Afirma que garantizar la importación desde Brasil, Paraguay y Uruguay restringiría al máximo la posibilidad de afectar a consumidores
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– El último informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sobre la programación estacional provisoria para el período noviembre a abril 2025 es el que alertó al gobierno nacional sobre la necesidad de acelerar el plan de contingencia con cortes programados, concentrados primero en los grandes consumidores, que adelantó el domingo la nacion. El reporte –que estima que la demanda superará los 30.000 MW– considera clave la complementación con la oferta regional de la generación local. Si llegan alrededor 3000 MW de Brasil, Paraguay y Uruguay, la “probabilidad de satisfacer la demanda pasa al 97%”.
Dos exsecretarios de Energía de la Nación, Daniel Montamat y Jorge Lapeña, coincidieron en subrayar que no tiene por qué haber cortes si se trabaja desde ahora en garantizar la importación de energía.
Cammesa prevé que la demanda máxima del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) supere los 30.000 MW. Este año alcanzó los 29.650 MW en el verano y fue entonces cuando el país salió a comprar energía a Brasil y Paraguay; por esa vía se sumaron unos 2000 MW extras. La proyección de un nuevo récord de calor en la próxima temporada (varios días de más de 30 grados) se combina con una baja de la generación hidráulica (por menor disponibilidad de agua en los embalses) y la salida de operaciones de Atucha 1. Por eso, el contexto se presenta más complejo.
“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad, y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, admitió el domingo pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Horas después de esas declaraciones –que fueron criticadas por la oposición–, fuentes de Energía reconocieron las dificultades y señalaron que “por ahora” no hay cortes programados.
Hace una semana, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró “nadie está pensando en cortes programados. Quédense tranquilos, eso no va a ocurrir”. Antes, en diálogo con periodistas, indicó que “hay un déficit de generación que se va a solucionar con inversión en dos o tres años”, y sostuvo que para mitigar los problemas se depende “de un montón de factores. Se depende mucho del clima”.
“Del clima de acá van a depender los picos de consumo y del clima de otros lugares, por ejemplo de Brasil, va a depender cuánta agua puede haber disponible para generación hidráulica y cuánta de esa energía se puede importar. Nadie te puede decir si va a haber cortes o no va a haber cortes. El que dice eso miente”, añadió.
Respecto de las líneas de transporte, el informe de Cammesa indicó que hay problemas en transformadores para bajar la tensión en algunas zonas. La más comprometida es la del Gran Buenos Aires, cuya demanda potencial máxima se calcula en 11.000 MW (el récord es de 11.257 MW en marzo de 2023), de los que 7000 MW vienen de afuera y tienen que pasar por línea de transmisión. Es en esa región donde los transformadores tienen que rendir para asegurar la oferta a la zona más demandante del país y también la que tiene los mayores cuellos de botella.
Fuentes de Transener indicaron que la capacidad de transformación “depende de inversiones que tiene que hacer un tercero, como grandes usuarios o distribuidoras“. La empresa, concesionaria del servicio de transporte de alta tensión del país, insiste en que no está en mora en las tareas de mantenimiento que le competen.
Cammesa realiza este tipo de informes periódicamente y son utilizados como una suerte de GPS de las acciones a seguir por las diferentes administraciones. Con un incremento móvil anual de la demanda de 0,7%, la potencia máxima esperada se ubicaría en los 30.700 MW para el pico de demanda y, entonces, se recurriría a despachar toda la oferta disponible.
En la programación estacional para el verano se prevé el ingreso de 165 MW de generación térmica convencional hasta fines de abril y de 874 MW de renovables. También se menciona en el informe que las usinas térmicas en verano contarán con 10 millones de metros cúbicos más por día sobre los 21 millones que ya tienen. De no ser así, debería sustituírselo por combustibles líquidos (fueloil y gasoil).
La Argentina tiene un potencial generador de 43.000 MW, pero hay 8000 MW indisponibles. Es decir que el parque está generando casi al 80% de sus posibilidades. El Instituto Mosconi, que dirige Lapeña, estimó que, por esa situación, puede soportar una carga máxima de 29.500 MW de demanda.
