Se divide el radicalismo y el Gobierno confía en salvar el veto a la ley de jubilaciones
La Casa Rosada reforzó su alianza con el bloque de Pro y sumaría a siete radicales
Laura Serra
Tras reforzar con una reunión en la Casa Rosada su alianza con el bloque de Pro, el oficialismo confía en torcerle mañana el brazo a la oposición cuando intente insistir con la ley que aumentó las jubilaciones sin acuerdo con el Gobierno.
La ley recibió un veto total del presidente Javier Milei, que sostiene que busca destruir su equilibrio fiscal. Los oficialistas creen que para enfrentar la embestida sumarán, además, a por lo menos siete diputados radicales y el apoyo tácito de algunos bloques provinciales que si bien votaron en su momento la ley ahora se mostrarían prescindentes. Ayer también dejó el cargo un diputado radical que será reemplazado por un dirigente de Pro.
La sesión especial fue convocada por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se descuenta que Unión por la Patria y la izquierda aportarán alrededor un centenar de votos. Se juegan todo a un pleno, pues la Constitución prevé que si no se reúne esa mayoría, no se podrá volver a insistir en la ley vetada en lo que resta del año parlamentario.
Si bien en junio pasado el proyecto se aprobó con 160 votos positivos, esta instancia es diferente. En aquel entonces se trató de una media sanción que debía cumplir su derrotero en el Senado; ahora, con la ley sancionada –y vetada–, insistir con la norma implica ir al choque directo con el Gobierno.
Tras escenificar en la Casa Rosada su alianza con el bloque de Pro, el oficialismo confía en torcerle el brazo a la oposición en la Cámara de Diputados cuando mañana intente insistir con la ley que mejora los haberes jubilatorios, la cual recibió un veto total del presidente Javier Milei. Los oficialistas creen que sumarán, además, un puñado de diputados radicales conversos y el apoyo tácito de algunos bloques provinciales que, si bien votaron en su momento la ley, ahora se mostrarían prescindentes.
“La tenemos complicada, aunque no es imposible”, admiten los opositores embanderados detrás de la proeza de alcanzar los dos tercios de los diputados presentes e insistir con la norma. La sesión especial fue convocada por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se descuenta que Unión por la Patria y la izquierda aportarán alrededor un centenar de votos.
Se juegan todo a un pleno, pues la Constitución prevé que si no se reúne esta mayoría agravada no se podrá volver a insistir en la ley vetada en lo que resta del año parlamentario.
Si bien en junio pasado el proyecto se aprobó con 160 votos positivos –una cifra que más que duplicó a los negativos–, esta instancia es políticamente diferente. En aquel entonces se trató de una media sanción que debía cumplir su derrotero en el Senado; ahora, con la ley sancionada –y vetada–, insistir con la norma implica ir al choque directo con el Gobierno y enfrentar la furia de un presidente desautorizado.
No todos en la oposición dialoguista se animan a ir tan lejos. Sea por temor a los ataques libertarios en las redes sociales, por especulación electoral o por convicción, media docena de diputados de la UCR claudicarán y avisaron que no se sumarán esta vez a los dos tercios de los votos. En este lote figuran el tucumano Mariano Campero, Roxana Reyes –en tratativas con la Casa Rosada para una alianza electoral en Santa Cruz–; el cordobés Luis Picat, y el misionero Martín Arjol, también tentado para encabezar una lista con libertarios en su territorio.
Tampoco será de la partida el entrerriano Pedro Galimberti, quien renunció a su banca para ocupar un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su reemplazante, Nancy Ballejos, es de Pro e integrará la bancada que conduce Cristian Ritondo
En zona de duda se ubican los radicales Francisco Monti (Catamarca) y Soledad Carrizo (Córdoba), como también los legisladores que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, reacios a enemistarse con la Casa Rosada.
Con esta cuña en el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, el oficialismo está más cerca de alcanzar el tercio de las voluntades que requiere para bloquear la ofensiva opositora. Si todos los legisladores están presentes en sus bancas, deberá reunir 86 votos. De lograrlo, será un triunfo para la Casa Rosada y un golpe para el partido centenario, que se mostrará no solo dividido, sino también obligado a explicar por qué algunos de sus diputados hace dos meses votaron sin fisuras “en defensa del poder adquisitivo de los jubilados” y, tres meses después, contradicen su voto.
El oficialismo descuenta que esta vez no habrá fugas en el bloque de Pro –en la sesión de junio tuvo siete ausencias, entre ellas las de María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato–, por lo que ambas bancadas reunirían, con sus bloques satélites, unas 80 voluntades.
