MEDIOS Y EDITORIAL

Volver del futuro: la inteligencia artificial en la era de la información
Si nada cambia respecto de las empresas de IAG que usan gratis contenidos ajenos para su exclusivo beneficio, veremos una situación aún más apremiante para los creadores de noticias con principios de calidad y profesionalismo
Diego Garazzi
La inteligencia artificial y la información Alfredo Sábat
Los medios de comunicación de todo el mundo están bregando por no desaparecer de la industria de los contenidos informativos a manos de la inteligencia artificial generativa (IAG), como lo hacía Marty McFly en la película Volver al futuro, oscilando accidentalmente entre el pasado y el presente para enmendar las consecuencias de una interferencia sobre los acontecimientos originales –como un yerro de la matrix– que ponía en peligro su propia existencia.
La apropiación de los contenidos informativos creados por los medios de comunicación por parte de las empresas de IAG aplicada a las noticias es lo mismo que sucedió hace veinticinco años. Fue cuando Google indexó todos los contenidos periodísticos existentes desde esa fecha, y se valió de esos contenidos como una fuente de beneficios directos e indirectos, sin pagar nada a los medios creadores de tales contenidos. Aquí, la interferencia original en la industria periodística.
Hoy, la IAG toma desenfadadamente los contenidos periodísticos sin pagar retribución alguna a los medios creadores de esos contenidos, y los distorsionan. Esparcen información que puede ser verosímil, pero no siempre verdadera. Aquellas consecuencias derivadas de la interferencia original se replican en el presente.
Y si nada cambia, si no se logra evitar las consecuencias de esta nueva interferencia de las empresas de IAG que utilizan gratuitamente los contenidos propiedad de otros para su propio y exclusivo beneficio, en los próximos años veremos una situación aún más apremiante para los creadores de noticias bajo principios de calidad y profesionalismo, los medios de comunicación.
Y seremos testigos, también, de un crecimiento exponencial del caos informativo derivado del reinado de las fake news que hará peligrar el sistema democrático occidental basado en la libertad y en la información veraz y responsable. Se trata de “volver del futuro” y actuar en el presente.
El interés mundial por los contenidos generados por aquellos medios de comunicación que ejercen el periodismo de forma rigurosa es cada vez mayor. Solo en la Argentina más de cien millones de personas mensualmente consumen y comparten noticias descubiertas, relevadas y reveladas por periodistas y medios de comunicación con la metodología responsable del periodismo.
Y no es cierto que no se quiera pagar por ellas. El problema es que las plataformas de internet y las empresas de IAG las toman y las ofrecen gratuitamente, sin asumir costos ni responsabilidades y exclusivamente en beneficio propio.
Según una encuesta global aparecida en el Digital News Report 2024, auspiciada por el Reuters Institute y la Oxford University, casi un tercio de la muestra global (31%) recurre a YouTube para informarse cada semana y alrededor de una quinta parte lo hace en WhatsApp (21%), mientras que por primera vez TikTok (13%) ha superado a Twitter (la red ahora denominada X tiene 10%).
La mayoría continúa mencionando a las plataformas (que incluyen redes sociales, motores de búsqueda y agregadores) como principal fuente de noticias online. Apenas alrededor de una quinta parte (22%) hace referencia a sitios web o aplicaciones de medios como principal fuente: esto representa una caída de diez puntos porcentuales con respecto a 2018.
Aunque parezca una obviedad, es necesario recalcar algo: las plataformas mencionadas no generan el contenido del cual se benefician. Solo toman y distribuyen sin retribución alguna el contenido creado por los medios de comunicación confiables, o lo utilizan para que sus algoritmos “aprendan” y respondan a las inquietudes que se les plantean. Algoritmos opacos e inexpugnables, pero miopes y dependientes de lo que otros generen.
Los contenidos informativos no pueden inventarse. No son producto de la imaginación o de una creación intuitiva de aquellos que los escriben, o de mezclas de diversas fuentes que los algoritmos alternan vaya a saberse con qué criterio. Las noticias están, muchas veces, escondidas, para que sean descubiertas, relevadas y reveladas por aquellos que se dedican de forma profesional a investigar o a captar los sucesos plausibles de divulgación porque interesan a la sociedad.
No parece posible en el corto o mediano plazo que la actividad humana total esté supervisada por un todopoderoso Gran Hermano con alcance global que pueda generar noticias automáticamente, sin la intervención humana. Son –y seguirán siendo– los periodistas profesionales quienes descubran esas noticias y las traduzcan con equilibrio, verdad y calidad, para que la sociedad se vea beneficiada.
Y esa actividad periodística requiere de grandes inversiones. Como ejemplo, vale el de una eficiente empresa de medios de la Argentina que cubre las noticias a nivel nacional, que emplea aproximadamente a setecientos periodistas, editores, fotógrafos, diseñadores, correctores, y realiza demás funciones claves para lograr un producto de calidad. O el de una empresa de medios reconocida a nivel provincial que emplea aproximadamente a cien personas para descubrir, relevar y revelar la información del interés de sus lectores locales. La nutrición y alimentación de los motores de IAG dependen de este tipo de contenidos.
