publicar las actas. Y el jueves, el secretario de Estado Antony Blinken dio un paso importante al declarar que hay “evidencias abrumadoras” de que González Urrutia ganó las elecciones.
Pero Biden debería hacer más. Debería elevar el perfil de la crisis de Venezuela hablando personalmente del tema, en lugar de dejar esa labor a sus subordinados. Debería estar llamando por teléfono a los presidentes latinoamericanos pidiéndoles que ahora reconozcan a González Urrutia.
A diferencia de lo que pasó en las elecciones venezolanas de 2018, donde la oposición no participó y, por lo tanto, no tenía registros de votación para demostrar una victoria, esta vez existen las actas de votación dadas a conocer por González Urrutia que prueban su triunfo.
Biden debería decirle al presidente de México, por ejemplo, que es en su propio interés presionar a Maduro para que dé a conocer las actas electorales, o acepte una transición negociada a la democracia. Biden podría decirle algo así como: “Estados Unidos no aceptará la nueva ola de migrantes venezolanos: se quedarán varados en México”.
Biden puede construir una gran coalición diplomática internacional para aplicar sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, y podría hacer algo parecido para respaldar la democracia en Venezuela. A falta de esa presión, habrá una nueva ola migratoria de venezolanos que empeorará esta crisis humanitaria y económica en todo el continente.

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Sin Justicia, el esfuerzo será en vano
Bernardo Saravia Frías
La condición de posibilidad de éxito de cualquier programa de gobierno en la Argentina es un capítulo de desarrollo institucional con la Justicia como acápite central, especialmente la Corte Suprema. La razón es simple: ese tribunal es la última ratio, la palabra final en la aplicación de la ley.
Es por eso que las postulaciones para ocupar sus cargos son un termómetro, un indicador claro de la visión institucional que tiene un gobierno para el país. Y lo cierto es que las más recientes causan preocupación, porque marcan un error, tanto conceptual como político.
La historia ayuda a entenderlo mejor: la Argentina vive desde hace años un estado de excepción permanente, ese estado de anomia al que refería Nino. Las causas son tan profundas como lejanas, aunque contemporáneamente todo remite a la década del 90 del siglo anterior.
Sí, ese tiempo del que tantos panegíricos se hacen hoy fue, tal vez, el de mayor degradación institucional de nuestro tiempo: el de la ampliación de la Corte; el de la mayoría automática; el de la creación de Comodoro Py. Para ser más precisos, fue la época que instaló la impunidad, y así, la de una Argentina de privilegios en el peor sentido de la palabra.
Todo lo contrario de un modelo liberal, que propugna espacios de igualdad de condiciones y oportunidades, el famoso level playing field. Para los que creen que son solo teorías, después no pueden explicar por qué no hay respuestas a la desaparición de Loan o a las amenazas a Ángel Di María. Ejemplos que dejan en claro el modelo de justicia que está mal, y que se está propugnando. Y que no explican por qué se aplicaría a los argentinos corrientes y no a los grandes inversores del RIGI, para los que se aseguran tribunales extranjeros.
Los argumentos para los postulantes deben ser objetivos, desprovistos de consideraciones personales. Hay cinco criterios que se deben tomar en cuenta a lo largo del proceso, todos de rango constitucional: federalismo, igualdad, biología, idoneidad moral y técnica. Y la verdad que casi ninguno se cumple.
Como si no hubiera juristas en el interior, dos porteños. Como si no hubiera juristas mujeres, dos varones. Para un cargo que es casi vitalicio, una actitud disruptivamente republicana sería que junto a su designación los nuevos jueces presenten una renuncia anticipada efectiva a los ocho años, por ejemplo. Luego, los dos últimos requisitos, sobre los que se han presentado muchas objeciones. Y acá viene algo central: la opinión pública.
Es facultad del Poder Ejecutivo proponer y la del Senado, aprobar, con mayoría agravada de dos tercios de los votos presentes (ojo con el “presentes”, por aquellos que quieran esquivar sus obligaciones). Pero ni uno ni otro pueden desconocer el dictum de la opinión pública para cargos que exigen consensos en una Argentina polarizada. No se puede soslayar, con el recurso a argumentos formales; tampoco basta con atender solo las redes sociales.
Sin desarrollo institucional, cualquier plan de gobierno es hueco, se queda en correcciones coyunturales, que solo terminan ahondando los problemas. Ya lo vimos tantas veces. No insistamos con recetas perimidas, además de inmorales. Es triste una sociedad pobre, pero no hay nada peor que una sociedad pobre y, además, injusta. 

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA