GOBIERNO Y EDITORIALES

El conflicto con las universidades, ¿la “125” de Javier Milei?
Lo que no pudo una fragmentada oposición podría producirse como fruto de combinar mala praxis, inflexibilidad y una tendencia a redoblar la apuesta de un conjunto de líderes con escasa experiencia política y práctica
Sergio Berensztein

Si el Gobierno no evalúa con parsimonia y frialdad el enorme desafío que enfrenta en torno al conflicto presupuestario con las universidades, corre el riesgo de profundizar una situación que, considerando el acotado costo fiscal y los enormes riesgos eventuales, y dado el creciente malestar de los sectores medios y populares, puede derivar en una derrota política significativa que lo lleve a perder legitimidad. En efecto, lo que no pudo ni siquiera iniciar una desmembrada y fragmentada oposición podría producirse como fruto de combinar mala praxis, inflexibilidad y una tendencia a redoblar la apuesta de un conjunto de líderes con escasa experiencia política y práctica que, además, se aferran a un programa hiperfiscalista que consideran imprescindible e innegociable. Esto justifica el veto a la ley de financiamiento de la educación superior, que podría sufrir un inédito rechazo la próxima semana.
¿Se trata de una desafortunada cuota de soberbia que impide reconocer un error y revisar los cursos de acción para evitar daños innecesarios? ¿El Presidente teme que si da “el brazo a torcer” eso se interpretará como una señal de debilidad que le impediría sostener sus ambiciosos planes transformacionales de reformas estructurales? El jefe del Estado y su limitado entorno deberían aprovechar la superpoblación de funcionarios con estrechos vínculos con el ecosistema K, comenzando por Daniel Scioli (o por el flamante interventor en Yacimientos Río Turbio, Pablo Gordillo Arriagada), para in-formarse respecto de las devastadoras consecuencias que tuvo para la familia Kirchner la renuencia a negociar a tiempo durante el conflicto con el campo. Los hermanos Milei, expuestos prematuramente desde el acto del Parque Lezama al desgaste electoral, enfrentan una coyuntura crítica que podría ser determinante en su hasta ahora vertiginoso destino.
Si predominaran la inflexibilidad y la tozudez, podría precipitarse un agotamiento más riguroso y difícil de revertir que el sufrido hasta ahora, que, según un flamante sondeo de D’Alessio-IROL/Berensztein, se habría amesetado las últimas semanas. Si, por el contrario, nos sorprenden con las saludables cuotas de pragmatismo evidenciadas luego del fracaso de la primera Ley Bases, en febrero pasado, o más recientemente en relación con China, el Gobierno evitaría uno de esos “horrores” no forzados de los que cuesta recuperarse del todo, como ocurrió con el kirchnerismo en 2008.
Es muy difícil entender la magnitud y los impactos potenciales de un conflicto que está en plena etapa de desarrollo o predecir cómo se comportará la sociedad ante una situación que puede escalar, en especial cuando está en juego un elemento simbólico de gran peso, como la educación pública. La discusión, desde el punto de vista financierofiscal, se centra en un gasto manejable. Más: un mero cálculo de riesgos obligaría a levantar el pie del acelerador por el costo político-electoral que implicaría para el Gobierno que la ciudadanía interpretara sus gestos como autoritarios, discrecionales o faltos de sentido común, y decidiera abrazar por simpatía la causa universitaria. La marcha del miércoles fue masiva y recordó la gesta del 23 de abril.
¿Arrastró consigo al “tren fantasma” al que hizo referencia despectivamente el Gobierno? Es cierto que participaron una miríada de dirigentes políticos y sociales que ni individualmente ni en conjunto tienen siquiera un porcentaje mínimo de esa capacidad de convocatoria. También aparecieron los oportunistas de siempre, los que buscan capitalizar cualquier tipo de reclamo para llevar agua hacia su molino y obtener alguna ventaja. Aun así, no reconocer su magnitud ni su lógica en términos de acción colectiva implica, como nos enseña la historia reciente, un error de características homéricas.
Las similitudes con la 125 van más allá de la aparición en ambos episodios de Martín Lousteau, entonces como el ministro de Economía que encendió la mecha y ahora como titular de la UCR y némesis de Milei. También en aquella oportunidad una oposición atomizada, sin ideas ni figuras convocantes, encontró en el reclamo del campo un común denominador a partir del cual señalar las limitaciones de un gobierno que tampoco admitió su error por miedo a parecer débil. Este fue el magma del que más tarde emergió Cambiemos, luego Juntos por el Cambio. En simultáneo, el conflicto con el campo puso en movimiento un conjunto de mecanismos que modificaron las reglas del juego. Entre ellos, el involucramiento en la cosa pública de nuevas generaciones de dirigentes agropecuarios jóvenes. O la reivindicación de la ruralidad y del esfuerzo de los productores como valores fundantes de una forma de vida ejemplar y genuina, expresión de una Argentina profunda que contrastaba con el clientelismo y la opacidad de ese agujero negro en el que se había convertido el conurbano bonaerense. Y, sobre todo, el rechazo a la arbitrariedad de un gobierno que pretendía aumentarle la presión tributaria al corazón productivo del país para financiar una expansión desmesurada del gasto público, favoreciendo a segmentos de los sectores populares con el objetivo de“fidelizarlos” electoralmente.
