EL FUTURO DEL AJUSTE

El Gobierno carga contra la influencia de Massa en el Estado
La confrontación política En la última semana, el Gobierno denunció desmanejos de Galmarini en AySA, prometió echar a funcionarios que responden al exministro y criticó a la gestión massista del Enacom
Maia Jastreblansky
El Gobierno promete barrer con la presencia de Sergio Massa y su fuerza política en el Estado, que aparecía detrás de cientos de nombramientos y cargos jerárquicos en organismos públicos. A la vez, presentó tres denuncias públicas vinculadas a la AFIP, AySA y el Enacom, que involucran a exfuncionarios massistas.
“Tenés a todos los chorros de [Sergio] Massa en las listas. ¿Creés que vas a cambiar algo con tantos chorros dentro de tu lista?”. La frase le pertenece a Patricia Bullrich. Fue una de las preguntas que eligió hacerle a Javier Milei en octubre de 2023, durante el segundo debate presidencial. Desde entonces transcurrió solo un año. En términos políticos, una eternidad.
Hoy Bullrich es una ministra fiel a Milei y una socia de La Libertad Avanza. Y el Presidente –que siempre negó públicamente que Massa haya armado sus listas– embiste a fondo contra el líder del Frente Renovador. En la última semana, el Gobierno involucró al massismo en tres denuncias públicas vinculadas a la AFIP, AySA y el Enacom. Y se mostró –al menos en lo discursivo– dispuesto a barrer con funcionarios y empleados nombrados en los meses en los que Massa estuvo al frente del Ministerio de Economía.
En la Casa Rosada, fuentes muy allegadas al Presidente aseguraron que no existe algo deliberado contra Massa. “No es direccionado ni es por diseño. Solo que en el Estado levantás una piedra y hay massismo… se nos acumularon las cosas”, dijo un estrecho colaborador de Milei. Según pudo saber la nacion, tampoco Massa interpretó una embestida orquestada. “Él no ve una película ahí”, aseguró alguien que lo trató en las últimas horas.
Las medidas que tomó anteayer la Casa Rosada al anunciar la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sin embargo, tuvieron a Massa como blanco político. Puertas adentro, según pudo saber la nacion, los funcionarios hablaron directamente de “destruir” al massismo en Aduanas, donde hasta diciembre talló Guillermo Michel, mano derecha del líder del Frente Renovador.
“El compañero Sergio metió a más de 3000 personas en Aduanas en agosto de 2023, cuando estaba congelada la planta del Estado. No sabemos si son todos massistas o no, lo que es seguro es que los vamos a sacar”, soltó un importante colaborador de la Casa Rosada.
En su comunicado oficial, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue más sutil y dijo que con la disolución de la AFIP “se reducirán en un 45% los cargos superiores y en un 31% los inferiores” y que “se van a reubicar y pasar a disponibilidad aproximadamente 3100 empleados que ingresaron en el último gobierno kirchnerista”. En el organismo ya comenzaron las protestas.
En el Frente Renovador aseguran que en Aduanas, pese a la enorme influencia política que solía tener Michel, los funcionarios que tuvieron una continuidad entre la gestión anterior y la administración libertaria son “de carrera” y con amplia antigüedad en la planta. Que incluso Andrés Velis, el funcionario que anteayer Milei designó nuevo director de Aduanas, trabajó palmo a palmo con Michel.
Antes de Velis, el Gobierno había designado a Rosana Lodovico –que fue subdirectora general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas durante la gestión de Massa y Michel– y más tarde a Eduardo Mallea, un hombre del estudio Brouchou y Funes de Rioja. La última mutación en el organismo recaudador –así como también su cambio de nombre– tomó forma durante un sinfín de reuniones de los últimos meses en el despacho del asesor Santiago Caputo.
En sus albores, la administración de Milei había conservado a varios funcionarios de extracción massista en el organigrama. Incluso a Michel le habían ofrecido quedarse, según testigos de aquella transición de diciembre. Las continuidades no sorprendían si se tenía en cuenta que en muchas listas de concejales de La Libertad Avanza en municipios del conurbano se podían encontrar candidatos que antes habían abrevado en el Frente Renovador.
La semana pasada, Adorni denunció a la gestión de Malena Galmarini en AySA. “Se detectaron gastos innecesarios por más de 4800 millones de dólares durante la gestión anterior”, dijo el vocero oficial. “De los más de 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% se asignó a Tigre y Malvinas Argentinas, municipios políticamente cercanos a sus directivos”, agregó en una de sus conferencias de prensa.
Galmarini no contestó las acusaciones. En la red social X se limitó a compartir el mensaje de un usuario que señalaba: “Destruyen las jubilaciones y las universidades y mandan a Adorni a hacer una acusación falopa que no se cree nadie”. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa, asumió Alejo Maxit, un funcionario que había trabajado en la Anses durante la gestión de Cambiemos. Pero, tal como publicó la nacion, en muchas de las cuestiones operativas diarias siempre tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti y que ahora asimiló el libreto libertario en lo referido al ajuste de personal y recursos.
Anteayer el Gobierno también hizo un tiro por elevación a la gestión del massista Claudio Ambrosini al frente del Enacom. Luego de anunciar que en la licitación de 5G se pondrán a disposición los 150 Mhz, Adorni mencionó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) que data de 2020 que encontró que Telecom y Telefónica debían más de $3000 millones en aportes al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). “El Enacom falló en controlar”, dijo el portavoz.
En el Enacom, Milei ordenó una intervención y puso al frente Juan Martín Ozores, que en abril echó a 50 funcionarios de la gestión anterior.
Asambleas y apagón informático