“Vamos a bancar el veto, pero sabemos que el costo político va a ser muy alto –se sinceró un encumbrado dirigente de Pro–. Se lo dijimos al Gobierno en la reunión de hoy [por ayer], lo óptimo hubiese sido un veto parcial que permitiera una recomposición mínima de los haberes, pero ellos no lo entienden: creen que esto les va a ser inocuo. No va a ser así”
Indefiniciones
De sumar a los legisladores de Innovación Federal –que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro–, el oficialismo habrá ganado la partida. Este bloque, que en su momento votó a favor de la norma, ahora se muestra sugestivamente cauto.
“Todavía no definimos una posición”, deslizan, aunque hicieron trascender que tal vez no participarían de la sesión o se abstendrían, lo que no favorece a los opositores.
La ley jubilatoria que el presidente Javier Milei vetó establece cuatro ejes claves: por un lado, propone esta recomposición del 8,1% en los haberes para compensar la inflación de enero. Este punto es el más digerible por el Gobierno; de hecho, lo había incluido en el dictamen que el oficialismo presentó en el Senado, aunque no prosperó.
Sin embargo, hay otros tres puntos que el Gobierno no acepta por considerar que vulneran el equilibrio fiscal: uno de ellos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) y el índice de precios al consumidor (IPC).
El segundo artículo resistido por el oficialismo es el que establece la garantía de un haber mínimo para quienes cobran una única prestación previsional, mientras que el tercero es el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales provinciales no transferidas. Este último es el que mayor rechazo genera en el Gobierno.
Un sector de la oposición dialo- guista propone considerar la posibilidad de una insistencia parcial al veto total impuesto por Milei. Esta solución intermedia permitiría, aducen, sumar más voluntades a los dos tercios necesarios. Hubo un antecedente en ese sentido en 2002, con la ley de propiedad participada para los agentes de YPF, alega la diputada Soledad Carrizo. Una salida que, al menos, podría salvar del veto la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios, aunque no el resto del articulado.
Sin embargo, Unión por la Patria ya anticipó que no está de acuerdo con esta “solución sui generis” que propician los dialoguistas. Su voluntad es insistir en todo el articulado de la ley vetada.
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El Gobierno se reunió con los diputados aliados para tratar de evitar nuevas derrotas legislativas
Legisladores del oficialismo, Pro y MID fueron recibidos por la hermana del Presidente y Martín Menem; el macrismo planteó sus críticas al decreto que puso límites al acceso a la información y desde el oficialismo prometieron revisarlo
Jaime Rosemberg
Karina Milei con los diputados aliados
Con la intención de unificar posturas y evitar nuevas y sonoras derrotas en el Congreso, el Gobierno convocó hoy a diputados nacionales de la Libertad Avanza y sus aliados de Pro y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Los legisladores fueron recibidos formalmente por el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, a cargo del encuentro mientras el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se repone aún de un cuadro gastrointestinal que lo obligó a una internación, desde este domingo, en la clínica Sagrada Familia, del barrio de Belgrano. Sin embargo, quien encabezó la reunión fue Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien escuchó los planteos de los representantes de Pro, incómodos por el decreto del presidente Javier Milei que puso límites al acceso a la información pública.
En una reunión que duró poco menos de dos horas, los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Carlos Zapata y Santiago Santurio representaron al oficialismo. Los macristas Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici, más el exlibertario Oscar Zago, en nombre del bloque del MID, de dos integrantes, completaron la lista. Además de Catalán, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi.
La llegada de los diputados a la Casa Rosada también dio pistas adicionales acerca de realineamientos internos. Mientras Giudici, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ingresó junto con varios diputados libertarios, Ritondo y Zago entraron juntos y sonrientes al despacho de Catalán, en la planta baja.
“Fue una reunión de trabajo en la que trabajamos sobre el vínculo parlamentario entre La Libertad Avanza y el Pro, y qué debemos corregir”, dijo Ritondo a la salida. El diputado macrista planteó que “nadie nos había dicho nada” sobre el decreto 780/2024 que limitó el acceso a la información pública y restringió los alcances de la Ley N° 27.275, que había sido sancionada durante la gestión de Cambiemos. La iniciativa fue cuestionada durante la reunión por Lospennato y Giudici.
Los legisladores afirmaron que este tema será “revisado” en una reunión con técnicos, esta misma semana, más allá de que el viernes pasado el portavoz Manuel Adorni había afirmado que ese decreto presidencial no se revisaría.
“Puede ser que haya alguna modificación, hay otros bloques preocupados como la UCR. No podemos modificar la voluntad de la ley”, dijo Ritondo, quien agregó que la idea es repetir estas reuniones de los distintos bloques aliados una vez por semana, sin hablar aún de la conformación de un interbloque.
