AJUSTE , ACUERDO, Y JULIA LORENZO

Pedirán la renuncia de 45 directivos superiores de la obra social militar
El nuevo presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene decididas drásticas medidas para hacer frente a una deuda de $105.000 millones
Mariano de Vedia
El nuevo presidente de la obra social de los militares, el contador Roberto Fiochi, tiene decidido avanzar con un drástico recorte en el área administrativa, que a la luz de diversos datos aparece sobredimensionada. Con miras a un reordenamiento, el titular del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) pedirá la renuncia de 45 gerentes, subgerentes, jefes y otros funcionarios superiores.
“Es una decisión tomada. No significa que al final se vayan a ir todos”, explicó a una fuente la nacion cercana a la entidad, que con 650.000 afiliados, 4000 prestadores y 3000 empleados es por sus dimensiones la tercera obra social estatal más grande del país, solo superada por el PAMI y el IOMA. El plantel superpoblado sería el resultado de la acumulación de sucesivas capas de personal en las últimas gestiones, evalúan en la institución.
La deuda que dejó la traumática salida de su comprovinciano Oscar Sagás, asciende hoy a $105.000 millones, un monto que se quintuplicó en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza. El presidente saliente y su sucesor son mendocinos y ambos fueron designados por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien inicialmente le confío a Fiochi el manejo del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para el pago de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, otra institución del Estado con impronta militar.
Desplazado por una decisión del ministro de Defensa, en su carta de renuncia Sagás dijo que enfrentó una gestión “desgastante y compleja”, lo que atribuyó a una grave crisis del sistema de salud, al argumentar que “los medicamentos y prestaciones aumentaron más de un 300%, cuando los ingresos de la obra social alcanzaron el 80 por ciento”.
Sostenida principalmente con los aportes de sus afiliados, el Iosfa recauda unos 45.000 millones por mes. “En el área de la salud es habitual que el Estado pague a los prestadores con un retraso de 45 a 60 días, por lo que la deuda real es menor. La crisis es más política que económica”, insistieron a la nacion cerca de las nuevas autoridades de la obra social, al admitir el enfrentamiento que existía entre la conducción de Sagás y el Directorio, en el que tienen asientos las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura Naval, así como el personal civil de los ministerios de Defensa y de Seguridad.
Más allá de la reconstrucción de los vínculos con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para reencauzar el funcionamiento del Directorio, el reordenamiento administrativo obligará a realizar ajustes. En el área de turismo, por ejemplo, Iosfa tiene un plantel de 800 empleados, lo que emerge como uno de los costos ocultos de la administración. “No vamos a restarle recursos al sistema de salud para sostener el turismo”, fue la bajada de línea que transmitió una fuente cercana al nuevo presidente.
Otro dato que alertó a las nuevas autoridades es la falta de información en áreas estratégicas. Según informaron a la nacion, una internación en terapia intensiva le cuesta a la obra social unos $600.000 por día. “Lo inexplicable es que no se conoce cuántas internaciones en terapia intensiva tiene hoy Iosfa en la ciudad de Buenos Aires”, ejemplificaron fuentes de la entidad.
Tercerización archivada
Tras el conflicto que se profundizó en la gestión de Sagás, la nueva conducción de la obra social archivaría el plan que proponía la tercerización de determinados servicios de la obra social, lo que en medios castrenses y sectores gremiales se había identificado como un plan de “privatización encubierta”.
“Iosfa tiene una cobertura amplia en todo el país, que llega a hasta la Antártida y es lógico evaluar planes para optimizar las prestaciones. Pero no se avanzará en propuestas que no sean consensuadas con el Directorio”, deslizaron cerca de Fiochi.
Contador y con experiencia profesional en el área de los seguros, Fiochi tuvo una militancia política tras la crisis de 2001 en el partido Recrear, con Ricardo López Murphy, y luego militó en Pro. Más recientemente, fue precandidato a senador provincial al acompañar a Petri en la interna de Juntos por el Cambio en Mendoza, cuando el actual ministro de Defensa peleó por la gobernación. Pasó luego a la conducción del IAF, un organismo que administra los fondos que se destinan al pago de los retiros y pensiones militares.
Pese al histórico reclamo de sectores castrenses para que el Gobierno “restituya la obra social a sus afiliados” y la conducción de Iosfa pase a manos de las Fuerzas Armadas, la gestión de Fiochi no asumió un compromiso en ese sentido. Se mantendrá, así, el esquema que rige desde 2013, a partir de un decreto promulgado por Cristina Kirchner, que unificó en una misma organización las obras sociales que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea manejaban en forma separada y le asignó al Ministerio de Defensa la atribución de designar al presidente.

