El fiscal Luciani pidió que se confirme la condena a Cristina en Vialidad
Madrid. En una conferencia en España, el fiscal cuestionó que los acusados por la corrupción no vayan presos ni entreguen bienes
Iván Ruiz
MADRID.– El fiscal Diego Luciani, quien impulsó la acusación contra Cristina Kirchner en el caso conocido como Vialidad, pidió ayer desde Madrid que la Justicia argentina “no sea garante de la impunidad” de los exfuncionarios kirchneristas implicados en ese expediente y reclamó que quede firme la condena que actualmente está en revisión por la Cámara Federal de Casación Penal.
“La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas y esas condenas tienen que quedar firmes. Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”, afirmó Luciani durante su intervención en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional, organizado por Transparencia Internacional, que se realizó en la Casa de América de esta ciudad.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el caso de Vialidad, que investigó el direccionamiento de obras públicas millonarias en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal Nº 2 la consideró responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, además, dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El caso está ahora en manos los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
adelantó que este tribunal nacion se encamina a confirmar la condena contra la expresidenta, a pesar de los recursos que impusieron sus defensas. Está previsto que el fallo, luego de sucesivas postergaciones, se de a conocer el 13 de noviembre.
Ante un auditorio integrado por juristas, académicos y activistas, Luciani desplegó una línea de tiempo para explicar la corrupción con la obra pública. “La sentencia no está firme, pero dejamos al descubierto toda la trama de corrupción”, sostuvo. “La impunidad queda a la vista cuando las sentencias no quedan firmes, cuando los involucrados no van presos y cuando no se devuelven los bienes al Estado. Si no, ¿cuál es el sentido de todo esto?”, se preguntó. El fiscal recordó que durante el juicio reclamó que los acusados devuelvan 1.000 millones de dólares provenientes de la corrupción para que regresen a las arcas públicas.
Panel
Luciani compartió el panel con el exfiscal peruano José Ugaz, que encabezó la investigación que terminó con la detención de Vladimiro Montesinos, la mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori. Y aseguró que, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales, en 2019, su trabajo empezó a complicarse. “Cuando cambió el gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante. La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”, dijo el fiscal Luciani.
“Nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”. dijo Luciani. Consultado por sobre la situación actual, el nacion fiscal aseguró que no percibe una “injerencia” en la Justicia por parte del Gobierno, aunque estimó que “lo mejor sería trabajar en la elaboración de un plan integral para abordar los problemas de la Justicia”.
Madrid fue la última escala de Luciani después de un viaje por Europa que incluyó una visita al Papa Francisco en el Vaticano e intervenciones en distintas universidades españolas. El fiscal fue el encargado de hacer el alegado contra Cristina Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.
Por último, se refirió a las “intromisiones” que recibió durante la realización del juicio oral. “Padecimos todo tipo de intromisiones del presidente [Fernández] y de los ministros. Alberto Fernández dijo en un programa de TV dijo: “(El fiscal Alberto) Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, relató el fiscal.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Por el default de Kicillof, la provincia pierde un juicio en EE.UU. por US$124 millones
revés. La demanda fue presentada por dos fondos que no entraron en el canje de deuda de 2020
Ignacio Grimaldi
Kicillof, ayer, en el Congreso Provincial de ESI @Axel Kicillof
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un nuevo revés en la Justicia de Estados Unidos. Un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la provincia pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.
Glacial Capital y TRSE Holdings le reclamaron inicialmente el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos fondos no adhirieron al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptó la propuesta bonaerense. Con el tiempo, al pago de intereses se le sumaron pagos de capital hasta llegar a la cifra actual.
El 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al no pagar un vencimiento de US$115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de la deuda bajo legislación extranTras jera, que sumaba US$7148 millones.
En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda, de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un nuevo revés proveniente de la Justicia de Estados Unidos. Un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la administración bonaerense pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.
Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings le reclaman a la gobernación de Axel Kicillof el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos no adhirieran al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptó la propuesta bonaerense.