Al examinar las fuentes de noticias a las que el público presta más atención en las plataformas, observamos un foco cada vez mayor en comentaristas partidistas, influencers y jóvenes “creadores” que arman su canal, especialmente en YouTube y TikTok, a fuerza de copiar y pegar contenido de terceros, cuyo aporte personal es –en algunos casos– menos que nulo.
No debería resultar difícil entender que estas plataformas, estos influencers y comentaristas partidistas toman para su propio beneficio material periodístico creado por terceros (periodistas y medios de comunicación), cargando estos últimos con todo el costo de la creación y percibiendo nada o solo migajas derivadas de algún porcentaje dadivoso de publicidad asociadas a esos contenidos.
Los medios deberían ser los que moneticen los beneficios de sus producciones, y que el derrame de tales beneficios alcance a las plataformas y, ahora también, a las empresas de IAG. Pero estas vampirizan a los medios de comunicación creadores de la mayor cantidad de contenido informativo, y succionan sus beneficios. La teoría del derrame transformada en la “teoría de la sugilación”.
No se puede volver al pasado y modificar lo sucedido. Sí se puede aprender de la experiencia, enmendar aquellas interferencias en los acontecimientos originales y modificar el futuro tal cual se presenta hoy. Hace veinticinco años, las plataformas trastocaron el modelo de negocio de los medios de comunicación dramáticamente, que tuvieron que acelerar su reconversión. Y vaya si lo han logrado, invirtiendo ingentes sumas de dinero y capital humano para seguir transmitiendo contenido informativo de vital importancia para el mundo democrático, con sólidos criterios profesionales. Hoy, los motores de IAG amenazan nuevamente con tomar los contenidos periodísticos para su beneficio propio sin pagar por dicha utilización.
No estamos en la era de la IAG a la cual la creación y el consumo de contenido periodísticos deberían adaptarse. Estamos viviendo la era de la información, la de la generación masiva –como nunca antes– de contenidos informativos. Caótica, atomizada, potencialmente falaz, compatible con la IAG mas no reemplazable por esta, que reclama volver del futuro y enmendar la interferencia entre la IAG y los medios de comunicación, el nuevo error en la matrix.
En suma, deberá garantizarse la existencia del periodismo profesional y poner las cosas en su lugar. Definitivamente.

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Las universidades pueden financiarse de otra forma
Llama la atención que en la Argentina no se analice cómo se financian las casas de altos estudios de países más avanzados del mundo para replicar sus logros
Nuestros gobiernos han venido ignorando sistemáticamente desde hace muchos años que la investigación científica es la principal actividad de las universidades. Ya en los años 30 del siglo pasado, el premio Nobel Bernardo Houssay observaba cómo los países avanzados realizaban investigaciones que, transferidas a las industrias, generaban crecimiento económico. Por ello afirmaba: “Los países son ricos porque investigan y no es que investigan porque son ricos”. Agregaba que si una universidad no investiga y no genera conocimientos, no es más que una “escuela técnica”. En aquellos tiempos, Albert Einstein pronosticaba que “los imperios del futuro se construirán sobre el conocimiento”.
Por ello, en 1963, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió medir las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) como motor principal del crecimiento económico. La estadística muestra que los países más avanzados son los que más invierten en I+D. Brasil, primera economía latinoamericana y entre las primeras del mundo, es la única de la región que invierte más del 1% del PBI en I+D: 1,17%. La Argentina invierte el 0,52%, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (0,61%). Estados Unidos, primera economía mundial, invierte el 3,46% de su PBI. China, segunda economía mundial, el 2,43%.
Con estos antecedentes, un análisis de la Fundación Sales muestra que las más grandes universidades del mundo tienen una fuente muy importante de recursos cuando cobran regalías de las empresas que toman sus conocimientos, por los que logran y comercializan tecnologías y productos innovadores. De las 68 universidades públicas y 52 privadas de la Argentina, muy pocas son las que investigan.
Más grave aún es que nuestras universidades, en su mayoría, no protegen sus conocimientos. Cuando un científico publica un trabajo innovador en un paper internacional o lo hace público en un congreso, sin estar previamente protegido por una patente, pasa a ser de dominio público y puede apropiárselo otro país. Lo comprobaron profesores de la Universidad Nacional de Quilmes en dos investigaciones publicadas en el Journal of Technology Management & Innovation (2012 y 2018). En la primera, detectaron que laboratorios farmacéuticos internacionales, universidades y centros de investigación del exterior patentaron conocimientos de calificados científicos de esa universidad. La segunda investigación mostró que EE.UU., Inglaterra, China, Alemania, Francia, Canadá y otros países se habían apropiado de conocimientos de 94 científicos argentinos financiados por el Estado. Con ese conocimiento regalado obtuvieron innovaciones que protegieron con 341 patentes, pudiendo transferirlas a industrias y cobrar las regalías correspondientes. Hasta puede ocurrir que importemos tecnologías logradas por esa inteligencia graciosamente regalada. Las más importantes universidades del mundo tienen oficinas de propiedad intelectual, que exigen a los científicos informar sobre los trabajos que van a publicar para decidir si los protegen.
