Desde diciembre, hay 30.936 puestos de trabajo menos en la administración nacional
Es la foto que tomó el Iaraf con base en datos del Indec entre diciembre y julio; la administración central, el correo oficial, la Anses, el Conicet y AySA, los que más redujeron
Francisco Jueguen
Cerca de Javier Milei aseguran que la motosierra en el empleo público seguirá prendida
“La motosierra no se detiene nunca”, cuentan que dice Javier Milei cuando le preguntan sobre si seguirá el ajuste en el empleo público, pero también sobre otros recortes en el Estado. “La motosierra sigue en todo lo que pueda”, repite el Presidente a sus interlocutores.
Desde que el libertario se hizo cargo de la conducción de la Casa Rosada, entre diciembre y julio (último dato disponible) la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo en 30.936. La motosierra de Milei rebanó un 9,1% de la planta, que pasó de 341.473, a fin de año pasado, a 310.537, a través de discontinuar contratos, retiros y despidos, según datos procesados por el Iaraf con base en los que los distintos organismos y dependencias envían a Empleo Público (Jefatura de Gabinete) para después derivar al Indec.
Al ordenar los entes según la reducción absoluta de puestos, el Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz, indicó que la administración central, el correo oficial, la Anses, el Conicet y AySA lideran las reducciones. “Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), el Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%)”, indicó el Iaraf.
Según dijeron a en el organismo, la nacion el dato oficial del Indec no sufre atrasos en su relevamiento, pero sí ocurre que hay meses en los que algunos organismos no entregan la información a tiempo, por lo que se imputan los datos y después se actualizan.
“Provincias y municipios no es mi tema, ya que es un país federal”, cuenta Milei a quienes le preguntan por lo que hacen los gobernadores e intendentes. Es que la gran masa de empleo público se registra en municipios y provincias. Si se toma el último dato disponible, del empleo público total del Sistema Integrado Previsional Argentino –esto implica que es el trabajo registrado en el Estado y no aquel que brindan muchos monotributistas precarizados–, la cantidad de trabajadores llegaba en mayo (último dato publicado) a 3.446.700. Entre fines de noviembre y el quinto mes del año, se registran 36.900 trabajadores menos, lo que implicaría que gran parte del ajuste en el sector público lo hizo Milei y no los caciques de provincias y municipios.
Vale aclarar que hay 14 cajas previsionales no transferidas a la Nación, por lo que podría pensarse que esos distritos no envían sus datos a la Secretaría de Trabajo para que los consolide. Sin embargo, contaron algunas fuentes encargadas de procesar esos números que curiosamente todos los distritos cumplen con el requisito de enviar puntualmente la información desde que se instaló el cepo en la Argentina. Es que muchos empleados públicos –habilitados por el Estado para hacerse de dólares subsidiados a precio oficial– se quejaban de que no aparecían registrados por el SIPA, lo que les imposibilitaba la adquisición de la divisa extranjera. El impulso a transparentar a los empleados públicos en las provincias y municipios –tienen a cargo las fuerzas de seguridad, y los trabajadores de la salud y de la enseñanza– es probablemente una de las únicas virtudes que aportó el cepo.
Si bien las provincias y los municipios no ajustaron fuertemente sus plantillas de trabajadores, por lo menos aquellos en blanco, sí se cortó con un crecimiento ininterrumpido que mostraba la serie. En enero de 2012, los empleados públicos eran 2,5 millones; llegaron a 3 millones en mayo de 2015 y rozaron los 3,5 millones al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En la administración central
Los informes de ocupación que hace el Ministerio de Economía muestran el desglose de lo que fue atravesado por la motosierra. Por ejemplo, entre el último trimestre de 2023 y el segundo de 2024, el personal permanente y transitorio creció en cantidad de personal ocupado en el Poder Ejecutivo. Se sumaron 1500 personas, un indicio de por qué la relación entre el Gobierno y UPCN no es tan tirante. En tanto, hay 9265 contratados menos. En otros entes del sector público no financiero, en el mismo período, aparece una caída de 535 transitorios y permanentes, y de 89 contratados. El Poder Judicial sumó 53 trabajadores. En las empresas del Estado se registraron 31.458 empleados en el segundo trimestre. No se conoce el cambio contra el año pasado, porque –según Economía–no había relevamientos de trabajadores en las empresas públicas antes. Es curioso. El Excel oficial afirma que recién comenzó en enero.
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La baja del dólar importador ahorraría 1,4 puntos de inflación
Es el impacto esperado en el año por la baja del impuesto PAIS; el REM del BCRA prevé un IPC de 3,9% en agosto
Javier Blanco
El mercado espera que la rebaja dispuesta –por vía impositiva– del dólar comercial importador y el desarme de algunas regulaciones le ahorren al país hasta 1,4 puntos porcentuales de inflación en lo que resta del año.