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Acuerdo de Bullrich con Homeland Security

seguridadBullrich y Walker
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo de cooperación con autoridades de Homeland Security Investigations (HSI), el Departamento de Seguridad Pública de los Estados Unidos, para que la Argentina designe a un delegado en la fuerza de trabajo “New York-El Dorado”, una dependencia de HSI dedicada a la persecución del lavado de activos y el crimen organizado.
El acuerdo fue firmado por Bullrich y William S. Walker, agente especial a cargo de HSI. “Este trabajo integrado permitirá fortalecer las respuestas conjuntas ante delitos transnacionales”, destacaron desde el ministerio

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Designan a una joven militante libertaria como directora de Derechos Humanos
Julia Lorenzo está alineada con los postulados de Nahuel Sotelo, el secretario de Culto
Julia Lorenzo
Empoderado por Karina Milei y Santiago Caputo como nuevo secretario de Culto y Civilización, el joven militante libertario Nahuel Sotelo absorbió meses atrás la subsecretaría de derechos humanos, históricamente a cargo de la Cancillería.
En ese lugar, según fuentes del Palacio San Martín, Sotelo entronizó como directora a la joven diplomática Julia Lorenzo, que coincide con la visión conservadora de su jefe político, en consonancia con las posturas de Karina Milei y otros funcionarios llegados recientemente a sus cargos, como la asesora de familia Ursula Basset (influyente en la OEA) y el vicecanciller Eduardo Bustamante. Se
trata de una grupo fuertemente cohesionado y conformado durante la gestión de Mondino, con el que deberá convivir el flamante canciller, Gerardo Werthein.
A pesar de su juventud, y según pudo saber , Lorenzo no es una improvisada en ese puesto pertenece a la diplomacia de carrera. Fue parte de la dirección de organismos internacionales, a las órdenes de Alejandro Torres Lepori, expulsado del Gobierno la semana pasada luego de estallado el escándalo por el voto en contra del embargo a Cuba en las Naciones Unidas.
Intentó comunicarse con Sotelo para obtener precisiones, pero no obtuvo respuesta, y tampoco pudo acceder a los posteos mencionados. En su perfil de X, la funcionaria sostiene que “sin meritocracia y libertad no hay destino”. Con identificación plena con el Gobierno, apoyo a Israel y a la política exterior mileísta, afirma que “la diplomacia necesita cambiar en forma urgente. En tiempos de verdades descarnadas jugarse será vital. What a time to be alive. Si la Argentina entiende lo que vale, somos el UNO”, afirma. También hay posteos elogiosos hacia el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y también retuiteos de posteos de Sotelo. 

