ESPAÑA, CONDENAS EN SUSPENSO Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Fin de régimen
Antonio Caño
MADRID

El final del sanchismo está resultando tan doloroso y miserable como cabía prever y, seguramente, no hemos visto todavía lo peor. Es un fin de régimen, el fin de un particular modelo político, un régimen personal, que Pedro Sánchez ha sido capaz de construir sobre la democracia española y que no será fácil de desmontar, ni siquiera cuando él ya no esté.
Ni en los peores augurios que podían hacerse en los tiempos en los que este personaje irrumpía en la política a lomos del populismo en boga para apoderarse del PSOE –exactamente igual que Donald Trump ha hecho con el Partido Republicano– cabía esperarse semejante degeneración de lo que era una democracia ejemplar en una versión europea de república bananera en la que todas las instituciones que deben de servir de contrapeso y control están al servicio del hombre que nos gobierna, sin frenos ya en su desesperada huida hacia adelante.
Nos encontramos aún bajo los efectos del escándalo por la continuidad en su puesto del fiscal general, pese a las sospechas de que actuó como un peón más del “número 1” en su estrategia de salvarse del cerco de la corrupción. Pero ese no es más que el último hito de una larga cadena de sometimientos a la voluntad del jefe de diversos cargos públicos que juraron imparcialidad e independencia: presidencia del Congreso, Tribunal Constitucional, abogacía del Estado, letrados de las Cortes, Banco de España, empresas públicas, CIS, RTVE, Agencia Efe…
El daño moral y reputacional es aún peor. Los ministros del gobierno de España han quedado reducidos al papel de tristes pregoneros del argumentario que se elabora en
Moncloa sin contar siquiera con su opinión. La portavoz del Ejecutivo usa a diario una metralleta de mentiras sin que se le mueva un pelo de su cuidado flequillo. Incluso los que llegan con más integridad, acaban consumidos por la voracidad de la propaganda hasta verse reducidos a piezas complementarias de la maquinaria construida exclusivamente para la promoción del presidente. Cuando dejan de ser útiles en esa función, se los depura y, en el mejor de los casos, se les compensa con alguna posición remunerada. Muchas veces, ni eso.
Un régimen de esta naturaleza, que reduce nuestra democracia prácticamente al ejercicio del voto y de la crítica –y esta última cada vez más perseguida con el falaz argumento de la lucha contra los bulos– por fuerza debía alumbrar la corrupción que ha venido aflorando y que acabará por destruir a Sánchez. Ignoro cuándo y cómo será eso. Tal vez tarde más de lo que sería conveniente porque, entre otros estropicios, Sánchez ha creado un perverso sistema de mayorías parlamentarias a saldo y un cínico estado de conciencia entre los suyos que le permite hacer cuantas concesiones sean necesarias para conservar el poder. Y será un final mugriento, lleno de mezquindades y traiciones, como se corresponde con la ética que nos ha traído hasta aquí.
Pero lo importante ya no es cuándo será ese final ya inevitable, sino cómo reconstruiremos el país que nos legue. Cómo va a conseguir la izquierda en general y el PSOE en particular recuperar su credibilidad entre la gente de buena fe. Cómo va la oposición cuando gobierne a ser capaz de renunciar al menú de medidas autocráticas que les deja servido su antecesor. Cómo va el bipartidismo a recuperar la sana alternancia que dio estabilidad y prosperidad durante décadas o los pactos políticos firmarse en beneficio de los intereses generales. Cómo va la democracia a volver a prender en el corazón de los españoles.
El daño causado es inmenso. Se comprende mucho mejor ahora que el país se ve invadido por la pestilencia nauseabunda de fin de régimen. Sin las caretas que los han ocultado a los ojos de algunos durante estos últimos años, los rostros indecorosos de quienes nos gobiernan lucen en toda su plenitud. En su fuga, dejan una riada de pruebas sobre los abusos de poder cometidos, la arrogancia de su mandato, los daños perpetrados al Estado de derecho, a la unidad, a la convivencia y a la confianza en las instituciones. Liberados de todo pudor, mienten para tapar sus fechorías y ya casi ni se esfuerzan, como habían hecho hasta ahora, en revestir la realidad con múltiples capas de ficción para intentar que las cosas se parezcan a lo que prometieron. Es el final y todos lo saben, incluidos, por supuesto, quienes los defienden. Muy pronto, con alguna excusa, dejarán de hacerlo. Paulatinamente, se irán descolgando primero los más hipócritas y después acabarán por hacerlo los demás. Sánchez se quedará solo y un día todos lo repudiarán, especialmente quienes se han sentado a su lado. Pero, cuando ese día llegue, no sé qué habrá quedado en pie