“La generación y transmisión en alta tensión son gestionadas en forma mixta. Si el sistema tiene un déficit de inversión, el Estado tendría que tener planes bastantes concretos para hacer las reparaciones e inversiones para que pueda funcionar. Hasta ahora el Gobierno ha ignorado esta función olímpicamente. Heredó una situación, no es culpable de eso, pero sí tiene la responsabilidad de avanzar en soluciones”, definió Lapeña.
Hasta que encare esas soluciones, el experto indicó que, de cara al próximo verano, el Gobierno debe estimar cantidades a importar de energía y asegurarse el suministro: “Hasta ahora, no lo ha hecho y, para concretarlo, debe modificarse la forma de relación de los gobiernos. Ya hay que arreglar las importaciones desde Brasil, Paraguay y Uruguay. Los cortes, con importación, no tienen por qué existir, pueden ser episódicos”.
Montamat coincidió en ese análisis. Subrayó que la oferta de electricidad debe tener el respaldo regional, empezar a determinar cuánto pueden vender Brasil y Paraguay, mientras que con Uruguay se pueden coordinar swaps energéticos.
Para Montamat, el Gobierno podría utilizar algunos “estímulos” para reducir el consumo. Por ejemplo, ofrecer descuentos a quienes usen menos electricidad que en el mismo mes del año anterior. “Es un aliciente a quienes ya les están pegando los aumentos de tarifas –agregó–. No se podía continuar con los subsidios como estaban, pero hay que mirar al largo plazo. Resolver las descapitalizaciones de estos sistemas lleva cuatro o cinco años”.
CÓRDOBA.– El último informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sobre la programación estacional provisoria para el período noviembre a abril 2025 es el que alertó al gobierno nacional sobre la necesidad de acelerar el plan de contingencia con cortes programados, concentrados primero en los grandes consumidores, que adelantó el domingo la nacion. El reporte –que estima que la demanda superará los 30.000 MW– considera clave la complementación con la oferta regional de la generación local. Si llegan alrededor 3000 MW de Brasil, Paraguay y Uruguay, la “probabilidad de satisfacer la demanda pasa al 97%”.
Dos exsecretarios de Energía de la Nación, Daniel Montamat y Jorge Lapeña, coincidieron en subrayar que no tiene por qué haber cortes si se trabaja desde ahora en garantizar la importación de energía.
Cammesa prevé que la demanda máxima del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) supere los 30.000 MW. Este año alcanzó los 29.650 MW en el verano y fue entonces cuando el país salió a comprar energía a Brasil y Paraguay; por esa vía se sumaron unos 2000 MW extras. La proyección de un nuevo récord de calor en la próxima temporada (varios días de más de 30 grados) se combina con una baja de la generación hidráulica (por menor disponibilidad de agua en los embalses) y la salida de operaciones de Atucha 1. Por eso, el contexto se presenta más complejo.
“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad, y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, admitió el domingo pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Horas después de esas declaraciones –que fueron criticadas por la oposición–, fuentes de Energía reconocieron las dificultades y señalaron que “por ahora” no hay cortes programados.
Hace una semana, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró “nadie está pensando en cortes programados. Quédense tranquilos, eso no va a ocurrir”. Antes, en diálogo con periodistas, indicó que “hay un déficit de generación que se va a solucionar con inversión en dos o tres años”, y sostuvo que para mitigar los problemas se depende “de un montón de factores. Se depende mucho del clima”.
“Del clima de acá van a depender los picos de consumo y del clima de otros lugares, por ejemplo de Brasil, va a depender cuánta agua puede haber disponible para generación hidráulica y cuánta de esa energía se puede importar. Nadie te puede decir si va a haber cortes o no va a haber cortes. El que dice eso miente”, añadió.