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ACUERDO

La Unión Europea regula el uso de la inteligencia artificial
La novedosa legislación tiene por objeto garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia y la sostenibilidad ambiental estén protegidos
Fernando Tomeo
La UE regula la Inteligencia Artificial...Alfredo Sábat
Sin prisa pero sin pausa, la Unión Europea alcanzó un acuerdo de indudable relevancia para la regulación de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que, aunque estemos mirando para otro lado, nos está cambiando la vida y regirá nuestro destino y el de nuestros hijos en los próximos años. Entiendo que al lector, a pocos días de un cambio de gobierno, con todo lo que eso implica, junto a la herencia recibida de los que se fueron, le resulta poco atractivo pensar en los efectos que la inteligencia artificial causa en su vida: si apenas llegamos a pagar la matrícula del colegio de nuestros hijos o irnos de vacaciones una semana, ¿podemos pensar en estos efectos? La respuesta es definitivamente negativa aunque, en algún momento, antes de que el tsunami nos pase por encima, deberemos considerarlos: mejor tarde que nunca.
Afortunadamente, algunos países que han logrado solucionar el día a día de sus habitantes, sí prestan atención a estos temas que marcan un antes y un después en la civilización y en la vida de cualquier ciudadano de a pie. A partir de este presupuesto, el 8 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un acuerdo provisional sobre una ley para regular el uso de la inteligencia artificial en territorio europeo, esto es, la denominada Artificial Intelligent Act o AI Act.
Si bien el texto acordado deberá ser aceptado formalmente por el Parlamento y el Consejo para convertirse en ley, se descuenta su aprobación definitiva en una próxima reunión, luego de los intensos debates que acompañaron la búsqueda de consenso y equilibrio para establecer reglas de juego a una actividad sin norma, sin marco y sin horizonte conocido. En caso de aprobación formal definitiva, la flamante ley comenzará a regir íntegramente, como Reglamento aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea, a fines de 2026 aunque algunas normas se aplicarán en forma inmediata, como aquellas vinculadas a la Oficina de IA, o en algunos meses, como las que se relacionan a la prohibición de determinados sistemas de IA.
La novedosa legislación tiene por objeto garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad ambiental estén protegidos contra la inteligencia artificial de alto riesgo, estableciendo pautas claras y obligaciones concretas para los jugadores de un negocio que habitan un universo sin ley. El texto legal acordado reconoce un alto grado de complejidad técnica aunque destacaremos, a continuación, algunas cuestiones relevantes para cualquiera de nosotros.
En principio, se prohíben los siguientes sistemas de inteligencia artificial:
*Sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles de las personas tales como sus creencias religiosas, políticas, de raza u orientación sexual. Eso implica, por ejemplo, que no se autoriza utilizar ningún mecanismo alimentado por IA que discrimine a una persona heterosexual de una homosexual, o a una persona blanca de una negra, para la obtención de un crédito bancario o para la ocupación de un cargo en una empresa.
*Sistemas de vigilancia biométrica que supongan la captación y manipulación no autorizada de imágenes faciales obtenidas en internet o por cualquier medio que tengan por objeto crear bases de datos de reconocimiento facial.
*Sistemas de reconocimiento y tratamiento de emociones en el lugar de trabajo o en instituciones educativas bajo la idea, por ejemplo, de que si la vida nos encuentra tristes o enojados, esa emoción no sea utilizada en nuestra contra, en el ámbito laboral, a la hora de evaluar nuestro rendimiento. (Si no fuera así, pronto no podríamos siquiera llorar tranquilos en un rincón.)
*Sistemas de puntuación social (social scoring) basados en el comportamiento social o las características personales de los individuos. Al respecto, recomiendo al lector revisar uno de los últimos capítulos de la serie inglesa Black Mirror, que ilustra el caso de una joven que no puede acceder a un crédito para adquirir una vivienda porque no era likeada en redes sociales, con buena puntuación: un absoluto y total despropósito.
*Sistemas de manipulación de hábitos o comportamiento humano que pongan en peligro o limiten la libertad de las personas: una llamada de atención a las redes sociales y los buscadores de internet que monetizan hábitos y comportamientos de sus usuarios.
*Sistemas que exploten la vulnerabilidad de las personas, como su edad o su posición/situación económica, bajo la pauta de evitar cualquier tipo de discriminación de IA sistémica.
En relación con los sistemas de inteligencia artificial generativa, en los que se basa, por ejemplo, el glamoroso ChatGPT, todos deberán cumplir con criterios de transparencia especificando, verbigracia, si un texto, una canción o una imagen se generaron mediante la utilización de inteligencia artificial e implican (o no) alguna afectación a los derechos de autor. En otras palabras, la idea es poder distinguir, por ejemplo, si este artículo lo escribió quien firma o un sistema de IA generativa… Veremos hasta dónde llega la transparencia.
La norma establece importantes multas para aquellas compañías locales e internacionales que no la cumplan, que van desde 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global, hasta 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen de negocios, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.
La Unión Europea se consolida, de esta manera, como la pionera en establecer pautas concretas para esta actividad, siguiendo la línea del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que comenzó a regir en todo el territorio europeo en 2018 y que ha sido tomado como ley modelo por algunos países de América Latina, como Brasil.
En la Argentina no contamos con ninguna normativa que regule la inteligencia artificial, sin perjuicio de las denominadas “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, aprobadas por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Disposición 2/2023, de fecha 1º de junio de 2023): una guía conceptual sin rigor científico normativo.
Asimismo, en materia de información, privacidad y datos personales, sí contamos con una ley de protección de datos personales del año 2000, que ha quedado vetusta en relación con otras legislaciones avanzadas, como el mencionado Reglamento Europeo o la ley de privacidad del estado de California. Si bien, en 2022, la Agencia de Acceso a la Información Pública confeccionó un proyecto de ley de protección de datos adecuado a los estándares internacionales, el mismo nunca fue tratado por el Congreso Nacional.
Todas estas cuestiones requieren de una debida toma de conciencia por parte de grandes y chicos, como asimismo del compromiso del Estado, de los ámbitos académicos y de las instituciones escolares en el trabajo de educación y concientización en relación con una tecnología que vino para quedarse y que está cambiando y cambiará radicalmente nuestra cultura, la forma de relacionarnos y de vivir.

