El Gobierno intimó a 10.000 empleados a jubilarse y prevé una evaluación a 40.000 contratados con el objetivo de llegar a los 75.000 despidos que anunció el Presidente en junio

La respuesta de Aguiar a la intimación del Gobierno a empleados públicos para que se jubilen
El líder de ATE también tildó de “cholulos” a gremialistas de la CGT que se reunieron en la Casa Rosada y le pidió a Milei no compararse con Colapinto
Javier Milei y Rodolfo Aguiar
El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, respondió sobre la reciente medida del Gobierno, que a través de la Resolución 3/2024 instó a 10.000 empleados públicos a que comiencen el trámite jubilatorio en un plazo máximo de 30 días. Son aquellos que ya cumplen con los requisitos. Según el sindicalista, uno de los más reactivos contra la Casa Rosada, esta es una medida de poco impacto.
“Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, sostuvo Aguiar sobre el Presidente, y los ministros de Economía y de Desregulación, con quienes tiene una larga disputa por las bajas en las filas públicas.
“En este caso, como en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas, que cada vez les funciona menos. Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”, aseguró el gremialista de ATE en su cuenta de X.
De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, las personas que tendrán que iniciar el proceso serán los “hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad”. Estas últimas, en tanto, poseen la opción de permanencia en servicios hasta los 65 años. También, quienes acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”. El personal afectado por esta resolución deberá jubilarse, aunque está prevista una excepción para aquellos que ocupen cargos ejecutivos de nivel coordinador.
Más temprano, asimismo, Aguiar destacó la conjunción que logró el martes el gremio público con los del transporte para aunar esfuerzos la semana que viene, cuando ellos realizarán una huelga de 36 horas que un día coincidirá con el paro que involucrará a todas las ramas, menos a la UTA de los colectivos. En eso, el sindicalista tildó de “cholulos” a los popes de la CGT que se sientan a conversar con el Gobierno y, entre otros varios dardos, le pidió a Milei no compararse con el corredor de Fórmula 1 Franco Colapinto, como hizo en una entrevista radial.
“El paro de los estatales va a empezar el 29 de octubre al mediodía y, en la segunda jornada, el 30, va a coincidir con la huelga de los sindicatos del transporte. Es una novedad la reunión de ayer para el concierto sindical en la Argentina, necesitamos conformar un frente sindical de resistencia que permita cambiar la ecuación de quienes ganan y pierden, después de un año del gobierno de Milei”, sostuvo en Radio Mitre Aguiar, quien el martes estuvo reunido en la sede de Camioneros con los Moyano, con Omar Maturano de La Fraternidad; con Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes; con Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); y con Alejandro Gramajo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Fuertes detractores del gobierno nacional, con Pablo Moyano coincidieron en que son “tiempos de confrontar” con la gestión libertaria, tal como dejaron trascender.
Mientras que el líder camionero amenaza con dejar la CGT, hoy Aguiar -en respaldo- cuestionó a los dirigentes de la central obrera que tienen conversaciones con funcionarios nacionales sin nombrarlos. “¿A quién le sirve del sindicalismo ir a tomar un café a la Casa Rosada? ¿A quién le sirve dialogar con un gobierno que ya aprobó la Ley Bases, que reguló una reforma laboral que aniquila derechos? En mi sindicato, mis afiliados no me bancan una foto de cholulo. Si me saco una foto con funcionarios, se tiene que traducir en mejoras concretas para los trabajadores”, planteó. A fines de septiembre, tanto Héctor Daer, de la Sanidad, y Carlos Acuña, de las estaciones de servicio, se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto a una comitiva de gremialistas. Tras eso, Moyano amenazó con dejar la central
“Con este gobierno no solo es intrascendente el diálogo con los sindicatos, sino que hasta ha coimeado a los diputados, porque todavía andan reclamando embajadas en Francia, que le habían prometido. Acá la sociedad empieza a darse cuenta de que ha sido estafada en la campaña y que este gobierno se abraza a la casta”, sostuvo Aguiar, quien tiene una confrontación directa con la Casa Rosada por las bajas en las filas públicas como parte del “plan motosierra” de Milei.
Por otra parte, y mientras que el líder libertario comparó a su gobierno con Colapinto, porque “solo saben acelerar e ir para adelante”, Aguiar se mostró poco conmovido con el paralelismo. “El Presidente acaba de compararse con Colapinto, diciendo que acelera y no le gusta frenar. Yo le digo dos cosas: no se compare mucho porque yo a Colapinto lo veo envuelto en la celeste y blanca, es patriota, y estos que están en la Rosada se arrodillan ante la bandera yanki. Y Colapinto todavía ni despistó y estos tipos van a chocar”, cerró.