Respecto de las líneas de transporte, el informe de Cammesa indicó que hay problemas en transformadores para bajar la tensión en algunas zonas. La más comprometida es la del Gran Buenos Aires, cuya demanda potencial máxima se calcula en 11.000 MW (el récord es de 11.257 MW en marzo de 2023), de los que 7000 MW vienen de afuera y tienen que pasar por línea de transmisión. Es en esa región donde los transformadores tienen que rendir para asegurar la oferta a la zona más demandante del país y también la que tiene los mayores cuellos de botella.
Fuentes de Transener indicaron que la capacidad de transformación “depende de inversiones que tiene que hacer un tercero, como grandes usuarios o distribuidoras“. La empresa, concesionaria del servicio de transporte de alta tensión del país, insiste en que no está en mora en las tareas de mantenimiento que le competen.
Cammesa realiza este tipo de informes periódicamente y son utilizados como una suerte de GPS de las acciones a seguir por las diferentes administraciones. Con un incremento móvil anual de la demanda de 0,7%, la potencia máxima esperada se ubicaría en los 30.700 MW para el pico de demanda y, entonces, se recurriría a despachar toda la oferta disponible.
En la programación estacional para el verano se prevé el ingreso de 165 MW de generación térmica convencional hasta fines de abril y de 874 MW de renovables. También se menciona en el informe que las usinas térmicas en verano contarán con 10 millones de metros cúbicos más por día sobre los 21 millones que ya tienen. De no ser así, debería sustituírselo por combustibles líquidos (fueloil y gasoil).
La Argentina tiene un potencial generador de 43.000 MW, pero hay 8000 MW indisponibles. Es decir que el parque está generando casi al 80% de sus posibilidades. El Instituto Mosconi, que dirige Lapeña, estimó que, por esa situación, puede soportar una carga máxima de 29.500 MW de demanda.
“La generación y transmisión en alta tensión son gestionadas en forma mixta. Si el sistema tiene un déficit de inversión, el Estado tendría que tener planes bastantes concretos para hacer las reparaciones e inversiones para que pueda funcionar. Hasta ahora el Gobierno ha ignorado esta función olímpicamente. Heredó una situación, no es culpable de eso, pero sí tiene la responsabilidad de avanzar en soluciones”, definió Lapeña.
Hasta que encare esas soluciones, el experto indicó que, de cara al próximo verano, el Gobierno debe estimar cantidades a importar de energía y asegurarse el suministro: “Hasta ahora, no lo ha hecho y, para concretarlo, debe modificarse la forma de relación de los gobiernos. Ya hay que arreglar las importaciones desde Brasil, Paraguay y Uruguay. Los cortes, con importación, no tienen por qué existir, pueden ser episódicos”.
Montamat coincidió en ese análisis. Subrayó que la oferta de electricidad debe tener el respaldo regional, empezar a determinar cuánto pueden vender Brasil y Paraguay, mientras que con Uruguay se pueden coordinar swaps energéticos.
Para Montamat, el Gobierno podría utilizar algunos “estímulos” para reducir el consumo. Por ejemplo, ofrecer descuentos a quienes usen menos electricidad que en el mismo mes del año anterior. “Es un aliciente a quienes ya les están pegando los aumentos de tarifas –agregó–. No se podía continuar con los subsidios como estaban, pero hay que mirar al largo plazo. Resolver las descapitalizaciones de estos sistemas lleva cuatro o cinco años”.
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La posibilidad de usar esa carta para abaratar el costo de los medicamentos genera controversia; el rol de Sturzenegger y su idea de que el ingreso en el país de productos aprobados en EE.UU. sea casi automático; Mendoza y la provincia de Buenos Aires, modelos antagónicos
José Luis Brea
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desregulación, Federico SturzeneggerLos dominios de “El coloso” se amplían semana a semana. Siempre provocador y deseoso de colocarse al frente de los cambios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ventiló recientemente en un congreso de ejecutivos una negociación que hasta ese momento se desarrollaba con sigilo. Reveló que Mendoza estaba en conversaciones con el gobierno indio para importar remedios de ese país con la intención de abaratar su precio al público.
