EL ANÁLISIS Y MALESTAR

La reivindicación de autonomía, detrás del acuerdo
Diego Cabot
Los usuarios, por ahora, no verán subir el boleto 
Finalmente, hubo fumata blanca. Las nueve páginas que enmarcan el acuerdo firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejaron contentos a unos y otros. Los funcionarios nacionales bajaron un renglón de gasto a partir del mes que viene; los porteños lograron que se escriban en aquel documento las reivindicaciones más importantes que pretendían para avanzar con una mayor autonomía de la ciudad. Cada uno, con su juego, se sintió ganador.
La noticia fría da cuenta de que la Nación traspasará a la jurisdicción porteña 31 líneas de colectivos que tienen un recorrido que no cruza los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata ni el Riachuelo. Para el pasajero, finalmente el sufrido usuario del transporte público, nada cambiará. Al menos por ahora.
Sin embargo, más allá del revoque del asunto, por detrás pasan decenas de situaciones que empezarán a ser las protagonistas de ahora en más. Sucede que el traspaso del transporte tiene dos aspectos claros. El primero, presupuestario; el segundo, normativo. La Cuidad decidió asumir todo el costo del cambio de jurisdicción de los colectivos porteños, pero se aseguró de que en el acuerdo de traspaso aparezcan algunas argumentaciones que le sirvan para perfeccionar la autonomía. Así pretende avanzar con las cosas que le interesan de verdad como el puerto, la terminal de ómnibus de Retiro y hasta el Aeroparque Jorge Newbery, entre otros muchos lugares que están en la conversación.
Lo primero, el precio del boleto. Según datos que proporcionó el gobierno de la ciudad, el costo del viaje mínimo en el transporte público por colectivos (menos de tres kilómetros) en las 31 líneas que ahora son de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por los límites porteños, es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. Ahora, cuando se retire la Casa Rosada, será el bolsillo de Jorge Macri el que deba aportar aquella porción que aportaba la chequera de Milei.
Hay algo más que agrega incertidumbre. Además del subsidio por el costo de la operación y la recaudación, que es el que se describió anteriormente, hay uno más que paga la Nación por el boleto integrado. Para que se entienda, se trata de ese beneficio que tienen los usuarios que toman más de un medio de transporte y que dispone que los pasajeros tengan un descuento en la segunda unidad de 50% del valor, y de 75% en el tercer tramo, siempre que sea en un lapso de dos horas. Esos subsidios suman en una cuenta paralela que hasta ahora también pagaba la Nación.
Los negociadores de Macri aceptaron hacerse cargo de todo el paquete, incluido este ítem. El asunto es que dentro de este beneficio conviven mayoritariamente líneas que son nacionales, es decir que van y vienen de un lado y de otro de la Avenida General Paz o de los puentes que cruzan el Riachuelo. Entonces, si ya no hay más subsidios para ese sistema de Nación, pues porteños y bonaerenses deberían estar de acuerdo. Los primeros dijeron sí; los segundos, comandados por Axel Kicillof, se negaron a pagar.
Así las cosas, en un extremo de ridiculez del transporte metropolitano podría darse el caso de que quienes ingresen a la ciudad tengan un precio con ese descuento de 50 y 75% siempre que sean dentro de las dos horas de haber abordado el primero. Pero, al regreso, si los últimos tramos que llegan a provincia no tienen el subsidio porque la Provincia no lo aporta, pues el precio sería mucho mayor. Más barato a la ida que a la vuelta. Una tremenda incongruencia en un sistema que no es estanco entre las jurisdicciones, sino que está integrado por donde se lo mire.
Pero como se dijo, todos quedaron contentos. La Ciudad logró que la cuestión no sea intempestiva y que haya, al menos un mes, para que ambas partes redacten y publiquen el traspaso y la jurisdicción. En las oficinas de Parque Patricios, por caso, no tienen recursos humanos como para dedicarse a un tema que jamás estuvo bajo su dominio. No hay reguladores ni información contable como para calcular nada. Además, el asunto tiene que pasar por la Legislatura, un lugar donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Del lado de Milei, además del convenio, deberá haber un decreto que le dé forma a la mudanza.
En la Ciudad saben que hay un costo por esta nueva medida, pero descorchan por otras cuestiones. Sucede que el acta que firmaron el Presidente y el alcalde avanza con detalle sobre la autonomía de la ciudad. Por caso, recuerda el acuerdo que se firmó para realizar el traspaso del subterráneo y el premetro. “Que la precitada ley tiene un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la competencia de jurisdicción y fiscalización a la Ciudad sobre servicios públicos prestados dentro de su territorio”, dice el convenio. Con esos argumentos, por caso, podrían correr a pedir la jurisdicción sobre la Estación Terminal de Retiro, o el puerto, dos de las batallas más importantes de los porteños.
Hay una parte más expresa aún. “En aras de velar por la consolidación de la autonomía de la Ciudad, corresponde instrumentar las medidas necesarias para que cada una de las partes ejerza sus competencias e implemente las medidas que considere necesarias para asegurar las prestaciones atinentes a su jurisdicción. Que estas medidas colocarán a la Ciudad en pie de igualdad con las provincias que integran la República Argentina, respetando la autoridad de aquella respecto de la gestión y administración de los mencionados servicios”, se puede leer en el documento.
Jorge Macri bien podría armar una gigantografía con estas letras y pedir la autoridad sobre cantidad de lugares, además del puerto y Retiro. Es más, hay quienes estudian reglamentos, normas, derecho constitucional y doctrina. Y se envalentonan. El entusiasmo llegó a tal punto que alguien se preguntó si en ese pie de igualdad con las provincias que se rubricó no les daría derecho a pedir también el traspaso de la Universidad de Buenos Aires