Tal como ocurre hoy, en ese momento el gobierno se negó a admitir la legitimidad de su contraparte y apeló a términos que se repiten de manera calcada: los manifestantes eran golpistas, las marchas estaban politizadas, los participantes perseguían intereses mezquinos. Esa anteojera ideológica multiplicó el apoyo de gran parte de la ciudadanía independiente hacia el campo, incluso entre sectores urbanos ajenos a los intereses de la cadena agroindustrial. Un año después, el kirchnerismo experimentó una durísima derrota electoral con Néstor Kirchner y los “testimoniales” como candidatos. Su sorpresiva muerte y una breve bonanza económica le permitieron a CFK ganar en 2011 la reelección, pero luego se encadenó casi una década de sinsabores con tres derrotas consecutivas, vinculadas directa o indirectamente con este episodio: 2013, 2015 y 2017. ¿Qué ocurrirá el año próximo si el Presidente tiene ahora su “voto no positivo” y fracasa en asegurar el tercio de “héroes” para sostener el veto? Donald Trump y Jair Bolsonaro, dos líderes que pueden considerarse cercanos a (y modelos para) Milei, coincidieron en una mediocre elección de mitad de mandato y en la imposibilidad de ser reelegidos, en ambos casos de forma escandalosa.
Es cierto que el foco del reclamo –cuánto se invierte en educación superior– es una parte del problema, la punta de un iceberg que las propias universidades públicas deberían contribuir a blanquear, primero, y a ordenar y desmenuzar, después. Los salarios de todos los niveles educativos (en rigor, de casi todo el mundo laboral) son bajos y perdieron demasiado desde abril de 2018 ¿Debería haber más controles, auditorías y transparencia en el manejo de los recursos? ¿Es hora de mejorar los estándares de calidad académica, fomentar vínculos virtuosos con el mercado y la sociedad civil, imaginar formas de financiamiento complementarias al aporte de los contribuyentes o de aggiornar los órganos de gobierno y el modelo organizacional? ¿Les sirve a las universidades y a la sociedad argentina el célebre régimen “autónomo” establecido hace más de un siglo, con la reforma de 1918? ¿Fomentamos suficientes profesionales especializados en los saberes cruciales para esta cuarta revolución industrial (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática)? Estamos ante una oportunidad única para que los protagonistas salgan de la zona de confort del justo reclamo salarial/presupuestario y abarquen cuestiones más relevantes para ellos mismos y para el país.
Aparecieron los oportunistas de siempre, los que buscan capitalizar cualquier tipo de reclamo para llevar agua hacia su molino y obtener alguna ventaja

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Basta de victimizar a los criminales
La ampliación por ley del Registro Nacional de Datos Genéticos permitirá a la Justicia contar con una herramienta indispensable para resolver muchas causas
Con la aprobación definitiva de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que extiende ese cúmulo de información útil a la investigación y resolución de crímenes diversos que, en muchos casos, resultan difíciles de probar, la Argentina ha dado un paso clave hacia la resolución de numerosas causas en las que se investigan delitos, que por falta de pruebas, han permanecido largamente impunes.
La norma ya se aplica en las provincias de Mendoza, Salta y La Pampa. Solo por citar un ejemplo, en el primero de esos distritos un registro similar funciona desde 2008 y ya permitió resolver unos 4000 expedientes judiciales.
La existencia del registro nacional data de 2013. Su función es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada solamente a delitos contra la integridad sexual.
Con la ampliación recientemente convertida en ley por el Senado, ese inventario incluirá también las muestras de ADN para que puedan ser usadas en todo tipo de investigación penal. Eso implica que, cada vez que haya una persona imputada de un delito, se le extraerá su perfil genético para sumarlo a esa base de datos contra la cual pueda impactar el perfil de un autor no identificado. Si se estableciese una coincidencia, se le informará al juez de la causa. Los magistrados podrán contar así con una prueba poderosísima para avanzar en las investigaciones y arribar a los correspondientes fallos.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los legisladores kirchneristas se opusieron a este vital avance. No debería llamar la atención la negativa de ese sector y de la izquierda parlamentaria a este tipo de proyectos. Han sido y son parte fundamental del gravísimo problema de la inseguridad que vive el país. Más que argumentos, siempre han hallado una excusa para sostener su reiterada falacia de “no victimizar” a los victimarios, sin haberse ocupado nunca, como correspondía, de las verdaderas víctimas, las que, como las Madres del Dolor, siguen penando por años y años la falta de justicia para sus hijos asesinados.
