Hotesur: la Corte rechaza el último recurso y manda a juicio a Cristina Kirchner
El tribunal fallará esta semana; se agrega, así, una causa más para la expresidenta, que en 2025 enfrentará el proceso por el caso cuadernos; podría sumarse el pacto con Irán
Hernán Cappiello
El cierre del año se avecina para Cristina Kirchner con malas noticias judiciales, ya que la Corte Suprema se dispone esta semana a rechazar el último recurso que presentó en la causa Hotesur-Los Sauces. Así quedará abierto el camino para que vaya a juicio oral. De este modo, la expresidenta enfrenta un futuro muy cargado, donde ya tiene fecha definida para el juicio por los cuadernos de las coimas, al que podría sumarse otro por el pacto con Irán. La Corte también debe resolver la única causa en la que Cristina ya fue condenada, la de Vialidad.
La Corte Suprema de Justicia tiene a la firma una sentencia inminente en la que le dará luz verde a que avance el caso Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por lavado de dinero, con lo que el escenario judicial de la expresidenta en 2025 se complica pues debe enfrentar otros tres juicios orales. Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por unanimidad rechazarían los recursos de la expresidenta por estar dirigidos contra un fallo que no es sentencia definitiva. Es de los últimos fallos de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal el 29 de diciembre próximo a los 75 años.
La expresidenta, que ya fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, y tras el fallo de la Corte de esta semana deberá enfrentar el juicio por Hotesur y Los Sauces, que se suma al juicio por la firma del memorándum con Irán y al juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, el único con fecha cierta de inicio el 6 de noviembre de 2025.
En paralelo la Corte recibirá el año próximo los recursos de la expresidenta contra su condena a 6 años de prisión, con lo que si los rechaza, dejaría firme ese castigo y Cristina Kirchner deberá cumplir la sentencia que supone su detención y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Por los tiempos procesales la causa, que está en la Cámara de Casación, que analiza si concede los recursos extraordinarios, no llegaría a la Corte antes del inicio del segundo semestre de 2025, lo que le daría tiempo para formalizar una candidatura y eventualmente adquirir fueros que la protejan de una detención.
Eso no obsta a que el resto de las causas en su contra sigan avanzando. La Corte tiene a la firma a comienzos de esta semana un fallo en el que rechazaría por falta de sentencia definitiva los recursos de Cristina contra el fallo de la Cámara de Casación que anuló su sobreseimiento en el caso Hotesur y Los Sauces.
El fallo de la Corte implica que hay que hacer el juicio oral. El caso Hotesur-Los Sauces está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados
Cristina Kirchner
como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate. Y en paralelo, Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo, transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos.
En esta causa por lavado de dinero los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg sobreseyeron a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo, y a los empresarios, sin realizar el juicio oral y público. Plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner, con la disidencia de la tercer jueza del tribunal Adriana Palliotti.
El fiscal Diego Velasco apeló el fallo de Obligado y Grunberg y el caso llegó a la Cámara de Casación donde los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (en solitario tras la salida de Ana María Figueroa del tribunal) revocaron el 18 de diciembre del año pasado esa sentencia y mandaron a hacer el juicio oral. Pero nada ocurrió. Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades, fue sacada por Petrone y Barroetaveña de la lista de acusados al entender que no tenía poder de decisión.
Contra ese fallo de Petrone y Barroetaveña es que Cristina Kirchner fue a la Corte con un recurso extraordinario rechazado y luego una queja que llegó al máximo tribunal al finalizar 2023 y donde es inminente un fallo en su contra que habilite la realización del juicio por Hotesur y Los Sauces.
Los jueces que deberían realizar el juicio contra la expresidenta, su hijo Máximo y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero integran el Tribunal Oral Federal N°5. Son Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, que preside el tribunal en este caso. Este causa está mas demorada y resta definir los testigos y la fecha de inicio del juicio probablemente el año próximo.
Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que Obligado y Grunberg no esgrimieron ninguna “prueba nueva” que justificara la decisión de cerrar la causa sin ir a juicio. La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente” que no hay delito o que el acusado es inocente. La razón es evitar un juicio innecesario.
Pero los jueces dijeron que este no era el caso. Petrone y Barroetaveña sostuvieron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner lo hicieron basados en dos elementos que no son “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos casos vinculados, la causa Vialidad (en la que finalmente la exvicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (en el que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y fue condenado el exfuncionario Ricardo Echegaray). Los camaristas afirmaron que el requerimiento de elevación a juicio es la acusación que hace la fiscalía, no una “prueba”.