El gobernador, Alfredo Cornejo, lo confirmó luego en una entrevista con La Derecha Diario. “Con Sturzenegger estamos trabajando en un proyecto súper ambicioso, tratando de comprar medicamentos en la India que son de la misma calidad que los que se producen en la Argentina y en el mundo, y que cuestan un 10% de lo que se cobra en la Argentina”.
En el entorno del ministro ratificaron la iniciativa ante la consulta: “Es un tema puramente de Anmat [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas] y el Ministerio de Salud con el cual él está conceptualmente a favor, pero no es que esté trabajando hoy en un proyecto para tratar de acortar los plazos. Sí, está a favor de que si un medicamento tiene una homologación internacional, ya sea en Estados Unidos o en Europa, acá la homologación de Anmat sea mucho más rápida, casi automática”.
En la India, conocida como la “farmacia del mundo”, operan 10.500 laboratorios que facturan US$50.000 millones anuales, pero sólo el 30% de la población tiene acceso a medicamentos esenciales. Las exportaciones totalizan unos US$21.300 millones. Para poner en contexto la magnitud industrial de ambos países: aquí se produce el equivalente a US$6900 millones al año y las exportaciones apenas superan los US$900 millones, según cifras de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que está en guardia ante la movida patrocinada por Sturzenegger.
Mendoza ya estableció contacto con HRB Global, una compañía india que, según el ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, “cuenta con todos los sellos de la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. y de su par de la Unión Europea, y cumple con la normativa internacional”. La provincia busca un ahorro del 50% en una canasta de 178 medicamentos. Como experiencia piloto, la importación se iniciaría con un grupo de 25 para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, entre otras. El valor nominal no parece mucho, acaso el equivalente a un solo tratamiento de alto costo, entre US$700.000 y US$800.000, pero se busca que sí lo sea en términos simbólicos, para que este se convierta en un caso testigo.
“El avance del peso de los medicamentos sobre los presupuestos de salud de los gobiernos o de las obras sociales era del 20% hace 15 o 20 años y hoy está en 40%”, explica Montero “En los medicamentos generales, para la misma monodroga hay diferencias de precios de hasta 400%; además, entre enero de 2023 y julio de 2024 en la Argentina hubo aumentos de un 1000%”. Cilfa niega estas cifras y dice que los precios se movieron por debajo de la inflación minorista.
Montero afirma que ya se reunió con directivos de HRB Global en la embajada de la India en Buenos Aires para recibir documentación, tras lo cual pidió la habilitación ante la Anmat para importar y tramita ahora los permisos necesarios ante la AFIP. En el organismo de control farmacéutico habían emitido un comunicado el mes pasado aclarando que no había ningún proceso en trámite por este tema. Ante la consulta, dijeron que desde entonces “no hay novedades”.
¿Los nuevos pollos de Mazzorín?
La Anmat jugará un rol clave para zanjar la polémica que ya está instalada. En la industria farmacéutica local no tardaron en alertar sobre los enormes problemas de calidad y control sanitario de las plantas instaladas en la India. Señalan que, entre 2009 y julio pasado, tras inspecciones de la FDA a varias fábricas de ese país, se detectaron 69 violaciones o desviaciones al cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. “Los indios hacen bien la química [los principios activos que se utilizan para elaborar los medicamentos], pero son muy desprolijos para el proceso final, apoyan cosas en el suelo…van a ser los nuevos pollos de Mazzorín. ¿Quién firma esa importación?”, advierte un empresario del sector. La referencia es a Ricardo Mazzorín, el secretario de Comercio de Raúl Alfonsín que en 1986 importó pollos de Hungría y otros países, que se echaron a perder en los depósitos.
“Hay mucho desconocimiento. La FDA aprueba plantas para el caso de un solo producto y para el mercado norteamericano, no producen para todos lados; además están con la capacidad instalada completa. Sumale que te pueden decir que lo hacen en un laboratorio aprobado y en realidad lo hacen en el laboratorio de la esquina”, agrega.intentó comunicarse con la embajada india para conocer la posición de ese país, pero no obtuvo respuesta.