En esta última oportunidad, la voz cantante del bloque kirchnerista a la ampliación del registro la llevó el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén). “Hay que tener cuidado de no avanzar tres pasos para adelante y dos para atrás”, dijo al promover que solo integren el registro los condenados, no así los imputados. Y que solo se tomen los datos genéticos de las personas acusadas de haber cometido delitos graves, con penas de seis años o más de prisión. Pareciera que para Parrilli y compañeros de ruta política hay delitos que hay que proteger: ¿habrá pensado en algunos vinculados con la corrupción, que tienen penas menores a seis años? Afortunadamente, su propuesta quedó en minoría. La iniciativa fue aprobada con los votos de los libertarios, del radicalismo, de Pro y de los bloques del peronismo no kirchnerista, como Unidad Federal. De los 33 integrantes del bloque Unión por la Patria, 20 se abstuvieron, y los 13 restantes se ausentaron del recinto al momento de votar.
En Diputados, la votaron favorablemente La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. La izquierda y Unión por la Patria también la habían rechazado, salvo siete legisladores peronistas que se abstuvieron.
Lamentablemente, un proyecto como el de referencia debió haber superado cualquier grieta, como bien argumentó la senadora Carolina Losada (Juntos por el Cambio Santa Fe). Se trata de llevar justicia a las verdaderas víctimas, para que el que las hace las pague y que el que no sea declarado inocente.
Coincidimos también con las palabras pronunciadas en el recinto por el senador Ezequiel Atauche (Partido Renovador Federal-Jujuy): “Es hora de terminar con la impunidad de poner a los criminales por encima de las víctimas”.

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Contra la deforestación
El Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, destinado a combatir la deforestación global, entrará en vigor en enero de 2026. Su objetivo es frenar la destrucción de los bosques en todo el mundo, al exigir que las empresas que deseen comercializar sus productos en la UE demuestren que no se vinculan con la deforestación o la degradación de áreas forestales.
Tras conocerse la decisión de la Unión Europea de posponer la entrada en vigor de la nueva norma, el gobierno nacional creó ayer el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales y habilitó la posibilidad de que nuevas empresas puedan certificar los embarques de carne vacuna y de soja de regiones libres de desmonte con destino a ese bloque comercial. En la actualidad, la plataforma Visec es la única acreditada para brindar el servicio de certificación de productos como soja, carne, café y aceite de palma, entre otros, de zonas libres de deforestación después de 2020.
La Argentina es el tercer exportador mundial de soja y uno de los mayores exportadores de carne vacuna. Ambos productos son fundamentales para la economía local, pero también dos de los sectores más directamente afectados por la nueva legislación europea.
En nuestro país, el 80% de las hectáreas deforestadas se encuentran distribuidas en las provincias de la región chaqueña, en el norte del país: Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa.
Según datos oficiales, la Argentina perdió más de 6 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2021, y gran parte de esa conversión ha sido para la agricultura y la ganadería.
La nueva ley europea exigirá a los productores locales que implementen sistemas de trazabilidad más rigurosos para demostrar que su producción no contribuye a la deforestación.
Seguramente, la implementación de sistemas de trazabilidad requerirá cambios significativos en tecnología y capacitación. En términos económicos, la soja y la carne representan una parte importante de las exportaciones de la Argentina. Esta legislación también puede ser vista como una oportunidad para nuestro país, que tiene amplias áreas de producción agrícola que cumplen con estándares de sostenibilidad. Aquellos productores que logren adaptarse a las nuevas reglas podrían beneficiarse de un acceso preferencial al mercado eurosus peo. Además, la creciente demanda mundial de productos sostenibles podría abrir nuevas oportunidades comerciales en otros mercados que sigan el ejemplo de Europa.
El Estado argentino, que ha debilitado profundamente la autoridad ambiental, tiene un papel fundamental en la adaptación del país a esta nueva realidad. La creación de un marco normativo claro, que permita a los productores cumplir con los requisitos de la UE, será esencial. Además, la implementación de tecnologías de monitoreo, como el uso de imágenes satelitales para rastrear la deforestación, podría ser una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de la ley. Al mismo tiempo, es probable que se requiera mayor coordinación entre diferentes jurisdicciones para asegurar que la deforestación ilegal se controle de manera efectiva.
Como ya hemos destacado en este espacio editorial, resulta imperioso no solo proteger nuestros recursos naturales, sino, además, promover inversiones y desarrollo. Sería penoso que, por observaciones superfluas, se confundieran los requerimientos ambientales que el mundo desarrollado exige o se los considerara un estorbo al progreso, perdiendo, nuevamente, una gran oportunidad.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA