Crece el reclamo para dejar sin efecto las restricciones al acceso a la información
Preocupación. Hubo un pedido de 69 asociaciones; criticaron los nuevos límites que fijó el Gobierno para obtener datos del Estado
“Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública”, se titula el comunicado que dieron a conocer 69 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la decisión de Javier Milei de reglamentar de manera restrictiva la ley de acceso a la información en poder del Estado.
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado están la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Directorio Legislativo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.
“Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el decreto 780/24, con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de acceso a la información pública. Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia ley de acceso a la información votada por el Congreso de la Nación en 2016”, afirmaron.
Las organizaciones le pidieron al Presidente, en consecuencia, que deje sin efecto el decreto y que garantice el pleno acceso a la información pública.
Advirtieron: “Las excepciones establecidas por la ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad, al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”.
Según los firmantes del comunicado, “el decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción, y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del Gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”.
El decreto
El decreto cuestionado, que reglamenta la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Se trata de una categoría no prevista por la ley, una norma que establece expresamente que “se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien” los funcionarios y que las “únicas limitaciones y excepciones” son las que prevé la propia ley.
Además, introduce un artículo referido a la “buena fe”. Dice: “La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”. Ese artículo habilita a los jueces a imponer “indemnizaciones” a quienes hagan un ejercicio abusivo de un derecho.
En la ley, en cambio, la única referencia a la “buena fe” es en alusión a las personas obligadas (no a los peticionantes). Dice que los funcionarios deben interpretar la ley de acceso a la información pública “de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional”.
El decreto también sostuvo que era “necesario adoptar medidas para evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así como la relacionada con denuncias o investigaciones en curso”. Se trata de otro criterio restrictivo y poco preciso que se incorpora por decreto.
Y cuando reglamenta el concepto de “documento” que puede ser requerido, establece que no están alcanzados por la ley –y por ende los funcionarios no están obligados a entregar– “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto”. Otra restricción que no está contemplada en la ley.
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El Gobierno informó cuánto gana el asesor Caputo, pero dejó dudas
Consultada por diputados, Karina Milei confirmó que no está atado a la ley de ética pública
Camila Dolabjian
El apoyo incondicional de Javier Milei a Santiago Caputo, el “arquitecto” de su victoria electoral, o su “asesor estrella”, quedó reflejado no solamente en las entrevistas en las que el Presidente se refirió a él como parte del “triángulo de hierro” junto a su hermana, Karina Milei. Ayer, la Casa Rosada blindó al “asesor” frente a una serie de preguntas que los diputados realizaron sobre Caputo.
Los legisladores consultaron sobre su rol, su involucramiento en decisiones de gestión y por qué se da la contradicción entre la fuerte injerencia que ejerce sobre vastas áreas del Gobierno cuando a la vez se lo habilita a no presentar declaraciones juradas y, como no es funcionario, no está alcanzado por las responsabilidades que establece la ley de ética pública.
En primer lugar, el Gobierno confirmó que Santiago Caputo no es ni persona políticamente expuesta ni tiene obligación de presentar declaración jurada. Justificó estas concesiones en que “desempeña tareas de asesoría bajo un marco de modalidad de empleo de locación de servicios por tareas de naturaleza no permanente”.
Ante las consultas formuladas por algunos legisladores, como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, el Gobierno dejó vacías las respuestas. Los diputados solicitaron información sobre las funciones y competencias reales de Caputo, su modalidad de contratación, categoría, remuneración mensual y la cantidad de unidades retributivas que percibe.
Además, preguntaron por los conflictos de intereses reales y potenciales del “asesor” y su incompatibilidad respecto de funciones y actividades que ejerce, entre las cuales está su trabajo como empleado (aunque las fuentes y la documentación apuntan a que sería director) de una firma agropecuaria que compra y vende soja y ganado, entre otros productos. Sobre esto, desde el Gobierno no hicieron comentarios.
Tampoco respondieron si Caputo asiste a las reuniones de gabinete, en carácter de qué lo hace y qué otros asesores participan en ellas. El Gobierno eludió las preguntas sobre si Caputo tuvo alguna responsabilidad, o si brindó asesoramiento, en el proceso de reformulación de la ex-Agencia Federal de Inteligencia, hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y cuáles fueron sus tareas en ese proceso.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación sí informó que Caputo se encuentra contratado bajo la órbita de Karina Milei y que percibe 3750 unidades retributivas mensuales, que, a equivalencias de agosto, son unos $2.563.312,5.
Luego, apeló a una fórmula vaga para explicar sus funciones: “Conforme surge de su contrato, sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados”.
Continúa la respuesta de esta manera: “Armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”.
En ningún momento mencionan qué “proyectos de consultoría” lidera Caputo, a qué “campo profesional especializado” se aboca, qué “propuestas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados” desarrolla. Tampoco dieron ningún detalle sobre su función concreta.
Como dio a conocer Caputo, además de consultor del Presidente, formalizó su primer trabajo registrado en Zefico SA, una compañía del agro, al mismo tiempo que llegó a la Casa Rosada. Empezó a trabajar allí el 1º de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei. La sociedad fue constituida por Pablo Costa, padre de uno de sus íntimos amigos de la infancia, Lucas Costa, y amigo de su padre (ya fallecido), Claudio Caputo, que era su escribano.
consultó a Caputo sobre su flamante empleo, pero fuentes de su entorno dijeron que, al no ser funcionario y al tratarse de “temas personales”, prefería no hacer comentarios. La respuesta va en línea con el decreto firmado anteayer por Milei, que restringe los pedidos de acceso de información pública sobre asuntos “privados” de los funcionarios.