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Condenas en suspenso y debilidad institucional
Un grupo de violentos usurpadores que destrozaron casas particulares y edificios públicos, que agredieron a la entonces gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y a las fuerzas de seguridad fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el juez federal Hugo Greca. Este grupo se asentó ilegalmente en tierras de Villa Mascardi en 2017, y permaneció hasta su desalojo en 2022. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades mapuches que cuentan con reconocimiento oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), esta nunca estuvo registrada ni fue reconocida legalmente.
La pena de dos años recayó sobre cuatro de los imputados: Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia, a quienes se exigió fijar domicilio por ese plazo y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de Río Negro.
Yessica Fernanda Bonnefoi, en tanto, recibió una pena de dos años y dos meses de prisión, como coautora del delito de usurpación, que se suman a los seis meses que le impusieron en 2023 en la misma causa, por lesiones leves y dolosas agravadas, y resistencia a la autoridad. Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en suspenso.
Lo curioso es que Greca es el mismo juez que meses atrás homologó un acuerdo para “aceptar la reubiJunto cación de la comunidad y declarar el “rewe” (espacio ceremonial) como sitio sagrado del citado grupo. En otras palabras, firmó un acuerdo para premiar a los usurpadores con diez hectáreas de tierras fiscales donde los encapuchados erigieron un tótem de madera que consideran “sagrado”, y con la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad (“machi”), a su familia y también a los pacientes que podrían visitar ese lugar para recibir los “tratamientos” que brinda; además de casas para la familia de la “machi” y varias hectáreas en el lago Guillelmo, en la provincia de Río Negro. Un hecho que, en mayo del año último, mereció una columna editorial de nuestro diario titulada “Premiados por usurpar”, en la que destacábamos que resulta inconcebible que las autoridades nacionales concedan una porción de un parque nacional para alojar a quienes sembraron el terror en Villa Mascardi.
La insólita propuesta la había realizado el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, un nefasto funcionario público que actuaba en alevosa connivencia con los ocupantes ilegales, bajo su forzada concepción de los derechos humanos.
En su fallo, el juez Greca absuelve a la líder espiritual “machi” por considerarla menor de edad al comienzo de los hechos, ignorando que la usurpación continuó hasta que cumy plió 20 años. Los tiempos cambian y, más allá de los aciertos o desaciertos, estos juicios por delitos penales que antes se movían lentamente, ahora se aceleran, lo que alimenta la percepción de que algunos miembros de la Justicia no actúan de manera independiente, sino que responden a los intereses y las prioridades del poder político de turno.
Mientras tanto, la presión de ciertos grupos seudomapuches sigue siendo efectiva. Si antes ocurría con el gobierno nacional, hoy se extiende a la esfera provincial, donde el Estado cede ante las exigencias de quienes bloquean y violentan: tras la presión de miembros de estas comunidades, que bloquearon el ingreso a las empresas tratadoras de residuos de Vaca Muerta, el gobierno de Neuquén accedió a generar nuevos mecanismos de entrega de personería, lo que generó la protesta de aquellas que estaban constituidas legalmente.
Es inaceptable que quienes actúan fuera de la ley sean premiados. Las decisiones y acciones que favorecen a grupos ilegales envían un mensaje peligroso de impunidad y complacencia.
El Estado tiene la obligación de garantizar que la ley se aplique a todos por igual, sin excepciones ni privilegios, independientemente de la presión política o social. Lo contrario solo alimenta la desconfianza en las instituciones y profundiza las divisiones en nuestra sociedad.

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