Los papas también opinan
Gustavo Irrazábal
En el documento programático de su pontificado, La alegría del Evangelio, el papa Francisco reivindicó para los pastores el derecho de opinar: “Los pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas (…) nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos” (nos. 182-183). Esto podría verse como un modo de invadir el campo secular de la política. Pero también cabe interpretarlo como el reconocimiento del legítimo pluralismo de la sociedad.
En efecto, la “opinión”, aunque provenga de un pastor, sigue siendo una opinión, es decir, un parecer que se confronta en la palestra del diálogo público con las demás opiniones en pie de igualdad. La opinión de un pastor vale tanto como los conocimientos y razones en que se apoya, no más. No goza de ninguna asistencia especial del Espíritu Santo ni participa de la autoridad espiritual de quien la emite. Cuando se trata de temas de alta complejidad técnica, la opinión de un especialista tendrá normalmente más autoridad que la de un pastor lego en la materia. Cuando se trata de la interpretación de un hecho, la opinión de quien haya sido testigo directo de lo sucedido tendrá generalmente más autoridad que la de un pastor que hace juicios a la distancia. Tal es el “régimen” de la opinión, que vale para todos, y en cada uno exige un profundo sentido de responsabilidad por los efectos previsibles de sus dichos. Cuánto más cuando son los pastores quienes opinan.
En su reciente intervención dirigida a los movimientos sociales, el Papa intercaló varias opiniones sobre temas de la vida política de nuestro país, incluyendo algún incidente del cual tomó conocimiento a través de un confuso video. La trascendencia de dichas afirmaciones debe ser apreciada conforme a lo dicho anteriormente. Algunos las habrán hallado iluminadoras, otros no. No hay por qué ponerse nerviosos, son las reglas del juego.
Pero es de esperar que nadie intente presentarlas como enseñanzas vinculantes para los creyentes. La Iglesia está llamada a ser para todos los hombres signo de unidad. Ella tiene una insustituible función mediadora en los conflictos sociales y, en un país asolado por los sectarismos, desertaría de su misión si tomara partido, profundizando las divisiones. Nada dificultaría más una eventual visita del Papa que la percepción, justificada o no, por parte de un amplio sector de la sociedad de que la Iglesia es parte de la “grieta” que tantos argentinos soñamos con dejar atrás.
Nada dificultaría más una eventual visita del Papa que la percepción, justificada o no, por parte de un amplio sector de la sociedad de que la Iglesia es parte de la “grieta” que tantos argentinos soñamos con dejar atrás
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Más arrestos que años de edad
Los datos oficiales confirmaron días atrás que la pobreza trepó al 52,9% en el primer semestre y que dos tercios de los menores de 14 años forman parte de hogares bajo la línea de la pobreza, al tiempo que en los grupos de 15 a 29 años apenas desciende al 60,7%.
Estas abrumadoras cifras se expresan en dolorosas realidades y son parte de una penosa herencia. No hace mucho, desde este espacio, reflexionábamos sobre cómo la pobreza y la marginalidad pueden fomentar la delincuencia juvenil. Si sumamos la crisis educativa, la proliferación de las drogas, la falta de valores y límites sanos, todo esto alimenta una creciente y enorme deuda social.
Algunos de los protagonistas de esta tragedia llegan a los titulares de los diarios, con rostros blureados por tratarse de menores de edad. Días atrás fue el turno de un adolescente de 16 años, detenido luego de haber robado un celular y una cadena en el barrio porteño de Recoleta. Su ejemplo revela que ese “Estado presente” que nos vendieron en las últimas dos décadas tampoco ha servido para resolver esas situaciones. De lo contrario no podría ocurrir que el prontuario de A. T. E. M. registre 71 arrestos previos por robos en poblado y en banda, hurtos, amenazas, encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes. Un funesto récord iniciado en 2020 cuando apenas tedo 13 años; un promedio hasta la fecha de un arresto cada 15 días. Seis entradas suma en lo que va del año al Centro de Admisión y Derivación Úrsula Liona de Inchausti (CAD), un segundo hogar.
El buen trabajo policial explica la larga lista de veces en las que detuvieron a A. T. E. M. tanto en el centro porteño como en los barrios de Balvanera, Recoleta, Palermo y Belgrano, principalmente sobre los ejes de líneas de subte que recorren esas zonas. Pero de poco sirve. Tampoco ha servido que, para nuestra ley penal, su inimputabilidad absoluta expirara al cumplir los 16 años, pues en nada cambió su comportamiento. Como él, muchos adolescentes acumulan episodios delictivos de distinta gravedad en su historial, muchas veces en connivencia con adultos que aprovechan su condición.