En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal que acusará en el juicio es Diego Velasco, que quiere avanzar ya con el proceso. Por eso, pidió incorporar nuevas pruebas del caso de la “ruta del dinero K” y del caso Vialidad. Del primero pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados. Y del caso Vialidad solicitó como pruebas los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con dinero en el convento. Allí había mensajes que hablaban de un plan para limpiar evidencias.
Mientras tanto, aún resta realizar una instrucción suplementaria en esta causa antes de ponerle fecha al juicio oral. También faltan terminar algunos peritajes.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ya despejó el camino para realizar el otro juicio oral que se está armando para 2025 contra Cristina Kirchner. Se trata de proceso por la firma del memorándum con Irán, pues el 5 de diciembre pasado la Corte rechazó por unanimidad un recurso de Cristina Kirchner en este caso en su contra por encubrimiento y abuso de autoridad.
Además, Cristina Kirchner y 74 imputados comenzarán a ser juzgados el 6 de noviembre próximo por la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, donde decenas de empresarios admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública y otros funcionarios aceptaron que los habían pagado. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 7 a cargo de Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.
Aunque de aquí al 6 de noviembre de 2025 pueden ocurrir muchas incidencias procesales que buscarán dilatar el inicio del proceso y, más aún, algunos de los imputados intentarán vías alternativas para evitar el juicio oral, como un juicio abreviado o una probation.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Un reclamo por obras de arte genera expectativas judiciales
Hernán Cappiello
LLa Corte Suprema resolverá esta semana una causa de la justicia civil donde los herederos del artista León Ferrari demandaron al periodista Gabriel Levinas. Curiosamente, el fallo sobre el pleito en torno a unas obras de arte puede ayudar al expresidente Mauricio Macri en la disputa que tiene con el Estado nacional por una supuesta vieja deuda del Correo Argentino.
El hilo que conecta el caso Levinas con el caso Macri involucra una decisión trascendental de la Corte Suprema sobre las facultades de la justicia nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
En un fallo inminente, la Corte apunta a darle mayor preeminencia y facultades a la justicia porteña. ¿Cómo? La habilitará a que las causas iniciadas en la justicia nacional de la Ciudad puedan ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.
El caso Levinas es el leading case ante la falta de una ley o un convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
La justicia nacional y federal se resiste a la transferencia a la Ciudad y las diversas administraciones porteñas avanzan con el traspaso, primero de competencias penales, y ahora con la creación del fuero laboral porteño, según una ley que acaba de ser aprobada en la Legislatura de la Ciudad.
Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tratarán este asunto en los próximos días Es uno de los últimos fallos de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal, el 29 de diciembre próximo a los 75 años.
El caso en cuestión sobre el que resolverá esta semana la Corte, y sobre el cual ya dictaminó el procurador Eduardo Casa, nace de una demanda de la familia del artista León Ferrari contra el periodista de arte Gabriel Levinas. En esa causa, la Justicia civil condenó a Levinas a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010.
Contra ese fallo, Levinas presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, recurrió a la Justicia porteña.
La Cámara Civil hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. El caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que antes de decidir le pidió opinión al procurador Casal.
El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteñaestableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia nacional.
A falta de una ley o convenio específico y la demora de mas de 30 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante, su jurisprudencia, fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad no es federal.
Sin embargo, quienes se oponen a que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise los fallos de la Justicia nacional sostienen que la Justicia porteña no tiene potestad para sobre las sentencias de la Cámara Nacional en lo Civil. Hay convenios y leyes de transferencia parcial, que no alcanzan a la Justicia laboral, civil o comercial.
En este conflicto, Casal opinó en favor de la justicia nacional. Pero la Corte no compartiría sus puntos de vista. Casal dijo en este caso que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad”. Hacerlo implica modificar la estructura del Poder Judicial, escribió.
Al igual que Levinas, los accionistas de Socma, la empresa fundada por la familia Macri, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad un fallo que les fue adverso y mediante el cual trataban de recusar a la jueza comercial que lleva el concurso del Correo Argentino. Esta medida hizo que la fiscal comercial Gabriela Boquín los acusara de buscar una justicia amiga y denunció que cometieron forum shopping, al elegir un tribunal mas permeable a sus deseos.
Socma rechazó esta acusación y señaló que hay fallos de la Corte que avalan su pretensión de recurrir a la Justicia de la ciudad contra un fallo de la Justicia comercial. Confía la empresa en que le irá mejor en la justicia porteña que en la nacional.
