Privatización de la empresa de trenes Belgrano Cargas Y El Gobierno intima a 10.000 empleados públicos a iniciar el trámite de jubilación

El Gobierno anunció la privatización de la empresa de trenes Belgrano Cargas
Lo confirmó el vocero Manuel Adorni en una conferencia en la Casa Rosada; “el año pasado el Estado puso US$112 millones en esta empresa”, dijo
El Gobierno avanza con la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles la privatización de la empresa de trenes Belgrano Cargas. La medida se comunicó este mediodía luego de demorar la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. “El año pasado el Estado puso US$112 millones en esta empresa, dinero que salió de cada uno de nosotros, todos los argentinos”, expuso.
Conferencia de prensa de Manuel Adorni y Diego Chaher
Y siguió: “Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros, la misma medida que se transportaba hace 50 años en la República Argentina, es decir, en medio siglo no hemos avanzado absolutamente nada”.
En la misma línea, destacó que “sin la intromisión del Estado, aumenta la competitividad, la transparencia y la eficiencia”. “En los últimos 20 años la política nos acostumbró solo a buenas intenciones, pero sin resultados”, sumó y subrayó: “Como señaló Milei, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar y todo lo que pueda pasar al privado para que sea más eficiente, así se hará”.
Diego Chaher, funcionario que nuclea el control de más de 20 empresas del Estado, destacó que esta privatización es parte de un mandato presidencial de Milei. “El Estado no es empresario, por eso todas las empresas se abren a capitales privados y se someten a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación del Estado”, dijo.
El interventor explicó que así se dio inicio a la privatización de la empresa Belgrano Cargas y dio detalles acerca de cómo será el proceso. “La empresa opera tres líneas ferroviarias, que cubren 7600 kilómetros. Para cada una de las tres, se instrumentan siete procesos de concesión diferenciados, una por la vía, con derecho de cobro de peaje; dos de locomotoras para incentivar competencia; dos de vagones; y dos de talleres que incluyan empleados asociados”, indicó.
Minutos después del anuncio de Adorni, la Oficina del Presidente publicó un comunicado. “Belgrano Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4429 personas, además de una estructura jerárquica elevada, no acorde a sus funciones”, se destacó.
La postura de los gremios
La eventual privatización del Belgrano Cargas tiene el visto bueno de los sindicatos ferroviarios. O, al menos, del más poderoso: la Unión Ferroviaria. Sergio Sasia, su jefe, mantiene periódicamente reuniones en la Secretaría de Transporte. Sasia se garantizó que en caso de que surja un interesado en la concesión, deberá absorber a la planta de empleados, que es de 4429. Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas.
Este acercamiento a la gestión libertaria le provocó un quiebre en su alianza con los Moyano, que ahora buscan destronarlo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. “Si no somos inteligentes, va a quedar marcada una grieta muy fuerte en el movimiento obrero. Nos va a pasar la realidad por encima si no discutimos una actualización laboral”, argumentó Sasia sobre sus razones por las que aceptó negociar con el Gobierno. no se opone a la privatización de los ferrocarriles. Imagina un sistema mixto y asegura tener coincidencias con los grandes grupos empresarios que gestionan mejoras en el trazado del servicio de cargas.
Por su parte, el histórico dirigente Rubén “El Pollo” Sobrero, secretario General de la Unión Ferroviaria, dijo que su seccional -Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del ferrocarril Sarmiento- se opondrá a la medida. “Al gremio a nivel nacional hay que preguntarles, porque están buscando negocios, no defendiendo a los compañeros”, acusó.
Aclaró además que, al tratarse de una supuesta concesión, el Estado seguiría haciéndose cargo de los mayores costos operativos. “Hay que ver cómo queda la letra chica”, apuntó.
Belgrano Cargas y Logística SA (Bcylsa) es una empresa creada en junio de 2013 con el propósito de consolidar las tres principales líneas de transporte de carga del país: la Línea Belgrano, San Martín y Urquiza.
Hasta ese momento, la Línea Belgrano estaba concesionada a la antigua Belgrano Cargas, establecida en los noventa y ya desaparecida. Por otro lado, las líneas San Martín y Urquiza se encontraban bajo concesión de ALL, una empresa brasileña. Esta concesión fue asumida por la nueva empresa Belgrano Cargas y Logística, creada a partir de la sanción de la ley 26.352.
La disolución de la AFIP
El último lunes, Adorni dio a conocer la decisión del Gobierno de disolver la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según pudo saber  la decisión celebrada en redes por el presidente Javier Milei llevaba varias semanas tomando forma y apunta también a achicar la planta del Estado con la reducción del número de empleados del organismo
Protestas en la sede central de la AFIP tras el anuncio del cierre y el despido de trabajadores
La información fue ratificada minutos después a través de un comunicado por los canales de la Oficina del Presidente. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública”, se argumentó.


