ESTATUTOS DOCENTES E INCENDIO FORESTALES

Una normativa anacrónica que debe ser revisada
Héctor Masoero

En la Argentina, el mundo de la educación es un universo donde perduran por décadas máximas casi inexpugnables y estructuras rígidas para las que cualquier propuesta de cambio resulta una amenaza. Entre estas “vacas sagradas”, podemos mencionar al Estatuto Nacional Docente. Creado en 1958, es una ley que regula las condiciones laborales, derechos y deberes de los docentes del país. Si bien cada jurisdicción ha sancionado su propia normativa luego de la transferencia de las escuelas a las provincias, estas se basan en gran medida en este estatuto arcaico, elaborado en un contexto muy diferente del actual. Se diferencia de los convenios colectivos de trabajo, ya que no es producto de una negociación con el empleador, sino que es fijado por la legislatura, y solo ese organismo puede modificarlo. Establece aspectos fundamentales, como los concursos para los ascensos, las condiciones de trabajo, y los derechos a licencias y la formación continua.
El Estatuto Nacional Docente está vigente desde hace casi siete décadas, pero es justo preguntarnos si mantiene aún su vigencia en el sentido más cabal del término. En este largo período, la sociedad, la educación y la economía en el mundo y en la Argentina cambiaron vertiginosamente. Sin embargo, todos los intentos de plantear cambios en los principios que regulan la carrera docente fueron sistemáticamente combatidos por los sindicatos referentes. Hoy, el estatuto general y sus derivaciones provinciales y municipales se han convertido en una normativa que defiende un modelo anacrónico del docente. Especialistas como Andrés Delich, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), entidad que realizó un informe en 2018 al respecto, ha señalado la evidente contradicción entre vivir en una sociedad con relaciones cada vez más “horizontales” y seguir sosteniendo una reglamentación que defiende una estructura educativa fundada en un modelo “vertical”. Este tipo de estructura replica paradigmas castrenses, en los que el poder reside en una sola cabeza, mientras que los ámbitos educativos deben ser espacios llanos para el intercambio de saberes.
En general, los especialistas en educación tienden a coincidir en que es imprescindible pensar en una nueva lógica para la carrera docente. Uno de los puntos claves que regulan los estatutos docentes son los incentivos y las condiciones de los ascensos. En el modelo actual, los incentivos son prácticamente inexistentes para quienes quieren permanecer en el aula frente a los alumnos, mientras que los premios se ponderan según la antigüedad. En tal sentido, es difícil mejorar el estatus salarial si se continúa al frente de los cursos, ya que la única vía de mejora es escalar rangos en la verticalidad educativa (es decir, aspirar a tener un cargo directivo). Por el contrario, el informe de la OEI de 2018 serevisa ñalaba que no existen incentivos vinculados con la innovación, la capacitación y la responsabilidad por los resultados obtenidos al frente de los estudiantes. Tampoco hay espacio real para la evaluación de los docentes ni para ponderar la calidad del nivel del conocimiento y las habilidades que obtienen en los institutos de formación docente. La normativa vigente tampoco contempla instancias superadoras como la conformación de think tanks de docentes, profesores tutores de pares más jóvenes, o bien docentes que acompañen procesos en ciertos distritos educativos con proyectos específicos.
La Argentina y Uruguay son de los pocos países en la región que regulan la docencia de acuerdo con los principios del Estatuto Docente y sus derivados locales. En la Argentina, esa reglamentación mucho tiene que ver con la tensión en los 50 y los 60 entre la concepción más “liberal” de la profesión y otra más “sindical”. También es fruto del modelo de relación entre docencia y Estado. El resultado fue un paradigma con Estado fuerte con foco en controlar y centralizar las características de una figura docente muy ligada a impartir conocimientos, y se la independiza de los ámbitos de producción. Y así permanece, desde entonces, como un espacio totalmente dependiente de las definiciones estatales, con escaso relacionamiento con los posibles cambios y demandas sociales y económicas.
La complejidad y escasa eficiencia del actual entramado normativo docente mucho tiene que ver con la potestad que tiene cada jurisdicción de establecer su propio estatuto docente. Tal es así que hay disposiciones puntuales a nivel provincial y hasta incluso a nivel municipal. Esto se debe a la organización federal del país, donde las provincias y los municipios tienen autonomía para legislar sobre la educación dentro de cada territorio. Lo cierto es que esta vasta normativa nacional, provincial y municipal de la reglamentación docente debe ser también revisada respecto de la posible conveniencia de pensar en simplificar, unificar y consolidar principios rectores generales.
¿Qué pasa en otros países y qué indicadores podemos revisar para pensar en cambios que nos ayuden a mejorar el nivel docente y así los resultados educativos? Un reciente informe publicado por Bárbara Biasi y Wayne Sanholz sobre el impacto de la “act 10” en Wisconsin, en los Estados Unidos, la posibilidad de una correlación directa entre la reglamentación que permitió flexibilizar el salario docente y las mejoras sustanciales en los resultados de los estudiantes de colegios públicos de la zona, en especial, los provenientes de los estratos más bajos. Los alumnos mejoraron sus resultados académicos. En los docentes, hubo ganadores y perdedores en términos de salarios. Docentes jóvenes y menos experimentados comenzaron a lograr mejores salarios que los que percibían antes de la reforma. También se observó que las modificaciones ayudaron a atraer y a retener mejores docentes.
Tenemos que ser capaces de comenzar a sacarnos las orejeras y comenzar a discutir con seriedad estos temas. No podemos seguir atados a modelos que fueron concebidos para un mundo de hace largas décadas. Conceptos vinculados a “hacer las cosas bien”, como premios por resultados, evaluación continua, capacitaciones permanentes y de calidad, son indispensables si queremos jerarquizar el rol docente y mejorar el nivel de nuestros maestros y, por arrastre, de nuestros estudiantes. Debemos ser capaces de soltar estructuras del pasado, simplificar y reducir las reglamentaciones y, si hay una ley nacional de educación, tratar de emplearla eficazmente para trabajar en mejorar y perfeccionar a nuestros docentes, la base sobre la que se sustenta toda estructura educativa, de cualquier nivel formativo.
Conceptos vinculados a “hacer las cosas bien”, como premios por resultados, evaluación continua, capacitaciones permanentes y de calidad, son indispensables