Abogado y consultor en Derecho Digital, Privacidad y Datos Personales; director del programa “Derecho al olvido y cleaning digital” de la Universidad Austral; profesor de la facultad de Derecho de la UBA

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ACUERDO

La AFIP podrá acceder a datos de cuentas de argentinos en EE.UU. y habrá otro blanqueo
Massa asegura que hay unos US$100.000 millones sin declarar; se firma hoy
Francisco JueguenEl embajador Marc Stanley y el ministro Massa volverán a encontrarse hoy para la firma
Este mediodía se firmará el acuerdo de intercambio automático de información financiera entre la Argentina y Estados Unidos, que, según señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, pretende detectar cuentas de argentinos en ese país no declaradas ante la AFIP por unos US$100.000 millones. El acuerdo será rubricado por el ministro y por el embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley.
El Gobierno tiene como prioridad fiscalizar a los contribuyentes que ingresaron en el blanqueo impositivo dispuesto por la administración Macri en 2017, con la sospecha de que muchos de ellos declararon bienes pero no cuentas bancarias en aquel país. Según anunció Massa, tiene previsto enviar al Congreso un proyecto para establecer un nuevo blanqueo entre enero y octubre de 2023 para que ingresen quienes sean “descubiertos” en este intercambio.
El ministro de Economía, Sergio Massa, firmará hoy, a las 12, en un acto, en el CCK, el acuerdo de intercambio automático de información financiera entre la Argentina y Estados Unidos. El Gobierno –que tiene un ojo puesto en el blanqueo impulsado por el expresidente Mauricio Macri en 2017– busca cazar cerca de US$100.000 millones en cuentas de argentinos sin declarar. Además, adelantó que se enviaría un nuevo blanqueo al Congreso para que puedan ingresar quienes sean descubiertos mediante este acuerdo.
Hace semanas que los técnicos que lideran esta iniciativa, tanto desde el Palacio de Hacienda como desde la AFIP, insisten en que el acuerdo técnico está “cerrado”. La venia política también había sido otorgada. En los últimos días, los documentos van y vienen, según contaron, y finalmente esta semana Massa dispondrá de esta herramienta.
A pesar de que semanas atrás en el Gobierno habían sugerido que podrían utilizar la llamada “ley Parrilli” –un régimen de blanqueo– para aprovechar la captura de las divisas no declaradas en los Estados Unidos, Massa dijo ayer, en una entrevista con el programa Semanario con vos, que la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos están trabajando en un proyecto de un nuevo blanqueo, que esperan tener abierto entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2023. Dijo que se dividirá en “tres tercios” (espacios temporales para blanquear), y una vez terminados esos períodos habrá sanciones económicas y penales para aquellos a quienes se les encuentren fondos no declarados.
“Venimos trabajando desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. En ese momento planteamos con firmeza que la Argentina necesitaba que Estados Unidos dejara de ser guarida fiscal de ciudadanos que eluden al fisco argentino”, dijo Massa, y agregó que este mediodía “se firma el acuerdo junto a la AFIP con el embajador [Marc] Stanley en el CCK, lo que nos permite ponerlo en vigencia desde el 1º de enero”.