En la misma línea, la administración mileísta publicó una resolución en el Boletín Oficial para intimar a unos 10.000 empleados públicos para que tramiten su jubilación y así “optimizar los recursos” del sector estatal.

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El Gobierno intima a 10.000 empleados públicos a iniciar el trámite de jubilación
A través de la Resolución 3/2024, insta a quienes cumplan los requisitos que comiencen el trámite en un plazo máximo de 30 días; la medida deja afuera a quienes trabajan en las empresas y sociedades del Estado, aunque sugiere que se acojan a la iniciativa
Federico Sturzenegger
En línea con el plan de reducción del Estado, el Ministerio de Desregulación y Transformación encabezado por Federico Sturzenegger intima a que los empleados públicos que cumplan con los requisitos de edad inicien los trámites de jubilación en un plazo máximo de 30 días. La medida, plasmada en la Resolución 3/2024 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a “optimizar los recursos” del sector estatal.
De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, las personas que tendrán que iniciar el proceso serán los “hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad”. Las mujeres, no obstante, poseen la opción de permanencia en servicios hasta los 65 años. Entre los requisitos también se estipula acreditar 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Entre los argumentos de la iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, se hace alusión a que la Ley Bases declaró “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” y facultó al Poder Ejecutivo “a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Si bien no están bajo el alcance de la normativa, en el articulado recomiendan “implementar la presente medida a las entidades previstas en el inciso “b” del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, entre las que se cuentan a “Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En este contexto, el personal afectado por esta disposición deberá acogerse a la jubilación, aunque está prevista una excepción para aquellas personas que ocupan cargos ejecutivos de nivel Coordinador, así como para “los titulares de cargos equivalentes en las estructuras orgánico funcionales vigentes, cualquiera fuera el régimen laboral y convencional aplicable al personal de cada Jurisdicción y Entidad”.
El Presidente Javier Milei se abraza con Federico Sturzenegger
Con esta resolución, además, facultan a las autoridades de rango no inferior a Secretario o equivalente de las Jurisdicciones u organismos descentralizados a solicitar autorización excepcional al cumplimiento de lo allí establecido por el plazo prorrogable de meses, contados a partir de su otorgamiento, “para aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio debidamente fundadas en una necesidad estratégica para el normal funcionamiento del área”.
Según el texto normativo, el responsable de las unidades a cargo de las acciones de personal de cada jurisdicción u organismo descentralizado “deberá reportar a la Oficina Nacional de Empleo Público dentro de los cinco días hábiles posterior a la intimación “con el fin de asegurar un seguimiento adecuado”.
La reacción de Aguiar
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fustigó la resolución del Gobierno y cargó contra el Presidente y sus funcionarios. “Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, [el ministro de Economía], Luis Caputo; y [el ministro de Desregulación y Transformación] Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, escribió.
Sobre la publicación en el Boletín Oficial, el sindicalista dijo que “como sucede en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad”. “Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos”, marcó y subrayó: “Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”.

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