La vida en común no puede sacrificarse en favor de simpatías hacia quienes carecieron de oportunidades. Tampoco se puede otorgar licitud a los ilícitos acomodando las leyes para disimular las fallas de un Estado tan politizado como ideologizado que abandonó a los más vulnerables, dejándolos sin oportunidades y empujando a muchos de ellos a delinquir.
La necesidad de contar con un régimen penal juvenil es cada vez más perentoria. La puerta giratoria de parte de una Justicia que no ejerlo”. ce debidamente la tutela de quienes viven alejados de las instituciones formales de la sociedad agrava el cuadro.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la postura de la Ciudad: “Cometer delitos tiene consecuencias. El orden y la seguridad no se negocian. Un menor que comete un delito de adulto tiene que ser juzgado como adulto”. Su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, se refirió a la detención número 72 del menor afirmando que “así no se puede seguir”. Agregó que “solo en ocho días detuvimos a 74 menores en diferentes hechos delictivos, pero sin una nueva ley penal juvenil van a seguir saliendo”. La inseguridad acecha y cercena vidas.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad está pendiente, pero debe involucrar también cuestiones de infraestructura, presupuestarias y de atención posterior de los menores. La Convención Internacional de los Derechos del Niño no fija una edad a partir de la cual pueda este ser objeto de reproche penal. La tutela y protección de los menores involucran al Estado, a la familia y a la comunidad a la hora de elaborar políticas. Urge atender esta demanda de una sociedad en vilo que no renuncia a pedir castigo para quienes sin respeto por la vida propia o la de otros la ponen minuto a minuto en peligro.
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Aumentar impuestos, escupir al cielo
El brutal aumento del impuesto a los ingresos brutos en La Pampa ha provocado lógicas resistencias y un conflicto con el Banco Nación
La provincia de La Pampa ha generado un caso arquetípico de abuso impositivo al duplicar prácticamente el impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades financieras. Según lo informado por el Banco Nación, la alícuota pasó de 7% al 15,17%, con una incidencia directa en el costo de sus servicios en la provincia. No es de extrañar que el traslado de ese aumento a las comisiones cobradas y al costo de los créditos de este banco y de otros impulse a los clientes a mover sus operaciones en lo posible a otras provincias. De hecho, el Banco Nación hizo saber que retirará la gerencia zonal de esa provincia, al tiempo que anunció el cierre de nueve sucursales pampeanas y concurrió a la Corte Suprema para solicitar una acción declarativa de inconstitucionalidad. Este camino podría ser seguido por otras entidades financieras afectadas.
El abuso impositivo de varias provincias y de no pocos municipios ha sido reiteradamente motivo de protesta de personas y empresas en los últimos años. Nos hemos ocupado desde esta columna editorial de la escasa respuesta de gobernadores e intendentes, con pocas excepciones, al llamado del gobierno nacional a reducir el gasto público. Los alineamientos políticos han incidien estas actitudes. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que está alineado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pertenece a la línea dura del kirchnerismo y está entre los que no suscribieron el compromiso de reducir la presión impositiva contemplado en el Pacto de Mayo. Su actitud opositora implica no solo desoír el pedido presidencial, sino también tomar medidas en sentido contrario. Con actuada inocencia, o tal vez con ignorancia, el ministro de Gobierno pampeano, Pascual Fernández, afirmó: “Lo que tiene que hacer el Banco Nación es no trasladar a los clientes este incremento tributario, como así lo decidió nuestro Banco de La Pampa. Son momentos de solidaridad con los que menos tienen y el sistema financiero puede hacernía Para el banco provincial es sacar de un bolsillo y ponerlo en otro del mismo gobierno.
Un fenómeno conocido en la ciencia impositiva es el de la Curva de Laffer, que surge de comprobar que si gradualmente se incrementa la alícuota de un impuesto desde niveles muy bajos, aumentará al principio la recaudación, pero se irá alentando a quienes pagan ese impuesto a eludirlo buscando formas de no pagarlo. A partir de cierto nivel ese efecto más que compensa el incremento de la alícuota y la recaudación comienza a disminuir. Desde allí, cuanto mayor sea la alícuota, menor resultará el monto recaudado. Este fenómeno es aplicable al caso de La Pampa.
Condiciones financieras más onerosas de los bancos domiciliados en esa provincia impulsarán a sus clientes a trasladar sus operaciones a otros distritos o también llevarán a algunos a desistir de hacerlas. Para el fisco provincial será como matar la gallina de los huevos de oro. Bien haría el gobernador Ziliotto en reducir los gastos improductivos y disminuir los impuestos en lugar de aumentarlos. Si la medida que adoptó tiene alguna connotación de rebeldía, deberá saber que está escupiendo al cielo.
Bien haría el gobernador Ziliotto en reducir los gastos improductivos y disminuir los impuestos en lugar de aumentarlos
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