Además de su peso sobre la SIDE, a través del interventor Sergio Neiffert, la trascendencia de las decisiones de Caputo en el Gobierno quedó de manifiesto, la semana pasada, en boca de uno de los candidatos de Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema.
“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Caputo, a quien no conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces”, dijo el académico Manuel García-Mansilla.
Amerio es, también, el hombre de Caputo en la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Sus detractores señalan que Amerio es quien conduce el ministerio.
El domingo último, en una entrevista que Milei concedió a LN+, se refirió a Caputo como un amigo, como una persona “mucho más inteligente que la media”, y afirmó que cree que quienes lo cuestionan lo hacen para “pegarle” a él, pero no se atreven a hacerlo de manera directa. Buscan, dijo el Presidente, construir la imagen de un “monje negro” a cargo de la gestión.
Frente a las preguntas sobre por qué Caputo no ocupa un cargo formal, dado el nivel de responsabilidad que tiene, respondió: “Es mi asesor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les molesta? No es un gobierno tradicional, a todos los gobiernos les gusta gastar, les gusta robar y en este gobierno al que roba le cortamos la mano
El apoyo incondicional de Javier Milei a Santiago Caputo, el “arquitecto” de su victoria electoral, o su “asesor estrella”, quedó reflejado no solamente en las entrevistas en las que el Presidente se refirió a él como parte del “triángulo de hierro” junto a su hermana, Karina Milei. Ayer, la Casa Rosada blindó al “asesor” frente a una serie de preguntas que los diputados realizaron sobre Caputo.
Los legisladores consultaron sobre su rol, su involucramiento en decisiones de gestión y por qué se da la contradicción entre la fuerte injerencia que ejerce sobre vastas áreas del Gobierno cuando a la vez se lo habilita a no presentar declaraciones juradas y, como no es funcionario, no está alcanzado por las responsabilidades que establece la ley de ética pública.
En primer lugar, el Gobierno confirmó que Santiago Caputo no es ni persona políticamente expuesta ni tiene obligación de presentar declaración jurada. Justificó estas concesiones en que “desempeña tareas de asesoría bajo un marco de modalidad de empleo de locación de servicios por tareas de naturaleza no permanente”.
Ante las consultas formuladas por algunos legisladores, como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, el Gobierno dejó vacías las respuestas. Los diputados solicitaron información sobre las funciones y competencias reales de Caputo, su modalidad de contratación, categoría, remuneración mensual y la cantidad de unidades retributivas que percibe.
Además, preguntaron por los conflictos de intereses reales y potenciales del “asesor” y su incompatibilidad respecto de funciones y actividades que ejerce, entre las cuales está su trabajo como empleado (aunque las fuentes y la documentación apuntan a que sería director) de una firma agropecuaria que compra y vende soja y ganado, entre otros productos. Sobre esto, desde el Gobierno no hicieron comentarios.
Tampoco respondieron si Caputo asiste a las reuniones de gabinete, en carácter de qué lo hace y qué otros asesores participan en ellas. El Gobierno eludió las preguntas sobre si Caputo tuvo alguna responsabilidad, o si brindó asesoramiento, en el proceso de reformulación de la ex-Agencia Federal de Inteligencia, hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y cuáles fueron sus tareas en ese proceso.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación sí informó que Caputo se encuentra contratado bajo la órbita de Karina Milei y que percibe 3750 unidades retributivas mensuales, que, a equivalencias de agosto, son unos $2.563.312,5.
Luego, apeló a una fórmula vaga para explicar sus funciones: “Conforme surge de su contrato, sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados”.
Continúa la respuesta de esta manera: “Armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”.
En ningún momento mencionan qué “proyectos de consultoría” lidera Caputo, a qué “campo profesional especializado” se aboca, qué “propuestas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados” desarrolla. Tampoco dieron ningún detalle sobre su función concreta.
Como dio a conocer Caputo, además de consultor del Presidente, formalizó su primer trabajo registrado en Zefico SA, una compañía del agro, al mismo tiempo que llegó a la Casa Rosada. Empezó a trabajar allí el 1º de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei. La sociedad fue constituida por Pablo Costa, padre de uno de sus íntimos amigos de la infancia, Lucas Costa, y amigo de su padre (ya fallecido), Claudio Caputo, que era su escribano.
consultó a Caputo sobre su flamante empleo, pero fuentes de su entorno dijeron que, al no ser funcionario y al tratarse de “temas personales”, prefería no hacer comentarios. La respuesta va en línea con el decreto firmado anteayer por Milei, que restringe los pedidos de acceso de información pública sobre asuntos “privados” de los funcionarios.
Además de su peso sobre la SIDE, a través del interventor Sergio Neiffert, la trascendencia de las decisiones de Caputo en el Gobierno quedó de manifiesto, la semana pasada, en boca de uno de los candidatos de Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema.
“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Caputo, a quien no conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces”, dijo el académico Manuel García-Mansilla.
Amerio es, también, el hombre de Caputo en la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Sus detractores señalan que Amerio es quien conduce el ministerio.
El domingo último, en una entrevista que Milei concedió a LN+, se refirió a Caputo como un amigo, como una persona “mucho más inteligente que la media”, y afirmó que cree que quienes lo cuestionan lo hacen para “pegarle” a él, pero no se atreven a hacerlo de manera directa. Buscan, dijo el Presidente, construir la imagen de un “monje negro” a cargo de la gestión.
Frente a las preguntas sobre por qué Caputo no ocupa un cargo formal, dado el nivel de responsabilidad que tiene, respondió: “Es mi asesor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les molesta? No es un gobierno tradicional, a todos los gobiernos les gusta gastar, les gusta robar y en este gobierno al que roba le cortamos la mano
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