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Pese a los gestos de acercamiento, sigue el malestar en Pro por la actitud de Milei
Frigerio y Torres presionan por fondos y deudas; quejas en el macrismo por la falta de respuestas

Matías Moreno
La paciencia de los altos mandos de Pro se agota. Más allá de que Javier Milei recibió al jefe porteño, Jorge Macri, en la Casa Rosada para rubricar el acuerdo del traspaso de los colectivos, el vínculo entre La Libertad Avanza y el partido que fundó el expresidente Mauricio Macri sigue lejos de recomponerse.
Ante todo, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) exigen garantías de que los funcionarios de Milei canalizarán sus reclamos y cumplirán con los compromisos pactados durante la negociación por la Ley Bases y el paquete fiscal. Y por otro lado referentes de Pro que responden a Mauricio Macri están furiosos con la decisión del Presidente de dilatar el armado de una mesa política para coordinar la agenda legislativa y discutir el eventual desembarco de dirigentes amarillos en segundas o terceras líneas del Gobierno.
Si bien Milei convocó el viernes último a Cristian Ritondo y un puñado de legisladores de la tropa de Pro a Balcarce 50, la conversación dejó un sabor amargo a los emisarios del macrismo. Consideran que el Presidente pobló la cumbre de integrantes de la convulsionada bancada oficialista y que su “círculo de hierro” mantiene las reticencias a abrir una discusión política sobre una posible convergencia tanto en el Congreso como en el terreno electoral. Asimismo, transmiten dudas sobre la relación futura con el Gobierno y el armado electoral de 2025. La tregua duró menos de una semana.
En ese clima de incertidumbre, Frigerio y Torres aún esperan que Milei brinde respuestas concretas a los principales reclamos. La pulseada se centra, sobre todo, en el reparto de fondos. Entre otras cosas, requieren que se autorice el “flujo” de la deuda de la Anses con las cajas previsionales; el pago de la compensación por la devolución del fondo del conurbano a Buenos Aires que se incluyó en el pacto fiscal firmado en 2017, y que el Gobierno resuelva el traspaso de las obras que quedaron inconclusas en las provincias.
Torres y Frigerio desfilaron por despachos oficiales en los últimos días, pero se llevaron promesas o gestos simbólicos. Por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos se vio con Sandra Pettovello (Capital Humano), quien se comprometió a reactivar obras para construir escuelas que estaban paralizadas desde las gestiones anteriores. Semanas antes había conseguido el aval de la Nación para tomar un préstamo de 40 millones de dólares de la CAF para invertir en rutas.
Torres fue convocado por Francos a la Casa Rosada, pero para anunciar una inversión de 400 millones de dólares de la empresa Aluar, productora de aluminio, que ya había sido promocionada en la provincia. ¿Torres y Frigerio apoyarán el veto a la ley jubilatoria como Jorge Macri? Por ahora no hay una posición unificada entre los gobernadores de JxC. De hecho, la norma sancionada en el Congreso incluye el asunto de las deudas de la Nación con las cajas previsionales de 13 provincias. Un estímulo para los indecisos.
Con ese trasfondo, no cayó bien entre los leales a Macri que el Presidente haya organizado por segunda semana consecutiva una reunión con su nueva mesa política, en la que incluye a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y adversaria interna del expresidente. “El Presidente no entendió nada de lo que le dijo Mauricio; que los conduzca Patricia, nos están usando”, despotrican en Pro.
Macri monitorea las idas y venidas de las tratativas desde Corea del Sur, adonde viajó para participar de una serie de conferencias. Quienes trataron con él aseguran que está molesto, pero aún preserva la esperanza de que Milei cumpla con lo pactado en las últimas cenas en la quinta de Olivos. El jefe de Pro optó por intimar a Milei para que ponga en marcha la hoja de ruta que trazaron mientras comían milanesas o entraña. Eso implica el diseño de un espacio para coordinar la estrategia legislativa, en el que se resuelvan los reclamos de gobernadores e intendentes de Pro. Y, por último, activar una negociación para que dirigentes cercanos a Macri o cuadros técnicos de su partido sean designados en áreas claves de transporte, energía o infraestructura. El expresidente considera que esas instancias serían una prueba para evaluar si LLA y Pro pueden “convivir” en una coalición electoral.
Hasta ahora, Santiago Caputo no retomó las conversaciones con Ritondo para consensuar la llegada de macristas a puestos codiciados del Estado. “Tenemos que hacer valer nuestros 37 diputados; asumimos todos los costos y ni nos llaman para hablar en una mesa en serio”, avisan en Pro

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