A propósito de si Kicillof acatará el fallo o no, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de la nacion, dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.
Esta deuda es un dolor de cabeza para Kicillof. El 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al decidir no pagar un vencimiento de US$115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que acumulaba US$7148 millones.
Según afirma el gobierno de Kicillof, solo dos fondos no aceptaron la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense: Glacial Capital y TRSE Holdings, que son los que la demandaron. “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, la provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% la situación”, indicaron.
Sin embargo, ese 2% de acreedores que iniciaron la contienda judicial con la provincia de Buenos Aires acusan a la gobernación de no tener “voluntad política” para acordar. Los fondos tenían tenencias por US$70 millones, que la administración bonaerense fue pagando hasta 2020, cuando inició las negociaciones. Por eso, le reclaman al gobierno un total aproximado de US$27 millones que derivan de los intereses y el capital que la provincia no abonó.
Entonces, ¿cómo llegó la Justicia de Nueva York a la cifra de US$124,8 millones? Tal cual explicó el Director Regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, “cuando se inició la demanda la provincia de Buenos Aires sólo tenía que pagar intereses”. De ahí vienen los US$27 millones. “Ahora hay que pagar capital también”, aclaró.
De ese modo, según el fallo judicial, la provincia de Buenos Aires debería abonarle US$69,7 millones a TRSE Holdings y US$55,1 millones a Glacial Capital. Además, Maril explicó que la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York agregó intereses a lo que se debe pagar en función de cada día con esta sentencia sin ser acatada.
Una mirada más detallista sobre el dinero muestra que de los US$69,7 millones que corresponderían para TRSE Holdings, US$43,4 millones son de capital y US$26,3 por intereses, tal cual analizó Maril. Asimismo, en el caso de los US$55,1 millones que la Justicia estadounidense dice que debería recibir Glacial Capital, US$34,2 millones devienen de capital y US$20,7 millones de intereses.
Los bonos que están en el centro de la polémica habían sido emitidos en 2006 y contaban con las cláusulas de acción colectiva (CAC), que tienen el objetivo de “arrastrar” dentro del canje a aquellos que están contra, en el caso de que se alcance un umbral mínimo de aceptación. Pese a esta herramienta, la serie de bonos en cuestión, quedó excluida del canje.
Este expediente tramita bajo las órdenes de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rearden. En ese mismo fuero judicial también se desempeña la jueza Loretta Preska, quien imparte justicia en el juicio que tiene el país por el caso YPF. En ese expediente, Petersen Energía y Eton Park reclaman una indemnización por US$16.000 millones, más intereses en las demandas por la estatización del 51% de las acciones de la compañía. También Kicillof se encuentra en el centro de esa escena por su función en aquel entonces en el Ministerio de Economía.
El último movimiento en esa causa involucró de lleno al Gobierno de Javier Milei. Los abogados que representan a nuestro país esgrimieron en una carta enviada a la Justicia estadounidense que es “imposible” e “ilegal” entregar conversaciones privadas, a propósito de la estrategia judicial de verificar nexos entre funcionarios públicos y autoridades de YPF con la intención de verificar si la empresa y resulta un “alter ego” del Poder Ejecutivo.
Además, esta historia posee otro rasgo cíclico. Los fondos que actualmente demandan a la provincia de Buenos Aires tienen como abogado a un viejo conocido de la Argentina, Dennis Hranitzky, quien ayudó en 2014 al fondo Elliot Management Corporation, de Paul Singer (catalogado como “fondo buitre” por el entonces gobierno kirchnerista), en su demanda por el pago de deuda. En esa contienda había pedido la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un nuevo revés en la Justicia de Estados Unidos. Un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la provincia pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.
Glacial Capital y TRSE Holdings le reclamaron inicialmente el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos fondos no adhirieron al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptó la propuesta bonaerense. Con el tiempo, al pago de intereses se le sumaron pagos de capital hasta llegar a la cifra actual.