Durante el cónclave, según comentaron testigos de la reunión, Sturzenegger planteó la necesidad de avanzar con la denominada “ley Hojarasca”, que deja sin efecto leyes caducas o superadas por otras. Además de prometer el apoyo, desde Pro retrucaron con dos iniciativas propias: la privatización de Aerolíneas Argentinas, que quedó fuera de la ley Bases, y el fin de las jubilaciones de privilegio. “Ellos plantearon su agenda, y nosotros la nuestra. Hay predisposición”, contaron desde el bloque macrista.
Objetivos
El presidente Javier Milei busca asegurarse en la Cámara baja un tercio de los diputados para evitar que la oposición pueda dar por tierra con vetos como el ya efectivizado a la actualización de las jubilaciones. Para ello, necesita de la asistencia perfecta del bloque libertario, Pro, MID y algunos aliados provinciales, a fin de garantizarse el mínimo de votos requeridos, 87 diputados si hubiera asistencia perfecta.
Milei ya anticipó que vetaría, de aprobarse, la nueva ley de financiamiento para las universidades públicas. También hay temor de que la mayoría opositora en Diputados reflote e intente dejar sin efecto el mega DNU 70/2023 de desregulación económica, ideado por el hoy ministro Sturzenegger, luego de que fuera rechazado por el Senado en marzo pasado.
Más allá de la promesa de ayuda del expresidente Mauricio Macri al propio Milei, los diputados de Pro llegaron a la reunión con una incomodidad manifiesta, luego de no haber sido consultados antes de la publicación del decreto, uno de los emblemas de la gestión de Cambiemos. “Es un retroceso”, había expresado el bloque de diputados que encabeza Ritondo en un comunicado luego de conocida la norma, una incomodidad que fue reconocida por Lospennato en su ingreso a Balcarce 50.
También Zago, expulsado de la presidencia del bloque libertario en abril pasado, y reemplazado en ese lugar por Bornoroni, llegó a la reunión con sus propios planteos y condiciones.
En el Senado la situación no es por cierto mejor para el oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel logró postergar para este jueves el tratamiento de la cesión de $100.000 millones de pesos para la SIDE y el rechazo al veto presidencial de la actualización de las jubilaciones. En ambos casos, se encaminaría hacia una derrota previsible.
Tras reforzar con una reunión en la Casa Rosada su alianza con el bloque de Pro, el oficialismo confía en torcerle mañana el brazo a la oposición cuando intente insistir con la ley que aumentó las jubilaciones sin acuerdo con el Gobierno.
La ley recibió un veto total del presidente Javier Milei, que sostiene que busca destruir su equilibrio fiscal. Los oficialistas creen que para enfrentar la embestida sumarán, además, a por lo menos siete diputados radicales y el apoyo tácito de algunos bloques provinciales que si bien votaron en su momento la ley ahora se mostrarían prescindentes. Ayer también dejó el cargo un diputado radical que será reemplazado por un dirigente de Pro.
La sesión especial fue convocada por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se descuenta que Unión por la Patria y la izquierda aportarán alrededor un centenar de votos. Se juegan todo a un pleno, pues la Constitución prevé que si no se reúne esa mayoría, no se podrá volver a insistir en la ley vetada en lo que resta del año parlamentario.
Si bien en junio pasado el proyecto se aprobó con 160 votos positivos, esta instancia es diferente. En aquel entonces se trató de una media sanción que debía cumplir su derrotero en el Senado; ahora, con la ley sancionada –y vetada–, insistir con la norma implica ir al choque directo con el Gobierno.
Tras escenificar en la Casa Rosada su alianza con el bloque de Pro, el oficialismo confía en torcerle el brazo a la oposición en la Cámara de Diputados cuando mañana intente insistir con la ley que mejora los haberes jubilatorios, la cual recibió un veto total del presidente Javier Milei. Los oficialistas creen que sumarán, además, un puñado de diputados radicales conversos y el apoyo tácito de algunos bloques provinciales que, si bien votaron en su momento la ley, ahora se mostrarían prescindentes.
“La tenemos complicada, aunque no es imposible”, admiten los opositores embanderados detrás de la proeza de alcanzar los dos tercios de los diputados presentes e insistir con la norma. La sesión especial fue convocada por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se descuenta que Unión por la Patria y la izquierda aportarán alrededor un centenar de votos.
Se juegan todo a un pleno, pues la Constitución prevé que si no se reúne esta mayoría agravada no se podrá volver a insistir en la ley vetada en lo que resta del año parlamentario.