Ahora la Corte, en el caso Levinas, tiene la posibilidad de zanjar este asunto y decir la última palabra, que además de impacto institucional en la transferencia de la Justicia nacional a la local, tendrá un efecto político sobre la empresa de la familia Macri y su patrimonio
El cierre del año se avecina para Cristina Kirchner con malas noticias judiciales, ya que la Corte Suprema se dispone esta semana a rechazar el último recurso que presentó en la causa Hotesur-Los Sauces. Así quedará abierto el camino para que vaya a juicio oral. De este modo, la expresidenta enfrenta un futuro muy cargado, donde ya tiene fecha definida para el juicio por los cuadernos de las coimas, al que podría sumarse otro por el pacto con Irán. La Corte también debe resolver la única causa en la que Cristina ya fue condenada, la de Vialidad.
La Corte Suprema de Justicia tiene a la firma una sentencia inminente en la que le dará luz verde a que avance el caso Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por lavado de dinero, con lo que el escenario judicial de la expresidenta en 2025 se complica pues debe enfrentar otros tres juicios orales. Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por unanimidad rechazarían los recursos de la expresidenta por estar dirigidos contra un fallo que no es sentencia definitiva. Es de los últimos fallos de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal el 29 de diciembre próximo a los 75 años.
La expresidenta, que ya fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, y tras el fallo de la Corte de esta semana deberá enfrentar el juicio por Hotesur y Los Sauces, que se suma al juicio por la firma del memorándum con Irán y al juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, el único con fecha cierta de inicio el 6 de noviembre de 2025.
En paralelo la Corte recibirá el año próximo los recursos de la expresidenta contra su condena a 6 años de prisión, con lo que si los rechaza, dejaría firme ese castigo y Cristina Kirchner deberá cumplir la sentencia que supone su detención y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Por los tiempos procesales la causa, que está en la Cámara de Casación, que analiza si concede los recursos extraordinarios, no llegaría a la Corte antes del inicio del segundo semestre de 2025, lo que le daría tiempo para formalizar una candidatura y eventualmente adquirir fueros que la protejan de una detención.
Eso no obsta a que el resto de las causas en su contra sigan avanzando. La Corte tiene a la firma a comienzos de esta semana un fallo en el que rechazaría por falta de sentencia definitiva los recursos de Cristina contra el fallo de la Cámara de Casación que anuló su sobreseimiento en el caso Hotesur y Los Sauces.
El fallo de la Corte implica que hay que hacer el juicio oral. El caso Hotesur-Los Sauces está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados
Cristina Kirchner
como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate. Y en paralelo, Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo, transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos.
En esta causa por lavado de dinero los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg sobreseyeron a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo, y a los empresarios, sin realizar el juicio oral y público. Plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner, con la disidencia de la tercer jueza del tribunal Adriana Palliotti.
El fiscal Diego Velasco apeló el fallo de Obligado y Grunberg y el caso llegó a la Cámara de Casación donde los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (en solitario tras la salida de Ana María Figueroa del tribunal) revocaron el 18 de diciembre del año pasado esa sentencia y mandaron a hacer el juicio oral. Pero nada ocurrió. Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades, fue sacada por Petrone y Barroetaveña de la lista de acusados al entender que no tenía poder de decisión.
Contra ese fallo de Petrone y Barroetaveña es que Cristina Kirchner fue a la Corte con un recurso extraordinario rechazado y luego una queja que llegó al máximo tribunal al finalizar 2023 y donde es inminente un fallo en su contra que habilite la realización del juicio por Hotesur y Los Sauces.
Los jueces que deberían realizar el juicio contra la expresidenta, su hijo Máximo y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero integran el Tribunal Oral Federal N°5. Son Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, que preside el tribunal en este caso. Este causa está mas demorada y resta definir los testigos y la fecha de inicio del juicio probablemente el año próximo.
Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que Obligado y Grunberg no esgrimieron ninguna “prueba nueva” que justificara la decisión de cerrar la causa sin ir a juicio. La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente” que no hay delito o que el acusado es inocente. La razón es evitar un juicio innecesario.
Pero los jueces dijeron que este no era el caso. Petrone y Barroetaveña sostuvieron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner lo hicieron basados en dos elementos que no son “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos casos vinculados, la causa Vialidad (en la que finalmente la exvicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (en el que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y fue condenado el exfuncionario Ricardo Echegaray). Los camaristas afirmaron que el requerimiento de elevación a juicio es la acusación que hace la fiscalía, no una “prueba”.