El 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al no pagar un vencimiento de US$115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de la deuda bajo legislación extranTras jera, que sumaba US$7148 millones.
En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda, de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un nuevo revés proveniente de la Justicia de Estados Unidos. Un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la administración bonaerense pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.
Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings le reclaman a la gobernación de Axel Kicillof el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos no adhirieran al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptó la propuesta bonaerense.
A propósito de si Kicillof acatará el fallo o no, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de la nacion, dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.
Esta deuda es un dolor de cabeza para Kicillof. El 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al decidir no pagar un vencimiento de US$115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que acumulaba US$7148 millones.
Según afirma el gobierno de Kicillof, solo dos fondos no aceptaron la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense: Glacial Capital y TRSE Holdings, que son los que la demandaron. “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, la provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% la situación”, indicaron.
Sin embargo, ese 2% de acreedores que iniciaron la contienda judicial con la provincia de Buenos Aires acusan a la gobernación de no tener “voluntad política” para acordar. Los fondos tenían tenencias por US$70 millones, que la administración bonaerense fue pagando hasta 2020, cuando inició las negociaciones. Por eso, le reclaman al gobierno un total aproximado de US$27 millones que derivan de los intereses y el capital que la provincia no abonó.
Entonces, ¿cómo llegó la Justicia de Nueva York a la cifra de US$124,8 millones? Tal cual explicó el Director Regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, “cuando se inició la demanda la provincia de Buenos Aires sólo tenía que pagar intereses”. De ahí vienen los US$27 millones. “Ahora hay que pagar capital también”, aclaró.
De ese modo, según el fallo judicial, la provincia de Buenos Aires debería abonarle US$69,7 millones a TRSE Holdings y US$55,1 millones a Glacial Capital. Además, Maril explicó que la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York agregó intereses a lo que se debe pagar en función de cada día con esta sentencia sin ser acatada.
Una mirada más detallista sobre el dinero muestra que de los US$69,7 millones que corresponderían para TRSE Holdings, US$43,4 millones son de capital y US$26,3 por intereses, tal cual analizó Maril. Asimismo, en el caso de los US$55,1 millones que la Justicia estadounidense dice que debería recibir Glacial Capital, US$34,2 millones devienen de capital y US$20,7 millones de intereses.
Los bonos que están en el centro de la polémica habían sido emitidos en 2006 y contaban con las cláusulas de acción colectiva (CAC), que tienen el objetivo de “arrastrar” dentro del canje a aquellos que están contra, en el caso de que se alcance un umbral mínimo de aceptación. Pese a esta herramienta, la serie de bonos en cuestión, quedó excluida del canje.
Este expediente tramita bajo las órdenes de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rearden. En ese mismo fuero judicial también se desempeña la jueza Loretta Preska, quien imparte justicia en el juicio que tiene el país por el caso YPF. En ese expediente, Petersen Energía y Eton Park reclaman una indemnización por US$16.000 millones, más intereses en las demandas por la estatización del 51% de las acciones de la compañía. También Kicillof se encuentra en el centro de esa escena por su función en aquel entonces en el Ministerio de Economía.
El último movimiento en esa causa involucró de lleno al Gobierno de Javier Milei. Los abogados que representan a nuestro país esgrimieron en una carta enviada a la Justicia estadounidense que es “imposible” e “ilegal” entregar conversaciones privadas, a propósito de la estrategia judicial de verificar nexos entre funcionarios públicos y autoridades de YPF con la intención de verificar si la empresa y resulta un “alter ego” del Poder Ejecutivo.
Además, esta historia posee otro rasgo cíclico. Los fondos que actualmente demandan a la provincia de Buenos Aires tienen como abogado a un viejo conocido de la Argentina, Dennis Hranitzky, quien ayudó en 2014 al fondo Elliot Management Corporation, de Paul Singer (catalogado como “fondo buitre” por el entonces gobierno kirchnerista), en su demanda por el pago de deuda. En esa contienda había pedido la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.