Pero no solo es la salud, también es la economía. El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico emitió un comunicado en el que calcula que, con una balanza comercial del sector ya deficitaria en US$7000 millones, por cada incremento adicional del 10% anual de las importaciones, el monto necesario para financiarlas rondaría los US$7370 millones. Son cuentas hechas por Sonia Tarragona, la exjefa de gabinete de de la exministra de Salud Carla Vizzotti.
Otra fuente de la industria farmacéutica que viaja regularmente a la India, repasa las diferencias en los incentivos que reciben una y otra industria. “El primero es que en la India por toda la exportación no pagás impuesto a las ganancias; exportás el 90% no pagás el 90%. Luego tenés reintegros: si exportás materias primas son de un 7% y si exportás producto acabado, de un 15%. Podés vender al costo y te ganás el 15% y no pagás Ganancias”, relata. “El que produce en la provincia de Buenos Aires, paga tasa de seguridad e higiene. Ingresos Brutos, créditos y débitos, cargas sociales, Ganancias e IVA. Más del 50% del precio son impuestos”, lamenta.
“Allá, la mano de obra es muy barata, no hay sindicatos y podés contratar por días; cuando tenés trabajo pagás, cuando la planta no tiene trabajo no pagás. Hay unas 10.000 plantas que fabrican medicamentos y solo un centenar son buenas, el resto son químicas en lugar de farmacéuticas que ni pueden vender en el mercado doméstico: están hechas para exportar a países pobres de África. La calidad en general es pésima; son los mayores falsificadores de medicamentos”, denuncia.
Montero, en cambio, afirma que “que por un caso no se puede demonizar a todo un país”, señala que la industria farmacéutica argentina importa principios activos de la India y que laboratorios como Pfizer o Astra Zeneca también han sido objeto de investigaciones de organismos de control sanitario.
La Argentina y sus dos modelos
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof busca avanzar hacia el mismo objetivo, aunque por el camino exactamente opuesto. En julio presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense con el propósito de producir medicamentos y productos médicos desde una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. “Debería contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga”, se explica en la iniciativa, que por ahora no prosperó. “Es un divague”, opina el CEO de un laboratorio nacional. “Se necesitan inversiones millonarias en investigación y desarrollo; ¿de dónde va a salir la plata?” Tuvo mejor suerte otro de los proyectos de Kicillof para el sector: la creación de una empresa pública de ambulancias (Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud), que ya tiene media sanción en Diputados.
El gobernador se presenta ante la sociedad, en este y otros temas, como la contracara de Milei. Allí donde los libertarios desregulan Kicillof interviene. Gran parte de la oposición comparte ese mismo enfoque. Señales contradictorias de un país que necesita atraer inversiones en medio del interrogante de cuál de los dos modelos prevalecerá en el mediano plazo, algo que algunos creen que estará más claro luego de las elecciones legislativas del próximo año, no tanto por el efecto concreto en la composición del Congreso, sino por su impacto sobre las expectativas de cara a las presidenciales de 2027.
“De las tres incógnitas que planteaba la llegada de Javier Milei al poder solo una se resolvió y las otras dos aún están pendientes”, dice el ejecutivo de una cámara empresaria que está en permanente contacto con inversores extranjeros. “No hay dudas de la capacidad de Milei para implementar las medidas que prometió, ahora falta saber si la política, los sindicatos y los empresarios están comprometidos con la transformación, y si la sociedad le da espacio al Gobierno para que siga adelante con su programa; esos son los tres elementos que un inversionista del exterior mira hoy en el país”, completa.
Respecto de si al gobernador de Buenos Aires lo ven como una amenaza de vuelta atrás hacia el modelo populista, el ejecutivo contesta: “depende a quién le preguntes”. Y completa: “Algunos dicen que es un riesgo; otros, que mejor que el antagonista sea Kicillof y no el peronismo tradicional porque en 2027 la Argentina va a ser otra y él quedará más que nunca como una figura anacrónica”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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