La conclusión surge de observar los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de la plaza local que realiza el Banco Central (BCRA) y que esta vez recogió entre los días 28 y 30 de agosto visiones de 42 analistas de consultoras, equipos económicos de bancos y centros de investigación locales e internacionales.
La muestra detecta que el mercado espera que la inflación haya cerrado agosto en un 3,9%, nivel del que caería a un 3,5% durante el mes en curso y octubre, antes de replegarse hasta el 3,3% en noviembre y repuntar –por cuestiones estacionales– hasta el 3,6% en diciembre.
Es decir, imagina nuevos recortes, aunque en ningún caso de la magnitud con la que ese ilusiona el Gobierno, que busca que el IPC converja en los próximos meses con el 2% de ajuste del tipo de cambio oficial.
Producto de este recálculo, la inflación cerraría el año en el 122,9%, es decir, unos 88,5 puntos por debajo del nivel del 211,4% al que llegó en el último año de la gestión de Alberto Fernández, y 104,1 puntos inferior al 227% que el propio mercado proyectaba que alcanzaría en enero pasado. A su vez, la medición núcleo se ubicaría entre el 105,9% y 106% anual, coincide tanto el promedio general de la encuesta como la media de los 10 encuestados que se han revelado como más fiables en sus pronósticos (top 10).
Gracias a ese descenso, a su vez, el nivel de indexación general de los precios sería del 38,4% durante el año que viene, 2,9 puntos por debajo del 41,3% a la que la proyectaban hace sólo un mes.
“La expectativa es que la baja del dólar importador pegue más fuerte en el índice de precios mayorista y no tanto en los minoristas, más allá de los efectos que se comienzan a ver –por caso– en autos, que es un sector algo más concentrado. A nivel minorista general creo que puede haber una tentación de las cadenas comerciales de recuperar por esa vía márgenes, más aún cuando le suben otros costos e impuestos subsoberanos”, explicó a uno de los encuestados en alusión al aumento de tasas en muchos municipios.
El proceso desinflacionario que proyecta el mercado se apoya en la expectativa de una marcada estabilidad cambiaria (esperan que el dólar oficial cierre el año en $1025,4, lo que supone una devaluación del 59,7% en el año que, además, es 9,8 puntos porcentuales menos que el REM previo) y en las limitaciones que enfrenta la tasa de actividad económica para recuperarse, aunque se coincide en que el “piso” de la crisis ya quedó atrás.
“La motosierra no se detiene nunca”, cuentan que dice Javier Milei cuando le preguntan sobre si seguirá el ajuste en el empleo público, pero también sobre otros recortes en el Estado. “La motosierra sigue en todo lo que pueda”, repite el Presidente a sus interlocutores.
Desde que el libertario se hizo cargo de la conducción de la Casa Rosada, entre diciembre y julio (último dato disponible) la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo en 30.936. La motosierra de Milei rebanó un 9,1% de la planta, que pasó de 341.473, a fin de año pasado, a 310.537, a través de discontinuar contratos, retiros y despidos, según datos procesados por el Iaraf con base en los que los distintos organismos y dependencias envían a Empleo Público (Jefatura de Gabinete) para después derivar al Indec.
Al ordenar los entes según la reducción absoluta de puestos, el Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz, indicó que la administración central, el correo oficial, la Anses, el Conicet y AySA lideran las reducciones. “Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), el Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%)”, indicó el Iaraf.
Según dijeron a en el organismo, la nacion el dato oficial del Indec no sufre atrasos en su relevamiento, pero sí ocurre que hay meses en los que algunos organismos no entregan la información a tiempo, por lo que se imputan los datos y después se actualizan.
“Provincias y municipios no es mi tema, ya que es un país federal”, cuenta Milei a quienes le preguntan por lo que hacen los gobernadores e intendentes. Es que la gran masa de empleo público se registra en municipios y provincias. Si se toma el último dato disponible, del empleo público total del Sistema Integrado Previsional Argentino –esto implica que es el trabajo registrado en el Estado y no aquel que brindan muchos monotributistas precarizados–, la cantidad de trabajadores llegaba en mayo (último dato publicado) a 3.446.700. Entre fines de noviembre y el quinto mes del año, se registran 36.900 trabajadores menos, lo que implicaría que gran parte del ajuste en el sector público lo hizo Milei y no los caciques de provincias y municipios.