Si bien en junio pasado el proyecto se aprobó con 160 votos positivos –una cifra que más que duplicó a los negativos–, esta instancia es políticamente diferente. En aquel entonces se trató de una media sanción que debía cumplir su derrotero en el Senado; ahora, con la ley sancionada –y vetada–, insistir con la norma implica ir al choque directo con el Gobierno y enfrentar la furia de un presidente desautorizado.
No todos en la oposición dialoguista se animan a ir tan lejos. Sea por temor a los ataques libertarios en las redes sociales, por especulación electoral o por convicción, media docena de diputados de la UCR claudicarán y avisaron que no se sumarán esta vez a los dos tercios de los votos. En este lote figuran el tucumano Mariano Campero, Roxana Reyes –en tratativas con la Casa Rosada para una alianza electoral en Santa Cruz–; el cordobés Luis Picat, y el misionero Martín Arjol, también tentado para encabezar una lista con libertarios en su territorio.
Tampoco será de la partida el entrerriano Pedro Galimberti, quien renunció a su banca para ocupar un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su reemplazante, Nancy Ballejos, es de Pro e integrará la bancada que conduce Cristian Ritondo
En zona de duda se ubican los radicales Francisco Monti (Catamarca) y Soledad Carrizo (Córdoba), como también los legisladores que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, reacios a enemistarse con la Casa Rosada.
Con esta cuña en el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, el oficialismo está más cerca de alcanzar el tercio de las voluntades que requiere para bloquear la ofensiva opositora. Si todos los legisladores están presentes en sus bancas, deberá reunir 86 votos. De lograrlo, será un triunfo para la Casa Rosada y un golpe para el partido centenario, que se mostrará no solo dividido, sino también obligado a explicar por qué algunos de sus diputados hace dos meses votaron sin fisuras “en defensa del poder adquisitivo de los jubilados” y, tres meses después, contradicen su voto.
El oficialismo descuenta que esta vez no habrá fugas en el bloque de Pro –en la sesión de junio tuvo siete ausencias, entre ellas las de María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato–, por lo que ambas bancadas reunirían, con sus bloques satélites, unas 80 voluntades.
“Vamos a bancar el veto, pero sabemos que el costo político va a ser muy alto –se sinceró un encumbrado dirigente de Pro–. Se lo dijimos al Gobierno en la reunión de hoy [por ayer], lo óptimo hubiese sido un veto parcial que permitiera una recomposición mínima de los haberes, pero ellos no lo entienden: creen que esto les va a ser inocuo. No va a ser así”
Indefiniciones
De sumar a los legisladores de Innovación Federal –que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro–, el oficialismo habrá ganado la partida. Este bloque, que en su momento votó a favor de la norma, ahora se muestra sugestivamente cauto.
“Todavía no definimos una posición”, deslizan, aunque hicieron trascender que tal vez no participarían de la sesión o se abstendrían, lo que no favorece a los opositores.
La ley jubilatoria que el presidente Javier Milei vetó establece cuatro ejes claves: por un lado, propone esta recomposición del 8,1% en los haberes para compensar la inflación de enero. Este punto es el más digerible por el Gobierno; de hecho, lo había incluido en el dictamen que el oficialismo presentó en el Senado, aunque no prosperó.
Sin embargo, hay otros tres puntos que el Gobierno no acepta por considerar que vulneran el equilibrio fiscal: uno de ellos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) y el índice de precios al consumidor (IPC).
El segundo artículo resistido por el oficialismo es el que establece la garantía de un haber mínimo para quienes cobran una única prestación previsional, mientras que el tercero es el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales provinciales no transferidas. Este último es el que mayor rechazo genera en el Gobierno.
Un sector de la oposición dialo- guista propone considerar la posibilidad de una insistencia parcial al veto total impuesto por Milei. Esta solución intermedia permitiría, aducen, sumar más voluntades a los dos tercios necesarios. Hubo un antecedente en ese sentido en 2002, con la ley de propiedad participada para los agentes de YPF, alega la diputada Soledad Carrizo. Una salida que, al menos, podría salvar del veto la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios, aunque no el resto del articulado.
Sin embargo, Unión por la Patria ya anticipó que no está de acuerdo con esta “solución sui generis” que propician los dialoguistas. Su voluntad es insistir en todo el articulado de la ley vetada.