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Aceleran los recortes en el Estado con jubilaciones, despidos y un examen de idoneidad
El Gobierno intimó a 10.000 empleados a jubilarse y prevé una evaluación a 40.000 contratados con el objetivo de llegar a los 75.000 despidos que anunció el Presidente en junio
Jaime Rosemberg
Javier Milei y Federico Sturzenegger avanzan con el recorte en el Estado
Para el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la “deep motosierra” está funcionando a pleno, con perspectivas de seguir sumando miles de despidos en la administración pública hasta fines de año.
A las 10.000 intimaciones –6800 de ellas a empleados de planta permanente– que ordenó hoy Sturzenegger a través del Boletín Oficial para avanzar con el trámite de jubilaciones, se suman los 40.000 contratos transitorios que vencen a fines de año y que deberán atravesar previamente el examen de idoneidad, establecido también por el ministro al que Milei llama “coloso”.
A este recorte se uman los 3000 despedidos que dejará como saldo la reciente disolución y reconversión de las AFIP, anunciada el lunes pasado; las bajas en el Senado dispuestas por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y la “reorganización” de distintas áreas de gestión. Todo junto conforma un combo que busca aproximarse a los 75.000 despidos que el propio Milei planteó como meta en junio pasado. Precisamente ese número de empleos, para el gremio de los estatales, ATE, es el que “está en riesgo”, según estimaron fuentes de ese sindicato. ATE, uno de los gremios estales junto con UPCN, lleva ya contabilizados 28.000 despidos.
Fuentes oficiales defendieron la ofensiva, que comenzó a principios de año, con el objetivo de contribuir al equilibrio fiscal y el déficit cero que promueve el Gobierno como uno de los pilares de su política económica.
“En diversas áreas hay reducción de personal y pase a disponibilidad o se trata de organismos que se achican, se eliminan o se fusionan”, explicaron desde un importante despacho oficial.
Protesta del INADI y ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humano
Desde la Jefatura de Gabinete, que encabeza Guillermo Francos ,explicaron que “en una primera etapa quedaron afuera de la planta los ñoquis que no venían a trabajar”. Poco después comenzó la evaluación de los empleados que sí concurrían, pero que no tenían “funciones relevantes”. Ahora, argumentaron, se acelerará en la fusión o cierre de organismos, secretarías y direcciones, tal como ocurrió, por ejemplo, con el INADI, el Ministerio de la Mujer, la agencia de noticias Télam, organismos que fueron cerrados o reducidos a su mínima expresión.
En la lista de despedidos podrían incluirse, en breve, parte de las plantillas de las empresas estatales a privatizar, como AySA (podría suceder en marzo), Aerolíneas Argentinas y Arsat, en un futuro no tan cercano.
Dos días después de anunciar, a través del portavoz Manuel Adorni, el cierre de la AFIP y su reemplazo por otro organismo denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno intimó, a través de la Resolución 3/2024, a 10.000 empleados públicos a que comiencen el trámite jubilatorio. Son aquellos empleados que ya cumplen con los requisitos para jubilarse, con un plazo máximo de 30 días.
“Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en respuesta a la medida de ajuste.
La amenaza para los 40.000 empleados públicos cuyos contratos vencen el último día de 2024 será el examen de idoneidad, a rendirse en las próximas semanas. Según fuentes oficiales, “uno de los requisitos que deberán cumplir para continuar en sus cargos”, será precisamente ese examen, cuyo contenido se mantiene en reserva, aunque su formato sería digital. Fuentes oficiales estimaron que “no todos los que rindan ese examen quedarán afuera”, aunque evitaron precisar un estimativo del porcentaje de empleos que serán ratificados.
Aunque lejos de la mesa chica del poder, la vicepresidenta Victoria Villarruel también lleva adelante un ajuste en la planta de empleados del Senado. Ayer se conoció el despido de 20 empleados con contratos transitorios que desempeñaban funciones en comisiones bicamerales. Se suman a los 36 trabajadores de la planta permanente que fueron despedidos el viernes.
Ante este panorama, desde ATE plantearon una jornada nacional de lucha, con un paro de 36 horas a partir del martes 29 próximo a las 12 del mediodía, que incluirá una movilización a las puertas del ministerio que encabeza Sturzenegger. El reclamo, según explicó ATE en un comunicado, será “la inmediata reapertura de las paritarias para frenar la pérdida del poder adquisitivo en el sector público”, más “la exigencia por el cese de despidos y cierre de organismos, y la reincorporación de todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados durante esta gestión”, explicaron.

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