Vale aclarar que hay 14 cajas previsionales no transferidas a la Nación, por lo que podría pensarse que esos distritos no envían sus datos a la Secretaría de Trabajo para que los consolide. Sin embargo, contaron algunas fuentes encargadas de procesar esos números que curiosamente todos los distritos cumplen con el requisito de enviar puntualmente la información desde que se instaló el cepo en la Argentina. Es que muchos empleados públicos –habilitados por el Estado para hacerse de dólares subsidiados a precio oficial– se quejaban de que no aparecían registrados por el SIPA, lo que les imposibilitaba la adquisición de la divisa extranjera. El impulso a transparentar a los empleados públicos en las provincias y municipios –tienen a cargo las fuerzas de seguridad, y los trabajadores de la salud y de la enseñanza– es probablemente una de las únicas virtudes que aportó el cepo.
Si bien las provincias y los municipios no ajustaron fuertemente sus plantillas de trabajadores, por lo menos aquellos en blanco, sí se cortó con un crecimiento ininterrumpido que mostraba la serie. En enero de 2012, los empleados públicos eran 2,5 millones; llegaron a 3 millones en mayo de 2015 y rozaron los 3,5 millones al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En la administración central
Los informes de ocupación que hace el Ministerio de Economía muestran el desglose de lo que fue atravesado por la motosierra. Por ejemplo, entre el último trimestre de 2023 y el segundo de 2024, el personal permanente y transitorio creció en cantidad de personal ocupado en el Poder Ejecutivo. Se sumaron 1500 personas, un indicio de por qué la relación entre el Gobierno y UPCN no es tan tirante. En tanto, hay 9265 contratados menos. En otros entes del sector público no financiero, en el mismo período, aparece una caída de 535 transitorios y permanentes, y de 89 contratados. El Poder Judicial sumó 53 trabajadores. En las empresas del Estado se registraron 31.458 empleados en el segundo trimestre. No se conoce el cambio contra el año pasado, porque –según Economía–no había relevamientos de trabajadores en las empresas públicas antes. Es curioso. El Excel oficial afirma que recién comenzó en enero.
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La baja del dólar importador ahorraría 1,4 puntos de inflación
Es el impacto esperado en el año por la baja del impuesto PAIS; el REM del BCRA prevé un IPC de 3,9% en agosto
Javier Blanco
El mercado espera que la rebaja dispuesta –por vía impositiva– del dólar comercial importador y el desarme de algunas regulaciones le ahorren al país hasta 1,4 puntos porcentuales de inflación en lo que resta del año.
La conclusión surge de observar los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de la plaza local que realiza el Banco Central (BCRA) y que esta vez recogió entre los días 28 y 30 de agosto visiones de 42 analistas de consultoras, equipos económicos de bancos y centros de investigación locales e internacionales.
La muestra detecta que el mercado espera que la inflación haya cerrado agosto en un 3,9%, nivel del que caería a un 3,5% durante el mes en curso y octubre, antes de replegarse hasta el 3,3% en noviembre y repuntar –por cuestiones estacionales– hasta el 3,6% en diciembre.
Es decir, imagina nuevos recortes, aunque en ningún caso de la magnitud con la que ese ilusiona el Gobierno, que busca que el IPC converja en los próximos meses con el 2% de ajuste del tipo de cambio oficial.
Producto de este recálculo, la inflación cerraría el año en el 122,9%, es decir, unos 88,5 puntos por debajo del nivel del 211,4% al que llegó en el último año de la gestión de Alberto Fernández, y 104,1 puntos inferior al 227% que el propio mercado proyectaba que alcanzaría en enero pasado. A su vez, la medición núcleo se ubicaría entre el 105,9% y 106% anual, coincide tanto el promedio general de la encuesta como la media de los 10 encuestados que se han revelado como más fiables en sus pronósticos (top 10).
Gracias a ese descenso, a su vez, el nivel de indexación general de los precios sería del 38,4% durante el año que viene, 2,9 puntos por debajo del 41,3% a la que la proyectaban hace sólo un mes.
“La expectativa es que la baja del dólar importador pegue más fuerte en el índice de precios mayorista y no tanto en los minoristas, más allá de los efectos que se comienzan a ver –por caso– en autos, que es un sector algo más concentrado. A nivel minorista general creo que puede haber una tentación de las cadenas comerciales de recuperar por esa vía márgenes, más aún cuando le suben otros costos e impuestos subsoberanos”, explicó a uno de los encuestados en alusión al aumento de tasas en muchos municipios.
El proceso desinflacionario que proyecta el mercado se apoya en la expectativa de una marcada estabilidad cambiaria (esperan que el dólar oficial cierre el año en $1025,4, lo que supone una devaluación del 59,7% en el año que, además, es 9,8 puntos porcentuales menos que el REM previo) y en las limitaciones que enfrenta la tasa de actividad económica para recuperarse, aunque se coincide en que el “piso” de la crisis ya quedó atrás.
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