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Incendios forestales
Los incendios forestales en nuestro país se han convertido en un problema recurrente y cada vez más grave. En las últimas semanas, provincias como Córdoba, Corrientes, Jujuy y San Luis han enfrentado incendios de gran magnitud que han arrasado miles de hectáreas. Distintas localidades de Córdoba, en particular, atraviesan en estas horas una grave situación, con un gran número de evacuados, frente al avance de las llamas, causado por las altas temperaturas y los fuertes vientos.
El impacto ambiental de los incendios es verdaderamente alarmante: se produce la destrucción de áreas protegidas, bosques nativos y humedales, lo que implica una devastadora pérdida de biodiversidad.
Aun cuando existen factores como la sequía prolongada y elevadas temperaturas que contribuyen a la propagación de las llamas, la realidad es que, en la mayoría de los casos, los incendios en el país podrían haberse evitado. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha informado que más del 90% de estos incendios son provocados por la acción humana, por negligencia o, lamentablemente de modo intencional.
Los incendios forestales, además, generan consecuencias directas sobre la salud de las personas: la exposición al humo puede causar problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Ciudades como Rosario y Santa Fe ya han vivido situaciones de emergencia sanitaria debido a la contaminación del aire provocada por los incendios en zonas cercanas.
Ante esta realidad es fundamental un enfoque más proactivo y basado en la gestión eficiente de los recursos naturales. Las autoridades deben fortalecer las políticas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Esto incluye un mejor control y monitoreo de las áreas propensas a incendios, así como la aplicación estricta de las leyes contra aquellos que los provoquen intencionalmente.
El sector privado también tiene un papel crucial en este desafío. Las empresas agropecuarias y forestales deben adoptar prácticas sostenibles que minimicen el riesgo de incendios y la implementación de sistemas de alerta temprana.
La concientización sobre los riesgos y la educación en prácticas seguras son fundamentales para evitar comportamientos desaprensivos que puedan desencadenar incendios, como las fogatas en áreas rurales o la quema de residuos. La colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil es clave para abordar esta problemática de manera efectiva.
En conclusión, los incendios forestales en la Argentina requieren una gestión rápida, responsable y eficiente para proteger nuestros recursos naturales. No se trata solo de apagar incendios, sino de prevenirlos mediante una planificación adecuada, la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras, y el cumplimiento riguroso de las leyes

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