El acuerdo, explicó Massa, “supone que Estados Unidos nos provee a lo largo de nueve meses de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en ese país, individuales y de sociedades, a través del mecanismo de determinación de ciudadanos. Estados Unidos nos da la información financiera con identificación del titular de la cuenta, monto bruto de dividendos percibidos u otras cuentas en ese mismo país”. Y completó: “También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de declarar información a requerimiento de funcionarios de Estados Unidos. Es un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información, con la responsabilidad de confidencialidad, y un régimen de salvaguarda sobre los procedimientos técnicos y tecnológicos”.
“Incluye toda la información del ejercicio que cierra, con lo cual la vigencia desde el 1º de enero nos pone a disposición de cuentas desde septiembre de 2021. Lo vamos a acompañar pidiendo al Parlamento un régimen de exteriorización (un blanqueo). Pero vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre se trate la normativa, para que permita que aquellos que no hayan exteriorizado tengan la posibilidad de hacerlo”, agregó el ministro de Economía.
Aval del Tesoro de EE.UU.
“Creemos que se ha logrado un buen progreso en nuestras negociaciones con la Argentina sobre un acuerdo intergubernamental Fatca modelo 1A recíproco, así como con respecto a las revisiones necesarias del documento, y esperamos firmarlo una vez que esté listo”, habían dicho fuentes del Tesoro de Estados Unidos a fines de octubre.
Fuentes del Ministerio de Economía afirmaron además que apuntarán a quienes ingresaron en su momento al blanqueo que estableció el expresidente Mauricio Macri en 2017. Creen que existen contribuyentes que blanquearon su patrimonio, pero que no incluyeron sus cuentas en Estados Unidos.
La exteriorización de capitales, luego del decreto 895, que modificó la ley 27.260, solo permitía que hubiera un 1% (o $305.000) de diferencia entre los bienes declarados y los no declarados una vez concluido el blanqueo. Si la AFIP encontraba un monto superior a ese porcentaje o ese monto sin declarar, se cae la operación por completo. De esta manera, el contribuyente tendría que ingresar la totalidad de los impuestos adeudados más intereses y multas. “Vamos por unos cuantos pedidos de detención para los que violaron el blanqueo”, advirtieron.
Los detalles
El acuerdo bilateral de carácter intergubernamental fue suscripto el 23 de diciembre de 2016 entre los gobiernos argentino y de Estados Unidos. Entró en vigor el 13 de noviembre de 2017. Permite el intercambio de la información que pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de las leyes nacionales relacionadas con todos los impuestos nacionales administrados por la AFIP, así como con los impuestos federales de los Estados Unidos. Contempla el intercambio de información con fines fiscales en sus tres modalidades: a pedido, espontáneo y automático.
Para que pueda realizarse el intercambio de información automático, las autoridades competentes deben acordar la información a intercambiar y el procedimiento del intercambio. Esto es lo que vienen negociando Massa y su equipo en los últimos meses y lo que se firmaría esta semana. La periodicidad con la que se intercambia la información es anual. Colombia y Brasil ya tienen esta modalidad de acuerdo con Estados Unidos.
El acuerdo permitiría –todos los años, más precisamente, los 30 de septiembre– contar con información recabada por Estados Unidos sobre ciertas cuentas abiertas en instituciones financieras estadounidenses cuyos titulares sean residentes de la Argentina. La información que llegaría, en rigor, es la identificación del titular de la cuenta, monto bruto de intereses, dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por residentes argentinos en cuentas en ese país, estimaron fuentes al tanto de las negociaciones, aunque se espera la letra chica

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