La Fundación Sales destaca la alarmante estadística sobre solicitud de patentes en la Argentina. Lo indica la publicación anual Estado de la Ciencia (2023): en la última década medida (2012-2021), EE.UU. solicitó un promedio de 286.000 patentes por año. Brasil requirió en el mismo período un promedio de 7800. La Argentina, un promedio de apenas 567.
Un estudio mostró que la UBA, la mayor universidad del país, con centenares de trabajos publicados por año, solo solicitó 39 patentes en 40 años (1973-2013), un promedio de una por año. Desde su creación (1821), la UBA no alcanzó a solicitar siquiera un centenar de patentes, mientras el Instituto Pasteur de París, creado mucho después (1887), registraba casi 6000 solicitudes.
Por todo esto nuestras universidades públicas dependen de magros presupuestos oficiales, cuando el costo de las patentes es muy inferior frente a los beneficios que se obtienen. Así sufrimos dos perjuicios: limitados fondos para las universidades y elevados gastos de importaciones.
Otra fuente de recursos son las donaciones. La Fundación Sales analizó universidades de distintos países que cuentan con fundraisers, o sea profesionales en el arte de obtener recursos vía donaciones. En Francia, Christian Bréchot, como director del mencionado Instituto Pasteur, decía a sus donantes: “Más del 30% de nuestro presupuesto proviene de vuestra generosidad. Gracias a ella podemos realizar nuevas investigaciones. Nosotros necesitamos de ustedes”.
En EE.UU. se apela a exalumnos exitosos, que agradecen su posición económica por la formación recibida. Es el caso de Garald Chan, de Hong Kong, que aportó a Harvard en 2015 la más alta donación que esta universidad recibió en su historia (350 millones de dólares), superada en 2016 por otro exalumno, John Paulson (400 millones). En 2023 las universidades norteamericanas recibieron donaciones por 58.000 millones de dólares, y alcanzaron un récord mundial de 59.500 millones en 2022.
La práctica de donar no es solo frecuente en EE.UU. La mayor donación a una universidad en el mundo se concretó hace unos años: US$1000 millones a la Universidad Vedanta (India). Y este año, Ruth Gottesman, de 93 años, exprofesora de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, dio las gracias a su fallecido esposo, David Gottesman, por dejarle los medios económicos para donar también US$1000 millones a esa facultad.
Hace unos años, Brasil vio que en EE.UU. prestigiosas universidades, como Harvard o el Massachusetts Institute of Technology (MIT), recibían importantes donaciones de exalumnos empresarios, que constituyen los denominados endowment funds. Son capitales que se invierten y sus intereses se destinan a la universidad y a acrecentar ese capital para que nunca se reduzca. Varias universidades brasileñas ya reciben estos fondos de exalumnos empresarios.
¿Cuántos exalumnos exitosos formaron nuestras universidades? El país ha incrementado la inversión en empresas tecnológicas. Ello generó una docena de unicornios, empresas valoradas en más de 1000 millones de dólares: la más importante es Mercado Libre. Los creadores de estas empresas pueden ser donantes de las universidades donde se graduaron. Hace 23 años se creó en el país la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos (Aedros), que reúne a más de 250 fundraisers. Las universidades deberían contar con ellos, pues son valiosos los avances científicos que pueden mostrar.
En síntesis, se debe promover activamente que cada universidad pública tenga una oficina de propiedad intelectual que impida a terceros la apropiación de sus conocimientos, para así transferirlos a las industrias y generar regalías; y otra oficina de fundraising para que graduados de alto nivel económico y también simples ciudadanos realicen donaciones para obtener logros en salud, medio ambiente, economía, ciencia, cultura y otras áreas. El Gobierno podrá otorgar fondos que promuevan estos objetivos y hasta podría hacerse cargo de los gastos de las mencionadas oficinas, recursos que siempre deberán ser auditados.
De la manera en que hoy operan nuestras universidades públicas, nuestros investigadores no alcanzarán el crecimiento y desarrollo sostenido que pueden protagonizar, porque el conocimiento, el mayor activo de cualquier economía, anida sin protección en estas instituciones. Por ello deben intervenir y dialogar con las universidades, además de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Seguir insistiendo con que no hay plata para el financiamiento universitario desperdiciando tamaño cúmulo de posibilidades es como llorar por hambre sentado sobre un suculento plato de delicias.
Se debe promover que cada universidad pública tenga una oficina de propiedad intelectual y otra de fundraising

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