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El Gobierno se reunió con los diputados aliados para tratar de evitar nuevas derrotas legislativas
Legisladores del oficialismo, Pro y MID fueron recibidos por la hermana del Presidente y Martín Menem; el macrismo planteó sus críticas al decreto que puso límites al acceso a la información y desde el oficialismo prometieron revisarlo
Jaime Rosemberg
Karina Milei con los diputados aliadosCon la intención de unificar posturas y evitar nuevas y sonoras derrotas en el Congreso, el Gobierno convocó hoy a diputados nacionales de la Libertad Avanza y sus aliados de Pro y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Los legisladores fueron recibidos formalmente por el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, a cargo del encuentro mientras el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se repone aún de un cuadro gastrointestinal que lo obligó a una internación, desde este domingo, en la clínica Sagrada Familia, del barrio de Belgrano. Sin embargo, quien encabezó la reunión fue Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien escuchó los planteos de los representantes de Pro, incómodos por el decreto del presidente Javier Milei que puso límites al acceso a la información pública.
En una reunión que duró poco menos de dos horas, los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Carlos Zapata y Santiago Santurio representaron al oficialismo. Los macristas Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici, más el exlibertario Oscar Zago, en nombre del bloque del MID, de dos integrantes, completaron la lista. Además de Catalán, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi.
La llegada de los diputados a la Casa Rosada también dio pistas adicionales acerca de realineamientos internos. Mientras Giudici, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ingresó junto con varios diputados libertarios, Ritondo y Zago entraron juntos y sonrientes al despacho de Catalán, en la planta baja.
“Fue una reunión de trabajo en la que trabajamos sobre el vínculo parlamentario entre La Libertad Avanza y el Pro, y qué debemos corregir”, dijo Ritondo a la salida. El diputado macrista planteó que “nadie nos había dicho nada” sobre el decreto 780/2024 que limitó el acceso a la información pública y restringió los alcances de la Ley N° 27.275, que había sido sancionada durante la gestión de Cambiemos. La iniciativa fue cuestionada durante la reunión por Lospennato y Giudici.
Los legisladores afirmaron que este tema será “revisado” en una reunión con técnicos, esta misma semana, más allá de que el viernes pasado el portavoz Manuel Adorni había afirmado que ese decreto presidencial no se revisaría.
“Puede ser que haya alguna modificación, hay otros bloques preocupados como la UCR. No podemos modificar la voluntad de la ley”, dijo Ritondo, quien agregó que la idea es repetir estas reuniones de los distintos bloques aliados una vez por semana, sin hablar aún de la conformación de un interbloque.
Durante el cónclave, según comentaron testigos de la reunión, Sturzenegger planteó la necesidad de avanzar con la denominada “ley Hojarasca”, que deja sin efecto leyes caducas o superadas por otras. Además de prometer el apoyo, desde Pro retrucaron con dos iniciativas propias: la privatización de Aerolíneas Argentinas, que quedó fuera de la ley Bases, y el fin de las jubilaciones de privilegio. “Ellos plantearon su agenda, y nosotros la nuestra. Hay predisposición”, contaron desde el bloque macrista.
Objetivos
El presidente Javier Milei busca asegurarse en la Cámara baja un tercio de los diputados para evitar que la oposición pueda dar por tierra con vetos como el ya efectivizado a la actualización de las jubilaciones. Para ello, necesita de la asistencia perfecta del bloque libertario, Pro, MID y algunos aliados provinciales, a fin de garantizarse el mínimo de votos requeridos, 87 diputados si hubiera asistencia perfecta.
Milei ya anticipó que vetaría, de aprobarse, la nueva ley de financiamiento para las universidades públicas. También hay temor de que la mayoría opositora en Diputados reflote e intente dejar sin efecto el mega DNU 70/2023 de desregulación económica, ideado por el hoy ministro Sturzenegger, luego de que fuera rechazado por el Senado en marzo pasado.
Más allá de la promesa de ayuda del expresidente Mauricio Macri al propio Milei, los diputados de Pro llegaron a la reunión con una incomodidad manifiesta, luego de no haber sido consultados antes de la publicación del decreto, uno de los emblemas de la gestión de Cambiemos. “Es un retroceso”, había expresado el bloque de diputados que encabeza Ritondo en un comunicado luego de conocida la norma, una incomodidad que fue reconocida por Lospennato en su ingreso a Balcarce 50.
También Zago, expulsado de la presidencia del bloque libertario en abril pasado, y reemplazado en ese lugar por Bornoroni, llegó a la reunión con sus propios planteos y condiciones.
En el Senado la situación no es por cierto mejor para el oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel logró postergar para este jueves el tratamiento de la cesión de $100.000 millones de pesos para la SIDE y el rechazo al veto presidencial de la actualización de las jubilaciones. En ambos casos, se encaminaría hacia una derrota previsible.
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