En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal que acusará en el juicio es Diego Velasco, que quiere avanzar ya con el proceso. Por eso, pidió incorporar nuevas pruebas del caso de la “ruta del dinero K” y del caso Vialidad. Del primero pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados. Y del caso Vialidad solicitó como pruebas los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con dinero en el convento. Allí había mensajes que hablaban de un plan para limpiar evidencias.
Mientras tanto, aún resta realizar una instrucción suplementaria en esta causa antes de ponerle fecha al juicio oral. También faltan terminar algunos peritajes.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ya despejó el camino para realizar el otro juicio oral que se está armando para 2025 contra Cristina Kirchner. Se trata de proceso por la firma del memorándum con Irán, pues el 5 de diciembre pasado la Corte rechazó por unanimidad un recurso de Cristina Kirchner en este caso en su contra por encubrimiento y abuso de autoridad.
Además, Cristina Kirchner y 74 imputados comenzarán a ser juzgados el 6 de noviembre próximo por la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, donde decenas de empresarios admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública y otros funcionarios aceptaron que los habían pagado. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 7 a cargo de Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.
Aunque de aquí al 6 de noviembre de 2025 pueden ocurrir muchas incidencias procesales que buscarán dilatar el inicio del proceso y, más aún, algunos de los imputados intentarán vías alternativas para evitar el juicio oral, como un juicio abreviado o una probation.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Un reclamo por obras de arte genera expectativas judiciales
Hernán Cappiello
LLa Corte Suprema resolverá esta semana una causa de la justicia civil donde los herederos del artista León Ferrari demandaron al periodista Gabriel Levinas. Curiosamente, el fallo sobre el pleito en torno a unas obras de arte puede ayudar al expresidente Mauricio Macri en la disputa que tiene con el Estado nacional por una supuesta vieja deuda del Correo Argentino.
El hilo que conecta el caso Levinas con el caso Macri involucra una decisión trascendental de la Corte Suprema sobre las facultades de la justicia nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
En un fallo inminente, la Corte apunta a darle mayor preeminencia y facultades a la justicia porteña. ¿Cómo? La habilitará a que las causas iniciadas en la justicia nacional de la Ciudad puedan ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.
El caso Levinas es el leading case ante la falta de una ley o un convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
La justicia nacional y federal se resiste a la transferencia a la Ciudad y las diversas administraciones porteñas avanzan con el traspaso, primero de competencias penales, y ahora con la creación del fuero laboral porteño, según una ley que acaba de ser aprobada en la Legislatura de la Ciudad.
Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tratarán este asunto en los próximos días Es uno de los últimos fallos de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal, el 29 de diciembre próximo a los 75 años.
El caso en cuestión sobre el que resolverá esta semana la Corte, y sobre el cual ya dictaminó el procurador Eduardo Casa, nace de una demanda de la familia del artista León Ferrari contra el periodista de arte Gabriel Levinas. En esa causa, la Justicia civil condenó a Levinas a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010.
Contra ese fallo, Levinas presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, recurrió a la Justicia porteña.
La Cámara Civil hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. El caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que antes de decidir le pidió opinión al procurador Casal.
El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteñaestableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia nacional.
A falta de una ley o convenio específico y la demora de mas de 30 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante, su jurisprudencia, fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad no es federal.
Sin embargo, quienes se oponen a que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise los fallos de la Justicia nacional sostienen que la Justicia porteña no tiene potestad para sobre las sentencias de la Cámara Nacional en lo Civil. Hay convenios y leyes de transferencia parcial, que no alcanzan a la Justicia laboral, civil o comercial.
En este conflicto, Casal opinó en favor de la justicia nacional. Pero la Corte no compartiría sus puntos de vista. Casal dijo en este caso que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad”. Hacerlo implica modificar la estructura del Poder Judicial, escribió.
Al igual que Levinas, los accionistas de Socma, la empresa fundada por la familia Macri, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad un fallo que les fue adverso y mediante el cual trataban de recusar a la jueza comercial que lleva el concurso del Correo Argentino. Esta medida hizo que la fiscal comercial Gabriela Boquín los acusara de buscar una justicia amiga y denunció que cometieron forum shopping, al elegir un tribunal mas permeable a sus deseos.
Socma rechazó esta acusación y señaló que hay fallos de la Corte que avalan su pretensión de recurrir a la Justicia de la ciudad contra un fallo de la Justicia comercial. Confía la empresa en que le irá mejor en la justicia porteña que en la nacional.
Ahora la Corte, en el caso Levinas, tiene la posibilidad de zanjar este asunto y decir la última palabra, que además de impacto institucional en la transferencia de la Justicia nacional a la local, tendrá un efecto político sobre la empresa de la familia Macri y su patrimonio
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.