Los gremios de la AFIP anunciaron su rechazo a la decisión del Gobierno de despedir a 3100 empleados. Las organizaciones gremiales llevaron adelante asambleas tanto en la sede central como en las regionales, donde se decidieron medidas de fuerza. Los sindicatos decidieron realizar paros de dos horas hoy, mañana y el viernes. El formato elegido, según anticiparon los gremios, consiste en un “apagón informático”, que interrumpe la atención de todos los usuarios durante la protesta.

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La oposición buscará reducir el presupuesto de la ARCA
De no mediar cambios, el organismo que sucede a la AFIP recibirá $2,5 billones

Laura Serra
La decisión del Gobierno de crear un organismo de recaudación “más simple, más eficiente, menos costoso y burocrático” en reemplazo de la AFIP desató una doble reacción por parte de la oposición: por un lado, celebró la medida, pero, al mismo tiempo, advirtió que peleará para reducir el presupuesto billonario que, a priori, heredaría la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según el proyecto de ley de presupuesto 2025, la AFIP tenía previsto recibir poco más de 2,5 billones para su financiamiento presupuestario, uno de los más altos de toda la administración pública. A partir del decreto 1399/2001 del gobierno de Fernando de la Rúa y por la ley de presupuesto de 2009 de Cristina Kirchner, el organismo nutre su presupuesto del 1,9% de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros.
De no modificarse esta fuente de financiamiento, la nueva ARCA, aunque más acotada en su estructura y plantel de personal, mantendría el mismo presupuesto de 2,5 billones que la AFIP.
Un verdadero gatopardismo, advierten en la oposición, que buscará corregir en el Congreso. Consideran que, si se reduce la estructura del organismo recaudador, debería bajarse la alícuota del 1,9% de la recaudación que la financia. Se trata de recursos tributarios que tienen origen en las provincias y, cuanto menos, deberían retornar a la masa coparticipable, sostienen.
“La disolución de la AFIP y la disminución del costo de su estructura son iniciativas positivas –planteó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo–. Hoy la AFIP retiene a Mendoza y todas a las provincias el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento. Será indispensable una eliminación o reducción de esa retención”.
Si el Gobierno no reduce el porcentaje, los opositores lo propondrán en la discusión del presupuesto 2025. Ya lo anticiparon los diputados de la UCR y de Encuentro Federal.
Al respecto, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) dijo que el financiamiento de la AFIP es desmesurado y propuso reducirlo para destinar más fondos a partidas que el Gobierno mantiene congeladas, como jubilaciones y universidades

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